PDF superior Distrito Federal, realineamiento y competencia electoral

as particularidades de la elección federal de 2006 ocultaron aspectos relevantes que sucedieron el mismo 2 de julio. La controversia suscitada por la mínima diferencia establecida entre el primer lugar y el segundo, las movilizaciones, las confrontaciones políticas, entre otros hechos, desviaron el análisis de cuestiones que, en buena medida, podrían resultar igual o más im- portantes que la elección presidencial, como la integración de las dos cámaras del Congreso, la fragilidad de las instituciones electorales, los vacíos en las fór- mulas y en los procedimientos para superar posibles crisis electorales. En ese con- texto, se presenta el fenómeno que se vive en torno a la consolidación del realinea- miento electoral mostrado en las elecciones en el Distrito Federal. Aquí se examinan las condiciones en que se desarrolló la elección de 2006 en la capital del país con dos ideas fundamentales: por un lado, la consolidación del realineamiento elec- toral, y, por el otro, los rasgos de esta era electoral. ¿Se ha consolidado el reali- neamiento electoral en la Ciudad de México? ¿Cuál es la evolución de los votantes de la capital mexicana en la nueva era electoral inaugurada en 1997?

En el cuarto capítulo, se desarrolla una revisión histórica documental con el fin de hallar una explicación del comportamiento del voto hete- rogéneo registrado en cada entidad para cada uno de los comicios, pues se reconoce que una limitante de la teoría del realineamiento consiste en que no permite aclarar los niveles de participación. Tras la revisión de nueve casos seleccionados intencionalmente (Guerrero, Distrito Federal, Querétaro, Yucatán, Zacatecas, Chiapas, San Luis Potosí, Nuevo León y Aguascalientes), la autora reconoce que los aspectos socioeconómicos no esclarecen del todo las tendencias de las votaciones, e identifica la impor- tancia de los factores políticos que atañen, principalmente, a la influencia de los cambios en las leyes electorales, así como a elementos estructu- rales (el enraizamiento regional de los partidos políticos, la presencia de los liderazgos partidistas y la capacidad de los gobiernos estatales para atender demandas) y coyunturales (que la autora considera como catali- zadores del cambio en las preferencias partidistas y que corresponden a las condiciones políticas previo a los comicios, a las escisiones intrapar- tidistas, las coaliciones interpartidistas, y a los candidatos postulados y sus campañas electorales).

Basándonos en esta premisa, podríamos pensar que el triunfo abrumador del PRD en el DF se debe a un buen desempeño de su gobierno. Sin embargo, muchas de las encuestas recientes nos muestran que la población no se encuentra satisfecha con los servicios públicos que le otorga su gobierno local. Pese a que no ha habido una mejora sustantiva de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, no ha habido alternancia y, aun cuando el DF había mostrado antes que el resto del país una mayor competencia partidista, esta tendencia parece que intenta revertirse. Por el contrario, se ha consolidado el partido en el poder ganando las elecciones por un margen cada vez más amplio. Esta paradoja nos hace preguntarnos ¿por qué, si aparentemente el gobierno perredista ha sido ineficiente en la provisión de bienes públicos, la oposición no se ha beneficiado de ello? ¿Por qué no hay entonces una alternancia en el poder sino que, por el contrario, la competencia electoral ha disminuido?

Sobre este mismo aspecto, Haro afirma que «si a los Estados se les reconoce en su calidad de tales, ciertas prerrogativas e inmunidades, igualmente debe reconocérseles a aquellos funcionario de alto rango en el ámbito diplomáticos, por ser ellos precisamente los que representan aquel Estado y aquella soberanía, pues ellos son los que los “hacen presentes” ante el Estado en se encuentran acreditados. […] Aquí están en juego valores de la comunidad internacional, como son la paz y la seguridad jurídica, que no pueden ser en lo más mínimo descuidados en su respetuosa vigencia, ya que los conflictos que puedan originarse entre Estados, los afectarán de manera impredecible e impensable juntos a la propia subsistencia armónica de la misma comunidad internacional. […] Cualquiera sea la categoría de estos funcionarios, lo cierto es que todo litigio que involucre a agentes diplomáticos, más allá de las diversas investiduras y rango que posean, siempre representan con mayor o menor entidad, la personalidad soberana de un Estado. Lógico es que sea el Poder Judicial Federal y no el de las provincias, el que asuma como integrante del gobierno federal la responsabilidad de conocer y decidir en este tipo de procesos en los que se ventilan relaciones y materias que las provincias han expresamente delegado a la Nación» (Haro, 1989:307 y ss.)

8. Que en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 13, fracción III del Reglamento Interior del INFODF, el Presidente de este Instituto somete a la consideración del Pleno el Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los Formatos de Solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales. Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal emite el siguiente:

Así mismo, obligaciones legales como la que está establecida por la misma Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal en su artículo 35, resultan también un tanto ociosas porque ese numeral señala que toda la información general relativa al número de beneficiarios, el monto de los recursos asignados y su distribución por territorio o grupos de edad, será del conocimiento público; pero en el caso del programa de la pensión alimentaria para los adultos mayores de setenta años esa obligación legal no resulta beneficiosa para la transparencia y la información pública, ya que desde el nombre del programa asistencial ya se conoce el grupo de edad que recibe la pensión y el monto de cada una de estas, mientras que información relativa al territorio donde se ubican todos los beneficiarios es muy general pues abarca todo el Distrito Federal.

en materia de Registro Federal de Electores, Prerrogativas y Partidos Políticos, Radio Difusión, Organización Electoral, SeNicio Profesional Electoral, Capacitación El[r]

El próximo Jefe de Gobierno del Distrito Federal -el cliente- conciente del problema que pudiera originarse en caso de una potencial crisis financiera en el gobierno del Distrito Federal[r]

Otro rasgo del autoritarismo que el sistema político mexicano, específicamente en su vertiente electoral, tiene lo podemos ubicar en la reglamentación del Instituto federal electoral IFE[r]

Ramón Aguirre Días, Director General del Sistema de Aguas del Distrito Federal, para que de manera inmediata remita a esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal [r]

No obstante que el Sistema de Competencia Económica en México es de muy reciente creación, es de reconocerse la agilidad y rapidez con la que ha crecido y ha logrado hacerse merecedor del reconocimiento nacional en el contexto de la administración pública en México, así como entre la Federación Internacional de Organismos de Competencia, sobre todo al hacer frente, siendo México una economía en vías de transición, al enorme reto que significa el combate a los monopolios, prácticas monopólicas y demás conductas restrictivas del comercio. Así lo han sostenido en distintos foros autoridades homólogas en los EE. UU., al reconocer públicamente que “… ninguna agencia de competencia en el mundo ha realizado tanto en sus primeros diez años de existencia, como la Comisión Federal de Competencia …” 86

42. Que son atribuciones la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica la de elaborar y proponer los programas de educación cívica y capacitación electoral que desarrollen las juntas locales y distritales ejecutivas; coordinar y vigilar el cumplimiento de los programas a que se refiere el inciso anterior; preparar el material didáctico y los instructivos electorales; orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; llevar a cabo las acciones necesarias para exhortar a los ciudadanos que no hubiesen cumplido con las obligaciones establecidas en el propio código, en particular las relativas a inscribirse en el Registro Federal de Electores y las de voto, a que lo hagan, de conformidad con el artículo 132, párrafo 1 del código de la materia.

2265.- Celebrar un convenio entre la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Gobierno del Distrito Federal para brindar atención de manera articulada y coordinada, a fin de favorecer la integración de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en el D.F. en este sentido es necesario que se implementen mecanismos de canalización a las instancias públicas adecuadas respecto de las refugiadas y solicitantes de asilo, que son atendidas por el GDF y la COMAR.

VIII. Instancias Ejecutoras.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; el Tribunal Electoral del Distrito Federal; el Instituto Electoral del Distrito Federal; la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal; el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; las Dependencias, Órganos Desconcentrados y los Órganos Político Administrativos del Distrito Federal;

El fortalecimiento y predominio de la institución pública adquirió especial importancia en la construcción del proyecto del gobierno del Distrito Federal porque se contraponía a la intención privatizadora del proyecto del gobierno federal de derecha. La reconstrucción de las instituciones públicas planteaba un desafío importante porque había que ponerlas en condiciones de responder adecuadamente a las exigencias ciudadanas. Existían problemas de fondo en ellas, no sólo por su prolongado deterioro, sino también porque prevalecían los intereses particulares por encima del interés general; problemática fundamental para la construcción de una nueva institucionalidad en el contexto de la cultura institucional patrimonialista. La otra cara de este problema era el uso clientelar de lo público como elemento básico de control social o corporativo.

a ello, los altos niveles de corporativismo del régimen no pudieron consolidar un sistema de partidos, porque al tener los grupos sociales presencia directa en el Estado, los partidos pierden su razón de ser, pues las funciones que ellos cumplen como la de representación y mediación entre sociedad y Estado, selección de las élites, etc, se trasladan a las corporaciones (Brachet, 2004). Woldenberg (2000) considera que el sistema de partidos nacional se fortaleció con la reforma electoral de 1977 y que en ese momento se desató el camino electoral que ha seguido la transición mexicana. Sin embargo, aunque difícilmente puede soslayarse la importancia de esta reforma política, lo cierto es que no puede decirse que fortaleció el sistema de partidos porque aquellos institutos políticos que se beneficiaron con la representación proporcional, a excepción del PAN, murieron por inanición. 11 No sería hasta la gran crisis priísta de 1988 cuando se presentan seriamente las condiciones de una alternancia política en la presidencia gracias a la salida cardenista, cumpliéndose la profecía de Cosío Villegas: sólo una escisión del partido oficial podría vencerlo (Gómez, 1990).

poder manifestar su voluntad. Ley de la Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, Óp Cit. Gaceta Oficial del Distrito Federal, Reglamento de la Ley de la Voluntad Anti[r]

En el caso correntino, si bien la intervención de 1947 que dio término a la particular experiencia del único gobierno provincial de signo político distinto al nacional, fue sancionada por ambas cámaras del Congreso Nacional -en un proceso largo y conflictivo que duró casi un año-, su objetivo político fue muy claro. Los principales argumentos esgrimidos para su aprobación (coincidentes con los empleados para el rechazo de los diplomas de los dos senadores nacionales electos por la provincia) se orientaron a sostener que la elección del gobernador aunque aparentaba legalidad, pues se había realizado según lo establecía el sistema electoral vigente, carecía de legitimidad porque no representaba la opinión de la mayoría de los votantes y por ende, sólo una intervención federal podía permitir la llegada de la "revolución peronista" a Corrientes [5] . La intervención, que fue solicitada insistentemente por los mismos peronistas correntinos, fue la herramienta que permitió la organización y disciplinamiento del partido en la provincia al tiempo que le allanó el camino para el triunfo electoral. En tanto la recurrencia a las estructuras estatales nacionales para la construcción y afianzamiento de la propia identidad política y la maquinaria partidaria no son novedosas, sí lo es la utilización por parte de Perón de su liderazgo personal e intransferible. Ésta contribuyó a acentuar el presidencialismo, que si bien se había forjado en la práctica previamente, tomó nuevo fundamento legal en la

1909.- Realizar una propuesta de reforma legislativa con la finalidad de reconocer la importancia de la medicina indígena, para que se regule su uso y se incorpore a la medicina tradicional del sector salud. Esto incluye adicionar una fracción específica al artículo 8 de la Ley de Salud para el Distrito Federal a fin de que una de las responsabilidades de la Secretaría de Salud del Distrito Federal sea reconocer y promover el uso de medicina indígena y su incorporación a los servicios de salud del D. F.

1909.- Realizar una propuesta de reforma legislativa con la finalidad de reconocer la importancia de la medicina indígena, para que se regule su uso y se incorpore a la medicina tradicional del sector salud Esto incluye adicionar una fracción específica al artículo 8 de la Ley de Salud para el Distrito Federal a fin de que una de las responsabilidades de la Secretaría de Salud del Distrito Federal sea reconocer y promover el uso de medicina indígena y su incorporación a los servicios de salud del D. F. Mediano Plazo.