PDF superior EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES, SUS LIMITACIONES EN LA JUSTICIA ORDINARIA

EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES, SUS LIMITACIONES EN LA JUSTICIA ORDINARIA

EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES, SUS LIMITACIONES EN LA JUSTICIA ORDINARIA

De esta manera se evidencia como la etapa de ejecución de un laudo arbitral perjudica la naturaleza de la institución arbitral, puesto que, ésta se considera un medio alternativo de solución de conflictos que pretende agilitar la resolución de controversias, llevando procesos cortos, rápidos y aliviando así un poco la sobrecarga de los jueces comunes, sin embargo, cuando interviene la justicia ordinaria la agilidad se interrumpe y las partes deben esperar un promedio de mínimo 2 años, para obtener lo que se les concedió en una resolución con carácter de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada.
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La acción extraordinaria de protección y los laudos arbitrales en el Ecuador

La acción extraordinaria de protección y los laudos arbitrales en el Ecuador

Además las providencias judiciales que causan gravamen irreparable es susceptible de apelación ante el Tribunal Superior, de acuerdo con las normas procesales y además el Tribunal Constitucional, no puede intervenir en la acción de justicia ordinaria. Veto Presidencial al que no se allanó el Congreso Nacional, eliminándose el Recurso de Amparo Constitucional respecto a las providencias judiciales emanadas de un proceso. El Dr. Luis Fernando Torres, Presidente de la Comisión de Reformas Constitucionales del Congreso Nacional del 2005, consideró que la Acción de Amparo Constitucional debería aplicarse en relación de las sentencias dictadas por la corte Suprema de Justicia La antesala de la acción extraordinaria de protección en el Ecuador, encontramos en la - Acción de Amparo Constitucional que tuvo vigencia a partir de la Constitución de 1.998, que en el Art. 46 expresaba: “El recurso de amparo tiene por objeto la tutela judicial efectiva de los derechos consagrados en la Constitución y los consignados en las declaraciones, pactos, convenios y demás instrumentos internacionales, vigentes en el Ecuador, frente a cualquier atentado proveniente de acto ilegítimo de autoridad de la administración pública que haya causado, cause o pueda causar un daño inminente, a más de grave e irreparable y se interpondrá para requerir la adopción de medidas urgentes, destinadas a cesar la lesión o evitar el peligro de los bienes protegidos. También podrá ser objeto de amparo la no expedición de un acto o la no ejecución de un hecho, si tales omisiones causaren o puedan causar los efectos señalados en el inciso anterior”, sin que la acción de amparo proceda en contra de las providencias judiciales adoptadas en un proceso por ser que de acuerdo con el criterio de muchos juristas se comprometería la estabilidad del orden jurídico, se atentaría contra el principio de la cosa juzgada” 3
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Improcedencia de la revisión de fondo de los laudos arbitrales

Improcedencia de la revisión de fondo de los laudos arbitrales

con esta institución. Es así como se ratifica que si el tribunal de arbitramento fue debidamente habilitado por las partes, se conformó, sesionó y decidió válidamente no debería admitirse frente a su pronunciamiento una revisión de fondo; ya que con ello se vería desprovisto el laudo de la segurid jurídica. Si se admite la posición de la Corte, que afirma reiteradamente frente al laudo procede la tutela pero sólo si realmente se encuentra amenazado un derecho fundamental y no existe otro mecanismo para garantizar su debida protección; sin embargo, al admitir este mecanismo s tener cuidado para no incurrir en criterios caprichosos y carentes de sustento. Por lo anterior, se considera que lo único que debe seguir siendo admitido es el recurso de anulación que como se indicó no crea una segunda instancia, y sus causales son delimitadas y las competencias de conocen dicho recurso son igualmente restringidas. Permitir una segunda instancia dentro de la figura arbitral sería desdibujar su objetivo primordial, el cual es prestar un servicio de justicia ágil que no tenga inmersos los altísimos inconvenientes de la justicia ordinaria. Debe ser un pa obligatorio en la elaboración de futuros proyectos de ley en esta materia, observar cual ha sido el desarrollo de esta figura en el campo internacional, con el fin de aprender del camino transitado por otros sin tener que equivocarnos, asumiendo el alto costo que implican los procesos de sumados a la congestión judicial actual. No obstante, queda la tranquilidad de que en el campo internacional, se han sabido detener las múltiples intenciones de efectuar revisiones de los laudos arbitrales, y precisamente las altas cortes son quienes han salido en defensa de esta figur carácter privado y especial. La propuesta, que se presente en una próxima oportunidad en la que se elabore un proyecto de ley que busque modificar el arbitramento en Colombia, se genere un franco y amplio escenario de discusión, en el cual exista participación del estado, los gremio comerciantes, las entidades dedicadas a facilitar el ejercicio de la justicia arbitral y de las universidades. Sólo así se podría garantizar la generación de elementos realmente vinculantes sin que se desfigure el camino recorrido por cada uno de los partícipes y beneficiarios de la justicia a ministerio de justicia debería ser el primer organismo de difusión y conocimiento de las ventajas de la ampliación del arbitramento en la ejecución del comercio y relaciones entre particulares y el estado, así como únicamente entre particulares. Se espera que este trabajo sirva como sop el análisis de futuros proyectos que tengan como criterio ahondar en el arbitraje y las consecuencias que tiene la intervención de esta figura como elemento importante en la contratación pública o privada.
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La ejecución de laudos arbitrales anulados

La ejecución de laudos arbitrales anulados

En consecuencia, Hilmarton inició un arbitraje según lo estipulado en el contrato, reclamando los honorarios debidos. El contrato estaba regido por el derecho suizo y contaba con una cláusula de arbitraje bajo los auspicios de la CCI, con sede en Ginebra. En abril de 1988, el tribunal arbitral constituido con un árbitro único, rechazó los reclamos de Hilmarton, basándose en la ilegalidad del contrato. Consideró que el contrato era ilegal porque la Ley de Argelia de 1978 (lugar donde se habían realizado las obras) prohibía el uso de intermediarios en transacciones comerciales internacionales. Por ello, estableció que el contrato era contrario al orden público internacional y opuesto a la moral y buenas costumbres del derecho suizo. 155 Hilmarton solicitó la nulidad del laudo en Suiza. En noviembre de 1989, la Corte de Justicia del Cantón de Ginebra declaró la nulidad del laudo bajo la causal del arbitrariedad consagrada en el artículo 36.f. del Concordata Intercantonal de Arbitraje, por considerar que el contrato, aunque contrario a la ley de Argelia, no afectaba el orden público de acuerdo al derecho suizo. La Corte de Justicia de Ginebra sostuvo que el contrato no se refería a actividades inmorales o sobornos y que la ley suiza no prohibía los contratos de procuración respecto de entidades estatales. 156 Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Federal Suizo en abril de 1990 157 , exactamente dos meses después de que había otorgado la ejecución del laudo en Francia.
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Cumplimiento y ejecución de laudos arbitrales expedidos en el extranjero

Cumplimiento y ejecución de laudos arbitrales expedidos en el extranjero

La homologación de laudos arbitrales es un proceso que tiene como fin hacer cumplir lo ordenado por otra autoridad de otro país. La corte verifica si el laudo proferido en el extranjero cumple con los requisitos para ser reconocido y ejecutado. La parte que quiera hacer valido en Colombia un laudo arbitral extranjero debe presentar una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Civil esta solicitud debe estar acompañada con el laudo original o copia auténtica. En caso que el laudo arbitral este en otro idioma diferente al español o castellano debe presentar una traducción oficial. La Corte puede negar la homologación de un laudo arbitral extranjero cuando las partes al momento de firmar el acuerdo de arbitraje bien sea compromiso o cláusula compromisoria estaba afectada por alguna incapacidad o no estaba conforme a la norma o fue indebidamente notificado el nombramiento del árbitro o el asunto que celebraron las partes no se puede solucionar por medio del arbitraje o que el laudo arbitral extranjero valla en contra del orden público y las buenas costumbres.
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La intervención del Poder Judicial en la ejecución de los laudos arbitrales en México

La intervención del Poder Judicial en la ejecución de los laudos arbitrales en México

64 contenida en el laudo transgrede el orden público, el Juez no debe ordenar su ejecución, pero si solamente perjudica intereses privados debe ordenarla; y una vez decretado judicialmente su cumplimiento se eleva a la categoría de acto jurisdiccional y es entonces que el agraviado puede ocurrir ante los tribunales de la Federación en demanda de amparo, que deberá tramitarse en la vía biinstancial, como así se advierte de la jurisprudencia número 32/93 de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 72, diciembre de 1993, página 41, de rubro: "LAUDO ARBITRAL, ACUERDOS DE HOMOLOGACIÓN Y EJECUCIÓN DEL. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, Y NO EL DIRECTO A QUE ALUDE EL 158 DEL MISMO ORDENAMIENTO.".
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LA FALTA DE PROCEDIMIENTO DE NULIDAD EN LOS LAUDOS ARBITRALES Y SU INCIDENCIA FRENTE AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.

LA FALTA DE PROCEDIMIENTO DE NULIDAD EN LOS LAUDOS ARBITRALES Y SU INCIDENCIA FRENTE AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.

Legalmente el ideal de la Ley de Arbitraje y Mediación, a pesar de haber aportado significativamente, aun contiene espacios por completar que impiden a la justicia ser efectiva y rápida. A los nombrados vacíos legales les añade las circunstancias en la que el país se encierra políticamente; de rara forma se pueda ver cómo un ambiente adecuado con respecto a un arbitraje sea eficaz. Haciendo énfasis en lo mencionado y tomando en cuenta que el arbitraje es una institución jurídica independiente de la función judicial, hay que analizar la problemática y plantear una solución, abarcando en gran magnitud de la diferencia que tiene la justicia ordinaria y el arbitraje, direccionando a la efectividad de la justica en menor tiempo posible, siendo así un factor a tomar en cuenta, la rapidezdel arbitraje con respecto a la justicia ordinaria pero con la desventaja sobre el costo a diferencia de la justicia ordinaria que es gratuita, en tal efecto los particulares preferirían optar por aquella que no tiene costo alguno. Siendo así, que tras ser más demoroso el juez no se mantiene al tanto del caso, cosa que no sucede con el medio de arbitraje, razón por la cual debe ser necesario que se determine al arbitraje como un centro u organismo implementado a la Función Judicial.
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La ejecutoriedad de laudos dictados a través de procedimientos arbitrales online (AOL) : análisis de la cuestión a la luz de la Convención de Nueva York de 1958 sobre ejecución de laudos internacionales

La ejecutoriedad de laudos dictados a través de procedimientos arbitrales online (AOL) : análisis de la cuestión a la luz de la Convención de Nueva York de 1958 sobre ejecución de laudos internacionales

Sobre los términos defraudación y fin de lucro, volveremos más adelante. Sin embargo, vale la pena mencionar que el régimen sancionatorio de la Ley 11723 prevé la interrelación del reproche penal junto con el comercial, pudiendo el damnificado peticionar ante la Justicia de dicho fuero. A su vez, a las imputaciones penales previstas por la Ley deben adicionárseles las civiles, también consideradas en dicha norma ante la violación del derecho de autor. Las acciones pueden ser iniciadas de oficio, por denuncia o querella. El capítulo de las penas dispone la responsabilidad que atañe a quien facilita la violación de derechos de autor y no sólo a quien los viola para uso particular. 78 A su vez, también existe interrelación entre las violaciones a la ley de Propiedad Intelectual, literaria y artística, y a la ley de protección de marcas y designaciones. Sin embargo, las infracciones a los regímenes impuestos por ambas leyes son escindibles. “Una no
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Ejecución de laudos arbitrales extranjeros en el Ecuador, cuya resolución es contraria a la legislación Ecuatoriana, en derecho privado

Ejecución de laudos arbitrales extranjeros en el Ecuador, cuya resolución es contraria a la legislación Ecuatoriana, en derecho privado

Al reconocer el principio de la autonomía de voluntad, como eje principal del arbitraje, y permitir que las partes puedan elegir la legislación de un Estado para que se aplicable al convenio arbitral, sea este un compromiso o clausula compromisoria. La legislación que se aplicara al convenio arbitral es importante que se señale, pues determinara el laudo dictado por el o los árbitros. Ahora bien, muchas ocasiones no es de extrañarse que las partes del conflicto señalen como lugar del arbitraje un territorio distinto, al de la legislación que se aplica al convenio arbitral, y este laudo quiera que se reconozca y ejecute en una tercera legislación, a partir de esto entraríamos en una conflicto de leyes por cuanto la mayoría de tratados y convenios internacionales de arbitraje hablan de que una de las excepciones para que no se reconozca y ejecute el laudo es cuando ésta contraviene al orden público de dicho estado. Al hablar del orden público tratamos un tema muy complejo, y lo primero que debo manifestar es que las normas imperativas no son orden público, como se acostumbra a confundir por varios tratadistas, entre varios conceptos podríamos expresar brevemente que es la noción de moralidad, conjunto de reglas, valores, de justicia de un sistema jurídico. Lo cual recaería en el administrador de justicia la decisión de reconocer y no el laudo, luego del estudio que le deba dar a éste, bajo los parámetros doctrinarios y legales pertinentes.
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Vulneración del principio de autonomía de la voluntad en la anulación de los laudos arbitrales nacionales

Vulneración del principio de autonomía de la voluntad en la anulación de los laudos arbitrales nacionales

En los mecanismos alternativos de solución de conflictos existe una división entre mecanismos autocompositivos y heterocompositivos. Los primeros surgen del principio de la autonomía de la voluntad, ya que son las partes en controversia las que deciden resolver las discusiones de forma directa o acompañados por terceros que son totalmente neutrales en la toma de decisiones; dentro de estos mecanismos se encuentran la transacción, la conciliación y la mediación. Los heterocompositivos a diferencia de los anteriores son mecanismos en los cuales las partes entregan a un tercero la potestad de dar solución al conflicto debiendo ajustarse las partes a esta decisión sea o no favorable para las partes o para una sola de ellas; en los heterocompositivos se encuentran el arbitraje, la amigable composición, la justicia de paz y la justicia ordinaria (Lezcano, 2016).
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Alcances de la calificación registral de los laudos arbitrales a instancia de registros públicos

Alcances de la calificación registral de los laudos arbitrales a instancia de registros públicos

La calificación registral sobre documentos públicos y fehacientes ha ocasionado una gran disyuntiva dentro del Derecho Público, teniendo como protagonistas, 1) a la autoridad que emite un documento inscribible (contenedor de derechos) y 2) la autoridad encargada de verificar dicho documento respecto a su legalidad, la idoneidad de quien otorga y la autenticidad del acto efectuado, es así que en el mundo Jurídico-Registral se ha evidenciado la problemática en cuanto a los laudos arbitrales y su libre acceso al sistema registral, ocasionando un sin límites de problemas al momento de calificarlo, ya que no se ha estipulado una forma universal de calificación que pueda generar seguridad jurídica ante los posibles terceros que pueda alcanzar esa decisión arbitral.
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Reconocimiento y ejecución de laudos internacionales en México

Reconocimiento y ejecución de laudos internacionales en México

Un ejemplo claro son las notificaciones, actuaciones que siempre es objeto de infinidad de objeciones y que para el caso del arbitraje estas prácticas deben quedar de lado, es por ello q[r]

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El problema de los laudos arbitrales como títulos inscribibles en el registro de predios

El problema de los laudos arbitrales como títulos inscribibles en el registro de predios

Este principio es entendido como la facultad que tienen los árbitros para decidir sobre su propia capacidad sustentado en la presencia del convenio arbitral, evitando que las partes suspendan el arbitraje que ellos mismos han convenido con la presentación de acciones en la vía judicial, sin que ello signifique el control ex post a través del recurso de anulación de laudo. Con ello, se busca claramente evitar cualquier acción judicial de una de las partes con el objeto de impedir o demorar injustificadamente las actuaciones arbitrales, a fin que no sean cuestionadas en su normal desarrollo, rompiendo la ductilidad y rapidez que es propia de dicha institución.
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La compleja identidad del léxico jurídico

La compleja identidad del léxico jurídico

43 Como las que existen entre la aspiración a la justicia perfecta y las limitaciones impuestas por la realidad lengua ordinaria, cognición humana ..., entre fines legitimados y contrafi[r]

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Historia y evolución del recurso de anulación contra laudos arbitrales en Colombia

Historia y evolución del recurso de anulación contra laudos arbitrales en Colombia

15 nacional o el orden constitucional; (vii) declaró inexequible la etapa pre-arbitral que adelantaban los centros de arbitraje, toda vez que la facultad de administrar justicia radica en los árbitros y no en los centros de arbitraje que adelantan funciones administrativas para el funcionamiento del tribunal de arbitraje; (viii) mencionó que el arbitramento se define a partir de dos elementos constitutivos básicos: (1) la función principal de los árbitros es la de resolver en forma definitiva una disputa, conflicto o controversia, de índole fáctica o jurídica, y (2) la fuente de las funciones jurisdiccionales de los árbitros no es un acto del Estado sino un contrato o acuerdo de voluntades entre las partes en disputa, mediante el cual han “habilitado” a los árbitros; (ix) e indicó que el laudo arbitral se equipara a una sentencia judicial como quiera que pone fin al proceso y resuelve la controversia suscitada, aunado a que los árbitros son investidos de manera transitoria de la función pública de administrar justicia, respectivamente.
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Arbitrajes internacionales y ejecución de laudos extranjeros en el Perú

Arbitrajes internacionales y ejecución de laudos extranjeros en el Perú

Como es fácil evidenciar hace más de 11 años, en el Perú se ha presentado una revolución en materia de arbitrajes, que tienden a favorecer la realización de estos en nuestro país, Perú, así tenemos que éste cambio sustancial se ha dado con la promulgación de nuestra vigente Ley General de Arbitraje (Ley Nº 26572) del año 1996 6 , norma que; conforme a lo expuesto precedentemente; evidentemente ha posibilitado un crecimiento impresionante de la práctica del arbitraje en nuestra nación, para sustentar lo dicho debo referir que sólo el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, organización que desde el año en que se emitió nuestra ley de arbitraje (1996) hasta el año 2006 había recibido 1,227 peticiones de arbitraje, de las cuales están en trámite 132, lo que significa que el 90% (noventa) de los casos ya han finalizado 7 , lo que acredita no sólo la alta demanda de esta práctica sino la eficiencia de los actores vinculados a su ejecución 8 .
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RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS ANULADOS EN EL ESTADO DE LA SEDE ARBITRAL

RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS ANULADOS EN EL ESTADO DE LA SEDE ARBITRAL

18 Respecto a este punto, el doctor Robert Briner señaló que las partes recurren al arbitraje para obtener un litigio más expedito y económico, pues el mal funcionamiento y el congestionamiento que afecta a los sistemas judiciales a nivel mundial originan procedimientos idiosincrásicos y con varias instancias. Con el objeto de evitar esta situación, hay que reducir al máximo la participación de los tribunales estatales en los casos arbitrales. (Briner, 1999)

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La declinación de la competencia de la justicia ordinaria frente a la justicia indígena

La declinación de la competencia de la justicia ordinaria frente a la justicia indígena

“La Declinación de las Competencia, hace referencia a una comparación de la Justicia Indígena frente al Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano; del contenido legal, podemos establecer claramente que los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas, deben declinar su competencia a petición de la autoridad indígena, sin que exista reglas generales para determinar la competencia indígena frente a la justicia ordinaria, tampoco establece parámetros técnicos jurídicos que permitan al juez o jueza de garantías penales enunciar normas o principios jurídicos para fundamentar y explicar la pertinencia o no de la solicitud indígena; como tampoco establece parámetros técnicos jurídicos con que la autoridad indígena debe demostrar sumariamente la pertinencia de la invocación” (Soria, 2012, pág. 6)
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La retención en la fuente por impuesto a la renta en las indemnizaciones generadas por laudos arbitrales internacionales: el caso Oxy.

La retención en la fuente por impuesto a la renta en las indemnizaciones generadas por laudos arbitrales internacionales: el caso Oxy.

En este sentido, si bien la OXY podría argumentar que la retención en la fuente del pago que recibiría puede considerarse como injusta, el Ecuador por su parte puede refutar dicho argu[r]

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La anulabilidad de los laudos arbitrales con ocasión a la inexistencia de pacto arbitral: una crítica a la competencia otorgada a los jueces

La anulabilidad de los laudos arbitrales con ocasión a la inexistencia de pacto arbitral: una crítica a la competencia otorgada a los jueces

Está garantía, tal como lo sostienen Ferreyra & Rodríguez (2009), tiene por objeto asegurar una justicia imparcial, la que resultará afectada cuando personas no investidas de jurisdicción conozcan en contiendas judiciales o se arroguen el poder para hacerlo. De la misma manera, se vulnera esté principio cuando se atribuye una competencia para juzgar un caso en concreto a una persona ajena al poder judicial (Véscovi, 1984). Por último, como lo afirma Puppio (2008), cuando se sustrae una causa a la competencia del juez que continua teniéndola para casos semejantes, con el fin de discernirla a un juez que no la tiene para conocer en general la materia sobre aquella versa, tal procedimiento comporta instituir, indirectamente, una comisión especial disimulada.
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