PDF superior El costo de los derechos fundamentales: el caso del derecho al diagnóstico en Colombia

El costo de los derechos fundamentales: el caso del derecho al diagnóstico en Colombia

El costo de los derechos fundamentales: el caso del derecho al diagnóstico en Colombia

Es claro que los jueces, antes que administradores de justicia, son hombres, con ambiciones y metas, con cualidades y defectos y, en general, con una identidad psicológica que tiende a orientar sus acciones y, por tal motivo, no son simples “oráculos de la jurisprudencia! Ni se limitan a transmitir, como autómatas, lo ordenado por el legislador. Empero, el aspecto fenoménico del derecho no tiene su única expresión en los fallos judiciales. Día a día los hombres, como observa EDGAR BODENHEIMER, protagonizan el derecho en acción de la intimidad de sus familias, en los contratos que celebran en sus relaciones laborales y en sus mas intrascendentes acciones. El derecho, concluye con acierto el iusfilosofo, no necesariamente ha de ser litigioso para que exista. Mas esa crítica debe ser morigerada en dos sentidos: el primero, en el de advertir que varios de los excesos del realismo norteamericano efectivamente han sido superados por el realismo escandinavo; y el segundo, en el de reconocer que el realismo ha sido fundamentalmente en la filosofía del derecho, a tal punto que así como la escuela sociológica-histórica indujo un especial interés por la costumbre como fuente del derecho, el realismo jurídico propicio una general preocupación por esa misma función por parte de la jurisprudencia. Si alguna conclusión cabe extraer de esos comentarios, no puede ser otra que la de llamar la atención de las facultades de derecho para que insistan en la formación contextual de los estudiantes, de manera tal que adquieran conciencia de su futura función como operadores del derecho. El realismo acierta cuando denuncia la excesiva abstracción que implica el estudio del derecho desde la perspectiva inalterable del sistema de normas. El purismo en el derecho se empeña en la interioridad de las normas pero desatiende su expresión externa. He ahí el gran aporte de los realistas norteamericanos y escandinavos; cuestionan, a partir del hombre, los excesos del formalismo jurídico.
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El costo de los derechos fundamentales: el caso del derecho al diagnóstico en Colombia

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20. En suma, la Corte ha indicado que la entidad prestadora de salud será responsable cuando, por negligencia, deja de garantizar las prestaciones a las que el paciente tiene derecho, y una de estas prestaciones es el derecho al diagnóstico en un plazo oportuno o razonable. Al respecto dijo la Corte: “La entidad de seguridad social es responsable por negligencia, si no practica en forma oportuna y satisfactoria los exámenes que sus propios médicos hayan ordenado. Sobre la base de su incumplimiento -que significa en realidad violación o amenaza de derechos fundamentales, según el caso-, no puede culpar a aquéllos por las deficiencias que acuse la prestación del servicio, ni le es posible eludir las consecuencias jurídicas, en especial las de tutela y las patrimoniales, que se deriven de los daños sufridos por la salud de afiliados y beneficiarios, y por los peligros que su vida afronte, por causa o con motivo de falencias en la detección de los padecimientos o quebrantos que son justamente objeto de su tarea” . (Corte Constitucional de Colombia, 2007)
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El costo de los derechos fundamentales: el caso del derecho al diagnóstico en Colombia

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Ahora bien, para garantizarle a los recién nacidos el goce efectivo de su derecho a la salud es necesario que se les garantice el derecho a acceder a los servicios de salud que requieran. Con este fin, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha manifestado que “[…] la Constitución garantiza a toda persona el acceso a los servicios de salud que requiera, toda persona también tiene derecho a acceder a los exámenes y pruebas diagnósticas necesarias para establecer, precisamente, si la persona sufre de alguna afección a su salud que le conlleve requerir un determinado servicio de salud”. Es decir, para garantizar el derecho a la salud de todas las personas, es necesario garantizarles el derecho a que se les practiquen en forma oportuna, cuando así lo requieran, los exámenes y pruebas diagnósticas necesarias para determinar la enfermedad que padecen y el tratamiento que se les debe brindar. En el caso de los recién nacidos, la Corte ha señalado que el deber de protección del derecho al diagnóstico médico se incrementa, pues en estos casos existe una íntima relación con el derecho a la vida de estos sujetos de especial protección. La Corte ha dicho: “[…] teniendo en cuenta que entre los derechos fundamentales de los niños se encuentra el derecho a la salud, se advierte que se incrementa el deber de protección cuando se niega la práctica de exámenes diagnóstico o medicamentos que se deriven de aquél, pues aquellos tienen una íntima relación con el derecho a la salud y con el derecho a la vida en condiciones dignas, lo que hace evidente que su no práctica puede deteriorar el estado de salud del menor e incluso ocasionar su muerte cuando no se realizan oportunamente o de forma completa violando manifiestamente el artículo 44 de la Constitución Política.
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El costo de los derechos fundamentales: el caso del derecho al diagnóstico en Colombia

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En tal sentido, la Sala considera pertinente resaltar que, la existencia de una orden médica que prescriba la práctica de un determinado examen de diagnóstico, debe entenderse como indicio suficiente de la necesidad de tal prueba para clarificar o establecer el dictamen con fundamento en el cual se dispondrá por parte del galeno el tratamiento a seguir para obtener el reestablecimiento de la salud del/de la paciente o para descartar la existencia de cualquier anomalía en su estado de salud o, en otros términos, para garantizar el derecho constitucional fundamental a la salud del/ de la mismo(a). Ante lo cual, corresponde al juez de amparo brindar la protección invocada, tanto en los casos en los que se trate de pruebas excluidas de la cobertura del Plan Obligatorio de Salud, cuyo costo correspondería en principio al afiliado, pues como antes se anotó, la incapacidad económica para asumir dicho costo no constituye en ningún caso una razón que justifique la vulneración del derecho a la salud. Como en aquellos en los cuales, la prueba requerida haga parte de planes adicionales de salud financiados directamente por los ciudadanos y ciudadanas. (Corte Constitucional de Colombia, 2008)
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En conclusión, el derecho al examen de diagnóstico, que se encuentra inmerso en el derecho a la salud y, a su vez, conserva una inescindible relación con el derecho fundamental a la información vital, está orientado a garantizar la consecución de los siguientes objetivos: (i) Establecer con precisión la patología que padece el paciente; lo cual, revela a profundidad su importancia, en la medida en que se erige como verdadero presupuesto de una adecuada prestación del servicio de salud, (ii) Determinar con el máximo grado de certeza permitido por la ciencia y la tecnología el tratamiento médico que asegure de forma más eficiente el derecho al “más alto nivel posible de salud”. (iii) Iniciar dicho tratamiento con la prontitud requerida por la enfermedad sufrida por el paciente, pues, como fue señalado en líneas anteriores, no sólo el derecho a la salud comprende la prerrogativa de recibir atención preventiva, lo cual supone desechar la idea de los fines meramente curativos de la medicina, sino que la dilación del diagnóstico y, por ende, del tratamiento lesiona gravemente el derecho a la dignidad humana.
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El costo de los derechos fundamentales: el caso del derecho al diagnóstico en Colombia

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La postura, de pretender trasladar los costos de los exámenes de diagnóstico a los reclusos, así como cualquier examen clínico, intervención quirúrgica o medicamentos, a pesar de que los internos en extraña ocasión puedan sugerir sufragarlos, no es de recibo para la Sala, pues como lo ha reconocido esta Corporación, es deber del Estado a través de su sistema carcelario, velar por la salud de los internos en los centros de reclusión, asumiendo el gasto que se demande al respecto. Existe un derecho de todo interno a la prevención, conservación y recuperación de su salud y, por tanto, si se tiene en cuenta que la población carcelaria está compuesta en su gran mayoría por personas de escasos o ningún recurso económico, por lo cual constituyen un grupo humano manifiestamente débil y marginado, los gastos que tales cuidados generen son de cargo del Estado.
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El costo de los derechos fundamentales: el caso del derecho al diagnóstico en Colombia

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No obstante, el concepto de un médico que trata a una persona, puede llegar a obligar a una entidad de salud a la cual no se encuentre adscrito, si la entidad tiene noticia de dicha opinión médica, y no la descartó con base en información científica, teniendo la historia clínica particular de la persona, bien sea porque se valoró inadecuadamente a la persona o porque ni siquiera ha sido sometido a consideración de los especialistas que sí están adscritos a la entidad de salud en cuestión. En tales casos, el concepto médico externo vincula a la EPS, obligándola a confirmarlo, descartarlo o modificarlo, con base en consideraciones de carácter técnico, adoptadas en el contexto del caso concreto. Tales consideraciones pueden ser las que se deriven del concepto de un médico adscrito a la EPS o de la valoración que haga el Comité Técnico Científico, según lo haya determinado cada EPS. La jurisprudencia constitu¬cional ha valorado especialmente el concepto de un médico no adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio, cuando éste se produce en razón a la ausencia de valoración médica por los profesionales correspondientes, sea cual fuere la razón que dio lugar a la mala prestación del servicio. También ha indicado la jurisprudencia que la orden médica obliga a la entidad, si en el pasado ha valorado y aceptado sus conceptos como ‘médico tratante’, incluso así sean entidades de salud prepagadas, regidas por contratos privados. ”
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El costo de los derechos fundamentales: el caso del derecho al diagnóstico en Colombia

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Esta Corporación ha sostenido, que si bien el derecho a la salud no es en sí mismo un derecho fundamental, sí puede llegar a ser efectivamente protegido, cuando la inescindibilidad entre el derecho a la salud y el derecho a la vida hagan necesario garantizar éste último, a través de la recuperación del primero, a fin de asegurar el amparo de las personas y de su dignidad. De ahí que el derecho a la salud sea un derecho protegido constitucionalmente, en los eventos en que por conexidad, su perturbación pone en peligro o acarrea la vulneración de la vida u otros derechos fundamentales de las personas. Por consiguiente, la atención idónea y oportuna, los tratamientos médicos, las cirugías, la entrega de medicamentos, etc., pueden ser objeto de protección por vía de tutela, en situaciones en que la salud adquiere por conexidad con el derecho a la vida, el carácter de derecho fundamental.
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El costo de los derechos fundamentales: el caso del derecho al diagnóstico en Colombia

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En este orden de ideas, esta Corporación ha determinado que es inescindible el vínculo existente entre los derechos a la dignidad, a la salud, a obtener un diagnóstico y a la vida, pues existen casos en los cuales, de no obtenerse un diagnóstico a tiempo, el resultado ulterior termina siendo lamentable. Al respecto señaló la Corte que “El aplazamiento injustificado de una solución definitiva a un problema de salud, que supone la extensión de una afección o un malestar, vulnera el principio del respeto a la dignidad humana y el derecho fundamental a la vida, el cual no puede entenderse como una existencia sin dignidad. En esta medida, la demora injustificada en el diagnóstico y, por consiguiente, en la iniciación de un posible tratamiento que logre el restablecimiento de la salud perdida o su consecución, atenta contra los derechos a la salud en conexidad con la vida.”
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El costo de los derechos fundamentales: el caso del derecho al diagnóstico en Colombia

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La Corte Constitucional ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que al negar o aplazar injustificadamente la realización de un examen que ayudaría a detectar o precisar la enfermedad del paciente para determinar el tratamiento necesario, se pone en peligro el derecho fundamental a la vida, debiendo la E.P.S. asumir su propia responsabilidad. Para esta Corporación, “La entidad de seguridad social es responsable por negligencia, si no practica en forma oportuna y satisfactoria los exámenes que sus propios médicos hayan ordenado. Sobre la base de su incumplimiento - que significa en realidad violación o amenaza de derechos fundamentales, según el caso -, no puede culpar a aquellos por las deficiencias que acuse la prestación del servicio, ni le es posible eludir las consecuencias jurídicas, en especial las de tutela y las patrimoniales, que se deriven de los daños sufridos por la salud de afiliados y beneficiarios, y por los peligros que su vida afronte, por causa o con motivo de falencias en la detección de los padecimientos o quebrantos que son justamente objeto de su tarea."
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El costo de los derechos fundamentales: el caso del derecho al diagnóstico en Colombia

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“Antonio V, Gambaro pone de relieve en relación con el consentimiento que tanto el ordenamiento francés como el ordenamiento americano reconocen la exigencia de que los actos médicos sólo se lleven a cabo en relación con el cuerpo del paciente después de que haya sido informado de las finalidades e ilustrado sobre las ventajas y riesgos de la terapia y, en fin exista el consentimiento expreso. Incluso la terminología con que esta exigencia viene expresada es análoga, se habla de ´informed consent´ en U.S.A. y de ´consentement eclairé´ en Francia. También las excepciones a la regla del consentimiento del paciente son tan obvias que resultan similares. Aparece así mismo homólogo el punto de partida de la problemática del consenso cuya base se encuentra, tanto en Francia como en Estados Unidos, con la antigua idea jurídica y civil de que todo individuo es titular de un derecho exclusivo sobre el propio cuerpo, por lo que cualquier manipulación del mismo sin consentimiento del titular del derecho constituye una de las más típicas y primordiales formas de lo ilícito”
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Echarle Aceite a la Lámpara. El Sabio (Anaxágoras) y el Político (Pericles)

Echarle Aceite a la Lámpara. El Sabio (Anaxágoras) y el Político (Pericles)

respecto a los mandatarios de la corte de Trajano y del propio Emperador) Plutarco convierte la amistad entre Pericles y Anaxágoras, con sus luces y sus sombras, en un tema esencial para el diseño político del ateniense. No sabemos si el último encuentro entre ambos personajes referido en la Vida (donde Anaxágoras echa en cara a Pericles el abandono en que tiene al anciano maestro) realmente corresponde a esa relación ni si Plutarco encontró la anécdota en alguna de sus fuentes o la adaptó a este caso o la inventó él mismo; pero lo que sí es cierto es que algunos límites de la caracterización plutarquea de Pericles tienen su clave en las relaciones entre ambos personajes: el sabio y el político.
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compuestos de ἀνα  (ana )

compuestos de ἀνα (ana )

ἀναβατησ, ἀναβατικόσ, ἀναβατόσ ἀναβάςιμοσ, α να βα ςι ον, ἀνϊβαθρον, ἀναβαθμόσ ἀναβαθμύσ ἀναβϊδιςισ ἀνϊβαθρα ἀναβϊδην ἀναβαδόν α να βι βα ζω, εἰςαναβαύνω,.. ἐξαναβαύνω, ἐπαναβαύνω, [r]

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Un nuevo hápax en Vetio Valente: γυναικοκαυσία

Un nuevo hápax en Vetio Valente: γυναικοκαυσία

Digamos, en fin, que no vemos necesaria la enmienda de Pingree, pero, puestos en la tesitura de elegir entre, por un lado, un hápax (γυναικοκαυσίαι) que parece haber suscitado dudas entre los editores por lo que se refiere a la forma y el sentido de la palabra, como hemos señalado, y, por otro lado, una expresión inusitada (γυναῖκες Καυνίαι) que, sospechosamente, no aparece reco- gida por ningún diccionario, por más que venga apoyada, al menos aparente- mente, en el mencionado proverbio Καύνιος ἔρως, preferimos mantener la lec- tura manuscrita, como ya hiciera Kroll, pero liberándola de la pesada carga de las cruces philologicae y reivindicando su derecho a figurar como una nueva en- trada en nuestros diccionarios, para lo cual encontramos razones tanto morfoló- gicas como, sobre todo, semánticas y contextuales. Porque no sólo es que conte- mos en griego con numerosos compuestos similares a γυναικοκαυσία (añádanse a los ya señalados γυναικοδουλία, γυναικοκρασία, γυναικονομία, etc.) que avalan la posibilidad perfectamente normal de su existencia, sino que, a nuestro juicio, el sentido de este término encaja en el contexto de la frase de Valente bas- tante mejor que la conjetura de Pingree. Y ese sentido, por lo que respecta al se- gundo elemento del compuesto, no es otro que el que presenta también el único compuesto de -καυσία que hemos podido localizar (texto nº 5 del handout): se trata del término ὁλοκαυσία, ‘cremación completa’, ‘holocausto’ (es decir, un sa- crificio religioso en el que la víctima se quema completamente, sinónimo por tanto de ὁλοκαύστωσις), otro hápax que aparece precisamente en un astrólogo, Hefestión, referido a la cremación de cadáveres para detener las muertes por epi- demia 8 . La existencia de este término, por cierto, debió ser conocida sin duda por
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Análisis cinemático de algunos aspectos técnicos del triple salto

Análisis cinemático de algunos aspectos técnicos del triple salto

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El ritmo de nado, determinante de buenos resultados

El ritmo de nado, determinante de buenos resultados

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Comparative study of MOOC forums: Does course subject matter?

Comparative study of MOOC forums: Does course subject matter?

The aim of this current research was to perform analysis on the networks that are constructed from student activities in the forums, and answer the following re[r]

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“LOS INSTRUMENTOS PARA LA TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN ESPAÑA Y EN ITALIA. LA PREVISIÓN Y LA AUSENCIA DEL AMPARO CONSTITUCIONAL

“LOS INSTRUMENTOS PARA LA TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN ESPAÑA Y EN ITALIA. LA PREVISIÓN Y LA AUSENCIA DEL AMPARO CONSTITUCIONAL

Antes de que se acabara el mandato de los Constituyentes fue necesaria la aprobación de una ley constitucional para regular los recursos al TC; de hecho, la formulación aprobada del artículo 137 CI se veía sustancialmente privada de contenido y con ello carente de eficacia la garantía de un control de tutela de los valores y los derechos previstos en la Constitución. La necesidad de respetar los plazos y de permitir que el Tribunal funcionara desde el comienzo de la actividad del nuevo Parlamento llevaron a la aprobación de la Ley Constitucional 1/1948, de 9 de febrero, “Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale” de forma muy rápida, sin abrir nuevamente el debate y simplemente previendo las modalidades respecto de las cuales había mayor consenso: el recurso incidental, sin plazo, y el recurso directo solo para las leyes que no respetasen el reparto de competencia entre Estado y Regiones y entre Regiones.
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La relación entre sentencia y proverbio en la retórica de Aristóteles

La relación entre sentencia y proverbio en la retórica de Aristóteles

Para establecer la relación entre uno y otro tipo de enunciado, partiremos de la afirmación de 1395a12 acerca de que, en determinadas circunstancias, un proverbio es una sentencia: ἔτι ἔ[r]

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Παρθένον ψυχὴν ἔχων (E  HIPP  1006) : Un análisis de la feminización de Hipólito en Eurípides

Παρθένον ψυχὴν ἔχων (E HIPP 1006) : Un análisis de la feminización de Hipólito en Eurípides

Esto no parece ser una costumbre habitual entre los griegos. Según Alexiou (1974: 5), en la próthesis el rostro del muerto permanecía descubier- to. Garland (1985: 21-37) incluye también varias imágenes de rituales mor- tuorios, que muestran siempre al fallecido con la cara expuesta. Este autor (al igual que otros) estipula que la primera acción que se realizaba sobre el difunto residía en cerrarle los ojos y la boca. Aparentemente, eso garantizaba la salida de la psykhé del cuerpo. Es más, lo que sí se solía hacer era colocar una corona sobre la cabeza del muerto y, en el caso de las mujeres, se arre- glaba su cabello tal como en la vida cotidiana e incluso aparecían en ocasio- nes con aros y un collar (Garland 1985: 23-26). Sin embargo, velar el rostro de un cadáver como primera medida luego de abandonar la vida no parece
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