PDF superior El ilícito tributario en la legislación Ecuatoriana

El ilícito tributario en la legislación Ecuatoriana

El ilícito tributario en la legislación Ecuatoriana

En nuestro ordenamiento, al igual que sucede en la generalidad de los países encuadrados en el sistema jurídico continental, el ejercicio del poder punitivo del Estado se lleva a cabo no solamente mediante la imposición de penas por parte de los órganos de la jurisdicción penal, sino también a través de sanciones impuestas directamente por la Administración, la cual se encarga de apreciar la existencia de la infracción y de determinar la correspondiente sanción. Nuestra legislación y concretamente el Código Tributario define la Infracción en su Art 340 ¨Constituye infracción tributaria toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión.´ Por tanto será responsable por la comisión de una infracción toda aquella persona que concretice en el mundo factico, los supuestos que la norma jurídica señale para que una conducta se considere como infracción, además de que en el mismo cuerpo legal a quienes pudieren ser responsables de no cumplir con las obligaciones previstas por las disposiciones fiscales.
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“Estudio comparativo de la acumulación de penas en delitos de drogas entre el código penal y el código orgánico integral penal en la legislación Ecuatoriana”

“Estudio comparativo de la acumulación de penas en delitos de drogas entre el código penal y el código orgánico integral penal en la legislación Ecuatoriana”

Lo dicho anteriormente, guarda relación con la actualización que el Código Orgánico integral Penal busca efectuar en el pensamiento jurídico de la materia que regula, pues tal como se estipula en su exposición de motivos, su expedición propende a que ‘… las penas estén acorde con el principio de proporcionalidad (…) existiendo cierta relación coherente entre el grado de vulneración de un derecho y la gravedad de la pena…’, lo que aplicado a los delitos relacionados con las drogas, implica impedir que se juzgue de la misma forma a quien trafica con una sola sustancia ilícita, que a quien lo hace con varias, pues este último incorpora voluntariamente un mayor grado de injusto en su conducta, debiéndose tomar estos factores altamente en cuenta, ya que ‘… el tráfico ilícito es una actividad delictiva cuya supresión exige urgente atención y la más alta prioridad…’, según deviene de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, del año 1998.
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El estupro agravado en la legislación penal ecuatoriana

El estupro agravado en la legislación penal ecuatoriana

Adentrándose a los antecedentes del delito de estupro se tiene que en la antigüedad se mantenía una errónea interpretación sobre el estupro, ya que el mismo era asociado con varios delitos de carácter sexual, entre algunos de ellos con el adulterio un tipo penal completamente distinto al que se trata en este trabajo de investigación. Ya que se hablaba de mantener acceso carnal a través del engaño o seducción con una viuda. Muñoz C. Francisco considera que “la palabra estupro, derivada del latín stuprum, tuvo el significado en el Derecho Medieval de yacimiento carnal ilícito. Pero a partir del siglo XVI se restringe dicho significado en el idioma castellano al yacimiento carnal realizado con mujer virgen o doncella mediante engaño o seducción.
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La responsabilidad precontractual en la legislación ecuatoriana

La responsabilidad precontractual en la legislación ecuatoriana

Veamos un ejemplo: “A” y “B” entran en tratativas en enero del 2009 para la adquisición de un taladro petrolero, para lo cual “A” incurre en gastos de viaje para conocer el taladro de “B”, además contrata un especialista para analizar la estructura y composición metálica del taladro. Luego de un año de negociaciones logran acuerdo de cosa y precio y celebran un contrato en virtud del cual “B” se obliga a entregar un taladro petrolero a cambio de USD. 20.000.000. Este taladro fue comprado para ser utilizado en la perforación de un pozo, por lo que “A” ya tenía destinado este taladro. Firmado el contrato y a punto de la entrega “A” se entera que el taladro de “B” se encontraba embargado por orden judicial. “B” nunca comunicó sobre este hecho, por lo que las tratativas se enmarcaron en una negociación de un objeto que no podía transferirse, es decir ilícito 322 . Por este contrato “A” se obligó al pago del 50% del valor pactado el momento de la firma y el restante debía pagar cuando se ponga a funcionar el taladro. Ante esta circunstancia “A” demanda la nulidad del contrato y la restitución de lo pagado. El Juez declara en sentencia la nulidad y ordena la restitución de las partes a su estado anterior a la firma del contrato. En este caso “B” deberá devolver el 50% del precio recibido más los intereses y los gastos generados. Como se aprecia del ejemplo citado, “A” recibirá lo pagado más los intereses, pero no podrá recuperar los gastos incurridos durante la negociación. Vale considerar que el vicio del contrato se originó por una falta al deber de información durante las tratativas previas, ya que “A”, de haber conocido que era imposible transferir el taladro, no habría firmado el contrato. Este mismo criterio es sostenido por Roberto Brebbia 323 respecto de la legislación argentina.
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El peculado y la prescripción e la legislación Ecuatoriana

El peculado y la prescripción e la legislación Ecuatoriana

o de conciencia, no encontrándose detallado en este articulado que el peculado sea imprescriptible; otro acontecimiento que ordenan la Constitución es el estipulado en el Art. 74 : “ El ejercicio de dignidad es y funciones públicas, constituye un servicio a la colectividad. No hay dignatario, autoridad ni servidor público exento de responsabilidad por el ejercicio de sus funciones. Se sancionará el enriquecimiento ilícito de los ciudadanos elegidos por votación popular; de los delegados o representantes a cuerpos colegiados del sector público; de los servidores públicos en generad, de conformidad con la Ley. Quienes participen en esta clase de delitos, aunque no ostenten las calidades antes señaladas, serán sancionadas en la forma que determine la Ley”; esta norma constitucional no hace referencia al delito de peculado como tal, ni a la imprescriptibilidad, por lo que en tal caso habría que referirse a la norma sustantiva y adjetiva penal vigente a la fecha del cometimiento de la infracción. Si damos lectura al Art. 82 de la misma Constitución de aquella época mandaba la actuación del Congreso Nacional ante caso de existir responsabilidad penal de funcionarios público, pero este proceso político jurídico no se verifico, el articulado invocado rezaba así : “ El Congreso Nacional, se reúne en pleno, sin necesidad de convocatoria, en Quito desde el 1 de agosto hasta el 9 de Octubre de cada año, para conocer exclusivamente los siguientes asuntos:….g)Proceder al enjuiciamiento político durante el ejercicio de sus funciones, y hasta un año después de terminadas, del Presidente y Vicepresidente de la República, de los ministros secretarios de Estado, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ……. por infracciones cometidas en el desempeño de sus cargos, y resolver su censura en el caso de declaratoria de culpabilidad, lo que producirá como efecto su destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos durante el mismo período en todo caso la
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La pandilla en la legislación ecuatoriana y la reincidencia

La pandilla en la legislación ecuatoriana y la reincidencia

Asociación Delictuosa y Pandillerismo […] Sus diferencias: Hay claras notas distintivas entre el llamado pandillerismo y la asociación delictuosa. En el primero se trata de una reunión habitual, ocasional o transitoria de tres o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen comunitariamente algún ilícito; en cambio, la asociación delictuosa se integra también al tomar participación en una banda, tres o más personas, pero precisa que aquella --la banda-- esté organizada para delinquir. Aquí se advierte la primera distinción entre una y otra de las figuras analizadas: la consistente en que en el pandillerismo no hay organización con fines delictuosos, y en la asociación sí la hay. Pero todavía más: en esta segunda figura se requiere un régimen determinado con el propósito de estar delinquiendo, aceptado previamente por los componentes del grupo o banda; es decir, que debe haber jerarquía entre los miembros que la forman, con el reconocimiento de la autoridad sobre ellos del que la manda, quien tiene medios o manera de imponer su voluntad. Amparo directo 4379/72. Marcelo Alejandro Verdugo Cenizo. 28 de febrero de 1973. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Aguilar Álvarez (Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, 1973, Vol. 50, pág. 14)
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El daño moral en la legislación ecuatoriana

El daño moral en la legislación ecuatoriana

SEXTO: ALGUNOS RAZONAMIENTOS SOBRE DAÑO MORAL.- Pese a que el recurrente no es claro en su petición corresponden a este Tribunal analizar la figura del daño moral. Daño es todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, honor, crédito, afectos, creencias, etc. El daño supone la destrucción o disminución, por insignificantes que sean, de las ventajas o beneficios patrimoniales o extra patrimoniales de que goza un individuo. El daño moral consiste exclusivamente en el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos creencia o afectos. En otro sentido, daño moral es el que afecta los atributos o facultades morales espirituales de la persona. En general, es el sufrimiento que experimenta una persona por una herida, la muerte de una persona querida, una ofensa a su dignidad u honor, la destrucción de una cosa de afección, etc. es el dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo. En síntesis, el daño moral es la molestia, perturbación, dolor, sufrimiento, menoscabo, en suma, la acción u omisión que pueda estimarse ilegítima y lesiva a las facultades espirituales, a los afectos o a las condiciones específicas que detenta una persona, que en forma de reparación se determina por una indemnización pecuniaria o económica, sin perjuicio de otro tipo de satisfacciones
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El afianzamiento tributario obligatorio y la tutela judicial efectiva en el juicio contencioso tributario de la Legislación Ecuatoriana.

El afianzamiento tributario obligatorio y la tutela judicial efectiva en el juicio contencioso tributario de la Legislación Ecuatoriana.

Esta figura jurídica, violenta, desconoce y afecta el derecho a la tutela judicial efectiva. Si hablamos en materia tributaria, este derecho debería eliminar las trabas que pudieran presentarse ante los órganos jurisdiccionales; considerando que, no solo se relacionada con el derecho a la defensa, sino también con el derecho a la igualdad, a la gratuidad en la justicia, con el derecho de petición, de accedo a la justicia y a la seguridad jurídica. Considerando que nuestro país es suscritor de la Convención de Derechos Humamos, y lo establecido en la norma positiva, la consecuencia jurídica de la existencia del afianzamiento tributario obligatorio, es la violación a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de los derechos que cada persona posee; más aún, cuando trata de hacerlos cumplir, en reciprocidad con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, al tener la posibilidad de recurrir a los fallos de las autoridades administrativas o judiciales.
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Los delitos de tenencia en la legislación ecuatoriana

Los delitos de tenencia en la legislación ecuatoriana

Sólo se configura la tenencia penalmente reprochable del arma cuando dicho ele- mento se encuentra en condiciones de uso, es decir, cargada y apta para su disparo, o al menos bajo condiciones tales que impliquen la posibilidad inmediata de colocarla en dicha aptitud –tal como cuando se llevan juntos el arma y los proyectiles, y la primera se encuen- tra en adecuadas condiciones de uso, bastando a tal fin solamente cargarle los proyectiles . No obstante, esta posibilidad no se prevé en la norma ecuatoriana analizada donde el legislador exige únicamente que se tenga armas de fuego, obviando el estado de las mismas. El autor citado, refiriéndose al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal en causa L.5334/1 ante la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires explica el criterio del doctor Horacio Daniel Piombo quien al resolver dicho recurso enseñó que 71 :
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Ingresos tributarios del estado y su prescripción

Ingresos tributarios del estado y su prescripción

En definitiva al hablar de tributos; entendiéndose a estos como a los impuestos, tasas y contribuciones especiales o de mejora; como término genérico que conceptuado jurídicamente a estos instrumentos recaudadores de la administración, de lo cual se desprende que este término tiene el siguiente concepto: “tributos es la prestación de valores pecuniarios, fiduciarios o de especies o servicios, exigidos por el Estado a los ciudadanos en virtud de la ley, para obras de beneficio general en razón de formar parte de la comunidad, sin que por ello el Estado esté obligado a una contraprestación equivalente”, concepto que por cierto incluye a toda clase de impuestos, contribuciones especiales, tasas, etc., que el sujeto pasivo, entendiéndose a este como contribuyente, obligadamente debe satisfacer al sujeto activo que es el Estado. (Jorge Jaramillo, Derecho Financiero y Legislación Tributaria en el Ecuador, 1982, Pág. 62).
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el aborto en la legislación penal Ecuatoriana

el aborto en la legislación penal Ecuatoriana

RESUMEN: Este trabajo de investigación trata sobre el aborto en la Legislación Penal Ecuatoriana, las leyes que lo regulan y penalizan. Como objetivos específicos, analizar las posibles sanciones que existen en contra de las personas que incurran en el tipo penal del aborto, además, analizar si el derecho a la libertad sexual de la mujer está por encima del mandato constitucional al respeto a la vida desde la concepción. Finalmente, proponer un proyecto de Ley de Reforma al Código Orgánico Integral Penal para que se legalice el aborto en el Ecuador y de esta manera las mujeres víctimas de violencia sexual puedan acudir a clínicas aprobadas por el Ministerio de Salud Pública, sin interrumpir el embarazo de manera gratuita y de esta manera se terminen los lugares clandestinos donde se realizan actualmente abortos ilegales. La metodología empleada es inductiva y deductiva con una investigación de enfoque cualitativo, realizando un acopio de información de normativa, doctrina, jurisprudencia a fin de recopilar la mayor información sobre el impacto social de esta problemática en el Ecuador.
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De la duración de las vacaciones en la legislación laboral Ecuatoriana

De la duración de las vacaciones en la legislación laboral Ecuatoriana

Es menester hacer un análisis comparativo y el caso de Uruguay puntalmente es un referente con un periodo de veinte días, como un punto medio entre lo mínimo que es en promedio de los países latinoamericanos de diez días y el máximo que es de treinta días, otro punto a considerar a cambiar es el conteo de los días laborables o no. Otro caso particular es lo establecido en Bolivia, donde las vacaciones varían con la antigüedad del trabajador, además de los 15 días generales anuales, aquellos trabajadores que han prestado sus servicios de 5 a 10 años tendrán derecho a 20 días; y aquellos que hayan trabajado de 10 años en adelante gozarán de 30 días de vacaciones, se podría rescatar de este país la escala en cuanto a la antigüedad del trabajador y aplicarlo en la legislación ecuatoriana, a fin de ampliar el derecho y detallar las condiciones.
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Derechos de los Adultos Mayores en la Legislación Ecuatoriana

Derechos de los Adultos Mayores en la Legislación Ecuatoriana

Este trabajo investigativo tiene como finalidad, el estudio de los derechos de los adultos mayores en la legislación ecuatoriana ,su impacto en la vida social, su trascendencia en el aspecto jurídico y su implicación socio económica que repercute en la vida de los ancianos. La vulneración de los derechos de las personas de la tercera edad se evidencia en que no existe una adecuada protección social básica por parte del Estado y la sociedad entendida como el acceso a servicios de salud integral, agua segura y permanente, alimentos sanos, suficientes y nutritivos, hábitat seguro y saludable, vivienda adecuada y digna, trabajo digno, seguridad social universal y derecho a la movilidad. Las situaciones de exclusión, discriminación, pobreza, o vulnerabilidad, a los que se exponen los ancianos al acceder a los distintos servicios o atenciones en el sector público y privado conlleva a un estudio profundo para establecer las causas y consecuencias de la vulneración de los derechos de los adultos mayores.
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Inclusión de la eutanasia en la legislación ecuatoriana

Inclusión de la eutanasia en la legislación ecuatoriana

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo fundamental la Inclusión de la eutanasia en la legislación ecuatoriana, con fundamento en el derecho reco[r]

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El delito de odio en la legislación ecuatoriana

El delito de odio en la legislación ecuatoriana

En este sentido, resulta oportuno mencionar la famosa decisión correspondiente al caso de NACHOVA y OTROS vs BULGARIA, donde el tribunal estableció que era obligación de las autoridades estatales efectuar una investigación de la posible motivación racista que estaba detrás de cada uno de los actos violentos y que el evidente fracaso de Bulgaria al efectuar esta tarea, constituye una violación directa de la disposición de no discriminación incluida en el Artículo 14 de la Convención. Si bien la Corte no ha exigido en sus decisiones judiciales la incorporación expresa de legislación sobre los Delitos de Odio en los diferentes Estados Europeos, considera que las normas dispuesta en la Convención son de protección y respeto general; por lo que, ha reconocido explícitamente que los delitos de odio requieren de una respuesta adecuada por parte de la justicia penal de cada país y que la respuesta judicial indicada debe disponer una sanción o pena severa que debe ser proporcional al daño causado.
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Estudio comparativo de las familias monoparentales en la legislación Ecuatoriana y en la legislación Española

Estudio comparativo de las familias monoparentales en la legislación Ecuatoriana y en la legislación Española

La entrada en vigor de la Constitución de 1978 supuso una profunda modificación de la legislación vigente a la época; la regla general era el matrimonio católico, el cual sometía a los cánones de la Iglesia Católica, en consecuencia, en el imaginario social se entendía que sólo el matrimonio creaba una familia legítima; el concubinato u otras formas de relaciones extra maritales carecían de reconocimiento jurídico y por ende de la protección de derechos, siendo aquello ilegítimo al igual que los hijos producto de esa unión. La Constitución reconoció el derecho a la libertad religiosa, reconociendo en cierta forma el derecho a discernir de los rituales católicos para la formación de una familia, y reguló, a través del artículo constitucional 32, el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica por parte de hombres como de mujeres; norma que fue ubicada en el capítulo segundo, sección “Derechos y Libertades”, lo cual implica que se encuadra dentro de los derechos constitucionales y no dentro de los principios rectores de la política económica y social. Esta diferencia supuso consecuencias jurídicas importantes, pues los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos, y su ejercicio sólo puede ser regulado por la Ley 34 .
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El abandono del trabajo en la legislación laboral Ecuatoriana

El abandono del trabajo en la legislación laboral Ecuatoriana

De igual forma, en el Derecho Comparado, particularmente en la legislación Chilena, encontramos otras formas de abandono del trabajo, Efectivamente, dentro de las causas de despido disciplinario, el Derecho chileno contempla en el artículo 160 del Código del Trabajo la posibilidad del empleador de despedir a su trabajador, sin derecho a indemnizaciones en caso de Abandono de Trabajo por parte de este último, entendiéndose que existe el abandono de trabajo ante: a) la salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente. (Este abandono de trabajo debe interrumpir un proceso productivo o determinada actividad para considerarlo intempestivo e injustificado. De tal manera que si el trabajador sale intempestivamente, pero tal acción se justifica ampliamente, no debería esta causal ser constitutiva de un término de contrato), y b) la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato. 30 .
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El principio de presuncion de inocencia en la legislación ecuatoriana

El principio de presuncion de inocencia en la legislación ecuatoriana

La influencia de estos Tratados y Convenios de defensa de los Derechos Humanos es muy importante, ya que en el mundo globalizado en el que vivimos, las relaciones mutuas entre personas, organismos, empresas y Estados nos acercan y vinculan por miles de hilos invisibles, la tecnología ha acercado el mundo, la información viaja de polo a polo del globo terráqueo en cuestión de minutos. Esta globalización hace que los esfuerzos por estandarizar el respeto de los derechos humanos a nivel global, sean más sencillos. Estos convenios y tratados de defensa de los derechos humanos han influenciado de manera positiva a todos los países del globo terráqueo y como es natural han tenido su influencia en nuestra legislación nacional en todo orden, en lo referente a contratación internacional, al derecho público, constitucional, penal, civil, niñez, procesal; en fin, prácticamente toda nuestra normativa se acomoda en base a los lineamientos establecidos en estos convenios y tratados internacionales. El principio de inocencia contenido en los Convenios y Tratados de Derechos Humanos ratificados por nuestro país se ha acoplado de una manera correcta a nuestra legislación nacional, basta con que este en nuestra Constitución de la Republica en el capítulo del debido proceso (Art. 76), para que de allí sea tranversalizado a toda la normativa procesal y sustantiva de nuestra legislación, comenzando con constar en el COIP en su artículo 5 numeral 4, pero además se ha popularizado tanto que se habla de ella en toda institución pública y privada, además entre la población también se ha extendido de manera positiva entre las diversas profesiones.
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La nulidad y el estado de indefensión en la legislación ecuatoriana

La nulidad y el estado de indefensión en la legislación ecuatoriana

6.4 Ausencia de defensa técnica: causal de nulidad procesal 17 6.5 Importancia de contar con un abogado litigante capaz.. 18.[r]

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El derecho a la rectificación en la legislación Ecuatoriana

El derecho a la rectificación en la legislación Ecuatoriana

No obstante lo anterior, en los últimos años (especialmente en este) representantes o funcionarios de instituciones estatales reclaman tal derecho y utilizan espacios de med[r]

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