PDF superior El Proceso Impugnatorio de Laudos Arbitrales Económicos

El Proceso Impugnatorio de Laudos Arbitrales Económicos

El Proceso Impugnatorio de Laudos Arbitrales Económicos

El arbitraje, como solución de los conictos laborales económicos, resulta sumamente oneroso, no solamente porque la parte laboral debe asumir el costo de los honorarios del árbitro que designe, sino tambi2n porque debe asumir el pago del árbitro presidente juntamente con el empleador. (a onerosidad se acrecienta con el proceso de impugnación del laudo, al declararse fundada la demanda " consecuentemente la nulidad del laudo cuesonado, que solo sera jus!cable, si el incremento cubre los gastos.

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El control de convencionalidad de los laudos arbitrales en Colombia: una historia que aún no ha sido contada

El control de convencionalidad de los laudos arbitrales en Colombia: una historia que aún no ha sido contada

La posición en América con respecto a la aplicación del control de conven- cionalidad en los laudos arbitrales está cubierta de una niebla legal. Ello se debe a que muy pocos países americanos permiten al árbitro actuar como juez convencional; es más, podría afirmarse que ningún estamento legal de algún país americano establece que el árbitro pueda realizar un control de convencionalidad o que sus decisiones estén sujetas a parámetros convencio- nales. Lo anterior se debe a la estigmatización del arbitraje entendido como un mecanismo de solución alternativa al proceso donde solo se discuten aspectos enfocados en el derecho privado, como aspectos económicos y civiles, que no dan cabida para interpretaciones en conjunto con tratados de derechos humanos. Sin embargo, esta investigación, en el estudio del derecho comparado, encuentra un precedente donde se evidencia la aplicación de un control de convencionalidad por parte del tribunal arbitral para emitir el laudo.
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Procesos de Impugnación de Laudos Arbitrales Economicos. (1)

Procesos de Impugnación de Laudos Arbitrales Economicos. (1)

Para tramitar estas impugnaciones, la NLPT ha establecido el Proceso Impugnativo de Laudos Arbitrales Económicos, cuya primera instancia es de competencia es de las salas laborales de las cortes superiores, y la segunda instancia corresponde a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Pero, por otra parte, el artículo 3° de la NLPT, no solo se refiere a los laudos antes señalados, sino también a la “anulación del laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico de naturaleza laboral, a ser tramitada conforme a la ley de arbitraje”, que es diferente al proceso antes referido. Efectivamente, existe una Ley General del Arbitraje, expedida por el Decreto Legislativo N° 1071 que regula el arbitraje en general, distinto al arbitraje laboral contemplado por el Decreto Ley N° 25593. No obstante, la NLPT no ha diseñado el respectivo proceso, sino que simplemente indica, en su artículo 32, que se tramitará conforme a la ley de arbitraje.
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Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros. Exequátur

Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros. Exequátur

Merece destacarse en relación a la Convención de referencia que a partir de la misma: 1) Se ejecutan sentencias arbitrales pertenecientes a Estados que no sean parte de la convención. 2) La sentencia arbitral tiene acatamiento en todo el ámbito de la convención. 3) Recepta los principios de validez del arbitraje; autonomía de la voluntad en cuanto a elección del Tribunal y del procedimiento; reciprocidad; etc. 4) No prevé la revisión sobre el fondo del fallo ni siquiera cuando existan situaciones jurídicas extralimitadas. 5) Los supuestos de oposición a la ejecución deber ser planteados por el demandado, quien tiene a su cargo su acreditación y se reducen a: falta de capacidad en las partes para concertar cláusulas arbitrales (caso muy frecuente en las sociedades), violación al debido proceso (principio de contradicción), cuando el árbitro no se ajustó a su misión, cuando existieren vicios manifiestos del procedimiento, cuando el fallo no hubiere asumido aún la condición de obligatorio (Ej.: que hubiere mediado suspensión o nulidad), cuando existiere violación del orden público del país de ejecución si bien la convención no especifica si se trata del interno o del internacional.
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Los laudos arbitrales en el contexto de las contrataciones con el Estado y la motivación aparente o insuficiente

Los laudos arbitrales en el contexto de las contrataciones con el Estado y la motivación aparente o insuficiente

“Que, en relación a esta pretensión controvertida, es preciso señalar que, el CONSORCIO AYABACA solicita el pago de una indemnización por la falta de pago de la liquidación, sin embargo, de las actuaciones arbitrales se advierte que si bien la liquidación presentada por el CONSORCIO AYABACA mediante Carta no tuvo una respuesta por parte del GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, también es cierto, tal como se ha indicado líneas arriba, que era necesario finalizar cualquier controversia, tal como lo dispone el artículo 211 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. […] este Árbitro Único llega a la convicción que carece de objeto realizar un análisis de responsabilidad, debiéndose más bien estar al resultado del procedimiento de liquidación que deberá iniciarse una vez expedida la presente decisión.”
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Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales anulados en la sede del arbitraje

Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales anulados en la sede del arbitraje

b. Baker Marine (Nig.) Ltd c. Chevron (Nig.) Ltd, 191 F.3d 194 (2d Cir. 1999). Estas decisio- nes tienen su origen en dos arbitrajes con sede en Lagos, Nigeria. El contrato y la cláusula arbitral estaban sujetos a ley nigeriana. La disputa se refiere al incumplimiento de un con- trato de prestación de servicios. Los dos laudos dictados fueron anulados por los tribunales nigerianos. Baker Marine solicitó su reconocimiento en Nueva York, siendo éste denegado por la corte distrital en un laudo confirmado por el Segundo Circuito. El tribunal rechazó la aplicación del FAA ya que las partes habían pactado como ley aplicable la ley de Nigeria, recordando que “[E]l ‘propósito primordial’ de la FAA [Federal Arbitration Act] es ‘asegurar que los acuerdos privados para arbitrar sean ejecutados de acuerdo a sus términos.’” Res- pecto al término podrá, la corte hizo presente que la parte requirente no argumentó que la decisión de anulación fuera contraria a la ley nigeriana o alguna otra razón por la cuál dicha decisión no debería ser considerada.
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El problema de los laudos arbitrales como títulos inscribibles en el registro de predios

El problema de los laudos arbitrales como títulos inscribibles en el registro de predios

El problema que se presenta en la tesis es la calificación de laudos arbitrales y el acceso a su anotación en el Registro de Propiedad inmueble, que ha ido en aumento en estos últimos años, ya que a partir de la vigencia el D.L. N° 1071, Decreto Legislativo que regla el arbitraje, se han presentado numerosos laudos arbitrales ante los Registros Públicos exclusivamente en mayor proporción en el registro de predios, si bien esta institución ha contribuido en aliviar la sobrecarga procesal del Poder Judicial por su premura; se ha demostrado ciertas inconsistencias de la institución arbitral debido a la efímera formalidad que solicitaban estos mecanismos para su anotación registral.
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El recurso de anulación de los laudos arbitrales en la jurisprudencia de Costa Rica

El recurso de anulación de los laudos arbitrales en la jurisprudencia de Costa Rica

de la Ley pueden resumirse como sigue: no existen, de acuerdo con esta re- glamentación diferencias de consideración entre la ley que regula el arbitraje interno y el internacional; únicamente podrán someterse a arbitraje las con- troversias de índole patrimonial, presentes o futuras, pendientes o no ante los tribunales comunes, fundadas en derechos respecto de los cuales las par- tes tengan plena disposición y sea posible excluir la jurisdicción de los tribu- nales comunes; las partes tienen plena libertad de establecer las reglas de procedimiento que regirán el proceso de arbitraje, y someterse a las disposi- ciones contenidas por los reglamentos de las instituciones dedicadas a la administración de procesos arbitrales; el tribunal arbitral cuenta con compe- tencia exclusiva para decidir sobre las objeciones referentes a su propia competencia y sobre las objeciones respecto de la existencia o validez del acuerdo arbitral (art. 37); ahora bien sobre lo resuelto por el tribunal arbitral en el caso anterior cabrá recurso de revocatoria a lo que cabe añadir que la parte disconforme podrá interponer directamente ante el tribunal arbitral, dentro de los tres días siguientes a la notificación y en forma fundada, un recurso de apelación que deberá ser resuelto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (art. 38.3º). La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y las instituciones dedicadas a la admi- nistración de arbitrajes, pueden nombrar árbitros a solicitud de partes (arts. 26, 27, 29). En cualquier etapa del proceso, las autoridades judiciales compe- tentes podrán otorgar medidas precautorias a solicitud de las partes o del tribunal arbitral; dicha medida cautelar no será considerada incompatible con el proceso arbitral, ni como renuncia o revocación del acuerdo arbitral. La legislación costarricense sobre arbitraje no establece reglas sustantivas para resolver el fondo de la controversia; el art. 22
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Vulneración del principio de autonomía de la voluntad en la anulación de los laudos arbitrales nacionales

Vulneración del principio de autonomía de la voluntad en la anulación de los laudos arbitrales nacionales

particulares, un particular y una o más entidades públicas, o varias entidades públicas, o quien desempeñe funciones administrativas, delegan en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de definir, con fuerza vinculante para las partes, una controversia contractual de libre disposición. La amigable composición aunque no tiene mucho conocimiento en Colombia porque las empresas prefieren como mecanismo alternativo de solución de conflictos el arbitraje, que más adelante lo analizaremos, no deja de ser un mecanismo importante para que se puedan solucionar conflictos entre particulares o entre estos y las entidades estatales (García, 2017). La amigable composición es un contrato, es un acuerdo entre las partes generada por la sociedad, con el fin de dar por terminado un conflicto de forma anticipada a un proceso judicial (Ternera, 2007). Partiendo de la definición anterior podemos indicar que la amigable composición es un acuerdo de voluntades entre las partes para resolver un conflicto dejándolo a un tercero que las partes de común acuerdo han establecido, sin olvidar que la decisión que ese tercero adopte para las partes debe ser imparcial y de forma obligatoria para los involucrados.
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Acción de nulidad de laudos arbitrales: Procedimiento y trámite de resolución

Acción de nulidad de laudos arbitrales: Procedimiento y trámite de resolución

2005, establece que: “el recurso de hecho constituye un recurso vertical contra la negativa del Tribunal Inferior, cuando a criterio de la parte recurrente su recurso extraordinario de casación fue negado infundadamente. En tal virtud, corresponde a este Tribunal examinar las razones o motivos que esgrimió el inferior para tal pronunciamiento. El Art. 2 de la Codificación de la Ley de Casación dice que el recurso de casación procede contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los Tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo. En la especie, la sentencia de 4 de diciembre de 2003, dictada por la quinta sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, no es una sentencia definitiva que ponga fin a un proceso de conocimiento, por el contrario se trata de un recurso incidental que pretende anular la validez o eficacia de un laudo arbitral, (sic) mediación acogida por las partes en forma voluntaria, que aún en el evento de admitirse, esta acción no extingue el vínculo de la obligación principal. Al respecto, esta Sala ha emitido criterio respecto a que la impugnación de un laudo arbitral no es un asunto de conocimiento, en atención a lo prescrito por el Art. 32 de la Ley de arbitraje y Mediación.”
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La intervención del Poder Judicial en la ejecución de los laudos arbitrales en México

La intervención del Poder Judicial en la ejecución de los laudos arbitrales en México

En ese sentido, de las resoluciones citadas en el segundo capítulo parecería que la judicatura ha adoptado una concepción minimalista acerca de la noción de orden público internacional en cuanto a la interpretación y aplicación de las causales de denegación de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales; no obstante, dada la confusión referida, es correcto el decir que en realidad nos encontramos ante una concepción maximalista del referido concepto, en la cual existe un control más profundo de los laudos para verificar que el orden público está siendo respetado, tomando en consideración las leyes de policía mexicanas.
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Historia y evolución del recurso de anulación contra laudos arbitrales en Colombia

Historia y evolución del recurso de anulación contra laudos arbitrales en Colombia

Por consiguiente, si el recurso de anulación contra el laudo arbitral se encamina a corregir irregularidades de la actividad exclusivamente procesal que tengan la virtualidad de anular el proceso, y no a rectificar las de índole intelectiva, habida cuenta que por ese mecanismo no es procedente proferir una nueva decisión por carecer de segunda instancia, no es viable volver a examinar la cuestión de fondo, dado que los árbitros fallan inapelablemente sin que pueda abrirse paso a una valoración diferente de las pruebas para determinar si hubo o no error de derecho o de hecho en su apreciación, pues, se itera, las causales de anulación solo apuntan al aspecto procedimental para corregir errores in procedendo, por tratarse de un recurso diseñado para preservar el procedimiento. Esto explica el por qué se ha advertido que el mismo ostenta un campo de acción aún más restringido que el de la casación, en virtud de que aquél a diferencia de éste, no admite la formulación de cargos por violación del derecho sustancial, ni por vía directa ni indirecta, con lo que de suyo está excluyendo la posibilidad de abrir un nuevo debate sobre eventuales o posibles errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas. 10
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Análisis económico de la acción de tutela contra laudos arbitrales en Colombia

Análisis económico de la acción de tutela contra laudos arbitrales en Colombia

La acción de tutela contra laudos arbitrales en Colombia representa un desafío para el Análisis Económico del Derecho por cuanto implica una tensión entre los beneficios eco- nómicos consustanciales al arbitraje como mecanismo alternativo de solución de contro- versias y el amparo sustancial de la acción de tutela como garantía básica fundamental de control a las actuaciones del estado en cabeza de sus funcionarios, y específicamente la acción de tutela contra providencias judiciales como mecanismo subsidiario de control de las actuaciones de los jueces o de quienes cuentan con una función equiparable como los árbitros. el presente escrito pretende brindar algunos insumos para esta discusión, sin mayor pretensión que la de dilucidar un problema vigente e irresoluto y esbozar lo que podrían ser algunos puntos de partida para su análisis desde el enfoque del Análisis Económico del Derecho.
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"Análisis de la laudos arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá en relación con el contrato de fiducia"

"Análisis de la laudos arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá en relación con el contrato de fiducia"

las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias; transferir los bienes fideicomitidos a la finalización del negocio a la persona a quien corresponda conforme al acto constitutivo o a la ley; rendir cuentas; elaborar inventario y prestar caución cuando así lo establezca el juez producto de la solicitud del fideicomitente o el beneficiario mediante proceso verbal sumario. Es importante aclarar que la caución es una figura excepcional en estos contratos debido a que el contrato lleva implícita la confianza que existe en el fiduciario por lo que la solicitud de cauciones no parece tener sentido. Con la caución se pretende garantizar el cumplimiento de las principales obligaciones que están en cabeza del fiduciario. 6
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Alcances de la calificación registral de los laudos arbitrales a instancia de registros públicos

Alcances de la calificación registral de los laudos arbitrales a instancia de registros públicos

La calificación registral sobre documentos públicos y fehacientes ha ocasionado una gran disyuntiva dentro del Derecho Público, teniendo como protagonistas, 1) a la autoridad que emite un documento inscribible (contenedor de derechos) y 2) la autoridad encargada de verificar dicho documento respecto a su legalidad, la capacidad de quien otorga y la validez del acto realizado, es así que en el mundo Jurídico-Registral se ha evidenciado la problemática en cuanto a los laudos arbitrales y su libre acceso al sistema registral, ocasionando un sin límites de problemas al momento de ser calificado, ya que no se ha estipulado una forma universal de calificación que pueda generar seguridad jurídica ante los posibles terceros que alcancen esa decisión arbitral.
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Sobre el reconocimiento en España de laudos arbitrales extranjeros anulados o suspendidos en el estado de origen

Sobre el reconocimiento en España de laudos arbitrales extranjeros anulados o suspendidos en el estado de origen

9. Sin embargo el ámbito de aplicación del Convenio de Ginebra es más limitado que el del Convenio de Nueva York, tanto desde el punto de vista material, ya que solamente es de aplicación 2 De acuerdo con J. d íez -h ochleitner / I. h eredia cervantes , “Exequatur en España de laudos anulados y suspendidos en el Estado de origen”, Spain Arbitration Review. Revista del Club Español de Arbitraje, nº 13, 2012, pp. 7-8, no resulta aceptable la invocación de la regla más favorable para lograr el reconocimiento y ejecución de un laudo suspendido o anulado en el Estado de origen. Esto es, la regla de mayor favorabilidad juega solamente en relación con las restantes causas de denegación del reconocimiento. En su opinión, la aplicación de esta a los supuestos en que el laudo haya sido anulado o suspendido resultaría contrario al principio localizador del arbitraje que inspira el Convenio de Nueva York y al que nosotros nos referiremos más adelante (vid. infra núm. 21 y ss.). Sin embargo, y aunque no cabe duda de que el Convenio de Nueva York presupone una localización jurídica del arbitraje en el Estado de la sede, no hay razones para excluir la aplicación a estos supuestos de la regla más favorable que se establece con carácter general en el Artículo VII.
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El derecho administrativo global  influencia en la Legislación ecuatoriana, estudio y análisis de laudos arbitrales

El derecho administrativo global influencia en la Legislación ecuatoriana, estudio y análisis de laudos arbitrales

exponencial. Siguiendo la misma línea, las cláusulas arbitrales son más técnicas 147 y permiten una mejor defensa al Estado, sin dejar de lado la seguridad jurídica del Inversionista. Sin embargo, a pesar de lo ya mencionado –cambio en la legislación, personal humano capacitado -, podemos ver que el cambio es transversal inclusive dentro de la función judicial. Es de público c onocimiento un caso de una compañía Petrolera contra el Ecuador, en el que s e iniciaron juicios locales, los cuales mantenían una demora de más de 10 años, y posterior a la presentación de una demanda por denegación de justicia –debido a la demora injustificada del tiempo 148 - todos estos juicios fueron despachados en cuestión de semanas (por no decir días) a favor del Ecuador. Actualmente el Procurador General del Estado, y la Jefa del Departamento de Arbitraje Internacional, han manifestado públicamente 149 , que “el Ecuador ha cometido varios errores con
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El principio de la autonomía de la voluntad contractual vs el control jurisdiccional constitucional en los laudos arbitrales

El principio de la autonomía de la voluntad contractual vs el control jurisdiccional constitucional en los laudos arbitrales

Sumado entonces a los tipos de laudos arbitrales reconocidos en el orde- namiento colombiano, es de destacar que aun cuando dichas decisiones y procedimientos gozan del principio de la autonomía de la voluntad contractual por disposición de la Constitución y de la Ley, dichas decisiones en todo caso están sujetas al control jurisdiccional de los tribunales judiciales, toda vez que en el evento en que no se garantice de manera sustancial o procedimental en la decisión del árbitro la garantía de los derechos fundamentales como el debido proceso y los deberes instituidos por el Estado, los interesados podrán acudir a la autoridad judicial con el fin de anular y/o revocar la decisión mediante el recurso extraordinario de anulación y revisión, según sea el caso, sin perjuicio, incluso, de instaurar una acción de tutela de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política 16 , según se verá.
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El reconocimiento de la extraterritorialidad de los laudos arbitrales extranjeros y su procedimiento en ejecución, en la práctica procesal ecuatoriana

El reconocimiento de la extraterritorialidad de los laudos arbitrales extranjeros y su procedimiento en ejecución, en la práctica procesal ecuatoriana

El reconocimiento expreso constitucional del arbitraje como forma alternativa de solución de conflictos, fue adoptado por primera vez 27 en la resueltas en el término de diez días contados a partir de su presentación. Los laudos arbitrales no serán susceptibles de ningún otro recurso que no establezca la presente ley”. Respecto a la inapelabilidad del laudo, cabe hacer dos reflexiones, en relación con la Constitución Política aprobada mediante referéndum de fecha 28 de septiembre de 2008: 1. En primer lugar, los artículos 94 y 437 de la Constitución establecen la Acción extraordinaria de protección, la cual se puede plantear en contra de “sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia”. Así, conforme lo establece la actual Constitución, se podría plantear la referida Acción extraordinaria de protección en contra de los laudos arbitrales, considerando la supremacía de la Constitución por sobre la ley, contemplada en el artículo 424 de la misma Constitución. 2. El artículo 76, literal m, de la Constitución aprobada manifiesta lo siguiente: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos”. Así, la norma de la Ley de Arbitraje y Mediación relativa a la inapelabilidad del laudo arbitral carecería de eficacia jurídica.
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Reconocimiento y ejecución internacional de los laudos arbitrales anulados: Un análisis crítico

Reconocimiento y ejecución internacional de los laudos arbitrales anulados: Un análisis crítico

El problema surge cuando se produce el establecimiento de criterios distintos en el seno de las diferentes legislaciones arbitrales en lo relativo a los supuestos que se instituyen como motivos válidos de anulación de una sentencia arbitral. A este respecto, en aras de paliar las disfunciones que pueden derivar de esta circunstancia, la Ley Modelo recoge dos me- didas que tratan de propiciar una homogeneización de los diferentes sistemas normativos en relación a las acciones de anulación de laudos. Por un lado, propone que únicamente exista un tipo de recurso jurisdiccional como instrumento para impugnar activamente este tipo de resoluciones arbitrales y, por otro lado, establece un listado taxativo de motivos de impugnación que coincide, en lo esencial, con la Convención de Nueva York en cuanto a los causales de denegación del exequátur. Así, la Ley Modelo se instituye no como un «sistema cerrado», sino «abierto» a los distintos ordenamientos jurídicos en tanto que otorga libertad al legislador de cada Estado fi rmante para que determine los motivos de anulación de las sentencias arbitrales emitidas en su territorio y en el que se ejercerá control jurisdiccional, como ya se ha comentado, sobre los vicios in procedendo que hayan podido tener lugar en
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