PDF superior El Reglamento de las Cortes Generales

El Reglamento de las Cortes Generales

El Reglamento de las Cortes Generales

será también de las Cortes Generales. Ello responde a la creencia de que debe existir un Presidente que sirva de coordinador entre ambas Cámaras, y si existe este Presidente, no debe ser la figura como órgano unipersonal que ha existido hasta ahora. Además, si no se anula o no se dice nada, continua en principio existiendo este Presidente de las Cortes con esa forma de elección “sui generis” que tenemos: elección por el Rey a propuesta de una terna del Consejo del Reino. Nosotros creemos que debe regularse de otra forma. Por lo tanto consideramos que debe tratarse aquí …” Sr. Cisnero Laborda: “Para expresar la disconformidad de nuestro Grupo con respecto a la propuesta del Sr. Gastón en nombre del Grupo Mixto, en cuya propuesta se contemplan dos cuestiones de muy distinto linaje. Una es típicamente de derecho transitorio, la que hace referencia a la figura del actual Presidente de las Cortes, figura desconocida por el proyecto constitucional, y en todo caso, de querer darle algún tratamiento constitucional, habría de ser necesariamente en el ámbito del derecho transitorio, nunca en esta disposición sustantiva. Respecto a la parte nuclear de su enmienda, entendemos que la configuración que de la Presidencia de las Cámaras y de su Presidencia conjunta, en el caso de sesión conjunta, hace el proyecto constitucional es la cabal, es la correcta. Entendemos que esa preeminencia de la Presidencia del Congreso debe quedar referida exclusivamente a las sesiones conjuntas, tal y como el proyecto constitucional establece, porque de otra suerte desvirtuaría el carácter autónomo que para las Cámaras se predica en el apartado 1 del propio precepto”.Diario de Sesiones de las Cortes núm. 80, de 2 de junio de 1978, pág. 1.275, Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas.
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

Libre de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el documento de datos fundamentales para el inversor al que hace referencia el Reglamento (UE) nº 583/2010 de la Comisión Europea, de 1 de julio de 2010, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los datos fundamentales para el inversor y a las condiciones que deben cumplirse al facilitarse estos datos o el folleto en un soporte durade- ro distinto del papel o a través de un sitio web, será exigible desde el 1 de julio de 2011, en sustitución del folleto simplificado. El documento de datos fundamen- tales para el inversor deberá ajustarse en su contenido al citado Reglamento de la Comisión Europea.
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Cortes Generales y grupos parlamentarios

Cortes Generales y grupos parlamentarios

Procede simplemente en estas líneas finales poner de manifiesto potenciales vías de mejora en la regulación de los Grupos parlamentarios. En este sentido, me conformaría con que se atendiera a una de las cuestiones más relevantes, y en cierto modo ontológica de cualquier otra: la problemá- tica referida a los requisitos para la constitución de Grupos parlamentarios. Este régimen jurídico viene informado en el Congreso de los Diputados por unas normas particularmente complejas y sujetas a excesivas inter- pretaciones, con fuerte protagonismo de los precedentes parlamentarios. Como dijera el Tribunal Constitucional en su Sentencia 206/1992, de 27 de noviembre, los usos parlamentarios “siempre han sido consustanciales al régimen parlamentario y, por ende, al Estado de Derecho” y “han constituido tradicionalmente, y siguen constituyendo hoy, un importante instrumento normativo dentro del ámbito de organización y funcionamiento de las Cáma- ras”. Sin embargo en determinadas ocasiones, y la constitución de Grupos parlamentarios es una de ellas, han asumido un protagonismo excesivo. En los inicios de cada Legislatura son muchos los debates que siempre se producen, con un despliegue de informes y precedentes que ponen de manifiesto que su complejidad excede, con mucho, la necesaria flexibilidad que, por la fina línea de Derecho y Política que informan nuestras Cámaras, es consustancial al Derecho parlamentario. Se puede decir que el principio de seguridad jurídica en este aspecto está, al menos, agrietado. La claridad vía reforma del Reglamento de la Cámara, quizá sea una quimera; o al menos vía normas interpretativas, que ayudarían con mucho a fijar unas reglas del juego necesarias, vista la importancia de los Grupos parlamentarios.
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La autonomía presupuestaria de las Cortes Generales

La autonomía presupuestaria de las Cortes Generales

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno dispone en su artículo 2 letra f), ámbito subjetivo de aplicación del Título I “Transparencia de la actividad pública”, que al Congreso de los Diputados y al Senado les serán aplicables las disposiciones de dicho título, en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo. Y su disposición adicional octava remite a los Reglamentos del Congreso y del Senado la regulación de la aplicación concreta de las disposiciones de tal ley. Como consecuencia de estas disposiciones, la Mesa del Congreso de los Diputados aprobó el 20 de enero de 2015 sus propias Normas para la aplicación de la Ley 19/2013, en relación con su actividad sujeta a derecho administrativo; y el Senado modificó el artículo 36.1 de su Reglamento atribuyendo a su Mesa la facultad de aprobar las normas y adoptar las medidas precisas para garantizar la transparencia de la actividad de la Cámara y el derecho de acceso a la información pública de la misma, así como su Mesa aprobó en su reunión de 2 de diciembre de 2014 la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado.
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La autonomía personal de las Cortes Generales

La autonomía personal de las Cortes Generales

Es importante señalar, además, que la autonomía de personal consa- grada en la Constitución de 1978 no es novedosa, sino que bebe directamente de los principios del parlamentarismo desde su origen, y tiene un rancio abolengo en nuestro constitucionalismo histórico. Ya las antiguas Cortes de Castilla, germen del sistema parlamentario, contaban con “la facultad de nombrar los empleados y dependientes a su inmediato servicio”, y las Cortes de Cádiz, alzándose a la vez contra el invasor francés y contra el Antiguo Régimen, conectaron con la tradición de sus predecesoras castellanas con- sagrando la autonomía parlamentaria y la independencia respecto del poder ejecutivo. Así, ya en 1810 se configuraba en el Reglamento Parlamentario de la entonces única Cámara, una Secretaría Técnica compuesta de cuatro Oficiales, de los que uno sería Oficial Mayor, y que serían nombrados por una Comisión de Diputados constituida al efecto, a modo de Tribunal de oposición. Esta Comisión estuvo integrada por los Señores Dou, que sería el primer Presidente de las Cortes de Cádiz, Pérez de Castro y Power. Y curiosamente, entre los requisitos que se exigían a los aspirantes a Oficial, precedente del Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, destacaban los de “si fuera posible, para no gravar al Estado, que estuvieran ya dotados” y “que se propusiera con preferencia a militares que fueran inútiles para el servicio de las armas”.
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

2.º El acuerdo haya sido informado favorablemen- te por un experto independiente designado a su pruden- te arbitrio por el registrador mercantil del domicilio del deudor conforme a lo previsto en el Reglamento del Registro Mercantil. Si el acuerdo de refinanciación afectara a varias sociedades del mismo grupo, el infor- me podrá ser único y elaborado por un solo experto, designado por el registrador del domicilio de la socie- dad dominante, si estuviera afectada por el acuerdo o en su defecto por el del domicilio de cualquiera de las sociedades del grupo. El informe del experto contendrá un juicio técnico sobre la suficiencia de la información proporcionada por el deudor, sobre el carácter razona- ble y realizable del plan en las condiciones definidas en el párrafo primero y sobre la proporcionalidad de las garantías conforme a condiciones normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo. Cuando el informe contuviera reservas o limitaciones de cualquier clase, su importancia deberá ser expresamente evaluada por los firmantes del acuerdo.
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

Para aquellas Instituciones de Inversión Colecti­ va de las descritas en la letra a) del apartado 1 del artículo 2 de la presente Ley que tengan la conside­ ración de Instituciones de Inversión Colectiva finan­ cieras, con la excepción de las que figuren inscritas en el registro de Instituciones de Inversión Colectiva de inversión libre o en el registro de Instituciones de Inversión Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de inversión libre de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el documento de datos fun­ damentales para el inversor al que hace referencia el Reglamento (UE) n.º 583/2010 de la Comisión Europea, de 1 de julio de 2010, por el que se estable­ cen disposiciones de aplicación de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los datos fundamentales para el inversor y a las condiciones que deben cumplirse al facilitarse estos datos o el folleto en un soporte dura­ dero distinto del papel o a través de un sitio web, será exigible desde el 1 de julio de 2011, en sustitu­ ción del folleto simplificado. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá ajustarse en su contenido al citado Reglamento de la Comisión Europea.
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Evolución y retos de la Administración Parlamentaria en las Cortes Generales

Evolución y retos de la Administración Parlamentaria en las Cortes Generales

Esta reforma del Reglamento del Senado salía al paso también de dos importantes Leyes que seguían la estela de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, en cuanto a disponer la aplicación de su contenido al ámbito parlamentario, siquiera a través de su normativa propia. Así la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información públi- ca y buen gobierno (la cual, no obstante incluir al Congreso de los Diputados y al Senado en su ámbito de aplicación, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo –art. 2.1.f)-, precisa que “regularán en sus respectivos reglamentos la aplicación concreta de las disposiciones de esta Ley” –disposición adicional octava-) y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas (al establecer que los órganos competentes del Congreso de los Diputados y del Senado “adaptarán su actuación a las normas establecidas en esta Ley para las Administraciones Públicas”). La Ley 19/2013 ha tenido una importante incidencia en todos los poderes públicos, tanto desde el punto de vista de las obligaciones de publicidad activa que establece como desde el punto de vista del derecho de acceso a la información pública que consagra, respondiendo las Cámaras a las primeras a través de sus “portales de transparencia” y al segundo con la regulación de las condiciones y procedimiento para el ejercicio del derecho 34 .
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Protocolo y Cortes Generales

Protocolo y Cortes Generales

El Reglamento de Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, aprobado por el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, dio res- puesta a la nueva estructura estatal instaurada por la Constitución de 1978. En sus artículos 10 y 12, el Real Decreto determina el orden de precedencia de las autoridades en los denominados “actos de carácter ge- neral”, que son “todos aquellos que se organicen por la Corona, Gobierno o la Administración del Estado, Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales, con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos nacionales, de las autonomías, provinciales o locales”.
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Las Cortes, el Gobierno y el Brexit: el papel de las Cortes Generales ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea

Las Cortes, el Gobierno y el Brexit: el papel de las Cortes Generales ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea

los factores condicionantes tanto de naturaleza jurídica como de naturaleza política. En este sentido, en las páginas que siguen se analiza cómo se han desarrollado las relaciones Gobierno-Cortes en lo que se refiere al Brexit; cómo la CMUE ha centralizado estas relaciones, excepto en aquellos casos en los que la cuestión del Brexit fue debatida en el pleno del Congreso; cómo la influencia de las Cortes sobre los posicionamientos del Gobierno en las negociaciones con la UE ha sido prácticamente nula; cómo, en términos generales y con algunas excepciones, el Gobierno ha informado a las Cortes sobre los asuntos tratados, tanto antes como después de las reuniones del Consejo Europeo y/o del Consejo; cómo la posición de los partidos políticos con respecto al Brexit no ha manifestado grandes diferencias, siendo la posición común la de rechazo y preocupación por sus posibles consecuencias; y, finalmente, cómo las Cortes han tratado de mantenerse informadas ellas mismas sobre la posición de la opinión pública y de los intereses particulares –más allá de la información proporcionada por el Gobierno– a través de las comparecencias de expertos y profesionales, así como de funcionarios públicos y re- presentantes de diversos grupos sociales –empresarios, sindicatos, consumidores– convocados para comparecer ante la CMUE a estos efectos.
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La función interventora en el Senado

La función interventora en el Senado

Por lo demás, en el caso del Senado el Presupuesto es fundamen- talmente un presupuesto de gastos de «personal» (capítulo I), con una proyección doble pues contempla las asignaciones de los Senadores y las remuneraciones de determinado personal, el laboral y eventual (las remuneraciones de los funcionarios de carrera de las Cortes Ge- nerales se consignan en el servicio presupuestario de éstas), «gas- tos corrientes en bienes y servicios» (capítulo II) y «transferencias» (subvenciones) a los grupos parlamentarios (capítulo IV).

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El Tribunal de Recursos contractuales de las Cortes Generales

El Tribunal de Recursos contractuales de las Cortes Generales

El Interventor de las Cortes Generales es el tercer miembro de este órgano. Ac- túa como Secretario en todos los recursos planteados en relación con los procedi- mientos de contratación llevados a cabo en el Congreso de los Diputados y en el Se- nado. La inclusión del Interventor en el Tribunal puede suscitar alguna duda de principio, en la medida en que quiebra la nítida distinción entre las funciones de ges- tión, fiscalización y revisión que ahora aparecen con la nueva regulación. En este sen- tido, parece más aconsejable haber incluido algún otro funcionario, debidamente cualificado y conocedor de la contratación administrativa pública.
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LECCIÓN 4 EL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

LECCIÓN 4 EL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Legislativo, sean las Cortes sean las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, tiene como efecto autorizar la realización de los gastos consignados en los Presupuestos en las finalidades y hasta el límite cuantitativo y temporal que se determine específicamente para cada una de sus partidas.No cabe, pues, afirmar sin más y de manera un tanto apodíctica, como se hace en la Sentencia, que del art. 134.7 C.E. no puede inducirse un "principio general" de prohibición de crear o modificar tributos por medio de las Leyes de Presupuestos, sean estatales o autonómicos, cuyo sentido es plenamente acorde con los límites normativos que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha venido deduciendo tanto explícita como implícitamente de la Constitución (art. 134). Principios que deben regir y aplicarse a todo sistema de producción de normas jurídicas, a fin, entre otras cosas, de encauzar dentro de la racionalidad, la unidad y la homogeneidad el sistema tributario en todo el territorio nacional.Lo que conecta a la norma del art. 134.7 no sólo con la legalidad -la presupuestaria y la tributaria- sino también con la seguridad jurídica o certeza del Derecho.
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Cuarenta años de las elecciones a las Cortes Generales

Cuarenta años de las elecciones a las Cortes Generales

Junto a las dos fuerzas mayoritarias, suele señalarse que el sistema electoral español favorece la presencia de grupos políticos nacionalistas o regionalistas, a los que otorga una prima de escaños frente a partidos de im- plantación nacional, pero minoritarios. Esta afirmación dista de ser exacta. Es cierto que la división del territorio en circunscripciones en muchos casos muy pequeñas puede facilitar este proceso de fragmentación, primando a las fuerzas con implantación local. Sin embargo, eso tampoco es un resultado necesario del sistema. En muchos lugares, esas mismas circunscripciones favorecen, como acabamos de señalar, a los partidos mayoritarios naciona- les, facilitando la creación de mayorías de gobierno. Es, pues, el resultado de los votos emitidos y no el sistema electoral el que determina la aparición de partidos nacionales o nacionalistas. Por otra parte, en realidad estos últimos no tienen más escaños de los que les corresponden. Por tomar sólo un ejemplo en las últimas elecciones generales, el PNV obtuvo el 1,2% de los votos, con los que consiguió el 1,43% de los escaños; Bildu se quedó en un 0,57% de escaños (2), con un 0,77% de los votos; ERC consiguió 9 escaños (el 2,57% de los diputados totales), con un 2,63% de los votos; Coalición Canaria recibe el 0,29% de escaños (1), con un 0,33% de votos y CDC 8 escaños (el 2,29% de la Cámara), con el 2,01% de los votos. Como puede comprobarse, la asignación no presenta demasiadas distorsiones. La razón estriba en que lo que estas fuerzas pudieran obtener de más por su eventual sobrerrepresentación en el territorio en el que concurren, lo pierden por la infrarrepresentación de muchas de las provincias en las que obtienen escaños, singularmente Barcelona en el caso de partidos nacionalistas catalanes, pero también, aunque en menor medida, Vizcaya en el caso de los nacionalistas vascos.
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La Justicia en la representación parlamentaria del Quinientos: las Cortes de Castilla y los Estados Generales

La Justicia en la representación parlamentaria del Quinientos: las Cortes de Castilla y los Estados Generales

Con especial rotundidad en coyunturas en las que el poder del soberano está en entredicho. En las Cortes de 1518, las primeras convocadas por el joven Carlos I y en las que tanto se cuestiona la presencia de extranjeros en el gobierno, los procuradores piden a Su Alteza “se acuerde que fue escogido e llamado por rey, cuya interpretación es regir bien. E el buen regir, continúan, es facer justicia, que es dar a cada uno lo que es suyo, e éste tal es verdadero rey, porque aunque en los reyes se hallen y tengan otras muchas fuerças, como son linaje, dignidad, potencia, honra, riqueza, deleites, pero ninguna destas es propia del rey,... si no sólo facer justicia y juicio... Pues muy poderoso señor, si esto es verdad, Vuestra Alteza, por hacer ésta reinar, la qual tiene propiedad que quando los súbditos duermen ella vela, e ansí Vuestra Alteza lo debe hacer, pues en verdad nuestro mercenario es, y por esta causa asaz sus súbditos le dan parte de sus frutos e ganancias suyas, e le sirven con sus personas todas las veces que son llamados, pues mire Vuestra Alteza si no es obligado por contrato callado a los tener e guardar justicia” 9 . Unos
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La transformación digital de las Cortes Generales y la experiencia en el Senado

La transformación digital de las Cortes Generales y la experiencia en el Senado

Trasladando el concepto al proyecto de transformación digital, esto se traduce en el desarrollo de una serie de componentes de software de propósito general – horizontales – que no est[r]

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Parlamento y opinión pública: las percepciones y los niveles de apoyo de las Cortes Generales

Parlamento y opinión pública: las percepciones y los niveles de apoyo de las Cortes Generales

Parlamento y opini?n p?blica las percepciones y los niveles de apoyo de las Cortes Generales PARLAMENTO Y OPINI?N PUBLICA LAS PERCEPCIONES Y LOS NIVELES DE APOYO DE LAS CORTES GENERALES * Jos? Ram?n M[.]

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TRANSPARENCIA Y PARLAMENTOS AUTONÓMICOS: EL CASO DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

TRANSPARENCIA Y PARLAMENTOS AUTONÓMICOS: EL CASO DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

34 las causas de inadmisión de las solicitudes presentadas mediante resolución motivada por el órgano instructor que, como se ha mencionado anteriormente, le corresponderá a la Secretaría General. Entre las causas de inadmisión se encuentra aquella información que, o bien ya está disponible para su consulta en las publicaciones oficiales o en la página web del parlamento cuya exigencia viene dada reglamentariamente, o bien es una información no definitiva o en curso cuya distribución podría generar inseguridad jurídica. Otra de las causas de inadmisión será la relativa a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración o aquella en que la solicitud vaya dirigida a las Cortes regionales y la información no obre en manos de ésta ni se conozca al órgano competente que la pueda proporcionar.
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Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales: Control y responsabilidad

Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales: Control y responsabilidad

Y para todo ello, la publicidad es no solo innecesaria, sino pertur- badora. La dependencia respecto de los medios, y la atención obsesiva que prestan a éstos los miembros de la clase política, no hacen sino trasladar, a los propietarios de aquéllos o a los gestores de sus informativos, la función de control del Gobierno que corresponde institucionalmente al parlamento, porque los mensajes que los parlamentarios elaboran son luego desechados, fragmentados o reinterpretados por los expertos en comunicación de cada medio; en ocasiones, con el objetivo de incrementar la tirada o la cuota de audiencia; y, en las más, al servicio de una concreta opción ideológica (que puede ser la misma que la del parlamentario autor de la noticia, o la contraria). Por ilusorio que pueda parecer, creo que es necesario devolver al Parlamento el control efectivo del Gobierno; y eso pasa por dejar de convertir a las Cortes en un plató de televisión en el que solo se permite a los parlamentarios desempeñar un papel secundario, siempre condicionado al puro impacto de la noticia.
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Las Cortes Generales (Título III, Capítulo I)

Las Cortes Generales (Título III, Capítulo I)

Tengo para mí que el desiderátum de la propor- cionalidad pura como quintaesencia del sistema democrático es más bien hijo de la democracia de la identidad que de la teoría clásica de l[r]

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