PDF superior El Tribunal de Recursos contractuales de las Cortes Generales

El Tribunal de Recursos contractuales de las Cortes Generales

El Tribunal de Recursos contractuales de las Cortes Generales

En el Diario de Sesiones de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, de 22 de junio de 2010, número 576, páginas 25 y 26, encontramos la ex- plicación de la formulación de la Disposición adicional tercera. La Sra. Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista, explica que la enmienda transaccional de referencia “pretende resolver con la mayor precisión posible la separación de poderes y por tanto reafirmar la autonomía reconocida en la Constitución que tienen las Cortes Generales como poder legislativo en esta materia cuando habla de la autonomía presupuestaria, or- ganizativa y de funcionamiento. En este sentido, querríamos suprimir el último inciso del apartado 1 del artículo 311 para llevar precisamente la regulación a la disposición adicional tercera ya existente en la Ley de Contratos, en la Ley 30/2007, donde se hace referencia a las Cortes Generales, al Congreso de los Diputados y al Senado (…)”.
Mostrar más

12 Lee mas

Competencias y legitimación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRECO): especial consideración de los supuestos de nulidad contractual

Competencias y legitimación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRECO): especial consideración de los supuestos de nulidad contractual

Resumen En el presente articulo partiendo de la preocupación comunitaria por desterrar las adjudicaciones ilegales, se estu- dia la naturaleza del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRECO) como órgano común al servicio de la Administración General del Estado y de otros órganos tal como expresa hoy el articulo 41.1 del Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de no- viembre (en adelante, TRLCSP), sin perjuicio de que su carácter de órgano especializado que actúa con plena inde- pendencia funcional en el ejercicio de sus competencias, le permita conocer también de los recursos especiales que se susciten contra los actos de los órganos competentes del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Cons- titucional y del Tribunal de Cuentas. En concreto el autor estudia el recurso especial en materia de contratación como objeto de resolución por el tribunal administrativo central de recursos contractuales y en especial los aspec- tos que tienen con su legitimación y competencia. prestando especial atención a los supuestos de nulidad contrac- tual. Concluye con la propuesta de que el TACRECO en su labor de decir el derecho en esta materia se configure a modo del TEAC en el ámbito de a AGE irradiando y proyectando sus resoluciones a los demás órganos que se creen.
Mostrar más

34 Lee mas

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Resumen La publicación de la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre, del Consejo y el Parlamento Europeo por la que se modificaba la 1989/665/CEE, de 21 de diciembre, tuvo como objetivo el reforzamiento de la eficacia del sistema de recursos en materia de contratación pública. Este reforzamiento se ha traducido entre otras cosas en la sus- pensión del expediente de adjudicación hasta que se resuelva por el órgano competente sobre el fondo o sobre la conveniencia o no de mantener suspendido el procedimiento. Con estas modificaciones el sistema de recursos español requería o bien de la modificación del procedimiento contencioso administrativo, al menos en lo refe- rente a la suspensión del acto recurrido, o la creación de un órgano especializado que ejerciera la competencia para resolver estos recursos. Las peculiaridades del procedimiento contencioso administrativo y la especial car- ga de trabajo que recae sobre los tribunales de este orden jurisdiccional, aconsejaron al legislador español hacer uso de la posibilidad contenida en la Directiva 89/665/CEE de encomendar la competencia a un órgano adminis- trativo independiente. Este es el origen del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y de los órganos equivalentes creados por las Comunidades Autónomas. Su regulación debe contemplar como requisito esencial el de eficacia lo cual comporta, además de su independencia, la necesidad de establecer unas pautas de resolución inexcusablemente breves. Sólo de esta forma es posible conjugar la necesidad de dar satisfacción a las pretensiones de los recurrentes cuyos recursos se estimen con la de no incidir de forma negativa en la con- tratación pública dilatando más allá de lo prudente la suspensión del procedimiento contractual. El artículo que sigue sobre la materia trata de dar respuesta a las preguntas que derivan de los planteamientos anteriores.
Mostrar más

24 Lee mas

Actividad del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Actividad del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

— El TACRC viene desestimando aquellos recursos en los que se pretende que la oferta seleccionada como adjudicataria sea considerada anormal o desproporcio- na por ser inferior al coste fijado en el convenio colectivo del sector (Res. 228/2011, entre otras). Entiende el TACRC que el rasgo característico fundamental de la regula- ción de las ofertas anormalmente bajas es el de evitar el rechazo automático de las proposiciones incursas en presunción de anormalidad o desproporción efectuando, previamente a la adjudicación o rechazo, una verificación o comprobación de la sus- ceptibilidad de cumplimiento y que la determinación inicial o presunta de la anorma- lidad o desproporción siempre ha de realizarse en comparación con las restantes pro- posiciones, bien con los criterios matemáticos del artículo 85 del RGLCAP en el caso de que el único criterio de valoración sea el precio, bien con arreglo a fórmulas o cri- terios incluidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, en el caso de varios criterios de valoración
Mostrar más

16 Lee mas

Selección de Resoluciones de especial interés del Tribunal Central de Recursos Contractuales en el año 2012

Selección de Resoluciones de especial interés del Tribunal Central de Recursos Contractuales en el año 2012

En esta ocasión no cabe acudir a la reflexión que hicimos en nuestra resolución 154/2011 de 1 de junio del citado año, por la que resolvimos el recurso 116/2011, en re- lación con la necesidad existente, a efectos de determinar la competencia de este Tribunal, de calificar los contratos de conformidad con los criterios del derecho deri- vado de la Unión Europea y de las normas que lo incorporan a nuestro derecho, prescindiendo de las normas del derecho interno que les puedan atribuir una califica- ción jurídica diferente. Es evidente que ni la concesión de servicios ni la demanial son objeto de regulación por el derecho de la Unión Europea, por lo que la calificación adecuada en relación con una u otra debe hacerse exclusivamente a la luz de lo que dispongan nuestras leyes reguladoras de la materia.
Mostrar más

8 Lee mas

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía

12 Véase el artículo 66 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares; y el artículo 210 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos de Navarra. Sobre esta reclamación puede verse J.A. Razquin Lizarraga, “Las reclama- ciones y otras medidas de control en materia de contratación pública”, en J.C. Alli Aranguren (dir.), Co- mentarios a la Ley Foral de Contratos Públicos (Ley 6/2006, de 9 de junio), Gobierno de Navarra, Pamplona, 2006. También F.J. Vázquez Matilla, “Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunida- des Europeas de 3 de abril de 2008. La vulneración de la Directiva sobre recursos y su incidencia en la normativa sobre contratación administrativa en Navarra”, Revista Jurídica de Navarra, núm. 45, 2008. Ci- tas recogidas del magnífico trabajo de M.A. Bernal Blay, “Aspectos orgánicos del recurso especial en materia de contratación pública en las Comunidades Autónomas”, Cuadernos de Derecho Local, núm. 26, 2001, pág. 14.
Mostrar más

20 Lee mas

El Reglamento de las Cortes Generales

El Reglamento de las Cortes Generales

Fundamental ha comprobado ser un éxito y ha ganado mucha reputación tanto a nivel nacional como internacional a lo largo de los años. Esta Ley Fundamental fue originalmente considerada una constitución provisoria, pero desde entonces han pasado 60 años; por tanto, lo que fue concebido como una solución temporal a los problemas de la época ha evolucionado de tal manera que hoy es considerada la constitución más liberal, exitosa y estable de la historia alemana. Las causas son numerosas, entre ellas se encuentra el amargo recuerdo del Tercer Reich. Basándose en este momento histórico tan traumático para Alemania, se desarrolla el deseo de un estado social- demócrata con énfasis en el estado de derecho. Otra razón que conlleva al éxito de esta constitución -aunque es una razón material mas no política ni jurídica- es el enorme avance económico que había logrado Alemania Occidental. Un aspecto aún más significativo que los anteriores es el enfoque a la protección y garantía de los derechos humanos que concede la Ley Fundamental alemana. El aspecto central de la Ley Fundamental es el ser humano. Apoyado por un fuerte y alerta Tribunal Constitucional, el amplio catálogo de los derechos fundamentales -con el tiempo- se ha ganado una gran importancia en todas las áreas del derecho y en la vida del ciudadano”. Mark Unger: “Sesenta años de la Ley Fundamental Alemana: de un provisorio con una larga vida”. Estudios constitucionales, v.7, n.2, Santiago 2009, pág.160, versión on-line, disponible en www.scielo.cl/pdf/estconst/v7n2/art12.pdf
Mostrar más

521 Lee mas

Cortes Generales y grupos parlamentarios

Cortes Generales y grupos parlamentarios

que atribuyen al Grupo la cualidad de órgano dependiente –más o menos autó- nomo– del ente al que se encuentra adscrito: la Cámara o el Partido Político”; pero a continuación señala que “su configuración como órgano del Partido Político que lo sustenta representa, no obstante, una posición minoritaria, en la medida que quiebra en el caso del Grupo Mixto y porque, además, el Derecho Parlamentario no impone su vinculación con los partidos políticos, por lo que formalmente los partidos son independientes de los Grupos, aunque pueda predicarse una cierta vinculación funcional entre ambos”; y recuerda que dicha “Separación que ha sido expresamente reconocida en las Ss. de nuestro Tribunal Constitucional 36/90, de 1 de marzo y 251/07, de 17 de diciembre”. En el otro lado de la balanza se encuentran las teorías que sitúan “al Grupo como asociación, otorgándole entidad propia y separada tanto de la Cámara como del Partido que le sirve de apoyatura ideológica. Y dentro de este bloque de teorías cabe distinguir entre las que definen al Grupo como una asociación de Derecho Público, de las que lo configuran como asociación privada que ejerce funciones públicas”. Concluye el Tribunal Supremo afirmando que “La tesis dominante parece decantarse, en la actualidad, por su configuración como asociaciones privadas o uniones de hecho, de carácter transitorio, pero sin personalidad propia, que ejercitan funciones públicas”.
Mostrar más

20 Lee mas

Protocolo y Cortes Generales

Protocolo y Cortes Generales

El ceremonial que aprobaron las Cortes Generales para esta sesión integraba claramente cambios muy destacados, sobre todo respecto a la colo- cación de las autoridades, quién recibía y saludaba a los Reyes y a la Familia Real, se daba un lugar destacado de los líderes políticos con representación parlamentaria, a los presidentes de las comunidades autónomas, entre otros. Los presidentes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial acompañaron a los Presidentes de la Cámaras a saludar a los Reyes y Familia Real a su llegada al Palacio del Congreso, aunque seguirían la solemne sesión desde las tribunas de invitados.
Mostrar más

24 Lee mas

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

A este respecto, el Tribunal Constitucional ha consi- derado que la legitimación constitucional de una norma desde la perspectiva del principio general de igualdad (art. 14 CE) requiere, además de la razonabilidad de la diferenciación, que la misma no conduzca a consecuen- cias desproporcionadas que deparen que dicha razona- ble diferencia resulte inaceptable desde la perspectiva constitucional. Este análisis de ausencia de despropor- ción habrá de tomar en cuenta así tanto la razón de la diferencia, como la cuantificación de la misma: habrá de constatar la diferencia de trato que resulta de la norma cuestionada y relacionarla con la finalidad que persigue. El baremo de esta relación de proporcionalidad ha de ser de «contenido mínimo», en atención de nuevo a la exclusiva potestad legislativa en la definición de los delitos y en la asignación de penas, y en convergencia con el baremo propio de la proporcionalidad de las penas (STC 161/1997, de 2 de octubre, FJ 12). Sólo concurrirá una desproporción constitucionalmente reprochable ex principio de igualdad entre las conse- cuencias de los supuestos diferenciados cuando quepa apreciar entre ellos un «desequilibrio patente y excesivo o irrazonable (…) a partir de las pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en la propia actividad legislativa» (SSTC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 9; 161/1997, FJ 12; 136/1999, de 20 de julio, FJ 23).
Mostrar más

84 Lee mas

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

5. Hasta la fecha en que se dicte el auto de conclu- sión del concurso, los acreedores y cualquier otro legi- timado podrán solicitar la reanudación del concurso siempre que justifiquen indicios suficientes para consi- derar que pueden ejercitarse acciones de reintegración o aportando por escrito hechos relevantes que pudieran conducir a la calificación de concurso culpable y que justifiquen el depósito o consignación ante el juzgado de una cantidad suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa previsibles. El depósito o con- signación podrá hacerse también mediante aval solida- rio de duración indefinida y pagadero a primer requeri- miento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad.
Mostrar más

89 Lee mas

La autonomía presupuestaria de las Cortes Generales

La autonomía presupuestaria de las Cortes Generales

retrotrajera el procedimiento al momento anterior a la decisión de la Mesa para que el informe consultivo fuera solicitado no a la Asesoría Jurídica del Parlamento, sino a la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, lo que a los efectos de la autonomía presupuestaria del Parlamento interesa es que el Tribunal Supremo fundamente su resolución, consideraciones previas al margen, en que: “lo que aquí es verdaderamente relevante es que han sido las propias Cortes de Aragón las que tanto en el pliego de cláusulas administrativas particulares como en el contrato suscrito con … se sometie- ron sin salvedad alguna, al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas...” “Esto supone, siguiendo el criterio del recurso de casación, que han sido las propias Cortes de Aragón las que por su propia voluntad han decidido aplicar al contrato aquí litigioso esa normativa de contratación de Administraciones Públicas…” (fundamento jurídico quinto). Las Cortes de Aragón no habían hecho uso de la facultad de ajustar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas a la organización administrativa parlamentaria, facultad dimanada de su autonomía presupuestaria y tal falta de ejercicio convirtió en directamente aplicable la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Mostrar más

26 Lee mas

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

Por otra parte, no es la primera vez que ha de recu- rrirse a este instrumento jurídico para eludir el riesgo cierto e inminente de la imposición de sanciones eco- nómicas por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Así, el dictado del Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, se justificó en la «existen- cia de un presupuesto habilitante, al que se refiere la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el que la necesidad de origen de la norma haya de ser de tal natu- raleza que no pueda ser atendida por la vía del procedi- miento legislativo de urgencia, debido a la exigencia de su inmediatez». Presupuesto que también concurre en la Directiva 2009/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por la que se modifican las Directivas 77/91/CEE, 78/855/CEE y 82/891/CEE del Consejo, y la Directiva 2005/56/CE en lo que se refiere a las obligaciones de información y documentación en el caso de las fusiones y escisiones.
Mostrar más

8 Lee mas

La autonomía personal de las Cortes Generales

La autonomía personal de las Cortes Generales

Es importante señalar, además, que la autonomía de personal consa- grada en la Constitución de 1978 no es novedosa, sino que bebe directamente de los principios del parlamentarismo desde su origen, y tiene un rancio abolengo en nuestro constitucionalismo histórico. Ya las antiguas Cortes de Castilla, germen del sistema parlamentario, contaban con “la facultad de nombrar los empleados y dependientes a su inmediato servicio”, y las Cortes de Cádiz, alzándose a la vez contra el invasor francés y contra el Antiguo Régimen, conectaron con la tradición de sus predecesoras castellanas con- sagrando la autonomía parlamentaria y la independencia respecto del poder ejecutivo. Así, ya en 1810 se configuraba en el Reglamento Parlamentario de la entonces única Cámara, una Secretaría Técnica compuesta de cuatro Oficiales, de los que uno sería Oficial Mayor, y que serían nombrados por una Comisión de Diputados constituida al efecto, a modo de Tribunal de oposición. Esta Comisión estuvo integrada por los Señores Dou, que sería el primer Presidente de las Cortes de Cádiz, Pérez de Castro y Power. Y curiosamente, entre los requisitos que se exigían a los aspirantes a Oficial, precedente del Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, destacaban los de “si fuera posible, para no gravar al Estado, que estuvieran ya dotados” y “que se propusiera con preferencia a militares que fueran inútiles para el servicio de las armas”.
Mostrar más

19 Lee mas

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

Por otra parte, no es la primera vez que ha de recu- rrirse a este instrumento jurídico para eludir el riesgo cierto e inminente de la imposición de sanciones eco- nómicas por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Así, el dictado del Real Decreto- ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifi- can determinados artículos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, se justificó en la «existen- cia de un presupuesto habilitante, al que se refiere la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el que la necesidad de origen de la norma haya de ser de tal natu- raleza que no pueda ser atendida por la vía del procedi- miento legislativo de urgencia, debido a la exigencia de su inmediatez». Presupuesto que también concurre en la Directiva 2009/109/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por la que se modifican las Directivas  77/91/CEE,  78/855/CEE y 82/891/CEE, del Consejo, y la Directiva 2005/56/CE en lo que se refiere a las obligaciones de información y documentación en el caso de las fusiones y escisiones.
Mostrar más

8 Lee mas

La función interventora en el Senado

La función interventora en el Senado

b) La correlación estricta en el marco temporal de la anualidad, para la contracción de obligaciones contractuales, entre compromi- so del gasto, recepción del bien o servicio y reconocimiento de la obligación, de forma que no se contemplan compromisos de gastos para ejercicios futuros (que en la Administración General del Esta- do tienen una contabilización separada y que se corresponden con los límites allí aplicables, por virtud del art. 47 de la Ley General Presupuestaria para gastos plurianuales), ni adquisiciones y obras con pago aplazado (art. 48 Ley General Presupuestaria), ni impu- tación al ejercicio corriente de obligaciones de ejercicios cerrados. Estas últimas se financian justificadamente y previa aprobación de la Mesa con cargo al Fondo de Remanentes Presupuestarios, que actúa a modo de un Fondo de contingencia parlamentario.
Mostrar más

11 Lee mas

El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia

El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia

El Tribunal de las Aguas no se halla sujeto a la extraña limitación impuesta por el artículo 76-6 LA, por no ser un Jurado de Riego ni estar sujeto a la legislación de aguas. Por ello esa limitación de «conocer de las cuestiones de hecho» es de imposible cumplimiento, dado el tenor literal del segundo inciso del citado artículo («imponer a los infractores las sanciones reglamentarias»), ya que un fallo ejecutivo debe estar precedido de una fundamentación fáctica (el supuesto veredicto, que no se produce en el caso del Tribunal de las Aguas) y jurídica. Y aún partiendo de la base clara de que el Tribunal de las Aguas no está sujeto a la Ley de Aguas, la cual se limita a contemplado como institución ejemplar, si lo que el legislador ha querido decir es que los Jurados de Riegos no puede constituir, modificar o extinguir situaciones jurídicas materiales, por corresponder esta atribución a los Tribunales ordinarios, tampoco se puede aceptar esta interpretación a la letra, ya que al examinar los hecho, los jurados no podrán en muchas ocasiones abstenerse de mirar el ius posessionis preexistente o no preexistente de denunciante y denunciado. Otra cosa es que no se admita que los Jurados de Riego (exceptuado, claro está, el Tribunal de las Aguas que no lo es) resuelvan sobre las cuestiones de Derecho más arduas y costosas. Así, por ejemplo, es cierto que no podrán constituir, modificar o extinguir una servidumbre, pero no es menos cierto, que al resolver sobre cuestiones de hecho habrán de tratar si esa servidumbre existía o no, al conecta los hechos con el Derecho para emitir un fallo.
Mostrar más

13 Lee mas

Cuarenta años de las elecciones a las Cortes Generales

Cuarenta años de las elecciones a las Cortes Generales

El 15 de junio de 1977 se celebraron en España las primeras eleccio- nes democráticas en cuarenta años. Una etapa de la transición, seguramente la más delicada, desde la dictadura acababa de culminar. A partir de allí quedaba nada menos que la redacción de una constitución, pero el país disponía ya de unas Cámaras legislativas que respondían a una legitimidad bien distinta de la de las Cortes orgánicas que unos pocos meses antes votaban la Ley para la Reforma Política. Las elecciones – y todo el trabajo previo que las acompañó – habían sido un éxito, tanto en términos de participación como de limpieza electoral e igualdad de oportunidades. Desde entonces, la calidad de nuestros procesos electorales no ha bajado el listón; en los últimos cuarenta años se han celebrado puntualmente las elecciones y éstas se han desarrollado dentro de los cauces necesarios para reconocer su regularidad. Se han formado mayorías generalmente estables, se han cambiado gobiernos, han aparecido y desaparecido partidos políticos en las Cámaras y todo ello dentro de la más absoluta normalidad. Se han movilizado reiteradamente un número ingente de ciudadanos no ya sólo para participar, sino también para conformar la Administración electoral el día de las votaciones (más de doscientos cincuenta mil por cada convocatoria) y un número ingente de medios humanos y materiales de las distintas Administraciones. En fin, nos hemos acostumbrado, a diferencia de lo que sucede, aunque nos pueda parecer lo contrario, en los países con los que habitualmente nos comparamos, a que los resultados se conozcan en el cortísimo margen de unas dos horas y media desde el cierre de los colegios.
Mostrar más

27 Lee mas

Tribunal de justicia de Luxeburgo

Tribunal de justicia de Luxeburgo

A raíz de sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas por los tribunales luxemburgueses, el Tribunal de Justicia declaró que una normativa nacional que tiene como resultado la denegación a un asegurado del reembolso de los gastos de un tratamiento dental por haber sido dispensado en otro Estado miembro, constituye un obstáculo injustificado a la libre prestación de servicios (sentencia Kohll, 1998) y que la negativa a reembolsar los gastos derivados de la compra de gafas en el extranjero supone un obstáculo injustificado a la libre circulación de mercancías (sentencia Decker, 1998).
Mostrar más

31 Lee mas

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

Entre esos problemas, destaca la determinación del concepto de intermediario financiero. El Proyecto de Ley no se percata de que con esa equívoca expresión no sólo se refiere la Directiva a las entidades encargadas de los registros contables de las anotaciones en cuenta (que es el sistema legal obligatorio de representación de las acciones de las sociedades cotizadas) cuanto a aquellas entidades titulares fiduciarias de los accionis­ tas. En el sistema español vigente, el accionista no es la entidad encargada del registro, sino las personas que, en el registro, figuran como titulares de las acciones. Precisamente porque son accionistas tienen derecho de asistencia a las juntas generales y derecho de voto, que ejercitarán legitimados por medio del «certificado» que obligatoriamente tiene que emitir la entidad (artículo 12 LMV), sin que pueda ésta restringir o impedir el ejerci­ cio de esos derechos. Por el contrario, la Directiva con­ templa un supuesto, muy distinto, en el que frente a la sociedad el accionista es ese intermediario financiero, y no el cliente. Así resulta con claridad del apartado pri­ mero del citado artículo 13, en el que subyace la distin­ ción entre la titularidad formal de la acción —el inter­ mediario financiero es el accionista— y la titularidad material de la acción —que es la que ostenta el clien­ te—. La Directiva aspira, de un lado, a que, si se pre­ tende votar con esas acciones, la sociedad pueda cono­ cer la identidad del titular real, y, de otro, a solucionar algunos de los principales problemas que esa discor­ dancia entre titularidad formal y titularidad real puede plantear.
Mostrar más

24 Lee mas

Show all 10000 documents...