PDF superior La figura del estado de cosas inconstitucional en las protestas sociales en el Ecuador

La figura del estado de cosas inconstitucional en las protestas sociales en el Ecuador

La figura del estado de cosas inconstitucional en las protestas sociales en el Ecuador

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justica”, este modelo de Estado hace que la Constitución sea suprema; supremacía que no puede violentar el contenido esencial de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales como en la construcción; considerando que el más alto deber del Estado es garantizar la protección y el respeto de los derechos. Teniendo en consideración que el punto central de este tema son las protestas sociales, ya que es un derecho derivado del derecho a la libertad de expresión y de reunión, a través del cual el pueblo puede manifestarse y expresarse, siendo esta una forma de reclamo para hacer valer el ejercicio de los derechos y el cumplimiento del Estado hacia el pueblo. A pesar de los logros alcanzados con la Constitución de 2008 en materia de reconocimiento de derechos, hay motivos para considerar que se ha venido dando una criminalización a la protesta social a través de figuras penales, en la cual se afecta a líderes, periodistas, dirigentes sociales, estudiantes, indígenas, etc.; y en sí a toda la sociedad ecuatoriana, llevando a que organismos internacionales lleguen a emitir informes en base a esta vulneración de derechos reiterada. A través del estudio en el derecho comparado con la jurisprudencia colombiana. encontramos que la Corte Constitucional colombiana ha adoptado la figura de Estado de Cosas Inconstitucional, utilizándola como un mecanismo jurídico mediante el cual puede declarar que ciertos hechos o actos resultan contrarios a la Constitución, mediante la adopción de medidas necesarias para corregir y superar el Estado de Cosas Inconstitucional, llevándonos a analizar que con la aplicación de los factores para determinar la fijara la Corte Constitucional ecuatoriana y la justicia interna pueden adoptar las medidas necesarias para llegar a garantizar la tutela efectiva de los derechos.
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Perspectiva analítica y comparada del Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema carcelario y penitenciario en Colombia

Perspectiva analítica y comparada del Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema carcelario y penitenciario en Colombia

No obstante, en Colombia se presentó una lamentable situación en la que la vulneración masiva de derechos y la creciente exigibilidad a través de la garantía secundaria denominada “acción de tutela” provocó una saturación de las vías judiciales, sin que ello pusiera freno y fuera la solución a las afectaciones generalizadas a derechos fundamentales que sufrían los seres humanos. Fue entonces que la Corte Constitucional acuñó por vía de la emisión de una línea de sentencias la figura del ECI, teniendo el objetivo de identificar, generar las propuestas de reforma o modificación de las instituciones involucradas y contrarrestar las trasgresiones a los derechos humanos, a partir de un tratamiento que supone una revisión periódica, diferenciada y colaborativa por parte de las instituciones y órganos del Estado:
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Las incidencias del estado de cosas inconstitucional en la jurisprudencia colombiana, el desplazamiento de los resguardos Nulpe Medio y gran sábalo de la comunidad indígena Awá

Las incidencias del estado de cosas inconstitucional en la jurisprudencia colombiana, el desplazamiento de los resguardos Nulpe Medio y gran sábalo de la comunidad indígena Awá

El segundo capítulo se ocupara en determinar en cuantas ocasiones la corte constitucional declaró la existencia de un ECI, de esa misma forma se examinara si la configuración y declaratoria de la tal estado existe unos lineamientos claros, visible, y definidos, desde la primera declaratoria hasta la última que nos arroje inequívocamente una apariencia de diferenciación, al punto de que indubitablemente en un proceso de justificación interna o externa la corte tenga razones imbatibles para defender la promulgación de tal estado, o al contrario, para zanjar su no declaratoria, de esta forma la investigación a parte de delimitar los factores necesarios para la declaratoria del ECI en cada situación se examinara si la corte constitucional cumplió todos los estándares formales para definir la existencia de esta figura y además los dota de claridad y seguridad o, por el contrario, resultan ambiguos y expuestos a rayar con la inseguridad jurídica. Esta cuestión de tal envergadura podrá ser impulsada desde el análisis de la jurisprudencia de casos, que después de un análisis jurisprudencial de 127 fallos se pudo establecer que hasta la fecha suman (diez) 10 declaraciones y no (siete) 7 como lo afirma la corte en sus distintos pronunciamientos. Este proceso se realizara a la luz de los seis (6) factores tratados en la sentencia T-025 de 2004, que son: (i). La infracción masiva, constante y generalizada de varios derechos constitucional que afecta a un número importante de personas, (ii). La constante omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos de las personas, (iii). La adopción de prácticas inconstitucionales como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado, (iv). La no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos, (v). Existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un
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Desplazamiento forzado ¿un estado de cosas inconstitucional permanente en Colombia?

Desplazamiento forzado ¿un estado de cosas inconstitucional permanente en Colombia?

Ahora bien, la problemática del desplazamiento forzado alcanzó tal magnitud en el territorio colombiano, que incluso llegó a normalizarse, al percatarse de esta situación, la Corte Constitucional decretó el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado a lo largo de todo el territorio, pero ¿Qué se entiende por estado de cosas inconstitucional?, lo primero que se debe destacar es que esta figura aparece por primera vez en Colombia, como “una herramienta y/o mecanismo de origen jurisprudencial creado con el fin de proteger los derechos fundamentales de la población Colombiana” (Lyons, 2011), el origen de este, data de los esfuerzos realizados por la Corte Constitucional como respuesta ante las situaciones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos fundamentales, agravado por la omisión de las autoridades responsables de tomar medidas que tuviesen la finalidad de garantizar tales derechos.
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Estado de cosas inconstitucional en el Perú : análisis jurisprudencial y derecho comparado

Estado de cosas inconstitucional en el Perú : análisis jurisprudencial y derecho comparado

La Autonomía Procesal le confiere cierta discrecionalidad al Tribunal Constitucional para desarrollar instituciones en su doctrina jurisprudencial. Una de las últimas creaciones es la figura procesal del estado de cosas inconstitucional (ECI), donde el Tribunal Constitucional busca proteger la esfera no sólo subjetiva sino objetiva de los derechos fundamentales, de esta manera trata de consagrar la supremacía jurídica de la Constitución. La figura del ECI nace en la jurisprudencia colombiana siendo extraída por Perú en el caso 2579-2003-HD/TC. Para el surgimiento de esta figura el juez constitucional debe de responder y no permanecer inmóvil frente a estas situaciones estructurales que laceran de manera grave y continua a numerosos derechos fundamentales, para posteriormente declarar el estado de cosas inconstitucional. Es así que para cesar con dicha vulneración generalizada, expandirá los efectos de la sentencia y emitirá órdenes a las instituciones públicas hasta que solucionen dichas fallas estructurales.
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Conceptualización sobre la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano por la existencia de un Estado de cosas inconstitucional   ECI frente al derecho fundamental al agua

Conceptualización sobre la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano por la existencia de un Estado de cosas inconstitucional ECI frente al derecho fundamental al agua

del Agua que a pesar de ser un ente de naturaleza ética, esto es, que carece de poder judicial en tanto sus declaraciones y fallos no fueron conferidos por alguna autoridad estatal y en consecuencia no puede aplicar sanciones de tipo penal, administrativa o civil, sus juicios o veredictos constituyen verdaderos sanciones morales cuya eficacia depende principalmente del reconocimiento que hagan los diferentes actores de éste como instancia. En este sentido, debe decirse que el Tribunal constituye una acción pública de solidaridad continental que aspira a contribuir con los esfuerzos de diferentes actores y grupos sociales del Istmo Centroamericano que buscan mitigar las causas de la contaminación, el grave deterioro de los sistemas hídricos y las violaciones del derecho fundamental al agua (Tribunal Latinoamericano del Agua, s.f). Además, es importante mencionar que las audiencias públicas se constituyen en espacios de discusión y controversia desde las cuales se generan criterios y recomendaciones técnicas generalmente científicamente bien fundamentadas, lo cual se constituyen en estratégias de justicia ambiental. De igual manera, también es importante acotar que se encuentran instituidos otros mecanismo de defensa cuasi – jurisdiccionales como es el sistema de denuncias propio de los convenios de derechos humanos o de sus protocolos, los cuales constituyen un instrumento esencial para la protección de los derechos (García, A, 2008, p. 238).
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El principio de colaboración armónica entre las diferentes ramas del Poder Público dentro del estado de cosas inconstitucional

El principio de colaboración armónica entre las diferentes ramas del Poder Público dentro del estado de cosas inconstitucional

juez actúa como un ente más que forma parte de las diferentes autoridades estatales y que tienen el fin de alcanzar los cometidos constitucionales. Un ejemplo de la intervención del juez constitucional dentro de las políticas públicas, es el ECI, el cual nace en Colombia como una respuesta creada por la rama judicial (Corte Constitucional), a la disparidad de las consagraciones normativas y la realidad; junto con una sistemática violación de derechos humanos. Esta figura es utilizada por el Alto Tribunal para poner en evidencia las diferentes problemáticas sociales en el país, las cuales tienen su origen en la descoordinación institucional. En otras palabras, en muchos casos es una reacción a la descoordinación existente entre las autoridades estatales. Lo anterior pudo ser constatado en el análisis realizado sobre algunas de las sentencias en las que se ha declarado el ECI, en las cuales se concluye que una de las causas por las que la Corte Constitucional hace uso de esta figura, son las desorganización y descoordinación por parte de las entidades del Estado para cumplir con los fines constitucionales.
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LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN MEDIANTE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE DECLARA EL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL

LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN MEDIANTE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE DECLARA EL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL

Las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran el «Estado de cosas inconstitucional», de alguna manera, lo que buscan es proteger a un grupo mayor de la población (gran número de personas), se detecta la vulneración de un derecho por causas relacionadas con situaciones de bloqueo institucional, es una decisión de carácter compleja porque el cumplimiento de la misma, normalmente, involucra a varias entidades responsables, y, la decisión implementa un sistema de seguimiento para que sus efectos tengan impacto en la realidad y logre lo deseado (Rojas, 2017; Landa, 2007; Napurí, 2009; Vásquez, 2017). En ese sentido, es usual sostener que en este tipo de sentencias lo más importante es que la sentencia prevea un sistema de seguimiento o evaluación estratégica, debido a que los aspectos que llega a comprender son: i) legitimidad y reforzamiento del fuero judicial en la protección de los derechos constitucionales; ii) la insuficiente capacidad institucionales para solucionar los problemas de vulneración estructural de derechos fundamentales; iii) los costos de la decisión (cuáles es la erogación de los recursos que va causar); iv) el tamaño del grupo que exige la satisfacción de su derecho, y, v) contribución a los movimientos sociales en sus existencias de carácter social (la participación de los tribunales como entidades que colaboran con las luchas sociales que exigen mejoras en los derechos).Hay que considerar que las sentencias que declaran el Estado de cosas inconstitucional fueron importadas por el Tribunal Constitucional peruano. Dicho tipo de decisiones son utilizadas por la Corte Constitucional de Colombia, el mismo que se usa para expandir o extender el alcance de una sentencia porque es habitual sostener que una sentencia constitucional solo tiene efectos inter partes, por lo tanto, sus efectos no pueden ir más allá de lo que se ordena en la sentencia. Sin embargo, la lógica de las sentencias que declaran estado de cosas inconstitucional es distinta debido a que la intención es que sus efectos puedan replicarse más allá del caso concreto. El radio de acción de este tipo de decisiones se expande porque busca evitar la interposición de demandas y recursos de otras personas que se encuentran en la misma situación (ahorro de energía, tiempo y economía) (Abad, 2017a; Abad, 2017b; Vargas, 2003 y 2011).
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Análisis del Estado de Cosas Inconstitucional y su Efectividad Ante Violaciones Estructurales de Derechos Fundamentales: Caso del Derecho a la Educación, Perú, 2018

Análisis del Estado de Cosas Inconstitucional y su Efectividad Ante Violaciones Estructurales de Derechos Fundamentales: Caso del Derecho a la Educación, Perú, 2018

34 53. En las sentencias SU-559 de 1997 y T-068 de 1998 esta Corporación ha hecho uso de la figura del estado de cosas inconstitucional con el fin de buscar remedio a situaciones de vulneración de los derechos fundamentales que tengan un carácter general - en tanto que afectan a multitud de personas - , y cuyas causas sean de naturaleza estructural - es decir que, por lo regular, no se originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su solución exige la acción mancomunada de distintas entidades. En estas condiciones, la Corte ha considerado que dado que miles de personas se encuentran en igual situación y que si todas acudieran a la tutela podrían congestionar de manera innecesaria la administración de justicia, lo más indicado es dictar órdenes a las instituciones oficiales competentes con el fin de que pongan en acción sus facultades para eliminar ese estado de cosas inconstitucional [las cursivas son nuestras].
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El "estado de cosas inconstitucional" y sus posibilidades como herramienta para el litigio estratégico de derecho público. Una mirada a la jurisprudencia colombiana y peruana.

El "estado de cosas inconstitucional" y sus posibilidades como herramienta para el litigio estratégico de derecho público. Una mirada a la jurisprudencia colombiana y peruana.

Una nota adicional es desarrollada en la jurisprudencia como parte de la fundamentación de la figura. Para aquellos casos en que las vulneraciones de derechos obedecían a un conjunto amplio de personas, como se mencionó en la primera sentencia de ECI, la SU-559 de 1997, la Corte Constitucional recurrió previamente a dos instituciones procesales en el trámite de las acciones de tutela: la acumulación de procesos(lo que permite abordar en una misma sentencia varias acciones de tutela que presentan supuestos fácticos similares) y la reiteración de jurisprudencia (por la que se aplica a un caso la regla establecida en uno precedente en el que ya se había estudiado el problema jurídico planteado), pero ambas figuras implican que se hubieran presentado demandas, y sólo permitían estudiar los hechos particulares expuestos por las partes del proceso; además, no justificaban la ampliación de los efectos del fallo a otras personas que no hubieran presentado demandas, ni permitían emitir órdenes complejas (Tolé 2006: 302; Rivera 2012: 66-67). Frente a eso se creó la figura del estado de cosas inconstitucional para situaciones de vulneración de derechos fundamentales con carácter general (en tanto afectan a una multitud/pluralidad de personas), pero en la que las causas de los problemas son de naturaleza estructural (porque la vulneración no se origina de manera exclusiva en la autoridad demandada, sino que la solución exige la acción mancomunada de distintas entidades estatales) (Tolé 2006: 302-303; Rivera 2012: 66).
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Del estado de cosas inconstitucional (ECI) a la formulación de una garantía transubjetiva

Del estado de cosas inconstitucional (ECI) a la formulación de una garantía transubjetiva

La corriente ortodoxa ha primado en los lineamientos de los Organismos Económicos Internacionales (OEI) y por consiguiente en las reformas que se han planteado en los sistemas de salud desde los años 80. Dentro de esta corriente, la reflexión que realizan los autores neoclásicos en relación con el mercado de la salud, ha permitido avanzar en la teoría de los contratos. De acuerdo con Arrow la salud es un concepto difícil de concretar, depende de múltiples factores incluso más allá de los servicios médicos, involucra además de la prestación de servicios, aspectos como nutrición, vivienda, higiene, ingreso, educación y ambiente, entre otros. De otra parte, el concepto de salud es bastante subjetivo porque diverge según la época histórica de abordaje, los actores involucrados en la prestación de los servicios, los modelos de salud implementados y las representaciones sociales que la rodean. En cuanto a la demanda de salud, ésta es difícil de acotar y de medir por cuanto es derivada de un elemento inmaterial como lo es la salud. En forma indirecta se puede medir a través de la atención médica. A continuación nos referiremos a la oferta y demanda en relación con la economía de la salud.
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Estado de cosas inconstitucional y políticas públicas

Estado de cosas inconstitucional y políticas públicas

Proceso que termina explicando el ¿por qué es tan difusa la aplicación del Estado social y democrático de derecho, en la actual disputa política y económica, entre neoliberalismo o intervencionismo moderno? Y que, además, ubica la figura del ECI, como parte del desarrollo histórico del papel del Estado en Colombia, en medio de la reconfiguración del principio democrático del equilibrio de poderes (del siglo XIX), a partir de la irrupción histórica de la supremacía de la Constitución, sobre el imperio de la ley (principios del siglo XX); la aparición de la jurisdicción constitucional y las acciones ciudadanas de inconstitucionalidad (Reforma Constitucional de 1910); la inclusión constitucional y legal de los DESC (Reforma Constitucional de 1936); la configuración de las políticas públicas, como materialización del accionar del Estado (a mediados del siglo XX); la consolidación de la jurisdicción universal de los derechos humanos (en los 90); y los cambios fundamentales que se dieron en Colombia con la promulgación en 1991, de una nueva Carta Política.
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La criminalización de las protestas sociales y la aplicación del delito de resistencia en Ecuador

La criminalización de las protestas sociales y la aplicación del delito de resistencia en Ecuador

acceso gratuito a la justicia. Así pues, en dicha norma, se menciona al principio de celeridad Juan Martínez da un concepto de celeridad muy importante en el comenta que con esto se impide la prolongación de los plazos y eliminan trámites procesales superfluos ; la antítesis surge cuando por evitar la criminalización evidentemente se deja sin órbita de protección la administración pública por acciones u omisiones supuestamente legítimas, volviendo a recaer que la verdadera problemática es el tipo penal y más aún la falta de criterios normados por parte de servidores judiciales o mal actuar de servidores policiales al momento de identificar una conducta presuntamente punible , como se ha reportado en los 64 últimos casos a lo largo del año 2017 a 2019 según estadística de Fiscalía General del Estado de los cuales 42 provienen de protestas sociales ( Fiscalía General del Estado , 2019).
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Metamodelo para la integración de la Internet de las cosas y redes sociales

Metamodelo para la integración de la Internet de las cosas y redes sociales

La finalidad de Internet de las Cosas es interconectar todos los objetos, sea cuál sea su finalidad, tipo y emplazamiento, con todos los demás objetos. Esto ayudará a crear una Internet más inteligente y con más datos, que nos ayude con nuestra vida y problemas diarios. Por ello, de lo que se trata es de interconectar a través de Internet, las personas con las máquinas (H2M)[47], mejorar la comunicación entre personas (H2H) [48], o conectar los propios objetos entre ellos bajo lo que se conoce como Machine-to-Machine (M2M) [10], [48], [49]. O, dicho de otra forma, conectar todo el mundo físico con el mundo virtual a través de diferentes lugares inteligentes para automatizar, mejorar y facilitar la vida diaria. Además de poder mantener estas interconexiones a cualquier hora en cualquier lugar del mundo, mientras los objetos o las personas se están moviendo, ya estén fuera o dentro de los edificios. El único requisito necesario para estos objetos es tener acceso a Internet [50].
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Comunicación, TIC´s y protestas sociales contemporáneas: construyendo juventudes mediatizadas

Comunicación, TIC´s y protestas sociales contemporáneas: construyendo juventudes mediatizadas

Trazados los presentes objetivos se abordo el tema mediante el método de análisis del discurso, indagando medios de comunicación masivos, artículos, notas y reseñas periodísticas en torno a las manifestaciones sociales. También se trabajo sobre el análisis de una campaña publicitaria mundial de la marca Levis: “Go Forth”, buscando contextualizar su mensaje y narrativa, así como también la construcción del estereotipo juvenil que propone.

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Acción Inconstitucional Voto

Acción Inconstitucional Voto

recurso de amparo que se tramita en el expediente número 99-004057-007-CO. Añade que las disposiciones impugnadas establecen una regla general, en el sentido de que para ingresar al Servicio Civil y a la Carrera Docente es necesario ser costarricense. Dicha regla admite sus excepciones cuando existen razones técnicas o por la falta de candidatos idóneos, siendo procedente en esos casos la dispensa. Agrega que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha determinado que la facultad legislativa de imponer restricciones a los extranjeros no debe transgredir los límites del principio de razonalibilidad y proporcionalidad. Así, se ha reiterado que un tratamiento normativo diferenciado para el extranjero debe ser excepcional y de interpretación restrictiva, siendo que, en todo caso, debe superar el riguroso examen de la razonabilidad constitucional. Afirma que las restricciones que se impongan a los extranjeros no deben ser absolutas, de modo tal que constituyan un exceso legislativo que no puede amparar el artículo 19 de la Constitución Política. Manifiesta que la Sala Constitucional anuló la restricción contenida en el artículo 90 de la Ley General de Policía, que impedía a los extranjeros inscribirse como agentes del servicio privado de seguridad, por considerarla irrazonable e inconstitucional. Considera –a la luz del criterio vertido por la Sala sobre este tema- que el artículo 9 inciso a) del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil y el inciso b) del artículo 5 del Reglamento de la Carrera Docente son inconstitucionales, pues establecen una discriminación a los extranjeros de acceder al régimen estatutario. Señala que los Convenios Internacionales citados por el accionante imponen al Estado costarricense la obligación de no discriminar al extranjero en razón de su origen, y que las normas reglamentarias impugnadas lesionan los artículos 7 y 48 de la Constitución Política. Estima que el contenido de las normas impugnadas lesiona el principio de reserva de ley, previsto –en este caso- por el artículo 19 de la Constitución Política.
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PROTESTAS Y APELACIONES

PROTESTAS Y APELACIONES

Para que la atención médica no termine, tiene que solicitar una audiencia imparcial del estado en el plazo de diez (10) días calendario a partir de la fecha de la Notificación de Deter[r]

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Acuerdo es inconstitucional

Acuerdo es inconstitucional

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos entregó al LABOCIP insumos básicos y reactivos para incorporarlos en el análisis de pruebas de SARS-CoV-2[r]

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Conflicto estructural y movilización colectiva : formatos y lógicas de las protestas sociales

Conflicto estructural y movilización colectiva : formatos y lógicas de las protestas sociales

Las lógicas de las protestas van especialmente ligadas a la política, en la medida que las manifestaciones de ciertos colectivos sociales o profesionales con capacidad de influencia y repercusión social preocupan al poder político instituido, cuya reacción no se hace esperar para amortiguar el golpe. Lejos de cualquier rechazo frontal o castigo de quien protesta, en este caso los poderes públicos buscan entrar en diálogo y lograr acuerdos a corto o medio plazo. Tales acuerdos suelen encontrase porque hay un interés por separado y en común en que así sea. Tampoco tiene porque haber en este perfil de protestas una frontera ideológica muy marcada entre los agentes de conflicto, lo que facilitaría interlocuciones y negociaciones hasta lograr el acuerdo. Las protestas entran entonces en los carriles institucionales, donde serán consideradas por los poderes públicos. Si bien en su desarrollo podrán ser obstaculizadas o instrumentalizadas por dichos poderes de diferentes formas, el pacto suele estar en mayor o menor medida previsto y hacerse efectivo con las concesiones necesarias por ambas partes.
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La locación de servicios es inconstitucional

La locación de servicios es inconstitucional

social sino que también es ‘cosificar’ al ser humano. Y para hacer frente a estas concepciones, se han lanzado los más prestigiosos juslaboralistas del mundo detentando para ello las banderas de la dignidad, concepto estrechamente ligado a los derechos humanos”. De esa forma, la Alzada dejó en claro que “si bien el contrato de locación de servicios no existe más en ningún ámbito del derecho; si alguien intentara utilizarlo estaría desarrollando una conducta inconstitucional ya que es principio implícito de nuestra Constitución que el trabajo no es una mercancía y que goza de la protección de las leyes entrando ya ahora en el art. 14 bis”.
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