PDF superior Informe sobre el proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (121/154)

Informe sobre el proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (121/154)

Informe sobre el proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (121/154)

La citada opinión del Consejo de Estado ha sido asumida por el Proyecto de Ley, en cuanto ha traído a su texto articulado a través de los capítulos III y IV del Título Preliminar la regulación de las citadas materias, bajo la calificación, en el caso de la potestad sancionadora, de principios. Esta consideración tiene más consecuencias de las que podrían derivarse de una primera lectura. Si bien las normas se califican por la referida Disposición Final Cuarta como legislación básica, cabe plantearse si realmente se trata de principios en un sentido material, por la extensión y complejidad de su contenido. Una regulación por prin- cipios, como la que se propugna respecto de la potestad sancionadora, no es ni puede ser exhaustiva, ni agotar todas las situaciones que en la mencionada materia existen. La apelación a los principios la utiliza la ley para referirse a principios organizativos o de procedimiento, no para materias singulares como las de la potestad sancionadora. Hubiera sido deseable una referencia más técnica a la “Potestad sancionadora”. La referencia a los principios puede dar a entender que los artículos que menciona bajo esa rúbrica tienen una fuerza normativa menor, o que está supeditada a su desarrollo. En realidad, la lectura de los men- cionados artículos en el Proyecto de Ley se refiere siempre a normas o proposiciones cerradas y vinculantes por sí, como las que se contienen en materia de prescripción o del denominado non bis in ídem.
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LAS ENTREGAS DINERARIAS SIN CONTRAPRESTACIÓN TRAS LA MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA DE LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES POR LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO: UNA CUESTIÓN PENDIENTE DE RESOLUCIÓN

LAS ENTREGAS DINERARIAS SIN CONTRAPRESTACIÓN TRAS LA MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA DE LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES POR LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO: UNA CUESTIÓN PENDIENTE DE RESOLUCIÓN

Matices al margen, salta a la vista la correspondencia del texto transcrito con el finalmente incorporado a la actual disposición final séptima de la LRJSP de modificación de la LGS. Ahora bien, cuando confiados en haber encontrado la señal que buscábamos, acudimos presurosos al apartado “Justificación” de la enmienda, chocamos con una nueva y ya irritante decepción, al ver reducida tal justificación a dos únicas palabras: “Mejora técnica”. Resumidamente, una cambio legal de LGS, que afecta incluso al contenido básico de la misma, que no había sido incorporado ni al anteproyecto ni al proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros y que, en consecuencia, no había sido objeto de motivación o justificación alguna, ni de posible consideración en fase de información pública, ni de informe o dictamen de órganos consultivos (algunos de tan singular relevancia como el Consejo de Estado), es introducido en la Ley vía enmienda adicional, empleando como único simulacro de “justificación” el vacío laconismo de “mejora técnica” 11 .
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A VUELTAS CON LA REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO LEGISLADOR (Un nuevo intento introducido en el Proyecto de Ley de Régimen jurídico del sector público de limitar el alcance de la responsabilidad del Estado Legislador, esta vez en su vertiente

A VUELTAS CON LA REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO LEGISLADOR (Un nuevo intento introducido en el Proyecto de Ley de Régimen jurídico del sector público de limitar el alcance de la responsabilidad del Estado Legislador, esta vez en su vertiente

5 Sobre la interpretación de este anodino precepto puede verse a ALONSO GARCÍA, C.M., La responsabilidad patrimonial del Estado- Legislador, Madrid, Marcial Pons, 1.999, pág. 86 y ss.; CELDRÁN RUANO, J., La responsabilidad del Estado por actos de aplicación de leyes: aproxima- ción histórica y significado actual, Servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia, 1.996, pág. 65; GARCÍA-ALVÁREZ, G. en BERMEJO VERA, J., Derecho Administrativo especial, Civitas, Madrid, 3ª edición, 1.998, pág. 1.208; GARRIDO FALLA, F., La responsabilidad del Estado Legislador en la nueva Ley 30/1.992 y en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1.992, Revista Española de Derecho Administrativo, nº 77, 1993, págs. 127 y 128; GONZÁLEZ-VARES IBÁÑEZ, S., Responsabilidad del Estado Legislador: Pautas de la jurisprudencia para determinar la aplicación del artículo 139.3 de la Ley 30/1.992, Revista Española de Derecho Administrativo, nº 104, 1.999, pág. 641; MARTÍN REBOLLO, L., Responsabilidad Patrimonial por actos legislativos: una discutible elaboración jurisprudencial en expansión, Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 556, 2002, pág. 1 y La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en España La Responsabilidad de las Administraciones Públicas en España La responsabili- dad patrimonial de las Administraciones Públicas en España en BARNES VÁZQUEZ, J. (coord.), Propiedad, expropiación y responsabilidad: la garantía indemnizatoria en el derecho europeo y comparado : Unión Europea, Convenio europeo de derechos humanos, España, Alemania, Francia, Italia, Civitas, 1996, pág. 852 y QUINTANA LÓPEZ, T., La responsabilidad del Estado Legislador, Revista de Administración Pública, nº 135, 1994, págs. 126 y ss.
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La modificación encubierta en los modos de gestión de servicios públicos, que supone el artículo 86 2 del Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público –LRJSP

La modificación encubierta en los modos de gestión de servicios públicos, que supone el artículo 86 2 del Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público –LRJSP

servicios públicos, y por tanto su regulación se debe ponderar (art. 53.3 Const.) de forma mucho más cuidadosa que en el art. 86.2 Proyecto LRJSP. Por poner algún ejemplo simplificado de entre los muchos que todos conoce- mos: ¿se puede evaluar la limpieza viaria urbana con base en reducción de costes laborales, por ejemplo mediante el uso de máquinas de soplado para el barrido de calles, al margen de la misma contaminación sonora y del aire que llevan consigo? ¿O el abastecimiento de agua potable con el criterio de rentabilidad y el mínimo de calidad? La máxima calidad posible, sin duda incluyendo también, pero no sólo, criterios económicos, es el objetivo que guía la prestación de cualquier servicio público, así se deriva de nuestra tradición y se refleja en nuestro ordenamiento jurídico (art. 53.3 Const.), y eso es una gran diferencia respecto a la puesta a disposición de bienes y servicios en el mercado, y por ello la prestación indirecta de servicios, se ha articulado en nuestro ordenamiento como una técnica subsidiaria respecto a la directa (fuere o no por entidad diferenciada de la propia Administración, pues sigue siendo la propia Administración que sólo a efectos instrumentales se ha personificado), y su conjunción con la racionalización del gasto implica que sólo se gestione indirectamente en caso de insuficiencia de la organización pública.
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APORTACIONES A LOS RESPECTIVOS PROYECTOS DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

APORTACIONES A LOS RESPECTIVOS PROYECTOS DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

Considerando que la elaboración de disposiciones de carácter general es una expresión de la actuación de las Administraciones públicas requerida, como cualquier otra, de unas reglas básicas comunes de procedimiento, parece que la norma legal más apropiada debería ser la reguladora del procedimiento, como sucedía en el texto originario del anteproyecto “LPAC” (ahora se mantiene la regulación en la Ley del gobierno, desacertadamente a mi juicio). La actual versión del “proyecto LPAC” se limita a regular algunos aspectos puntuales (publicidad normativa, planificación) y el trámite participativo, los cuales deberían contemplarse de manera unificada en una regulación procedimental completa. Por otra parte, la regulación de los principios de regulación y del procedimien- to prelegislativo en general sería un contenido más propio del “Proyecto LRJSP”, pero acaso con referencias a la eventual LPAC, llegado el caso.
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La implantación de la administración electrónica: Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, y Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas

La implantación de la administración electrónica: Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, y Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas

La administración electrónica no sólo se predica en las actuales leyes, es un fenómeno que abarca diferentes ámbitos. El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, introduce la factura electrónica que se expedirá por medios electrónicos y que tiene los mismos efectos legales que la realizada en papel. En la Administración de Justicia se redujo el papel gracias a Lexnet Abogacía que permitió presentar escritos de diverso género a través de medios electrónicos. La ley del Registro Civil actual permite practicar las inscripciones de nacimiento y defunción de manera electrónica. También se usan los medios tecnológicos en el ámbito de la Seguridad Social para consultar un informe de vida laboral siempre que se cuente con un número de afiliación, o en el tributario para realizar declaraciones de impuestos. En definitiva, la Administración electrónica no es nada nuevo. No debe ser desconcertante. Ahora se implanta en las nuevas leyes 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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Informe sobre el proyecto de Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (121/155)

Informe sobre el proyecto de Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (121/155)

Realizada tal puntualización, que abre el catálogo lineal de las posibles nulidades y anulabilidades en Derecho español, sobre la necesidad de un elenco de infracciones que no se remita a la cláusula general de infracción del ordenamiento jurídico, hay que indicar que la centralización del control en el concepto dogmático de acto lleva directamente al proyecto de ley a examinar conforme a los principios clásicos las modalidades de invalidez del acto. Para tal fin, es imprescindible definir los actos, sus elementos y su proceso de creación, como ya hemos tratado de llevar a cabo en capítulos anteriores, asumiendo que será la doctrina de los denominados vicios de orden público la que permitirá distinguir, es decir, diferenciar con fundamento, las que se denominarán irregularidades del acto. La doctrina del vicio sustancial más relevante, la denominada nulidad radical o nulidad de pleno derecho, ha sido construida sobre las bases poco firmes de una distinción casi necesaria, sin atender a otras razones.
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LA REGULACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL EN EL PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO

LA REGULACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL EN EL PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO

El ejercicio de potestades públicas, que son aquellas que no puede realizar ningún particular, ya que son inherentes al poder público y se ejercen en relaciones de supremacía, está y ha estado siempre reservado a las Ad- ministraciones y entidades de derecho público, pues a ellas y solo a ellas se les aplica la generalidad de las garantías del derecho público, desde el principio de vinculación positiva a la ley, pasando por la garantía del procedimiento contradictorio, hasta el régimen de recursos, amén de la imparcialidad que garantiza el estatuto de las autoridades y funcionarios públicos que las ejercen. No sólo eso sino que las entidades privadas que forman parte del sector público tienen unos criterios distintos de funcionamiento. En particular las sociedades mercantiles operan en el tráfico privado y, como es natural, con ánimo de lucro, aunque dependan de un Gobierno o Administración Pública. Tanto ellas como las fundaciones pueden integrar en sus órganos rectores o de administración a personas físicas privadas, que no están vinculadas a la tutela de los intereses públicos. Por eso, atribuir en abstracto la posibilidad de que entidades del sector privado, aun dependientes o controladas por una Administración o ente público, pue- dan ejercer ese tipo de potestades, pone en riesgo de quiebra el sistema de garantías de Derecho administrativo. Quizá los autores del Proyecto no han querido expresar una idea semejante. Pero es difícil adivinar la razón de la confusión. Quizá han considerado que una sociedad o del sector público ejerce una potestad administrativa cuando adjudica un contrato del sector público, pues tal adjudicación está sujeta a principios y requisitos de proce- dimiento propios del Derecho público. O bien que lo mismo sucede si una sociedad o fundación pública otorga ayu- das o subvenciones con cargo a sus presupuestos o actuando como entidad colaboradora de la Administración. O han entendido que ejercen algún tipo de potestad
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Régimen laboral en el sector público

Régimen laboral en el sector público

públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas . ... Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”, norma constitucional que guarda relación con el Código Orgánico de la Función Judicial, que se encuentra publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 544 del lunes 09 de marzo del 2009, que señala en el Art. 15 inciso tercero “Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, en virtud del recurso de revisión, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos en la forma señala en este Código”. O lo que indica el artículo 213 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, que señala: “los funcionarios y personal de servicio de las administraciones públicas que hubieren incurrido en dolo o culpa que generaron daño resarcido por ésta a los particulares responderán por lo indemnizado, siempre que se hubiere efectuado el pago al o a los particulares por parte de aquella; todo ello, independiente de las acciones penales, civiles o administrativas a las que haya lugar.”
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El régimen laboral en el sector público

El régimen laboral en el sector público

El concepto de Servidor Público lo define la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 229 al determinar “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia.” sin embargo de una manera más simple podemos definir a un servidor público como todo ciudadano ecuatoriano que labora en cualquiera de las entidades del Estado, en funciones públicas previstas en el nombramiento o el contrato, a cambio de una remuneración determinada en el presupuesto correspondiente, y que se encuentra sujeto a lo que determina el La Ley Orgánica de Servicio Público y su correspondiente reglamento en relación a su ingreso, estabilidad, promoción y ascensos y los reconocimientos económicos. Entre los servidores públicos no están incluidos los obreros, quienes se rigen por el Código del Trabajo.
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RÉGIMEN JURÍDICO DE LA COOPERACIÓN VERTICAL ENTRE LAS ENTIDADES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO: LOS ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA COOPERACIÓN VERTICAL ENTRE LAS ENTIDADES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO: LOS ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS.

ABSTRACT: The legal regime of vertical cooperation between entities belonging to the public sector as a system that allows these entities to self-supply with their own resources or other public entities, without having to go to the market and therefore apply the public procurement regulations, was regulated for the first time in the 4th Generation of Public Procurement Directives, approved in 2014 and whose entry into force occurred on April 18, 2016. This regulation has been subsequently contemplated in Law 9/2017, of November 8, Contracts of the Public Sector (hereinafter "LCSP"), has intended to provide legal security in a context where there was no clear and precise regulation of the requirements needed for this. These mechanisms of inhouse providing were recurrently questioned by the Court of Accounts, the Bodies of External Control of the Autonomous Communities (hereinafter “OCEX”) and the National Commission of the Markets and Competition (hereinafter “CNMC”). The present work intends to analyze precisely those requirements and their practical application one year after the entry into force of the LCSP.
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Informe de prospectiva tecnológica sobre el impacto de la biotecnología en el sector salud en 2020

Informe de prospectiva tecnológica sobre el impacto de la biotecnología en el sector salud en 2020

i) Cribado celular de moléculas en el contexto fisiológico de la célula para medir tanto eficacia como toxicidad. ii) Modelos celulares, tisulares y animales de situacion[r]

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Los consorcios y la problemática del personal a su servicio

Los consorcios y la problemática del personal a su servicio

La LRJSP, finalmente, elevará a los consorcios a las nuevas bases del régimen jurídico del sector públi- co (arts. 118 a 127 LRJSP), constituyéndose así como la normativa de cabecera en la materia al atribuirle ex- presamente el carácter de supletorio a las normas contenidas en la LBRL y a las introducidas por la LRSAL. Bajo este marco jurídico básico de la LRJSP se define a los consorcios como «entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias», estableciéndose como actividades propias de los mismos «las actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes».
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El régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre

El régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre

b) Respecto al segundo motivo el Alto Tribunal establece que las limita- ciones impuestas a los terrenos colindantes no implican privación de derechos que de lugar a indemnización, sino que se trata de una simple restricción. Por otra parte considera que la eliminación de las titularidades privadas sobre terrenos incluidos en el dominio público es una decisión ya adoptada por la Constitución, que dichas titulari- dades lo serían, en todo caso, sobre unos singularísimos bienes, que darían lugar a un “dominio degradado” y que si bien podría conside- rarse como una forma singular de expropiación, las razones de utili- dad pública son evidentes y la compensación (indemnización) esta- blecida en el régimen transitorio suficiente.
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Régimen laboral en el sector público

Régimen laboral en el sector público

Para la consecución del objeto señalado en la Ley, el Legislador ha establecido una serie de principios fundamentales, como son: calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación; sin conceptualizarlos a cada uno de éstos o definir, limitar, prohibir, garantizar su ámbito de acción, (en cambio en la Ley de Seguridad Social, el Legislador si conceptualiza los principios rectores que permite en forma clara y precisa aplicar dicha Ley), a fin de que los servidores públicos los cumplan y la ciudadanía en general obligar su cumplimiento.
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El régimen laboral en el sector público

El régimen laboral en el sector público

“ 1.1.1.5.- Las personas que en función de la clasificación de servidor y obrero que realice el Ministerio de Relaciones Laborales, con sujeción a este decreto, pasen de ser considerados bajo el régimen del Código del Trabajo a ser servidores bajo el amparo de la Loscca y/o las leyes que regulan la Administración Pública, mantendrán los derechos que hubieren adquirido en la contratación colectiva en lo referente a remuneraciones, retiro y jubilación patronal, esta última siempre que hubieren laborado al menos 13 años en la misma institución, los mismos que se contabilizarán para efectos de ésta. Los derechos económicos que se mantendrán serán aquellos que no hayan sido eliminados o excluidos en virtud de este decreto ejecutivo, con los límites establecidos en los mandatos constituyentes. Para el caso de retiro para acogerse a la jubilación se aplicará un solo beneficio, o el establecido en el contrato colectivo o el que se pague en la institución pública, el que sea más favorable a la persona. Para el caso de personas que pasen de ser servidores a obreros, se considerará el tiempo laborado en la misma institución para efectos del cálculo de vacaciones, jubilación, retiro, indemnización por despido, fondo de reserva, liquidaciones, según establece el Código del Trabajo ” .
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Servicios Energéticos: El contrato. Aspectos jurídicos.

Servicios Energéticos: El contrato. Aspectos jurídicos.

En cambio, la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público sólo ordena la absorción de régimen para las reglas relativas a la adjudicación, pero no a las del fondo del contrato:.. ~ crece[r]

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Régimen laboral en el sector público

Régimen laboral en el sector público

Así, queda prohibida la transferencia de cargos a familiares por jubilación o fallecimiento (si hay vacantes se convocará a concurso de merecimientos); las horas extraordinarias no trabajadas y cobradas; indemnizaciones por cambios de empleador; contribuciones patronales extralegales para fondos complementarios, a excepción de las establecidas para los actuales jubilados. El pago de vacaciones y beneficios para la familia del trabajador, y gratificaciones adicionales por retiro voluntario. Se elimina la entrega gratuita de productos y servicios que genere la empresa; pago de vacaciones y décimos en cuantías que exceden la ley. No se reconocerán días de descanso no establecidos en la ley; permisos sindicales a tiempo completo, permanentes y remunerados (solo los dirigentes tendrán licencias remuneradas si no afectan sus actividades); días adicionales y de vacaciones fuera de los señalados en el Código del Trabajo y pagos no justificados por subsidios y compensaciones sociales. El cálculo de horas suplementarias, sin considerar la semana integral, por debajo de las 240 horas al mes; las jornadas inferiores a ocho horas diarias y el pago de recargo de las que superan lo establecido por la ley, también serán eliminadas. Quedan prohibidas las alzas salariales y beneficios sociales que superen los techos de la Senres; bonificaciones y entrega de joyas y obsequios por años de servicio, aniversarios y por el Día del Trabajo; contribuciones patronales para contratar seguros privados de salud y la injerencia sindical en el ingreso de personal y en la administración de bienes institucionales. Al estar incorporados en la remuneración mensual el pago de subsidios de transporte, antigüedad, familiar, comisariato y educación y bonificaciones quedarían extinguidos, etc.
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LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE

LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE

De esta forma el número primero del artículo 211.1 de la Ley, en su letra i), se refiere al impago por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando durante la ejecución del contrato de los salarios, causa de resolución que también se extiende al incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos aplicables a los trabajadores durante la ejecución. Este precepto guarda relación con el número seis del artículo 130 de la Ley que contempla la obligación del contratista de responder de los salarios impagados de los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones de Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto en que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último.
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