PDF superior Inmigración y Derechos Humanos en la UE. Análisis de la directiva 2008/115/CE

Inmigración y Derechos Humanos en la UE. Análisis de la directiva 2008/115/CE

Inmigración y Derechos Humanos en la UE. Análisis de la directiva 2008/115/CE

para la interpretación y aplicación del principio de igualdad; comparando la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Argentina con la de la Corte Suprema de los estados Unidos, y extrayendo de dicha comparación algunas conclusiones vinculadas con la evolución en la comprensión de las exigencias que plantea el principio de igualdad. Citamos, arbitrariamente, y a nuestro juicio, dos elementos fundamentales que emergen del estudio realizado por la autora: a) el análisis de los criterios de distinción hechos por el legislador es una tarea valorativa, que debe considerar la importancia de los fines buscados mediante la diferencia de trato, la idoneidad de los medios para alcanzar tales fines, los bienes humanos objeto de los derechos fundamentales involucrados en las clasificaciones, así como la relación de tales derechos con el bien común y con el resto de los derechos. ello, contradice los postulados iuspositivistas que pretenden una aproximación avalorativa al estudio del derecho, puesto que implica una tarea, en verdad, de cuño eminentemente axiológica; b) la presunción de inconstitucionalidad de ciertas categorías, reconocidas como “sospechosas”, se vincula al hecho de que ciertas características, como raza, color, sexo y origen nacional no son mutables, ni elegidas por la persona, sino que, en verdad, son “rasgos inmodificables y permanentes”. esta es una de las razones, entre otras, por la cual se debe aplicar un examen de razonabilidad más estricto cuando se juzgan las clasificaciones basadas en dichos criterios de diferenciación.
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Inmigración y Derechos Humanos en la UE  Análisis de la directiva 2008/115/CE

Inmigración y Derechos Humanos en la UE Análisis de la directiva 2008/115/CE

Por último, en lo relativo a la regulación europea en materia de inmi- gración ilegal (a medio camino entre la política de protección de fronteras y la de admisión de inmigrantes) cabe destacar: la Directiva 2002/90 de 28 de noviembre de 2002 destinada a definir la ayuda a la entrada, circulación y estancias irregulares; la Directiva 2001/51/Ce de 28 de junio de 2001 por la que se completan las disposiciones del artículo 26 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, con el objetivo de establecer sanciones a los transportistas que no posean los documentos de viaje exigidos y transporten a nacionales de terceros estados; la Directiva 2004/82/Ce del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la obligación de los transportistas de comunicar los datos de las personas transportadas; la Directiva 2001/40/Ce del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países; la Deci- sión 2004/573/Ce del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la organi- zación de vuelos conjuntos para la expulsión, desde el territorio de dos o más estados miembros, de nacionales de terceros países sobre los que hayan recaí- do resoluciones de expulsión y la Directiva 2003/110/Ce de 25 de noviembre de 2003 sobre la asistencia en casos de tránsito a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea. Todas ellas dirigidas a la repatriación o a sancionar conductas que colaboren con la inmigración ilegal. La última normativa en esta materia es la Directiva 2008/115/Ce de 16 de Diciembre de 2008, estu- diada a continuación.
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La Directiva de Retorno de la Unión Europea: apuntes críticos desde una perspectiva de derechos humanos

La Directiva de Retorno de la Unión Europea: apuntes críticos desde una perspectiva de derechos humanos

adelante una importante labor de control migratorio, según las pautas, intereses y objetivos definidos por autoridades de los países de la UE. Sobre la externalización del control migratorio hacia la UE, véanse: AA.VV. Frontera Sur. Nuevas políticas de gestión y externalización del control de la inmigración en Europa. Barcelona, Virus Editorial, 2008. RIJPMA, J. y CREMONA M. The Extra-Territorialisation of EU Migration Policies and the Rule of Law. Italia, European University Institute, Working Papers, Law 2007/01, 2007. WEINZIERL, R. The Demands of Human and EU fundamental Rights for the Protection of the European Unions External Borders. Berlin, German Institute for Human Rights, 2007. CERIANI, P. El control de la inmigración irregular en España a la luz de los tratados de derechos humanos: en las fronteras de la legitimidad. Universidad de Valencia, inédito, 2008.
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"La externalización del control de fronteras en la UE y sus implicaciones en la protección de los Derechos Humanos: Liba""

"La externalización del control de fronteras en la UE y sus implicaciones en la protección de los Derechos Humanos: Liba""

Finalmente, la ruta del este del Mediterráneo cruza Turquía para cruzar el mar hasta las islas griegas y así llegar a los países del centro de Europa cruzando la ruta de los Balcanes. Esta ruta ha ido creciendo progresivamente, debido a la disminución de los flujos migratorios en otras rutas, pero sobre todo, por la política sobre visados que tenía el gobierno turco, que permitía a muchas personas africanas llegar a Turquía por aire para luego poder adentrarse en Europa. En el año 2006, el tráfico migratorio en esta ruta empieza a ser significativo, cuando los flujos de personas llegadas desde Somalia y Afganistán se suman a los ya existentes desde los países sub-saharianos. En 2008 se alcanza la cifra de 40.000 personas y la UE comienza a llevar a cabo operaciones de vigilancia fronteriza conjuntamente con el gobierno griego. En 2012 se construye una valla en la frontera terrestre, delimitada por el río Evros, lo que resulta en una desviación de la ruta, obligando a los inmigrantes a atravesar el mar Egeo hacia las islas griegas. Este cambio de ruta coincide con un aumento del número de personas transitando por el corredor, provenientes en su mayoría de la guerra civil siria, lo que resulta en un aumento de la mortalidad en el mar. Cabe resaltar que esta ruta tiene una marcada estacionalidad, registrándose el mayor número de llegadas durante la estación estival. 11
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Reglamento (CE) N 1205/2008 de la Comisin de 3 de diciembre de 2008, por el que se ejecuta la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los metadatos

Reglamento (CE) N 1205/2008 de la Comisin de 3 de diciembre de 2008, por el que se ejecuta la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los metadatos

Si el recurso es un conjunto de datos espaciales o una serie de conjuntos de datos espaciales, se aportará, como mínimo, una palabra clave del Tesauro Multilingüe Europeo para el Medio Ambiente [General Environmental Multi- lingual Thesaurus (GEMET)] que describa el tema de los datos espaciales correspondientes según las definiciones de los anexos I, II o III de la Directiva 2007/2/CE.

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Las cláusulas de elementos esenciales de los acuerdos comerciales de la UE: ¿Contribuye la política comercial de la UE a la protección de los Derechos Humanos?

Las cláusulas de elementos esenciales de los acuerdos comerciales de la UE: ¿Contribuye la política comercial de la UE a la protección de los Derechos Humanos?

Resumen: Este artículo examina de una manera crítica la política europea de incluir cláusulas de ‘elementos esenciales’ en acuerdos comerciales, como princi- pal medio para la realización del nexo comercio-derechos humano exigido por la obligación de la UE de articular sus relaciones externas para la promoción de sus valores fundamentales. Después de estudiar la anatomía de dichas cláusulas, el ar- tículo se propone analizar las críticas que estas cláusulas han generado en rela- ción con (i) el hecho de que no todos los acuerdos comerciales de la UE contienen estas cláusulas, (ii) su redacción y alcance, y (iii) su evaluación e implementación. El artículo concluirá con una valoración de la efectividad y legitimidad de esta po- lítica y de la manera en la que influye sobre la credibilidad del programa norma- tivo de las relaciones exteriores de UE.
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Análisis psicosocial de los derechos humanos

Análisis psicosocial de los derechos humanos

El marketing digital o marketing online es el desarrollo de estrategias de publicidad y comercialización a través de los medios digitales, en las cuales todas las técnicas que se emplea[r]

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La directiva de servicios y la movilidad de trabajadores en la UE

La directiva de servicios y la movilidad de trabajadores en la UE

Sin embargo, el sector servicios es en esos países objeto de una fuerte desreglamen- tación y esto corresponde a casi dos empleos de cada tres. ¿Cómo conducir políticas de empleo que se darían, por ejemplo, con la ambición de favorecer la inserción de tal cate- goría más débil, permitir un aumento del nivel de empleo, si los poderes públicos se encuentran frente a la realidad de una competencia no sólo entre empresas sino también entre sistemas sociales? Por ello, la lógica de la directiva Bolkestein finalmente es la siguiente: promover un dumping social que permita una reducción general del coste del trabajo –siendo el fin último permitir la constitución de la zona más competitiva del mundo. O bien, el medio más soberano para reducir el coste del trabajo, no cualificado en primer chef pero no sólo eso sino permitir que los trabajadores asalariados sean pues- tos en competencia no sólo sobre sus competencias ni su utilidad, sino sobre su número y sobre el medio coste de su protección social. No nos engañemos : Esto es lo que está en juego, dar una prima a estos países que ofrecerán la mano de obra menos cara, la más flexible, la menos “rígida” como dicen los liberales, incitando a los que se resuelvan espontáneamente a seguir el movimiento en nombre de la adaptación a la competencia.
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ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS

da considerar que el surgimiento técnico jurídico de los derechos humanos, empata con el nacimiento de las constituciones modernas. En términos gene- rales, una constitución moderna es un documento de derecho público en el que se precisan las formas de estado y de gobierno, determinando de manera estricta las facultades y competencias de los órga- nos de poder (parte orgánica) así como el desarro- llo de un catálogo de derechos elementales tanto individuales como sociales cuya titularidad corres- ponde a los gobernados, en consecuencia aquéllos deberán ser respetados y garantizados por los go- bernantes (parte dogmática). La constitución obe- deció a una necesidad de carácter histórico: evitar el ejercicio abusivo del poder. En efecto, ahora este moderno instrumento consagrará un principio fun- damental en el derecho público: la legalidad. Este principio puede traducirse de manera muy general en las siguientes palabras: “El gobernante no puede ejercer facultad alguna que no conste de manera expresa en la ley”. Es el principio básico del derecho público, de tal suerte que permite distinguirlo del privado, cuyo principio general es contrario: “lo que no se encuentra expresamente prohibido, está per- mitido”. El principio de legalidad vino a dar a los go- bernados seguridad, certeza. Se trata, en suma, de poder contar con un marco referencial preciso de los alcances de los actos del gobernante. En conse- cuencia, en la constitución se fundamenta el estado de derecho, cuyos elementos son el reconocimien- to y garantía de los derechos humanos así como la delimitación de los órganos de poder. En este sen- tido, el artículo 16 de la Declaración de los Dere- chos del Hombre y del Ciudadano del 26 agosto de 1789 establecía de manera contundente: “Artículo 16º - La sociedad en donde no estén garantizados los derechos ni esté establecida la separación de los poderes, carece de Constitución.”
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Situación de los derechos humanos en el Noroeste argentino en 2008

Situación de los derechos humanos en el Noroeste argentino en 2008

Entre los meses de agosto y septiembre del año 2008 una Misión constituida por representantes de varias organizaciones con sede en Cataluña (España) visitó el Noroeste argentino y las pro- vincias de Córdoba y Mendoza con el propósito de investigar y documentar la situación de los Derechos Humanos en comunidades campesinas e indígenas de las provincias de Santiago del Es- tero, Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y Córdoba. Para el relevamiento de la información y la reali- zación de las entrevistas se contó con la partici- pación de organizaciones del Movimiento Nacio- nal Campesino Indígena de Argentina (MNCI) y algunos miembros de las Asambleas de Vecinos
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El Protocolo de Kioto y la industria : análisis del tejido industrial onubense afectado por la Directiva 2003/87/CE (2008 2010)

El Protocolo de Kioto y la industria : análisis del tejido industrial onubense afectado por la Directiva 2003/87/CE (2008 2010)

Por último entramos en las empresas del grupo de generación, compuesto por dos sociedades, Unión Fenosa Generación, S.A.- Palos de la Frontera, y Endesa Ciclo Combinado, S.L.- Cristóbal Colon. Respecto a la primera, debemos afirmar que es la mayor deficitaria de derechos de emisión, ya que durante los tres años entre los que transcurre el presente estudio, siempre ha contado con un número mayor de emisiones que de derechos asignados. La estrategia que ha seguido esta empresa para equilibrar el perjuicio económico que puede conllevar el déficit de permisos de emisión, ha sido la de poner en práctica proyectos de Desarrollo Limpio o Aplicación Conjunta con los que ha conseguido CER/ERU hasta alcanzar la cifra de 1.631.787 títulos, siendo la empresa, de todas compañías analizadas en el presente estudio, que mayor número de certificaciones ha obtenido.
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Educación, cultura e inmigración en el marco de los derechos humanos : cambio social y cultural en la Mallorca de la inmigración (magrebí)

Educación, cultura e inmigración en el marco de los derechos humanos : cambio social y cultural en la Mallorca de la inmigración (magrebí)

Los aspectos relacionados con la diversidad sociocultural constatan un uso general del catalán como lengua vehicular de los centros y paralelamente como lengua de acogida al alumnado inmigrante. El árabe sólo se imparte en un centro y como actividad extraescolar. La enseñanza de la religión musulmana tiene lugar sólo en uno de los centros. La participación del alumnado magrebí en las fiestas del centro i en las actividades extraescolares es habitual en todos los centros a excepción de uno en que esta participación se da en contadas ocasiones. Casi la mitad de los centros dispone de pautas alimenticias para este tipo de alumnado. Un punto optimista de este análisis señala que la relación con las familias magrebíes es cada vez mejor y en dos de los casos está totalmente normalizada. La participación de las familias magrebíes en las AMIPAS es aún escasa. No se señala una problemática específica de género en los centros.
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60 Años de Derechos Humanos  1948 2008

60 Años de Derechos Humanos 1948 2008

consultarse como anexo a este texto. Sin embargo sí voy a destacar aquellas contribuciones que considero más novedosas o relevantes. En primer lugar es reseñable el reconocimiento que se hace del papel de las organizaciones no gubernamentales. Si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos tenía como agentes protagónicos de su aplicación e implementación a los Estados, paulatinamente y como vemos también en la tercera generación de derechos humanos cada vez más se reconoce la importancia de otras instancias de actuación por debajo y por encima de los estados nación, como es el caso de los organismos no gubernamentales o lo que podríamos también denominar la sociedad civil. Es importante este reconocimiento del papel de la sociedad civil y los diferentes movimientos sociales, más aún si cabe teniendo en cuenta que las organizaciones y los movimientos de mujeres son en gran medida responsables de la incorporación de la mujer en las instituciones y declaraciones internacionales. Otra aportación interesante de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en su artículo 4 sobre las responsabilidades del Estado, es una pequeñita frase que, aunque apenas llega a explicarse, es un matiz signifi cativo y de gran importancia; aparece en la sección f) «evitar efi cazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de las leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer». La visión de las mujeres como víctimas es paralizante y reduccionista,
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DIRECTIVA 94/65/CE DEL CONSEJO

DIRECTIVA 94/65/CE DEL CONSEJO

En particular, no podrá prepararse ni a partir de carne contemplada en el artículo 5 de la Directiva 64/433/CEE ni a partir de carne procedente de las siguientes partes de bovinos, porcinos, ovinos o caprinos: carne de la cabeza, con exclusión de los maseteros, y parte no muscular de la línea alba, región del carpo y del tarso, desechos de carne raspada de los huesos. Los músculos del diafragma -previa separación de las membranas serosas- y los maseteros sólo podrán utilizarse tras el examen de detección de la cisticercosis. La carne fresca no deberá contener fragmento alguno de huesos.
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Reseña de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2008)

Reseña de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2008)

La Corte Interamericana no se había pronunciado sobre la materia directamente, pero sí lo había hecho en forma indirecta. En el caso Herrera Ulloa consideró la sanción desproporcionada (ocho años de cárcel) y, en ningún caso, incompatible per se con la Convención. Por su parte, en el caso Canese el tema era que la sanción iba dirigida contra el periodista que reproducía la información, lo que es distinto, y tampoco en este caso hay un pronunciamiento contra la reacción penal. En la sentencia del caso Kimel la Corte señala que la acción penal no puede estar excluida per se. Al contrario, es posible que sea utilizada como ultima ratio y que sea aplicada con propor- cionalidad. Incluso no es necesario que implique privación de libertad, pero es una forma de protección de los derechos humanos que no debiera ser excluida siempre y a todo evento para la protección de derechos. Así señala la Corte Interamericana:
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La política de la UE en inmigración y asilo: La crisis de 2015

La política de la UE en inmigración y asilo: La crisis de 2015

La propuesta de Reglamento de 2015 introduce solo ciertos cambios en la regulación de la Di- rectiva de 2013 sobre procedimientos de asilo. Además de las lógicas referencias a la posible coexistencia de listas de designación nacional con la lista común a la UE, se incluye un artículo 3 relativo a la eliminación de un tercer país de dicha lista en caso de cambio brusco de la situación. La Comisión es clara en su afirmación de que la inclusión de un país en la lista común a la UE de países de origen seguros no constituye una garantía absoluta de seguridad para los nacionales de ese país y no excluye el examen individual de la solicitud de protección internacional. Si se de- muestra que existen motivos para no considerar seguro el país en las circunstancias particulares del demandante, no se aplicará este concepto en lo que se refiere a esa persona.
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La adaptación de la normativa reguladora del derecho de desistimiento a las exigencias de la directiva 2011/83/UE sobre derechos de los consumidore

La adaptación de la normativa reguladora del derecho de desistimiento a las exigencias de la directiva 2011/83/UE sobre derechos de los consumidore

cuencia, según el artículo 71 del Texto refundido, es que se amplia el plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento a tres meses a contar desde que se entregó el bien contratado o se hubiera celebrado el contrato si el objeto de éste fuera la prestación de servicios. Si el deber de información y documentación se cumple durante el citado plazo de tres meses, el plazo nuevamente se modifica, en este caso acortán- dose, pues el consumidor dispondrá de un nuevo período de siete días hábiles a partir de ese momento (artículo 71.3 TRLCU). En la propuesta de nueva normativa, se amplia el plazo para desistir hasta doce meses después de la fecha de expiración del periodo inicial (artículo 104 Anteproyecto). Si el empresa- rio cumple con retraso la obligación de facilitar la información, pero lo hace en el plazo de doce meses a partir de la fecha contemplada en el artículo 103, el plazo de desistimiento expirará a los catorce días naturales de la fecha en que el consumidor reciba la información (artículo 104.2 Anteproyecto). En este caso, la consecuencia jurídica del incumplimiento del deber de información es la misma, pero, los plazos difieren enormemente (tres meses a un año). Cabe preguntarse la razón por la cual el legislador no ha adaptado la duración del plazo del régimen general al previsto en el artículo 104, toda vez que este plazo es la «regla común y uniforme» en los textos armonizadores, en la legislación comunitaria y en la nor- mativa española armonizada (Ley de Contratos a Distancia de Servicios Financieros, Ley de Crédito al Consumo, Ley de Contratos de Aprovechamiento por Turnos….). La duda es si tal proceder no obedece a la razón de evitar conflictos con la regulación sectorial. De todos modos parece razonable sugerir, sin duda, la conveniencia de generalizar el plazo de un año aún cuando ello conlleve la modificación de la normativa sectorial. En relación con la particular regla recogida en el artículo 108 del Anteproyecto, repetimos la idea de que no creemos que pueda mantenerse la posibilidad de que el consumidor pueda instar la anulación del contrato por incumplimiento del deber de información, ya que una regla de tal tipo resultaría contraria a las exigencias derivadas del principio de armonización plena contenido en la Directiva. Creo que de esta manera, se resolvería también la discusión sobre su posible aplicación ana- lógica a los supuestos contemplados en la normativa sectorial 39 .
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AMNISTÍA INTERNACIONAL : INFORME 2008 : EL ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO

AMNISTÍA INTERNACIONAL : INFORME 2008 : EL ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO

solicitantes de asilo en peligro cuando intentaban llegar a Europa por mar. Sin embargo, se conculcaron los derechos de muchas de estas personas en el curso de su interceptación y en los centros de tramitación de carácter extraterritorial. Las condiciones de reclusión de las personas detenidas en tales centros y su derecho de acceso al procedimiento de concesión de asilo no se adecuaban a las normas internacionales. El 30 de enero, el servicio de rescate marítimo español (Salvamento Marítimo), interceptó la embarcación Marine I con 369 personas a bordo. El pasaje, que se pensaba que provenía de Asia y del África subsahariana, se dirigía a las Islas Canarias. El servicio de rescate español ayudó a la embarcación a alcanzar una posición situada a 12 millas náuticas de la costa de Mauritania, donde permaneció casi dos semanas hasta que las autoridades mauritanas y españolas acordaron, el 12 de febrero, permitir que atracase en Mauritania. Como parte del acuerdo, las autoridades españolas tenían autorización para gestionar en Mauritania la prestación de asistencia y la tramitación del tránsito de los migrantes y solicitantes de asilo. Las autoridades españolas aceptaron tramitar las solicitudes de asilo de 10 srilankeses que iban a bordo, que fueron trasladados a las Islas Canarias junto a otras 25 personas. Pero, a pesar del informe positivo elaborado por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), las solicitudes de asilo no fueron admitidas en virtud del procedimiento de asilo español y esas 10 personas fueron expulsadas el 25 de marzo. Según informes recibidos en abril, de las 369 personas que iban a bordo del Marine I, 35 fueron devueltas a Guinea, 161 a India y 115 a Pakistán. Al parecer, 23 continuaron detenidas en un hangar de Mauritania sujeto al control efectivo de las autoridades españolas en condiciones que no se ajustaban a la legislación española. El 18 de mayo se trasladó a 17 de ellas a un centro de detención bajo jurisdicción mauritana y en junio fueron devueltas a Pakistán. Las otras 6 fueron trasladadas a Melilla, en España, para recibir tratamiento psicológico debido a su experiencia bajo custodia.
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Directiva (2006-25-CE)B

Directiva (2006-25-CE)B

(8) El nivel de la exposición a la radiación óptica se puede reducir de manera más eficaz mediante la aplicación de medidas preventivas en la concepción de los puestos de trabajo, así como concediendo prioridad, en la elección de los equipos, procedimientos y méto- dos de trabajo, a la reducción de los riesgos en su origen. Por lo tanto, las disposiciones relativas a los equipos y métodos de trabajo contribuyen a la protección de los trabajadores que los utilizan. Con arreglo a los principios generales de prevención que establece el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo ( 3 ), las medidas de protección co-
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La Convención Americana de Derechos Humanos y los derechos de protección establecidos en la Constitución del 2008

La Convención Americana de Derechos Humanos y los derechos de protección establecidos en la Constitución del 2008

Ana Belén Machuca Zea 23 derechos civiles y libertades personales. Claro está y la historia nos ha enseñado que el Neoliberalismo tampoco es respuesta a la violación de derechos humanos y a mi criterio es un modelo socioeconómico injusto, excluyente y estructuralmente desigual El Estado boliviano, adoptó un procedimiento interno observando lo dispuesto en el Artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que no comprende un control difuso de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, sino como parte de un bloque de constitucionalidad, que comprende internamente un control concentrado a cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional, similar a la situación de Venezuela y Ecuador. Sin embargo de acuerdo al sitio web de human rights watch persisten serios problemas como amenazas a la independencia judicial y la impunidad de delitos violentos y violaciones de derechos humanos. El uso extendido y arbitrario de la prisión preventiva y las demoras en los juicios atentan contra los derechos de los acusados y agravan la sobrepoblación carcelaria. El gobierno del Presidente Morales —que fue reelegido con el 61 por ciento de los votos en octubre— continuó persiguiendo a defensores de derechos humanos y periodistas críticos durante 2014, y no respetó plenamente el derecho de las poblaciones indígenas a otorgar su consentimiento libre e informado en forma previa. La violencia contra mujeres y el trabajo infantil continúan siendo alarmantes. 17
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