PDF superior Jurisprudencia ambiental en Navarra

Jurisprudencia ambiental en Navarra

Jurisprudencia ambiental en Navarra

También se desestiman los otros motivos casacionales relativos al contenido necesario de los planes de residuos. Según la sentencia recurrida, son “insuficientes los mapas de potenciales ubicaciones establecidos en el Plan, porque no alcanza éste a señalar el emplazamiento concreto de los lugares de eliminación de los residuos, ni los criterios de localización empleados resultan suficientemente precisos”, siendo necesario que sea el propio documento de planeamiento, y no otros documentos aportados con posterioridad, el que debe dar satisfacción a la exigencia legal. El TS, recordando la jurisprudencia recaída en la materia, considera que los planes de residuos deben “incluir un mapa que señale el emplazamiento concreto que se dará a los lugares de eliminación de los residuos o unos criterios de localización suficientemente precisos para que la autoridad competente para expedir una autorización pueda determinar si el lugar o la instalación de que se trata está incluido en el marco de gestión prevista por el plan”. En el caso del PIGRIN, la Sentencia concluye que “no prevé los lugares en que han de venir a emplazarse las instalaciones de gestión de residuos sino que se contemplan una serie de ubicaciones sobre los que la decisión correspondiente queda deferida a un momento ulterior, ni tampoco se emplean criterios de localización suficientemente precisos a los efectos establecidos en la normativa aplicable”. Se efectúa así “un cumplimiento solo aparente, y no real, del mandato legal aplicable” que explica la anulación del Plan (FJ 5.º, C).
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Jurisprudencia ambiental en Navarra

Jurisprudencia ambiental en Navarra

1. Panorama general Han sido muchas y muy variadas las sentencias en materia ambiental que se han dictado en Navarra en este período. Las que serán objeto de una atención especial en los siguientes apartados son las siguientes: un supuesto de ruido por tráfico por el que se condena a la Administración foral a adoptar las medidas correctoras pertinentes; dos sentencias sobre responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños producidos por la caída de una rama de un árbol y de un nido de cigüeñas; otras dos sentencias relativas a autorizaciones ambientales; y, finalmente, dos sentencias penales en las que no ha habido condena por delito ecológico.
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Jurisprudencia ambiental en Navarra (Segundo semestre 2016)

Jurisprudencia ambiental en Navarra (Segundo semestre 2016)

5. Relación de sentencias — STSJ de Navarra de 28 de enero de 2016: impugnación extemporánea de acto de clasificación de vías pecuarias tras operación de concentración parcelaria. — STSJ de Navarra de 15 de febrero de 2016: reclamación patrimonial por los daños causados por el incendio de un nido de cigüeña, desestimada por no existir relación de causalidad con una actividad de la Administración, siendo los daños debidos a la intervención negligente de un tercero (la titular de la torre de alta tensión).

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Jurisprudencia ambiental en Navarra

Jurisprudencia ambiental en Navarra

1. Introducción En el último semestre se han dictado en Navarra cuatro sentencias con contenido ambiental. Dos de ellas revisten gran interés por tratarse de actividades industriales de importancia (una explotación minera y una fábrica de cementos) y que llevan años envueltas en cierta polémica. Curiosamente, la actividad que ha resultado prohibida contaba con el apoyo municipal, mientras que en el otro supuesto es el propio municipio el que rechaza la actividad industrial y ha visto desestimada —una vez más— su oposición en los tribunales de justicia.
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Jurisprudencia ambiental en Navarra

Jurisprudencia ambiental en Navarra

Se recuerda el carácter reglado de las licencias ambientales y que los ámbitos reservados al control de la Administración municipal son el urbanístico y el de las ordenanzas municipales. En el caso concreto no se aprecian razones urbanísticas para la denegación de la licencia, porque en el expediente existe un informe urbanístico favorable. La denegación de la licencia atendía a las molestias causadas a unas viviendas cercanas por la frecuencia e intensidad de las voladuras en la cantera, así como por la carga y el transporte de la piedra mediante camiones de gran tonelaje. Pero esas circunstancias, advierte la Sentencia, fueron ya analizadas en la evaluación de impacto ambiental que concluyó con una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable. Y entiende la Sentencia que “no es conforme al ordenamiento jurídico que el Ayuntamiento deniegue la licencia de actividad por aspectos que han sido evaluados en el estudio de impacto ambiental y aprobados en la DIA favorable”.
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Jurisprudencia ambiental en Aragón

Jurisprudencia ambiental en Aragón

Además, es preciso tener en cuenta que la acción forma parte del conjunto de actuaciones llevadas a cabo por la ANGED frente a los tributos medioambientales fijados por distintas comunidades autónomas, Aragón entre ellas, que incluyen la petición del planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad, denuncias contra el Reino de España ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea en relación con dichos impuestos en varias comunidades autónomas (Cataluña, Asturias, Aragón, Navarra, Canarias y La Rioja), recursos directos contra normas reglamentarias de desarrollo y la petición de que se eleve cuestión prejudicial ante el TJUE.
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Jurisprudencia ambiental en Extremadura

Jurisprudencia ambiental en Extremadura

Desde octubre de 2015 se han publicado algunas sentencias interesantes sobre cuestiones ambientales que pasamos a describir a continuación. La Sentencia de 28 de enero de 2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura trata el espinoso asunto de las potestades de los organismos de cuenca en otras políticas sectoriales como puedan ser las actividades clasificadas o el urbanismo. En concreto, se trataba sobre el valor de un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) sobre el expediente de la autorización ambiental unificada de una planta de reciclaje y tratamiento de residuos de la construcción. En un primer momento, la CHG estimó que el proyecto de planta de residuos se localizaría en la zona inundable, dentro de la que ocuparía el período de retorno de las avenidas o inundaciones de los últimos 500 años, estimándose el error en poco menos de dos metros. Esta pequeña diferencia de cota, medida en relación con un episodio de aguas altas de 2013 y en la presumible localización dentro de la red Natura 2000 de la Directiva de Hábitats, es la que le permite al promotor la retroacción del expediente de esta planta de residuos de la construcción y demolición, por lo que se anula la resolución de la Junta de Extremadura que rechazó su pretensión.
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Jurisprudencia ambiental en Aragón

Jurisprudencia ambiental en Aragón

Dicho lo anterior, el núcleo del debate litigioso se centra en el ajuste a derecho de una actuación administrativa, en un procedimiento de concurrencia competitiva, en el que la decisi[r]

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Jurisprudencia ambiental en Aragón

Jurisprudencia ambiental en Aragón

Los impuestos medioambientales en cuestión son tres. Por una parte, el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las instalaciones de transporte por cable, con el que se grava el daño medioambiental causado por las instalaciones de transporte por cable, sean estas en su modalidad de transporte de personas en las instalaciones de funiculares, teleféricos y remonta-pendientes de las estaciones de esquí (que pueden ser telecabinas, telesillas y telesquí) o sean de transporte de mercancías o materiales en las instalaciones de remonte utilizadas en el medio forestal. Y, en consecuencia, el hecho imponible se configura por referencia a ese daño ambiental causado por dichas instalaciones, agravado, en el supuesto de instalaciones de estaciones alpinas, por la utilización de las pistas con otros fines tolerados y permitidos (turísticos, deportivos), pero que implican mayores concentraciones humanas, desplazamientos masivos de automóviles o deforestación, entre otros efectos contaminantes o degradantes negativos. Y dicho daño se entiende producido aun cuando dichas instalaciones se encontraran en desuso o no hubieran entrado en funcionamiento.
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Jurisprudencia ambiental en Andalucía

Jurisprudencia ambiental en Andalucía

El TSJA recuerda la reiterada jurisprudencia, con base legal indiscutible, sobre los efectos directos y vinculantes, aun a falta de planificación de desarrollo, de los denominados estándares urbanísticos o normas de directa aplicación, entre ellas, y singularmente dentro de las nuevas orientaciones del urbanismo de regeneración y recuperación de ciudad (frente a los modelos anteriores de urbanismo desarrollista y constructivo), la obligación de adaptación de las construcciones al ambiente. Su aplicación, se recuerda, es directa tanto en defecto de planeamiento como en el supuesto de existencia y contradicción con este, a pesar de que, como también se recuerda, nos encontramos con conocidos conceptos jurídicos indeterminados, pero de indudable naturaleza reglada, “donde en su apreciación se introduce con frecuencia un tanto de discrecionalidad o subjetivismo, en razón del halo de dificultad que caracteriza el espacio de incertidumbre que media entre las zonas de certeza positiva y negativa” (FJ 2.º).
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Jurisprudencia ambiental en la Rioja

Jurisprudencia ambiental en la Rioja

A este respecto, se empieza recordando que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “por la propia naturaleza y finalidad de la potestad de deslinde, ésta no precisa de la concurrencia de ningún motivo, causa o justificación, que opere como requisito legitimador, para poderse promover e iniciar un expediente de deslinde”. Sentado esto, se acepta que “el expediente de deslinde cuenta con estudios técnicos en los que se fundamenta, no siendo un motivo para considerar que no son válidos para el presente procedimiento la circunstancia de que fuera declarada la caducidad del procedimiento anterior al que fueron aportados, pues la caducidad es un instituto jurídico y no una circunstancia de carácter técnico que pueda afectar a la validez de unos estudios de carácter técnico”. Se remacha esta idea evidenciando que “la parte actora no ha aportado ningún informe de carácter técnico en base al que pueda considerarse acreditado que los estudios técnicos tenidos en cuenta en el anterior expediente de deslinde son erróneos o que, por alguna circunstancia, no puedan considerarse que mantengan su habilidad para su finalidad”.
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13 Lee mas

Jurisprudencia ambiental internacional

Jurisprudencia ambiental internacional

En su pronunciamiento, la Corte IDH trajo a colación su jurisprudencia ya asentada en anteriores pronunciamientos sobre la importancia de proteger el territorio de los pueblos indígenas, dada la estrecha vinculación de estas comunidades con sus territorios ancestrales y con el medio en el que viven, afirmando la propiedad comunal de dichos territorios. También recordó que la posesión tradicional de un territorio cuenta con efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado, por lo que este ha de reconocer oficialmente su propiedad y registrarla como tal a favor de los pueblos indígenas que lo habitan. En este sentido, el Estado debe delimitar, demarcar y otorgar un título colectivo de las tierras a los miembros de las comunidades indígenas. Según la Corte IDH, estas obligaciones del Estado sobre las tierras indígenas ancestrales se aplican igualmente a los territorios alternativos a los que han sido trasladadas las comunidades indígenas. De no ser así, se estaría limitando el goce del derecho a la propiedad colectiva de dichos pueblos sobre un territorio al que, aun no existiendo una ocupación prolongada o relación ancestral con él, han sido trasladados forzosamente por el propio Estado por razones ajenas a la voluntad de los pueblos indígenas.
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18 Lee mas

Jurisprudencia ambiental en Catalunya

Jurisprudencia ambiental en Catalunya

En el ámbito del urbanismo, nos parece interesante mencionar la STSJ CAT 672/2014, de 24 de noviembre. Esta sentencia es fruto de un recurso ordinario en el que se impugnan, por una parte, el Acuerdo adoptado por la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 5 de noviembre de 2009, por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Llinars del Vallès para la implantación de un centro dedicado a la práctica de deportes del motor en un ámbito situado entre el “Torrent del Fou” y el “Torrent de la Figuera”, y, por otra, también se impugna la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto por las entidades actoras contra dicho Acuerdo de modificación puntual del Plan General. La parte actora o demandante (la Asociación Plataforma Stop Karting para la Defensa Cultural, Social y Ambiental del Territorio, la Asociación para la Defensa del Corredor Montnegre y Baix Montseny, la Asociación para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza en Cataluña y la Asociación Amigos del Mall) interpone dicho recurso con el propósito de que el Tribunal declare nula de pleno derecho la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General o, por lo menos, nula con retroacción de actuaciones. A esta pretensión invalidatoria se ha opuesto la parte demandada: el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Llinars del Vallès y la Federación Catalana de Automovilismo.
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9 Lee mas

Jurisprudencia ambiental internacional

Jurisprudencia ambiental internacional

Y, por último, tratándose de cuestiones medioambientales, en su última jurisprudencia el TEDH ha hecho un gran hincapié en que no solo ha de controlarse el contenido material de las decisiones estatales, sino también observar si se han cumplido los requisitos procesales debidos y necesarios para afirmar que el procedimiento de toma de decisiones fue el correcto. En este sentido, el TEDH comprueba si se informó a los ciudadanos antes de la adopción de las medidas que pudieran afectarles a ellos o al medio ambiente, si se permitió su participación en la adopción de las decisiones —lo que implica generalmente que puedan realizar alegaciones— y si, una vez adoptada la medida, se habilitaron mecanismos para que pudieran impugnar tales decisiones si consideraban que sus derechos se habían visto perjudicados por ellas.
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16 Lee mas

Jurisprudencia ambiental en la Rioja

Jurisprudencia ambiental en la Rioja

1. Panorámica general En el período comprendido entre octubre de 2014 y abril de 2015 apenas han aparecido sentencias dictadas en aplicación de normativa ambiental por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. No obstante, merece particular atención la que vuelve a confirmar la validez de la Orden aprobada para la aplicación del impuesto autonómico sobre el impacto visual (2). En cuanto al resto, se dará cuenta de dos resoluciones que versan sobre ayudas al desarrollo rural y que niegan que el IVA correspondiente a la actuación objeto de ayuda sea un gasto subvencionable en el ámbito del FEADER (3); de otra que estima parcialmente un recurso contra sanción en materia de caza (4); y, finalmente, de un último pronunciamiento que dirime la disputa entre colegios profesionales en relación con las atribuciones para llevar a cabo la inspección técnica de edificios (5).
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Jurisprudencia ambiental en Extremadura

Jurisprudencia ambiental en Extremadura

En el ámbito del derecho penal ambiental, destacamos la SAP, Sección 2.ª, de Cáceres, de 9 de diciembre de 2014, por la cual se condena a un constructor y a los promotores del levantamiento de una vivienda en suelo especialmente protegido, revocándose la sentencia absolutoria de instancia. Una de las características de este caso se basa en la alegación de la defensa de que el constructor había incurrido en error de prohibición, aspecto que rechaza la AP en su FJ 4.º: “Por lo tanto, como colofón de esta valoración de prueba tenemos que dar por probado que en relación con el constructor partimos de la base de que al tratarse de un profesional de la construcción, él mismo expuso que lleva 20 años en la empresa de construcción, que es a eso a lo que se dedica, y que es el único socio, bien sabía y conocía que no se puede construir sin licencia del ayuntamiento y que tampoco se puede levantar una edificación de nueva planta sin contar con un proyecto técnico, por lo que la aludida ignorancia en modo alguno se encuentra amparada por ningún dato o cuestión, incluso antes de haber acudido la Guardia Civil al lugar e informarle de la ausencia de esos requisitos y aún así continuó con la construcción hasta prácticamente rematar la obra, al menos por fuera, y en parte por dentro, mucho más allá de lo que estaba construido el 9 de marzo de 2012”. Con el mismo criterio se predica del promotor: “En cuanto a la participación del promotor, no podemos sino llegar a la misma conclusión, aunque en virtud del principio in dubio pro reo partamos de que antes de comenzar la obra el mismo, al no ser un profesional de la construcción no sabía ni conocía que necesitaba esos permisos, desde el 9 de marzo ya si lo sabía, y aún así continuó esa construcción de una vivienda de su propiedad, compartida con su esposa, sin adoptar la más mínima diligencia para constatar que esa edificación podía levantarse, y desde ese momento ya consideramos que concurre el elemento subjetivo al haber continuado esa obra después de esa fecha”.
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6 Lee mas

Jurisprudencia ambiental en las Islas Baleares

Jurisprudencia ambiental en las Islas Baleares

“En definitiva el PT i l’AIP «entorns de Son Reus» impugnada en aquest debat el que pretén és donar la coordinació instrumental necessària per a la millora ambiental i paisatgística d’aquest espai concret en el qual interactuen diferents PDS, harmonitzant i integrant tot això, tot això sense contradir les especificitats resultants de la matèria ordenada pels PDS. I tot això es considera que ha de ser executat a través d’un pla especial i no d’un projecte, com informa la Direcció Insular de Residus en l’informe esmentat per l’actora. I quant a la denúncia d’una excessiva indefinició de mesures d’integració paisatgística deferint tot això a la redacció d’un pla especial la demandada recorda el caràcter d’instrument general del PTI que té una visió de conjunt i no de detall, havent de fixar solament els principis rectors, objectius, directrius etcètera, que s’apunten en la fitxa AIP II de l’entorn de Son Reus que han de servir per al desplegament d’aquest Pla Especial”.
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29 Lee mas

Jurisprudencia ambiental en las Islas Baleares

Jurisprudencia ambiental en las Islas Baleares

En este apartado (punto tercero del Resuelvo DECIMOSEXTO) se distingue en sintonía con lo Resuelvo QUINTO, NOVENO de la Resolución de 13 de Octubre de 2011 del Consejero [r]

41 Lee mas

Jurisprudencia ambiental de la Unión Europea

Jurisprudencia ambiental de la Unión Europea

En el período comprendido entre el 16 de diciembre de 2013 y el 15 de junio de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia en doce asuntos relacionados con el Derecho ambiental. Entre ellas, cuatro fueron dictadas en el marco de procedimientos incoados por la Comisión Europea, sobre la base del artículo 258 TFUE, en relación con el incumplimiento por parte de distintos Estados miembros de actos legislativos de la Unión Europea que tienen por objeto la protección del medio ambiente. Las demás sentencias fueron dictadas en respuesta a peticiones de decisión prejudicial remitidas al Tribunal de Justicia por órganos jurisdiccionales nacionales en relación con la interpretación de distintas disposiciones del Derecho de la Unión Europea.
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12 Lee mas

El Derecho Ambiental en la jurisprudencia constitucional

El Derecho Ambiental en la jurisprudencia constitucional

Todas estas son las instituciones que nues- tra jurisprudencia constitucional ha identifica- do, ha estudiado, ha desarrollado y ha pro- yectado sobre nuestro ordenamiento jurídico en ge[r]

25 Lee mas

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