PDF superior La autonomía personal de las Cortes Generales

La autonomía personal de las Cortes Generales

La autonomía personal de las Cortes Generales

El cuarenta aniversario de la Constitución Española es un acon- tecimiento excepcional en nuestra historia. La Norma Fundamental de 1978, la más longeva de todas nuestras Leyes supremas, ha guiado el desarrollo del Estado autonómico, la entrada del Derecho Europeo y los cambios económicos, políticos y sociales que han marcado la senda de nuestra democracia. Y cuando se habla de su reforma, de su actualización y de su adaptación a las nuevas realidades y necesidades, no debemos olvidar que sus principios esenciales están especialmente protegidos por un procedimiento agravado, que no pretende hacer intocable la Constitución, sino garantizar que su modificación se emprenda con un elevado grado de consenso, con una mayoría reforzada y la intervención del pueblo español, en quien descansa la soberanía nacional y que se encuentra por encima de los intereses particulares y de los partidos políticos, instrumentos fundamentales para canalizar la participación política, pero que deben su máximo respeto a los ciudadanos que representan, tanto a los que les han votado como a los que no, de ahí la grandeza de la configuración de la institución que atesora el alma democrática, las Cortes Generales, nuestro Congreso y nuestro Senado. La Constitución de 1978 ha sido un referente para muchos de los que hoy celebramos su aniversario. Nos ha dado paz, tranquilidad y sosiego hasta en los momentos más tensos, y ha puesto en manos del ejecutivo y del legislador diversas opciones para dar solución a cuestiones fundamentales, de manera que los hombres y mujeres que han encarnado el poder en cada momento han tenido la oportunidad de elegir entre distintos caminos, pero contando siempre con la brújula del texto constitucional.
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

En efecto, este precepto de nuevo cuño, de aplicarse con su actual redacción, podría significar que, especial- mente en un momento de crisis como el actual, con una fuerte restricción del crédito a las empresas, las socie- dades no cotizadas, además que no obtener recursos financieros bancarios ni poder acudir a los mercados de capitales para financiarse, se vean obligadas a dedicar una parte de sus fondos, que puede ser sustancial, a adquirir las acciones de los socios que ejerciten el dere- cho de separación por falta de distribución de dividen- dos. La alternativa es la distribución forzosa y anual de un tercio de sus beneficios ordinarios como dividendos. Cualquiera de las dos opciones, aunque, lógicamente, más la primera de ellas, supone una desviación de los fondos sociales respecto al que sería su destino más razonable en los tiempos que corren (reinversión, divi- dendos en porcentaje inferior a un tercio, etc.) y puede, a su vez, conllevar el incumplimiento de obligaciones asumidas por la sociedad frente a terceros, principal- mente, los bancos que le hayan otorgado financiación. Es conocido que, en la actualidad, y debido principal- mente a la crisis que estamos viviendo, los contratos de financiación de las empresas incluyen cláusulas que regulan el uso y destino de los fondos o beneficios de la sociedad, así como la composición de los fondos pro- pios de las compañías, debiendo estas respetar unos parámetros o ratios referidos a porcentajes de reservas, fondos propios sobre deuda externa y similares que limitan la autonomía de las empresas a la hora de deci- dir acerca de la aplicación del resultado. Por tanto, la aplicación de este artículo dará lugar a un incumpli- miento generalizado de contratos de financiación por parte de nuestras empresas, con las enormes dificulta- des que ello generaría.
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La transformación digital de las Cortes Generales y la experiencia en el Senado

La transformación digital de las Cortes Generales y la experiencia en el Senado

– Autenticación y Autorización: Actualmente se dispone de un sistema de gestión de identidades que centraliza la identifica- ción de los usuarios en los sistemas de la Cámara, así como sus permisos y credenciales de acceso. Este medio clásico está pensado para permitir acceder a los sistemas desde la red interna a usuarios “conocidos”: los Senadores, su personal de confianza, el personal de los grupos parlamentarios y el de la Secretaría General. Próximamente será necesario evolucionar el sistema de identificación actual para permitir acceder desde cualquier ubi- cación y dispositivo, y facilitar el acceso de cualquier ciudadano a ciertas funcionalidades como las que estarán disponibles en la Sede Electrónica.
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Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales: Control y responsabilidad

Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales: Control y responsabilidad

Por lo demás, siempre he pensado que el formato de las comparecencias es manifiestamente inadecuado desde el punto de vista del control. La misma situación física del compareciente, frecuentemente situado en lugar alzado y preferente, y flanqueado por la mesa de la Comisión, invita a una actuación de lucimiento personal, en la que se hace patente la posición de superioridad natural que todo Gobierno posee. La acumulación, muy frecuente, de sus respuestas respecto de todos los parlamentarios antes intervinientes, le permite eludir cualquier contestación a cuestiones incómodas. Las comparecencias, por estas razones, no resultan ser un trámite de interrogatorio a alguien que se presenta para ser preguntado, sino una sucesión de discursos desconectados entre sí; a lo que coadyuva la incontinencia verbal de muchos parlamentarios, que sustituyen las cuestiones concretas por largas intervenciones que agotan el tiempo reglamentariamente asignado. Por fortuna, en la columna del haber ha de resaltarse el exquisito ambiente de cortesía que caracteriza a estos trámites, que solo excepcionalmente se rompe.
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Evolución y retos de la Administración Parlamentaria en las Cortes Generales

Evolución y retos de la Administración Parlamentaria en las Cortes Generales

con una enmienda del Grupo Federal IU-IC que incluyó en su ámbito de aplicación al “personal funcionario al servicio de los órganos constitucionales”, siendo corregido el texto para preservar la autonomía de las Cámaras en virtud de una enmienda firmada por todos los grupos parlamentarios del Senado. Dicha enmienda, que añadió el inciso “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Española”, ofrecía la siguiente justificación: “Enmienda considerada necesaria técnicamente, para evitar, respecto de las Cortes Generales, una interpretación contraria al principio de autonomía del Parlamento y a los instrumentos normativos previstos a tal fin en el artículo 72 de la Constitución, cuyo párrafo primero señala que “las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad que requerirá la mayoría absoluta”. Respetado, por tanto, el principio de autoorganización parlamentaria, el Congreso de los Diputados y el Senado adoptarán las medidas precisas para adaptar la presente Ley a los funcionarios de las Cortes Generales.” (BOCG, Senado, serie II, núm. 40(b), de 27 de junio de 1994).
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El Tribunal de Recursos contractuales de las Cortes Generales

El Tribunal de Recursos contractuales de las Cortes Generales

En el Diario de Sesiones de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, de 22 de junio de 2010, número 576, páginas 25 y 26, encontramos la ex- plicación de la formulación de la Disposición adicional tercera. La Sra. Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista, explica que la enmienda transaccional de referencia “pretende resolver con la mayor precisión posible la separación de poderes y por tanto reafirmar la autonomía reconocida en la Constitución que tienen las Cortes Generales como poder legislativo en esta materia cuando habla de la autonomía presupuestaria, or- ganizativa y de funcionamiento. En este sentido, querríamos suprimir el último inciso del apartado 1 del artículo 311 para llevar precisamente la regulación a la disposición adicional tercera ya existente en la Ley de Contratos, en la Ley 30/2007, donde se hace referencia a las Cortes Generales, al Congreso de los Diputados y al Senado (…)”.
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El Diario de Sesiones entre 1978 y 2018: Publicación oficial de los debates parlamentarios en la nueva etapa democrática

El Diario de Sesiones entre 1978 y 2018: Publicación oficial de los debates parlamentarios en la nueva etapa democrática

El siguiente cambio significativo fue en 1985, al solicitar a los opositores la titulación de diplomado universitario o equivalente, como con- secuencia de la aprobación del Estatuto de Personal de las Cortes Generales. Hasta la convocatoria de 1996 la oposición consistía en tres dictados a diferentes velocidades, que había que traducir; la toma y traducción en directo de sesiones de Pleno o Comisión, y un ejercicio de temas. A partir del citado año se introdujo una nueva prueba: mecanografiar y redactar una grabación de cinco minutos de una sesión parlamentaria. Hasta entonces todos los exámenes se realizaban a mano. Con esta prueba además se quería comprobar la capacidad del opositor para adaptar el lenguaje oral al escrito.
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La función interventora en el Senado

La función interventora en el Senado

A esta crítica cabe oponer una contextualización primaria, que es la que debe hacerse de todo precepto de la Constitución en el sistema interno de ésta, y no es menor el reconocimiento de la autonomía presupuestaria de las Cámaras en el apartado 1 del artículo 72, de forma diferenciada respecto de la potestad atribuida a las Cortes Ge- nerales en el artículo 66 para la aprobación de los presupuestos del Estado, previsión dual que, como afirma Alfonso Santamaría Pastor (en su intervención sobre «El régimen jurídico y la naturaleza de los Presupuestos de las Cámaras», en las I Jornadas Parlamentarias de la Asamblea de Madrid, celebradas en el año 2000), hubiera permitido  sin dificultad una aprobación por la Cámaras de sus Presupuestos independiente de la de los Presupuestos Generales del Estado, sin integrarse, como es la práctica indiscutida hasta ahora, en éstos. Si hipotéticamente sería constitucionalmente posible una aprobación independiente de los créditos para hacer frente a los gastos derivados de su organización y funcionamiento, revistiera o no forma de Ley, ¿cómo podría ser excluida la libertad de las Cámaras para la disposi- ción de los mismos y el control de tal ejecución?
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Cortes Generales y grupos parlamentarios

Cortes Generales y grupos parlamentarios

Dentro de los medios puestos a disposición de los Grupos parlamen- tarios sería igualmente necesario mencionar al personal. Por un lado está el personal funcionarial y laboral de las Cortes Generales que, lógicamente está al servicio de las Cámaras y consiguientemente, en sus lógicos términos, de los Grupos parlamentarios. No podemos olvidar que el art. 58.g) del Estatuto de Personal de las Cortes Generales recoge que “los funcionarios en situación de servicio activo estarán obligados: g) A actuar con absoluta imparcialidad política en el cumplimiento de su función”. Por otro lado nos encontramos con el personal eventual al que, con base en el art. 2 de la misma norma, le compete la asistencia directa y de confianza a los miem- bros de las Mesas y a otros parlamentarios que aquellas determinen. Pero además, el mismo precepto añade que los Grupos parlamentarios podrán contar con personal que tenga este carácter en el número que determine la Mesa respectiva de cada Cámara. En este sentido, la citada disposición tiene su origen indirectamente en el Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputaos, en su reunión de 4 de febrero de 1997, en la VI Legislatura, cuando puso en marcha el programa de asistencia a los Sres. Diputados, en virtud del cual, al margen del personal de confianza con el que pueden contar los miembros de la Mesa, se asignaba a cada grupo parlamentario un número de asistentes para apoyar a los diputados en el ejercicio de su función, de nuevo con base en la composición de los Grupos parlamentarios.
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La autonomía presupuestaria de las Cortes Generales

La autonomía presupuestaria de las Cortes Generales

Y ese “ajustarán su contratación a las normas establecidas en esta ley para las administraciones públicas” en materia de contratación, ha tenido que ser introducido de nuevo por el legislador, por tercera vez, en la disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurí- dico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/ UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Esta vez el proyecto de ley sí introducía un matiz al disponer su artículo 4.1, letra l) 1º, que los órganos competentes del Congreso y del Senado se entiende que también forman parte del sector público “a los efectos de esta ley”, en lo que respecta a su actividad de contratación. Esta salvedad no fue considerada suficientemente respetuosa con la autonomía presupuestaria de las Cámaras por sus Mesas y en consecuencia fue modificada durante la tramitación parlamentaria en el sentido anteriormente expuesto, que se mantiene inalterado desde 2007.
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Cuarenta años de las elecciones a las Cortes Generales

Cuarenta años de las elecciones a las Cortes Generales

El 15 de junio de 1977 se celebraron en España las primeras eleccio- nes democráticas en cuarenta años. Una etapa de la transición, seguramente la más delicada, desde la dictadura acababa de culminar. A partir de allí quedaba nada menos que la redacción de una constitución, pero el país disponía ya de unas Cámaras legislativas que respondían a una legitimidad bien distinta de la de las Cortes orgánicas que unos pocos meses antes votaban la Ley para la Reforma Política. Las elecciones – y todo el trabajo previo que las acompañó – habían sido un éxito, tanto en términos de participación como de limpieza electoral e igualdad de oportunidades. Desde entonces, la calidad de nuestros procesos electorales no ha bajado el listón; en los últimos cuarenta años se han celebrado puntualmente las elecciones y éstas se han desarrollado dentro de los cauces necesarios para reconocer su regularidad. Se han formado mayorías generalmente estables, se han cambiado gobiernos, han aparecido y desaparecido partidos políticos en las Cámaras y todo ello dentro de la más absoluta normalidad. Se han movilizado reiteradamente un número ingente de ciudadanos no ya sólo para participar, sino también para conformar la Administración electoral el día de las votaciones (más de doscientos cincuenta mil por cada convocatoria) y un número ingente de medios humanos y materiales de las distintas Administraciones. En fin, nos hemos acostumbrado, a diferencia de lo que sucede, aunque nos pueda parecer lo contrario, en los países con los que habitualmente nos comparamos, a que los resultados se conozcan en el cortísimo margen de unas dos horas y media desde el cierre de los colegios.
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Esquemas desadaptativos tempranos en adolescentes con y sin dependencia emocional

Esquemas desadaptativos tempranos en adolescentes con y sin dependencia emocional

La bidependencia es un fenómeno comportamental derivado de la adicción a las drogas y añadido a ésta; suele perdurar tras la deshabituación de la sustancia dado que tiende a ser una faceta estable que se aprende y adquiere durante la etapa de consumo activo. Es un hábito relacional acomodaticio, pasivizante e inhibidor de la autonomía, específico de adictos a drogas, sin descartar que se pueda presentar en adicciones no químicas ya que el condicionante no es la sustancia sino el tipo de vida que realiza el adicto (Sirvent, 2000) Suele definirse también como doble dependencia, ya que, como hemos dicho, surge en un adicto a alguna sustancia. Cuyas características, según Moral y Sirvent, 2008, se pueden enumerar en: falta de conciencia real del problema; inhibición de la propia autonomía y delegación de la toma de decisiones; búsqueda obsesiva de la pareja; y por, frecuentes sentimientos de vacío.
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El Reglamento de las Cortes Generales

El Reglamento de las Cortes Generales

será también de las Cortes Generales. Ello responde a la creencia de que debe existir un Presidente que sirva de coordinador entre ambas Cámaras, y si existe este Presidente, no debe ser la figura como órgano unipersonal que ha existido hasta ahora. Además, si no se anula o no se dice nada, continua en principio existiendo este Presidente de las Cortes con esa forma de elección “sui generis” que tenemos: elección por el Rey a propuesta de una terna del Consejo del Reino. Nosotros creemos que debe regularse de otra forma. Por lo tanto consideramos que debe tratarse aquí …” Sr. Cisnero Laborda: “Para expresar la disconformidad de nuestro Grupo con respecto a la propuesta del Sr. Gastón en nombre del Grupo Mixto, en cuya propuesta se contemplan dos cuestiones de muy distinto linaje. Una es típicamente de derecho transitorio, la que hace referencia a la figura del actual Presidente de las Cortes, figura desconocida por el proyecto constitucional, y en todo caso, de querer darle algún tratamiento constitucional, habría de ser necesariamente en el ámbito del derecho transitorio, nunca en esta disposición sustantiva. Respecto a la parte nuclear de su enmienda, entendemos que la configuración que de la Presidencia de las Cámaras y de su Presidencia conjunta, en el caso de sesión conjunta, hace el proyecto constitucional es la cabal, es la correcta. Entendemos que esa preeminencia de la Presidencia del Congreso debe quedar referida exclusivamente a las sesiones conjuntas, tal y como el proyecto constitucional establece, porque de otra suerte desvirtuaría el carácter autónomo que para las Cámaras se predica en el apartado 1 del propio precepto”.Diario de Sesiones de las Cortes núm. 80, de 2 de junio de 1978, pág. 1.275, Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas.
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Doscientos años de taquigrafía parlamentaria : de las Cortes de Cádiz a nuestros días (1810-2010)

Doscientos años de taquigrafía parlamentaria : de las Cortes de Cádiz a nuestros días (1810-2010)

Llegados a este punto debemos rendir tributo a la primera mujer taquígrafa en la historia del parlamentarismo español, doña Ángeles Soler y Torres. Aprendió taquigrafía en Madrid con otra mujer como profesora, doña Concepción Porcel, y posteriormente se especializó en la Federación Taquigráfica Española, donde consiguió diversos premios de velocidad y perfección taquigráficas. Finalmente, en 1933, con veintiocho años, consiguió aprobar la oposición para el ingreso en el Cuerpo de Taquígrafos de las Cortes Generales, lo que fue tristemente calificado en 1944 como «hecho simpático» por don Felipe Gómez Alonso en su obra Historia universal de la Taquigra- fía. Doña Ángeles Soler y Torres ocupó su puesto como taquígrafa parlamentaria hasta el 10 de marzo de 1939, fecha en que fue se- parada del servicio tras un proceso de depuración de funcionarios iniciado por el franquismo.
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La transparencia en las Cortes Generales

La transparencia en las Cortes Generales

Openness es la evolución natural de la transparencia. El impulso hacia la transparencia vivido en estos años debe culminar en un Parlamento Abierto que articule la posibilidad de los ciudadanos de participar en los procedimientos parlamentarios. La ciudadanía activa es un enlace vital entre la transparencia y la rendición de cuentas. La Declaración sobre la apertura parlamentaria afirma que es esta conexión con la ciudadanía la que da lugar a una legitimidad del parlamento más profunda. A nivel internacional se está trabajando en plataformas y herramientas para que los Parlamentos y las organizaciones de la sociedad civil desarrollen e implementen en colaboración planes de acción de apertura parlamentaria. España es miembro desde 2011 de la Open Government Partnership. Su Guía sobre Gobierno Abierto ha servido de inspiración a muchos países para iniciar su plan de acción de apertura parlamentaria. Este será el reto de las Cortes Generales.
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Las Cortes Generales (Título III, Capítulo I)

Las Cortes Generales (Título III, Capítulo I)

Tengo para mí que el desiderátum de la propor- cionalidad pura como quintaesencia del sistema democrático es más bien hijo de la democracia de la identidad que de la teoría clásica de l[r]

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Parlamento y opinión pública: las percepciones y los niveles de apoyo de las Cortes Generales

Parlamento y opinión pública: las percepciones y los niveles de apoyo de las Cortes Generales

Parlamento y opini?n p?blica las percepciones y los niveles de apoyo de las Cortes Generales PARLAMENTO Y OPINI?N PUBLICA LAS PERCEPCIONES Y LOS NIVELES DE APOYO DE LAS CORTES GENERALES * Jos? Ram?n M[.]

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Las Cortes, el Gobierno y el Brexit: el papel de las Cortes Generales ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea

Las Cortes, el Gobierno y el Brexit: el papel de las Cortes Generales ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea

En términos generales, no se puede decir que las Cortes hayan sido muy exigentes en el ejercicio de esa capacidad de control político sobre el Gobierno, tanto en materia de relaciones exteriores como, más específicamente, en lo que se refiere a las relaciones de España con la UE. Y ello es así, en buena medida, como consecuencia de tres factores determinantes: primero, porque la normativa vigente sólo obliga al Gobierno a informar a las Cortes sobre sus actividades en el seno del Consejo Europeo y del Consejo, pero no permite a las Cortes dar un mandato negociador al Gobierno, de carácter imperativo, que le obligue a respetar ese mandato y a dar explicaciones a las Cámaras sobre el cumplimiento del mismo; segundo, porque los gobiernos formados en España hasta hace bien poco tiempo han tenido siempre una mayoría parlamentaria suficientemente amplia –homogénea o, al menos, con apoyos variables–, lo que les ha permitido gobernar y llevar adelante su propio programa político sin mayores dificultades u obstáculos parlamentarios; y, tercero, porque, al menos hasta ahora, los asuntos europeos han generado en España, en términos generales, un amplio consenso. Sin embargo, las últimas elecciones generales de 2015, de 2016 y de 2019, han significado un cambio radical en este escenario político y han provocado que, por un lado, los gobiernos no tengan ya mayorías parlamentarias tan amplias y estables como en el pasado ni, desde luego, de un solo color político, y que, por otro lado, el consenso sobre los asuntos europeos no sea ya tan sólido y acrítico como en el pasado y se haya debilitado, comenzando a aparecer las voces disidentes, tanto sobre aspectos coyunturales, como sobre la sustancia misma de la Unión 4 . Y es precisamente en
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TRANSPARENCIA Y PARLAMENTOS AUTONÓMICOS: EL CASO DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

TRANSPARENCIA Y PARLAMENTOS AUTONÓMICOS: EL CASO DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

y otra en la que, a pesar de la baja demanda informativa, ya podemos apreciar cómo la transparencia informativa y la protección de datos de carácter personal son dos derechos susceptibles de generar muchos conflictos. En esta última solicitud, una persona distinta a la que puso la queja solicitaba información sobre un expediente que fue tramitado por la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha antes de su desaparición y en la que, una vez le fue comunicado al interesado, éste manifestó su oposición a que se le proporcionara dicha información, cuestión que no otorga derecho de veto alguno sobre el derecho de acceso pero sí que permite considerar las alegaciones manifestadas para poder valorar correctamente los derechos en conflicto que pudieran concurrir en la solicitud de acceso a la hora de dictar la resolución.
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Protocolo y Cortes Generales

Protocolo y Cortes Generales

A este Recepción son invitados: Gobierno, Secretarios de Estado, Expresidentes del Gobierno, Ex Ministros de la Democracia, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, Fiscal General del Estado, Presidente de la Audiencia Nacional, Presidentes de las Salas del Tribunal Supremo, Cuerpo Diplomático acreditado, presidentes de Comunidades Autónomas, presidentes de asambleas legislativas autonómicas, Alcalde de Madrid, Delegado del Gobierno, Director General de la Policía y de la Guardia Civil, presidente del Consejo Económico y Social, Gobernador del Banco de España, presidente de la CNMV, Secretario General Iberoamericano, presidente y miembros del Consejo de Estado, presidente y miembros del Tribunal de Cuentas, Defensor del pueblo y adjuntos, miembros de la Junta electoral central, JEMAD, JEMES y representación militar designada por el Ministerio de Defensa, Eurodiputados y altos cargos españoles en Europa, corporación RTVE, presidentes de organizaciones empresariales, secretarios generales centrales sindicales, representación de las confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio de Justicia, compromisos institucionales y medios de comunicación social, entre otros.
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