PDF superior La autonomía presupuestaria de las Cortes Generales

La autonomía presupuestaria de las Cortes Generales

La autonomía presupuestaria de las Cortes Generales

retrotrajera el procedimiento al momento anterior a la decisión de la Mesa para que el informe consultivo fuera solicitado no a la Asesoría Jurídica del Parlamento, sino a la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, lo que a los efectos de la autonomía presupuestaria del Parlamento interesa es que el Tribunal Supremo fundamente su resolución, consideraciones previas al margen, en que: “lo que aquí es verdaderamente relevante es que han sido las propias Cortes de Aragón las que tanto en el pliego de cláusulas administrativas particulares como en el contrato suscrito con … se sometie- ron sin salvedad alguna, al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas...” “Esto supone, siguiendo el criterio del recurso de casación, que han sido las propias Cortes de Aragón las que por su propia voluntad han decidido aplicar al contrato aquí litigioso esa normativa de contratación de Administraciones Públicas…” (fundamento jurídico quinto). Las Cortes de Aragón no habían hecho uso de la facultad de ajustar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas a la organización administrativa parlamentaria, facultad dimanada de su autonomía presupuestaria y tal falta de ejercicio convirtió en directamente aplicable la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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Autonomía presupuestaria y fiscalización

Autonomía presupuestaria y fiscalización

Por su parte la Disposición Adicional Tercera de la Ley de Con- tratos  del  Sector  Público  señala  que  los  órganos  competentes  del  Congreso de los Diputados y del Senado, además de otros órganos constitucionales y de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, ajustarán su contratación a las normas establecidas en dicha ley para las administraciones públicas, indicando además que los órganos competentes de las Cortes Generales establecerán en su caso el órgano que deba conocer en su ámbito de contratación del recurso especial en materia de contratación.
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Reflexiones sobre la autonomía presupuestaria : entre la prudencia y la aritmética

Reflexiones sobre la autonomía presupuestaria : entre la prudencia y la aritmética

La autonomía presupuestaria habilita a las Cámaras a elaborar y ejecutar sus propios presupuestos, dicho esto, la Directora de Presu- puestos y Contratación del Congreso ha expuesto a la perfección y con gran grado de detalle la elaboración y ejecución del presupuesto en el Congreso y María Teresa González Escudero ha hecho lo pro- pio para el Senado. La autonomía comprende también la gestión y liquidación del Presupuesto aprobado y es de destacar que las Cortes Generales han hecho un uso responsable de su autonomía no con- virtiéndose ésta en un arma arrojadiza contra el gobierno sino que su ejercicio ha tenido lugar bajo un principio de coordinación con el Gobierno, verdadero artífice de las cuentas del Estado. El principio de no agresión mutua se observa también a través de la inclusión del presupuesto elaborado respectivamente por las Mesas del Congreso y el Senado y de los servicios comunes de Cortes Generales (Cortes Generales, Defensor del Pueblo y Junta Electoral Central) en la sec- ción 02 del Presupuesto General del Estado sin alteraciones sobre lo remitido por el poder legislativo, lo que no es óbice para que sea susceptible de ser modificado por el trámite de enmienda, si bien es cierto que la praxis nos demuestra que no suele ser materia proclive al conflicto.
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El Tribunal de Recursos contractuales de las Cortes Generales

El Tribunal de Recursos contractuales de las Cortes Generales

En el Diario de Sesiones de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, de 22 de junio de 2010, número 576, páginas 25 y 26, encontramos la ex- plicación de la formulación de la Disposición adicional tercera. La Sra. Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista, explica que la enmienda transaccional de referencia “pretende resolver con la mayor precisión posible la separación de poderes y por tanto reafirmar la autonomía reconocida en la Constitución que tienen las Cortes Generales como poder legislativo en esta materia cuando habla de la autonomía presupuestaria, or- ganizativa y de funcionamiento. En este sentido, querríamos suprimir el último inciso del apartado 1 del artículo 311 para llevar precisamente la regulación a la disposición adicional tercera ya existente en la Ley de Contratos, en la Ley 30/2007, donde se hace referencia a las Cortes Generales, al Congreso de los Diputados y al Senado (…)”.
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La autonomía presupuestaria de los órganos constitucionales y el presupuesto parlamentario

La autonomía presupuestaria de los órganos constitucionales y el presupuesto parlamentario

La oportunidad del encuentro que nos concitó en la Complutense puede justificarse por la especificidad del tema a tratar —lo que le hace muy poco propicio, como antes indicaba, para ser expuesto en ámbitos más generales—, que para nada debe confundirse con sen- cillez. Ésta, en todo caso, sería mera apariencia de los numerosos recovecos en los que el estudioso podría perderse, con nada que trate de profundizar en el resbaladizo asunto de la autonomía parlamen- taria y sus correlativas facultades de aprobación, gestión y control del presupuesto de las Cámaras. Pero es que, además, el seminario, alcanza también al tratamiento de la autonomía de que gozan, a es- tos efectos, los restantes órganos constitucionales del Estado, sur- giendo entonces conceptos como el de la propia autonomía, ligada a la soberanía e independencia del poder legislativo (también del judicial) frente al poder ejecutivo; la artificiosa técnica de la perso- nalidad jurídica y su eventual reconocimiento a complejos orgánicos diferenciados de la Administración del Estado; el reconocimiento y carácter que revisten los órganos constitucionales y/o de relevancia constitucional, así como su encuadramiento o no en el concepto de sector público estatal desde la perspectiva de la presupuestación y ejercicio del control; la posición institucional del órgano supremo encargado de esa función fiscalizadora, el Tribunal de Cuentas, y su dependencia funcional del Parlamento; la extensión y límites del control presupuestario que dicho organismo ha de realizar, habida cuenta del principio de autonomía y la dependencia parlamentaria advertida; la naturaleza de los grupos parlamentarios y de las sub- venciones —así llamadas, a pesar de que no respondan, realmente, a la naturaleza de dicha figura— que reciben de las Cortes Generales y su encaje entre las fuentes de financiación de los partidos políticos y, cómo no, la eventual consideración de cualquiera de los aspectos enunciados desde el prisma de las soluciones incorporadas en otros ordenamientos, esto es, del Derecho parlamentario comparado.
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Evolución y retos de la Administración Parlamentaria en las Cortes Generales

Evolución y retos de la Administración Parlamentaria en las Cortes Generales

La aprobación de la Constitución de 1978 produjo una renovación de todas las disciplinas jurídicas y, en el campo del Derecho Público, el estudio de la nueva organización del Estado tuvo su incidencia en ámbitos menores como el de las organizaciones administrativas auxiliares de las Cámaras y de otros órganos constitucionales. Precisamente este último con- cepto (órgano constitucional), difundido entre nosotros por García-Pelayo, permitió destacar las características comunes de los órganos fundamentales del Estado, entre ellas, la de estar dotados de la autonomía necesaria para el libre ejercicio de sus funciones constitucionales, alcanzando dicha autono- mía su mayor nivel en el caso del Congreso de los Diputados y el Senado, tanto por su reconocimiento en la Constitución misma (art. 72) como por el contenido con que se configura, con un sentido pleno que, dentro de los límites de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1), busca asegurar la independencia o no subordinación frente a cualquier otro poder, en particular el poder ejecutivo (autonomía funcional, proyectada en la facultad de las Cámaras para establecer “sus propios Reglamentos” y elegir “sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas”), y asimismo la independencia para dotarse de los medios personales y materiales que hagan posible el libre y efectivo ejercicio de las funciones constitucionales de las Cámaras (autonomía administrativa, apuntalada por la doble garantía de la autonomía presupuestaria –proyectada potencialmente sobre toda la actividad administrativa en cuanto generadora de obligaciones económicas– y la autonomía en materia de personal –las Cámaras “de común acuerdo, regulan el Estatuto del personal de las Cortes Generales”–, y una rotunda regla competencial con un significado de “reasignación competen- cial ratione locii en términos absolutos” 1 , al atribuir a los Presidentes de las
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La autonomía presupuestaria del Senado

La autonomía presupuestaria del Senado

No puedo por menos en este punto manifestar mi total coinci- dencia con lo expresado por Sylvia Martí en relación con la cuestión de si la sección 02 «Cortes Generales» puede ser enmendada libre- mente en todos sus servicios por cualquiera de las Cámaras durante la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y, en concreto, si en el Congreso de los Diputados se pueden presentar y aprobar enmiendas que afecten al Senado y viceversa, toda vez que el artículo 72.1 de la constitución española señala que  «Las Cámaras... aprueban autónomamente sus presupuestos...».
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La función interventora en el Senado

La función interventora en el Senado

generales de política económica y de crecimiento de los Presupues- tos Generales del Estado de cada año, sino que el documento presu- puestario que aprueban las Mesas tiene una estructura que incorpora, adaptándola a la realidad de las Cámaras, la clasificación económica de gastos común en la Administración General del Estado. Aunque las cifras que se facilitan al Ministerio de Economía y Hacienda en los distintos servicios de la sección 02 Cortes Generales, lo son a ni- vel de capítulos, el documento que aprueban las Mesas y que regirá la ejecución del Presupuesto desciende en su desagregación al nivel de subconcepto, situándose en éste el carácter vinculante de la parti- da presupuestaria. El principio de especialidad, en su doble vertiente cualitativa y cuantitativa, responde así, en la práctica reiterada de las Cámaras, a un nivel de exigencia mayor que el plasmado en la Ley General Presupuestaria (véase su art. 43).
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La autonomía personal de las Cortes Generales

La autonomía personal de las Cortes Generales

La Constitución optó, además, por un personal funcionario común a las dos Cámaras, Congreso y Senado, algo que no es habitual en los Parlamentos bicamerales, pero que en nuestro caso ha sido muy importante para el buen funcionamiento y relación entre ambas, además de contribuir a facilitar la carrera profesional en administraciones relativamente pequeñas. Como consecuencia del juego de la autonomía parlamentaria y la separación de poderes, la Administración parlamentaria no forma parte de la Administración General del Estado, sino que se trata de una Administración independiente y de extracción autónoma, con un sistema de reclutamiento y retribución propios. Esta Administración se caracteriza fundamentalmente porque no atiende a una cúspide monocolor, sino a las necesidades en conjunto de los diferentes grupos parlamentarios que responden a distintos partidos políticos que han obtenido escaño. Por ello, los órganos rectores, Presidencia y Mesa, tienen encomendada un función institucional, y en el desempeño de sus funciones deben responder a criterios que garanticen el interés y defensa del propio Parlamento, sin anteponer las exigencias de los partidos políticos a que pertenecen, garantizando así el respeto a la representación de todos y cada uno de los ciudadanos y, muy especialmente, a la protección de las minorías.
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La autonomía presupuestaria de los órganos constitucionales

La autonomía presupuestaria de los órganos constitucionales

En primer lugar, agradezco su amable invitación a los organiza- dores de esta Jornada, que hoy tiene lugar en el Instituto de Derecho Parlamentario, en especial, a Dña. Rosa Ripollés Serrano, compa- ñera en el Cuerpo de Letrados de las CortesGenerales. Asimismo,  quiero expresar también mi agradecimiento a los Letrados e Inter- ventores de otras Asambleas legislativas de España, que, en el día de  hoy, comparten esta sesión con nosotros.

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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

En efecto, este precepto de nuevo cuño, de aplicarse con su actual redacción, podría significar que, especial- mente en un momento de crisis como el actual, con una fuerte restricción del crédito a las empresas, las socie- dades no cotizadas, además que no obtener recursos financieros bancarios ni poder acudir a los mercados de capitales para financiarse, se vean obligadas a dedicar una parte de sus fondos, que puede ser sustancial, a adquirir las acciones de los socios que ejerciten el dere- cho de separación por falta de distribución de dividen- dos. La alternativa es la distribución forzosa y anual de un tercio de sus beneficios ordinarios como dividendos. Cualquiera de las dos opciones, aunque, lógicamente, más la primera de ellas, supone una desviación de los fondos sociales respecto al que sería su destino más razonable en los tiempos que corren (reinversión, divi- dendos en porcentaje inferior a un tercio, etc.) y puede, a su vez, conllevar el incumplimiento de obligaciones asumidas por la sociedad frente a terceros, principal- mente, los bancos que le hayan otorgado financiación. Es conocido que, en la actualidad, y debido principal- mente a la crisis que estamos viviendo, los contratos de financiación de las empresas incluyen cláusulas que regulan el uso y destino de los fondos o beneficios de la sociedad, así como la composición de los fondos pro- pios de las compañías, debiendo estas respetar unos parámetros o ratios referidos a porcentajes de reservas, fondos propios sobre deuda externa y similares que limitan la autonomía de las empresas a la hora de deci- dir acerca de la aplicación del resultado. Por tanto, la aplicación de este artículo dará lugar a un incumpli- miento generalizado de contratos de financiación por parte de nuestras empresas, con las enormes dificulta- des que ello generaría.
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Cortes Generales y grupos parlamentarios

Cortes Generales y grupos parlamentarios

Así lo ha puesto de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2017 que resuelve un recurso de casación frente a una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias que estimaba parcialmente el recurso interpuesto por el Grupo Parlamentario Foro Asturias contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 30 de diciembre de 2013, que aprueba el Decreto 127/2013, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2013 durante el ejercicio 2014. En la misma el Tribunal Supremo aclara el sentido de la Sentencia de 2014 y confirma la legitimación del Grupo parlamentario Foro Asturias en esta jurisdicción: “Por otra parte la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de marzo de 2014 en la que apoya esta excepción a la admisibilidad del recurso, después de plantear ciertas dudas sobre la falta de capacidad para comparecer ante esta Jurisdicción, reconociendo que los Grupos parlamentarios carecen de personalidad jurídica y que no existe ninguna norma que les atribuye capacidad procesal para comparecer ante este Orden Jurisdiccional viene a concluir que esa capacidad procesal está en función del interés legítimo determinado por la obtención de una ventaja o por la eliminación de un perjuicio, con lo que se enlaza con la otra causa de inadmisibilidad del recurso por falta de legitimación “ad causam””.
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Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales: Control y responsabilidad

Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales: Control y responsabilidad

Y para todo ello, la publicidad es no solo innecesaria, sino pertur- badora. La dependencia respecto de los medios, y la atención obsesiva que prestan a éstos los miembros de la clase política, no hacen sino trasladar, a los propietarios de aquéllos o a los gestores de sus informativos, la función de control del Gobierno que corresponde institucionalmente al parlamento, porque los mensajes que los parlamentarios elaboran son luego desechados, fragmentados o reinterpretados por los expertos en comunicación de cada medio; en ocasiones, con el objetivo de incrementar la tirada o la cuota de audiencia; y, en las más, al servicio de una concreta opción ideológica (que puede ser la misma que la del parlamentario autor de la noticia, o la contraria). Por ilusorio que pueda parecer, creo que es necesario devolver al Parlamento el control efectivo del Gobierno; y eso pasa por dejar de convertir a las Cortes en un plató de televisión en el que solo se permite a los parlamentarios desempeñar un papel secundario, siempre condicionado al puro impacto de la noticia.
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Cuarenta años de las elecciones a las Cortes Generales

Cuarenta años de las elecciones a las Cortes Generales

El 15 de junio de 1977 se celebraron en España las primeras eleccio- nes democráticas en cuarenta años. Una etapa de la transición, seguramente la más delicada, desde la dictadura acababa de culminar. A partir de allí quedaba nada menos que la redacción de una constitución, pero el país disponía ya de unas Cámaras legislativas que respondían a una legitimidad bien distinta de la de las Cortes orgánicas que unos pocos meses antes votaban la Ley para la Reforma Política. Las elecciones – y todo el trabajo previo que las acompañó – habían sido un éxito, tanto en términos de participación como de limpieza electoral e igualdad de oportunidades. Desde entonces, la calidad de nuestros procesos electorales no ha bajado el listón; en los últimos cuarenta años se han celebrado puntualmente las elecciones y éstas se han desarrollado dentro de los cauces necesarios para reconocer su regularidad. Se han formado mayorías generalmente estables, se han cambiado gobiernos, han aparecido y desaparecido partidos políticos en las Cámaras y todo ello dentro de la más absoluta normalidad. Se han movilizado reiteradamente un número ingente de ciudadanos no ya sólo para participar, sino también para conformar la Administración electoral el día de las votaciones (más de doscientos cincuenta mil por cada convocatoria) y un número ingente de medios humanos y materiales de las distintas Administraciones. En fin, nos hemos acostumbrado, a diferencia de lo que sucede, aunque nos pueda parecer lo contrario, en los países con los que habitualmente nos comparamos, a que los resultados se conozcan en el cortísimo margen de unas dos horas y media desde el cierre de los colegios.
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Las Cortes Generales (Título III, Capítulo I)

Las Cortes Generales (Título III, Capítulo I)

Tengo para mí que el desiderátum de la propor- cionalidad pura como quintaesencia del sistema democrático es más bien hijo de la democracia de la identidad que de la teoría clásica de l[r]

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La transformación digital de las Cortes Generales y la experiencia en el Senado

La transformación digital de las Cortes Generales y la experiencia en el Senado

Trasladando el concepto al proyecto de transformación digital, esto se traduce en el desarrollo de una serie de componentes de software de propósito general – horizontales – que no est[r]

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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

La Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determi­ nados derechos de los accionistas de sociedades cotiza­ das, tiene como finalidad facilitar y promover, en el ámbito de la Unión Europea, el ejercicio de los derechos de información y voto de los accionistas de las socieda­ des cotizadas. A través de las normas contenidas en esta Directiva se aspira a garantizar que las juntas generales sean debidamente convocadas y que los documentos que deben presentarse a las mismas estén disponibles a tiem­ po para que todos los accionistas, con independencia de su lugar de residencia, puedan adoptar una decisión razo­ nada en el momento de emitir el voto.
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El Reglamento de las Cortes Generales

El Reglamento de las Cortes Generales

poderes constituidos (legislativo, ejecutivo, judicial)- es tributario de un suceso histórico singular: la transformación revolucionaria de los Estados Generales en Asamblea Nacional a comienzos del verano de 1789. La ruptura con la legalidad preexistente fue total, incluso en el plano del procedimiento: no es casualidad que fuera el rechazo a las viejas reglas de funcionamiento y votación de los estamentos lo que había desencadenado los acontecimientos revolucionarios. Se produjo entonces un vacío jurídico, que fue ocupado en solitario y sin vínculo previo alguno por la representación nacional. Este evento ha ejercido desde entonces una notable influencia en el imaginario jurídico-político, pues no es infrecuente la creencia de que sólo hay auténtico poder constituyente allí donde un acontecimiento revolucionario produce un vacío jurídico. El problema es que la mayor parte de los procesos de elaboración de constituciones no responde a este esquema. No se trata sólo de que a menudo no haya, en rigor, vacío jurídico, sino que lo normal es que existan normas provisionales de una u otra naturaleza que encauzan el proceso de elaboración de las constituciones. La experiencia, especialmente en los últimos decenios, es riquísima a este respecto: leyes de gobiernos provisionales, acuerdos formales entre fuerzas políticas, supervisión internacional, etc. Todo ello no significa que no haya poder constituyente, sino sólo que el modo de ejercerlo es sometido previamente a ciertos requisitos formales” 177 .
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Protocolo y Cortes Generales

Protocolo y Cortes Generales

Por primera vez, para la proclamación del Rey Don Felipe VI, las Cortes no elaboraron ni aprobaron un “ceremonial” como se había venido haciendo con motivo de estas solemnidades. En su lugar se elaboró un desarrollo del acto, consensuado con las instituciones implicadas en su organización –Corona, Presidencia del Gobierno y Senado–, que se inspiró en el instaurado para el Juramento del Príncipe que había tenido lugar veintiocho años antes, si bien se incorporaron los signos de la realeza, cetro y corona, a la escenografía.

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La transparencia en las Cortes Generales

La transparencia en las Cortes Generales

Openness es la evolución natural de la transparencia. El impulso hacia la transparencia vivido en estos años debe culminar en un Parlamento Abierto que articule la posibilidad de los ciudadanos de participar en los procedimientos parlamentarios. La ciudadanía activa es un enlace vital entre la transparencia y la rendición de cuentas. La Declaración sobre la apertura parlamentaria afirma que es esta conexión con la ciudadanía la que da lugar a una legitimidad del parlamento más profunda. A nivel internacional se está trabajando en plataformas y herramientas para que los Parlamentos y las organizaciones de la sociedad civil desarrollen e implementen en colaboración planes de acción de apertura parlamentaria. España es miembro desde 2011 de la Open Government Partnership. Su Guía sobre Gobierno Abierto ha servido de inspiración a muchos países para iniciar su plan de acción de apertura parlamentaria. Este será el reto de las Cortes Generales.
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