PDF superior La cancelación de la medida cautelar en el Código Procesal Civil

La cancelación de la medida cautelar en el Código Procesal Civil

La cancelación de la medida cautelar en el Código Procesal Civil

por parte de la doctrina nacional que se producía la caducidad de la medida cautelar, conceptualización equivocada, toda vez, que la caducidad es una institución procesal relacionada directamente con el transcurso del tiempo y no como en este caso, sujetada a una condición determinada como era obtenerse sentencia desfavorable en primera instancia; situación que dejaba una profunda incógnita sobre el resultado efectivo de la pretensión, dado que el demandado podía aprovechar fácilmente esta circunstancia para ocultar y/o transferir el inmueble o mueble o derecho discutido a favor de un tercer adquirente, que en principio se consideraba la transferencia o cesión se hacía de buena fe a título oneroso o gratuito, con la principal finalidad de enervar el resultado final del proceso judicial, algunas veces mediante contratos simulados. Cabe destacar, que actualmente el Artículo 630 del Código Procesal Civil permite que a pedido del solicitante que el Juez pueda mantener la vigencia de la medida hasta su revisión por la instancia superior, siempre que se ofrezca contracautela de naturaleza real o fianza solidaria. Con ello, se eliminó el criterio excesivamente garantista de sobre proteger al demandado con una cancelación de pleno derecho de la sentencia desestimatoria de primera instancia, sin brindar opción alguna al demandante para que se mantenga; como en este caso, sin embargo, ello considero que no debiera ser considerada una norma rígida, dado que habrán circunstancias en que el Juez deberá empezar por evaluar la misma contracautela ofrecida para ser considerada suficiente, cuando el valor de la misma cubra los posibles daños que se podrían ocasionar al demandado en cualquier eventualidad o cuando el respaldo económico del demandante sea de tal naturaleza que no amerite exigencia adicional alguna.
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La indebida cancelación de la medida cautelar por declararse infundada la demanda en primera instancia : análisis desde la jurisprudencia

La indebida cancelación de la medida cautelar por declararse infundada la demanda en primera instancia : análisis desde la jurisprudencia

Por otro lado, no debe olvidarse que antes del proceso el demandante es quien ha sufrido una lesión a sus derechos y ha tenido que acudir a los órganos jurisdiccionales para tratar de equilibrar dicha situación, habiendo obtenido para ello una medida cautelar, que incluso al momento de sentenciarse se entiende que ya se habría desestimado una eventual oposición a la medida cautelar, con lo cual incluso se habría reafirmado la verosimilitud del derecho invocado. Por tanto, mientras dure el proceso en la instancia superior luego de cancelada la medida cautelar, se mantendría la desigualdad en contra del demandante, que el mismo habría tratado de equilibrar con dicha medida cautelar. Con la cancelación de la medida cautelar conforme al artículo 630 del Código Procesal Civil, nuevamente, el demandante vuelve a tener un derecho lesionado e insatisfecho, debiendo continuar un tedioso proceso, en el que ahora deberá destinar muchos más recursos materiales e intelectuales para convencer a los miembros de la segunda instancia que de una vez por todas amparen su derecho expuesto desde la primera instancia, y cuando al fin lo logre en sentencia definitiva no tendrá ya medida cautelar alguna que ampare su derecho, ya que la medida cautelar con que contaba fue cancelada por el solo hecho de haber perdido en la instancia inicial, burlando así el aspecto más importante de la tutela jurisdiccional efectiva: el derecho a que la tutela jurisdiccional efectiva plasmada en la sentencia sea eficaz. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que: “La tutela [refiriéndose a la tutela jurisdiccional] sólo será realmente efectiva cuando se ejecute el mandato judicial. Dicha ejecución es, por tanto, parte vital y esencial del derecho consagrado en nuestro texto constitucional” 5
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La interpretación literal del artículo 658 del Código Procesal Civil frente a los fines del proceso cautelar

La interpretación literal del artículo 658 del Código Procesal Civil frente a los fines del proceso cautelar

El tercer párrafo ensaya una fórmula para lograr que se haga efectiva la notificación con el mandato judicial a las entidades financieras, pues establece la obligación de éstas de comunicar a la Superintendencia de Banca y Seguros de su dirección electrónica a donde se remitirá la orden judicial de retención. Resulta evidente que para lograr este propósito no basta con que exista un registro de los correos electrónicos de las distintas entidades financieras en la Superintendencia de Banca y Seguros, sino que además es imperativo que este se encuentre a disposición de los juzgados ya sea porque dicha entidad remita de manera periódica la información a todos los juzgados que se encargan de tramitar la medida cautelar de embargo en forma de retención o que ambas entidades se encuentren conectadas permanentemente, tarea que resulta utópica debido a la precaria situación logística con la que cuentan las instituciones públicas en nuestro país y a la falta de cultura organizacional interinstitucional.
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El proceso declarativo común, de las nulidades de los instrumentos públicos y privados a la luz del código procesal civil y mercantil, en relación al código civil

El proceso declarativo común, de las nulidades de los instrumentos públicos y privados a la luz del código procesal civil y mercantil, en relación al código civil

 A través de este trabajo se determinó que las principales problemáticas en relación a los abogados litigantes cuando estos presentan una demanda de nulidad de instrumentos son que las demandas que presentan son oscuras, no se plasma con claridad la relación circunstanciada de los hechos; no hay dominio sobre el tipo de nulidad que se pretende incoar, ya sea absoluta o relativa, ni en que sub-causal deben adecuar los hechos que están planteando; las peticiones que realizan los abogados en sus alegaciones iniciales muchas veces son vagas, verbigracia en muchos casos la parte que solicita la nulidad de instrumento, no piden la cancelación de la inscripción en el registro correspondiente, según el criterio de los jueces que se entrevistaron esto debido que no está definida esta situación en la ley procesal; no ofrecen pruebas pertinentes e idóneas. Siendo estas problemáticas los principales errores y omisiones que comenten los abogados en los procesos de nulidad de instrumentos públicos y privados.
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El embargo preventivo de buques como medida cautelar

El embargo preventivo de buques como medida cautelar

donde se haya decretado el embargo preventivo del buque o se haya constituido la garantía para liberar al buque mediante el levantamiento del embargo. Todo ello sin perjuicio de que la elección del órgano judicial concreto para conocer del asunto se hará conforme a las leyes de dicho Estado. Sin embargo en dicho artículo, al igual que en la LEC y en la LNM, el convenio otorga preferencia a cualquier sometimiento voluntario de las partes ante cualquier tribunal que entre ellas hayan convenido. Finalmente en su apartado 2 establece la posibilidad que tienen los Estados de poder declinar su competencia aunque se diesen los requisitos de competencia anteriormente mencionados. Si la ley nacional del Estado en cuestión recoge la posibilidad de autorizar a sus órganos judiciales a declinar la competencia en estos casos, podrán hacerlo siempre y cuando otro Estado declare su competencia para conocer del litigio. Sobre esta última cuestión, la LNM en su artículo 749, hace mención de la posibilidad de nuestros órganos judiciales de poder declinar su competencia para conocer del litigio relativo a un buque que se encuentre embargado en España, conforme a dicho artículo 7 del Convenio de Ginebra de 1999. Cuando esto ocurra, el juez, a instancia de parte, o pudiendo hacerlo de oficio, fijará un plazo superior a treinta días e inferior a noventa para que el demandante inicie el proceso ante el órgano judicial o arbitral del Estado que se haya declarado competente, fijando el juez a instancia de parte la liberación del buque o la cancelación de la garantía prestada cuando en dicho plazo no se emplazase demanda ante el órgano competente.
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CAPÍTULO III SEPARACIÓN DE CUERPOS COMO MEDIDA CAUTELAR

CAPÍTULO III SEPARACIÓN DE CUERPOS COMO MEDIDA CAUTELAR

Artículo 219.- El que intente demandar, denunciar o querellarse contra su cónyuge, puede solicitar su separación. Los derechos contemplados en el presente capítulo, también podrán ejercerlos la concubina y el concubino, cuando tengan un domicilio común con las características del domicilio conyugal a que se refiere el Código Civil.

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La actividad probatoria en el procedimiento administrativo: su diferencia con la del código procesal civil

La actividad probatoria en el procedimiento administrativo: su diferencia con la del código procesal civil

Admisión de medios probatorios Conforme lo dispuesto por el numeral 1) del artículo 163° de la LPAG, los medios de prueba serán admitidos siempre que guarden relación con el fondo del asunto, sean procedentes y necesarios. El numeral citado tiene como antecedente a la LRJ PAC, que es comentada por Barrero Rodríguez en los términos siguientes: "Si la improcedencia constituye, como parece, el equivalente en el procedimiento administrativo de la impertinencia procesal y la innecesariedad el correlato de la inutilidad, no habrá dificultades en admitir (...) que son pruebas improcedentes aquellas que no guardan relación con el objeto del procedimiento e innecesarias las que presentándola no resultan idóneas para la aclaración de los hechos. En otros términos, la procedencia o pertinencia de una prueba viene dada por su adecuación al fin que con ella se persigue: la demostración del hecho; la necesariedad o utilidad por su aptitud para contribuir a la concreta acreditación del hecho. Deslindados ambos conceptos, parece evidente que la improcedencia posee un carácter más general que la innecesariedad en la medida en que este segundo parámetro de exclusión sólo entrará en juego una vez que se haya efectuado un juicio positivo sobre la procedencia del medio en cuestión; esto es, la improcedencia constituye una cuestión de previo pronunciamiento respecto a la innecesariedad, toda vez que
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Fundamentos jurídicos para la regulación del proceso monitorio en el código procesal civil

Fundamentos jurídicos para la regulación del proceso monitorio en el código procesal civil

53 advertido un gran índice de morosidad en estas transacciones financieras que subsecuentemente terminan en litigios judiciales ante el impago de las obligaciones dinerarias; situación que afecta a dos sectores, uno que es el sector empresarial, que usualmente ostentan un status económico capaz de resistir los altos costos de litigación, y por otro lado las personas naturales que pretenden recuperar sus créditos usualmente de menor cuantía, cuya importancia no debe ser minimizada. Nuestro ordenamiento jurídico, debería estar enfocado en ofrecer un medio netamente procesal más expeditivo y económico para la creación de un título ejecutivo, que permita alcanzar de forma más célere la ejecución forzada. Y esta es justamente una de las ventajas que ofrece el proceso monitorio frente a las vías procesales actualmente reguladas, pues a través de aquel, el acreedor contará con la facilidad de poder acreditar la existencia de su crédito (de cuantía no tan onerosa), aun a través de documentos que tradicionalmente no podrían revestir de suficiente eficacia probatoria, y es que gracias a la inversión de la iniciativa del contradictorio (característica principal del monitorio), todos aquellos procesos en los que el deudor realmente no tenga nada válido que objetar, o que con su incomparecencia sólo busque dilatar el proceso, indebidamente y sin causa que lo legitime, el acreedor no se verá más perjudicado con ello, sino que por el contrario, obtendrá una sentencia que condene al deudor (demandado) al cumplimiento efectivo de su obligación; por lo que, su regulación en nuestra legislación, sobre todo para la recuperación de créditos, contribuiría en gran medida, a la descongestión de los órganos jurisdiccionales, trayendo como consecuencia la reducción de la excesiva carga procesal que actualmente aqueja a las entidades jurisdiccionales; y, del mismo modo, beneficiaría a todas aquellas personas cuya acreencia sea de cuantías pequeñas o medianas; lo que, definitivamente, sería un valioso aporte a la consecución de un servicio de justicia adecuado.
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MÓDULO INSTRUCCIONAL LOS RECURSOS EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL

MÓDULO INSTRUCCIONAL LOS RECURSOS EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL

El Código Procesal Civil (CPC en adelante) lleva a cabo una simplificación de la disciplina rectora del recurso de apelación, sustituyendo la dispersión normativa y la diversidad de regímenes procedimentales advertibles en la Ley Procesal Civil derogada, por una regulación concentrada y la instauración de una tramitación única con independencia del procedimiento en que haya recaído la resolución objeto de la misma. Se pretende por tanto acudir a un procedimiento para resolver los recursos contra resoluciones de primera instancia que sea a la vez rápido y sencillo en su tramitación, desde la lógica de que carece de sentido el llevar a cabo una tramitación diferenciada del recurso en función del tipo de procedimiento u órgano judicial de primera instancia que haya dictado la resolución a recurrir. La inicial Exposición de Motivos del Código Procesal Civil, en su apartado 14º era muy expresiva del alcance y finalidad pretendida con la reforma en este concreto recurso, al señalar que: “El recurso de apelación se ha reformado con el objeto de evitar en la medida de lo posible la interposición de recursos con la única finalidad de dilatar el proceso, prohibiendo, por una parte, la apelación contra resoluciones interlocutorias y potenciando, de otra parte, la ejecución provisional, de modo que se dé cumplimiento a la sentencia recurrida a pesar de estar sometida a recurso de apelación. Se reafirma la apelación como una plena revisión jurisdiccional de la resolución apelada, pero sin que en la segunda instancia puedan aducirse toda clase de hechos o formularse pretensiones nuevas sobre el caso”.
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Bases para actualizar el código modelo procesal civil para Iberoamérica

Bases para actualizar el código modelo procesal civil para Iberoamérica

Las nuevas tendencias en este aspecto indican un reforzamiento de las potestades judiciales en el ámbito del comando y la ordenación del trámite de las causas. Las técnicas apropiadas pueden ser diversas. Algunas están vinculadas con la lexibilización de ciertos principios procesales (como el de preclusión, que deriva en la preclusión elástica de las deducciones) o el de congruencia. Unas y otras conducen indirectamente al incremento de las potestades judiciales. El manejo de los procedi- mientos con la inalidad de asegurar los ines públicos del proceso y la rápida deinición del litigio, se exterioriza más genéricamente a través de las técnicas de gestión, propias del denominado case management (7), que suponen dejar librada al juez, en buena medida, la gestión de las distintas eta- pas del proceso y particularmente de la producción y recepción de las pruebas. Bien que siempre bajo reglas abiertas que proporciona la propia ley. La utilización apropiada de las nuevas tecnologías de la información brinda un instrumental de apoyo a la gestión judicial, que puede resultar decisivo (COSENTINO: 206).
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El Código  Tributario y la Conculcaciòn del Derecho a la Propiedad y la naturaleza de la Medida Cautelar: Con Relación al Articulo 118 inciso C

El Código Tributario y la Conculcaciòn del Derecho a la Propiedad y la naturaleza de la Medida Cautelar: Con Relación al Articulo 118 inciso C

Como podemos apreciar hasta este momento la medida cautelar, no era concebida como tal pues siempre estuvo el proceso inmerso sobre lo material y no como un Derecho individual, fue recién hace dos siglos, que se comenzó a manejar y construir las concepciones que ahora tenemos, pero la medida cautelar, como hoy la conocemos, es tan reciente como los primero pasos efectuados para la configuración de una ciencia procesal. Es decir, sólo desde mediados del siglo XX, fecha desde la cual ingresamos a la etapa procedimental donde se empezó a tener noción de las “medidas aseguratorias de carácter preventivo”. Sin embargo, si se quiere hacer una mejor referencia de cuando se comenzó a hablar de la Teoría Cautelar, es decir de medidas cautelares, fue con el Código
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La prisión preventiva: medida cautelar o pre-pena

La prisión preventiva: medida cautelar o pre-pena

1) La obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares. 2) La obligación de abstenerse de acercarse a determinadas personas. 3) La sujeción a la vigilancia de autoridad o institución determinada, llamada a informar periódicamente al juez de garantías penales o a quien éste designare, 4) La prohibición de ausentarse del país, 5) La suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña cuando ello significare algún influjo sobre víctimas o testigos, 6) Ordenar la salida del procesado de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física o psíquica de las víctimas o testigos. 7) Ordenar la prohibición de que el procesado, por si mismo o a través de terceras personas, realice actos de persecución o de intimidación a la víctima, testigo o algún miembro de la familia. 8) Reintegrar al domicilio a la víctima o testigo disponiendo la salida simultánea del procesado, cuando se trate de una vivienda común y sea necesario proteger la integridad personal y/o psíquica; 9) Privar al procesado de la custodia de la víctima menor de edad, en caso de ser necesario nombrar a una persona, idónea siguiendo lo dispuesto en el Art. 197, regla 6to del Código Civil y las disposiciones del código de la Niñez y de la adolescencia. 10) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez de garantías penales a ante la autoridad que éste designare. 11) El arresto domiciliario que puede ser con supervisión o vigilancia policial; 12) La detención; y, 13) la prisión preventiva.
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La prisión preventiva ¿medida cautelar excepcional o medida represiva de aplicación general?

La prisión preventiva ¿medida cautelar excepcional o medida represiva de aplicación general?

Sabemos que por respeto a los derechos fundamentales se establece que cualquier imputado como regla general, no debería tener alguna restricción de sus derechos salvo en los casos excepcionales que se establezca en la norma. Una de dichas restricciones, en este caso, es la libertad personal, que consiste en la aplicación de una medida coercitiva personal, como es la prisión preventiva, tipificada en los artículos 268° al 271° del Nuevo Código Procesal Penal (artículos vigentes en todo el territorio nacional desde el 20 de agosto del 2013 - Ley Nº 30076), cuya esencia se ha visto desnaturalizada, por diversos factores, entre los cuales destaca la presión mediática, que encuentra un respaldo en la ciudadanía, la cual está invadida por el miedo y la zozobra que produce los peligros por el crecimiento de los índices de criminalidad.
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La declaración de parte en el Código Procesal Civil y Mercantil

La declaración de parte en el Código Procesal Civil y Mercantil

Por último, el art. 351 CPCM señala que la negativa del sujeto a contestar sin causa justificada a una pregunta que se le haya formulado y que en esa medida ha sido autorizada por el juez (por no parecer impertinente, inútil, vulneradora de derechos fundamentales, etc.), o su contestación de manera “evasiva” o “no concluyente” (es decir, contestando algo distinto que carece de interés), puede llevar a una ficta confessio, esto es, a tenerse por cierto el hecho de manera implícita, tal como ocurre con el silencio del demandado al no contestar a la demanda (art. 284 in fine CPCM). Corresponde al juez usar con moderación de esta facultad, que desplegará cuando deba dictar la sentencia del caso, con carácter supletorio para cuando no disponga de pruebas directas, y en todo caso evitando confundir por ejemplo, la afirmación de la persona de que se desconoce el hecho, con la de no querer contestar, al tratarse de dos tipos de respuestas distintas.
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1. Antecedentes históricos. - LA TUTELA JUDICIAL DEL CRÉDITO EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

1. Antecedentes históricos. - LA TUTELA JUDICIAL DEL CRÉDITO EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

a) La exigencia, como regla general, de la caución para el solicitante de la medida. El nº 5 del art. 276, establece para el Tribunal la obligación de "exigir la prestación de contracautela, salvo el caso excepcional de que existan motivos fundados para eximir de ella al peticionario". En nuestra opinión, creemos que esta exigencia legal, con carácter general, no atiende, de forma satisfactoria, a los objetivos pretendidos por los autores del citado Código, pues, si el juez recibe amplios poderes de dirección del proceso, como se ve en el art. 33, no es admisible que no le sea permitido valorar, delante del caso concreto, sobre la necesidad o no de la caución. Imagínese la hipótesis, bastante común, en que el solicitante de la tutela cautelar demuestre, de forma sobrada, la verosimilitud de su alegado derecho, es decir, realice una prueba documental hartamente convincente capaz de reducir al mínimo, por un lado, las posibilidades de éxito del demandado, y por otro, su posibilidad de sufrir un daño, y aún así el juez debe exigirle la caución. Esto equivale decir que el juez no puede sopesar las probabilidades opuestas para precisar adecuadamente, delante del caso concreto, cual es la verdadera necesidad de la caución. De ahí que para nosotros, la necesidad de la caución debe ser basada en un criterio judicial y no legal, como correctamente destaca el art. 804 del CPC brasileño.
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TítuloEl sistema de recursos en el Proyecto del nuevo Código procesal civil brasileño

TítuloEl sistema de recursos en el Proyecto del nuevo Código procesal civil brasileño

En relación al recurso de agravo, el primer y más grande equívoco es la vuelta al sistema del Código de 1939, con la indicación de las hipótesis de admisibilidad (art. 1028): I. Conceder, denegar, modificar o revocar la tutela cautelar; II. Versar sobre el fondo de la causa; III. Rechazar la alegación de convención de arbitraje; IV. Decidir sobre el incidente de levantamiento del velo; V. Denegar la solicitud de Justicia gratuita o acoger la solicitud de su revocación; VI. Determinar la exhibición o posesión de documento o cosa; VII. Exclusión del litisconsorcio; VIII. Denegar la solicitud de limitación del litisconsorcio; IX. Admitir o no la intervención de terceros; X. Versar sobre competencia; XI. Determinar la apertura de procedimiento de avaría grossa; XII. Denegar la petición inicial de reconvención o juzgarla preliminarmente improcedente; XIII. Redistribuir las obligaciones de prueba en los términos del art. 380, § 1º; XIV. Convertir la acción individual en acción colectiva; XV. Modificar el valor de la causa antes de la sentencia; XVI. Suspender el curso del proceso en la forma del artículo 1050, § 4º; XVII. Que haya sido proferida en la fase de ejecución de sentencia y en los procesos de ejecución de inventario; XVIII. Resolver el requerimiento previsto en el artículo 990, § 4º.
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La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de pretensión de la medida cautelar

La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de pretensión de la medida cautelar

sido sustentado por la parte demandante, una cosa es que una decisión tenga el carácter de firme por que es inatacable mediante los recursos procesales previstos, y otra que la misma sea inmutable o “inalterable” porque sea una decisión jurisdiccional definitiva. La confusión de conceptos lleva a las instancias judiciales a la errónea interpretación de que cuando estamos frente a decisiones producidas en el trámite de medidas cautelares, como éstas no son “inmutables” (pues siempre existe la posibilidad de su variabilidad por tratarse de medidas provisionales), ergo no cabe su control a través del proceso de amparo, ya que conforme al artículo 4° del Código Procesal Constitucional, para que ello suceda debe tratarse de “resoluciones judiciales firmes”. La categoría de resolución firme, debe ser comprendida al margen del trámite integral del proceso, pues ello permite que incluso un auto, y no sólo la sentencia que pone fin al proceso, puedan merecer control por parte del Juez Constitucional. La condición es, en todo caso, que su trámite autónomo (y la medida cautelar tiene una tramitación autónoma) haya generado una decisión firme, esto es, una situación procesal en la que ya no es posible hacer prosperar ningún otro recurso o remedio procesal que logre revertir la situación denunciada.
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La valoración de la prueba testimonial en el proyecto de Código Procesal Civil. Una tarea inconclusa

La valoración de la prueba testimonial en el proyecto de Código Procesal Civil. Una tarea inconclusa

al legislador que otorgue algunas orientaciones básicas para llevar a cabo el análisis juris- diccional de estas pruebas. Con esto se buscaría asegurar en todos los casos la racionalidad de las conclusiones obtenidas –como también, en la medida de lo posible, su acierto–, en el entendido que los lineamientos generales contenidos en la ley sean solo eso, pautas básicas o salvaguardas mínimas de racionalidad y lógica en la valoración judicial de las deposiciones de testigos, que en caso alguno sirvan para constreñir el ejercicio intelectual de apreciación que debe realizar el sentenciador. Querámoslo o no, el juez siempre se sentirá impulsado a buscar en la ley alguna herramienta u orientación para sacar ade- lante la tarea, guía que no solo debe ser correcta, sino también completa, por lo que el ordenamiento procesal debe ser muy cuidadoso al proporcionar elementos de valoración.
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Medida Cautelar Fiscal

Medida Cautelar Fiscal

Entre os privilégios acima elencados, Aldemário Araujo de Castro, afirma que a medida cautelar fiscal é mais um instrumento de garantia na recuperação dos créditos tributários, haja vista que antes da fase de execução, o CTN não desenha qualquer proteção para a futura execução de créditos tributários ainda em discussão e com sua exigibilidade suspensa em razão de recursos na esfera administrativa, que poderá levar anos, sendo perfeitamente possível a evasão do patrimônio do devedor, que não estará sujeita à regra do art. 185 do CTN e somente poderá ser objeto de uma lenta e pouco efetiva ação de rito ordinário denominada de pauliana ou revocatória, para tornar sem efeito a alienação realizada em razão de fraude contra credores. Ainda segundo Aldemário esta possibilidade foi utilizada pouquíssimas vezes pela Fazenda Pública em razão das inúmeras dificuldades jurídicas e fáticas a serem enfrentadas, inclusive se submetendo ao prazo prescricional de quatro anos a partir do dia em que se realizou o negócio jurídico, art. 178, II do Código Civil, sendo que a Fazenda não goza de qualquer privilégio, que seria razoável em razão da natureza dos créditos públicos a serem resguardados. 97
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Estudio comparativo del tratamiento procesal de los derechos fundamentales del código procesal civil de Nicaragua y el código procesal civil de Honduras

Estudio comparativo del tratamiento procesal de los derechos fundamentales del código procesal civil de Nicaragua y el código procesal civil de Honduras

derechos inviolables que le son inherentes”. Pero al margen de estos argumentos de índole formal, es claro que la dignidad de la persona, desde un punto de vista conceptual, no puede ser reducida a la idea de derecho. Los derechos, en efecto, son realidades que sólo tienen sentido en un plano deontológico, es decir, en cuanto importan la posibilidad de traducirse en normas concretas y suponen una base fáctica a la cual reconducir las obligaciones específicas que de ellos derivan; la dignidad personal, en cambio, en la medida en que traduce una condición inherente al ser humano carece de aquel componente fáctico que es propio de los derechos. Y, en tal virtud, mientras cualquier derecho es susceptible de ser lesionado hasta el punto de su total supresión (por ejemplo: privación de la vida o de la libertad), no existe, en realidad, procedimiento alguno que pueda privar a una persona de su dignidad.
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