PDF superior La contratación administrativa: normas y principios

La contratación administrativa: normas y principios

La contratación administrativa: normas y principios

La aplicación de los principios «propios» y «generales» de la licita- ción pública en torno a la correcta actuación de la Administración –y de sus funcionarios públicos–, y de los ciudadanos como colaboradores de aquélla, no tendrá plena eficacia sin conductas honrosas, de ambas par- tes, que alejen toda sospecha de prácticas de corrupción, que son las que, en definitiva, pervierten el funcionamiento de cualquier instituto jurídico. La ética 47 es, en definitiva, un principio mayor que debe envol-

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EL CÁLCULO DEL COSTE DE LA VIDA EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EL CÁLCULO DEL COSTE DE LA VIDA EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Existen normas internacionales que analizan el ciclo de vida. Son las normas ISO 14040 (principios y marco de referencia para el ACV) e ISO 14044 (requisitos y directrices para el ACV - para la aplicación de esta es imprescindible la anterior-), adoptadas en español por AENOR como UNE-EN ISO 14040 y UNE-EN ISO 14044 y EN 60300-3-3:2004. Las dos se refieren a gestión medioambiental – no contemplan aspectos sociales -. Si bien la posesión de la certificación correspondiente no puede, en ningún caso, servir como criterio de valoración, si pueden exigirse como acreditación de solvencia técnica y garantizarán que el ciclo de vida que estemos considerando ha sido analizado por organismos acreditados y por lo tanto los costes que presenten serán ajustados a la realidad 120 .
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Importancia del principio de la transparencia en la contratación administrativa

Importancia del principio de la transparencia en la contratación administrativa

 Propender por efectuar una modificación a la Ley 130 de 1994, “Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones”, en lo relacionado a aportes de particulares a las campañas políticas

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Aplicación de los principios de contratación electrónica en las transacciones con bitcoins en Colombia

Aplicación de los principios de contratación electrónica en las transacciones con bitcoins en Colombia

Autores como (Fortich, 2011) consideran que la formación del contrato por medios electrónicos está permeada por una suerte de “formalización”, puesto que la rapidez de la interacción virtual podría generar que un contratante se obligue sin ser consciente de sus hechos; en consecuencia, el contrato electrónico nace previo el seguimiento de varios pasos o “clic”, en los cuales incluso intervienen terceros (entidades de certificación, entidades de pago) a fin de que no queden dudas sobre la aceptación del contrato y así proteger a los contratantes electrónicos. La oferta, por ejemplo, se encuentra regulada en el derecho colombiano tanto para la expresada verbalmente como para la escrita, en cuyo caso la realizada por medios virtuales deberá adecuarse a la escrita (Gómez Pérez, 2004) sin embargo, normas especialmente del ámbito de protección al consumidor exigen que la oferta cuente con ciertas menciones especiales cuando se anuncia por medios virtuales (Ley 1480, 2011) situación que se evidencia igualmente en el derecho francés en la “ley por la confianza de la economía numérica” (Fortich, 2011)
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La fiscalización de la contratación administrativa por el Tribunal de Cuentas

La fiscalización de la contratación administrativa por el Tribunal de Cuentas

e) Finalmente, la necesidad de garantizar plenamente la transparencia de la contratación administrativa como medio para lograr la mayor objetividad en la actividad administrativa, así como el respeto a los principios de igualdad, no discriminación y libre concurrencia. Pero la Ley 13/1995 tuvo una vida muy corta. Fue objeto inmediato de modificaciones introducidas por siete diferentes Leyes, de las cuales tres se promulgaron ya durante el ejercicio de 1996. Y así, la Disposición Final Única de la Ley 53/1999 de 28 de diciembre, promulgada esencialmente como consecuencia de los cambios introducidos en las directivas comunita- rias, autorizó al Gobierno, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución, para que éste elaborara un Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Y, en ejecución de dicha autorización, el Gobierno de la Nación dictó el 16 de junio de 2000 el Real Decreto Legislativo 2/2000 por el que se aprobó el hasta ahora vigente Tex- to Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP).
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La contratación administrativa utilizando medios electrónicos y telemáticos

La contratación administrativa utilizando medios electrónicos y telemáticos

margen de su relevancia económica es lo cierto que el desarrollo de la socie- dad de la información tiene efectos propios sobre la configuración y la ope- ratividad de los servicios públicos. señala, en este punto, la comunicación que “… la comisión se propone promover los servicios públicos basados en las tIc, en parte no desdeñable a través de su propio proyecto de “co- misión en línea”, que sean más transparentes, accesibles y eficaces en fun- ción de los costes. no obstante, son considerables los retos que persisten. técnicamente, existe una necesidad de interfaces comunes, conservación de la identidad de un sistema a otro y sistemas de autenticación. Hacen falta también cambios organizativos: nuevas prácticas, nueva capacitación y otras normas distintas. estas cuestiones es preferible abordarlas de una manera integrada a través de iniciativas tales como los recientes planes de acción sobre salud electrónica y contratación pública electrónica. la comisión propondrá asimismo un plan de acción sobre la administración electrónica y unas orientaciones estratégicas sobre servicios públicos basados en las tIc. la comisión respaldará estos esfuerzos utilizando un conjunto limitado de demostradores de elevado perfil para someter a prueba las soluciones técni- cas, jurídicas y organizativas…”.
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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO

En un escenario así, surge la necesidad de que el Estado aplique de manera más rigurosa las normas, en especial aquellas que consagran principios tan sustanciales como la transparencia. Al respecto señala Jinesta (2004) como: En el contexto del Estado Social y Democrático de Derecho la Transparencia Administrativa es una obligación de toda Administración Pública. Tal obligación se traduce en el deber de las Administraciones Públicas de informar a los administrados de los diversos aspectos de la gestión administrativa y en los derechos correlativos de los administrados a ser informados, por parte de las Administraciones Públicas, veraz y objetivamente y a buscar información en éstas. (p.2)
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Debilidades en la contratación administrativa en el norte de Antioquia (2008-2009). Factores de riesgo en la contratación administrativa en el norte de Antioquia

Debilidades en la contratación administrativa en el norte de Antioquia (2008-2009). Factores de riesgo en la contratación administrativa en el norte de Antioquia

Los Alcaldes, quienes fungen como Representantes Legales de las administraciones municipales analizadas, no hacen un estudio minucioso con respecto a la persona a quien le entregan (delegan) la labor del perfeccionamiento y seguimiento a los procesos contractuales, desconociendo con esto, que según las normas actuales de contratación administrativa, son los directos responsables de dicho perfeccionamiento. Con esta situación no están dando cabal cumplimiento al artículo 51 de la Ley 80 de 1993, el cual reza: “De la responsabilidad de los servidores públicos: El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y la ley”.
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Los principios de la organización administrativa

Los principios de la organización administrativa

pretó que el «axioma ontológico de la libertad» vale tanto para la capacidad del hombre como para la de los entes administrativos y sus órganos. Enunció en ese sentido: «no hay persona colectiva pública ni órganos de esa persona, ni competencia de ella y de sus órganos, si una o más normas no lo establecen (principio de juridicidad); pero una vez creada dicha persona ésta y sus órganos pueden hacer todo lo prohibido dentro de sus respectivas competencias (axioma ontológico)». Juan Francisco L INARES , «Competencia administrativa y prohibiciones

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Principales tendencias del Derecho de la organización administrativa en Portugal

Principales tendencias del Derecho de la organización administrativa en Portugal

En otro contexto, el actual modelo de organización administrativa consagrado en la Constitución de 1976, a pesar de proclamar en diversas normas los principios de descentralización, de d[r]

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Ley de contratación administrativa : reforma a la contratación estatal

Ley de contratación administrativa : reforma a la contratación estatal

Uno de los grandes focos de corrupción en Colombia es el generado por aspectos relacionados con la contratación estatal. Consciente de dicha realidad, desde hace varios años he venido insistiendo en la necesidad de realizar algunos ajustes al régimen contractual de la Administración Pública. Por ello, de manera previa a la iniciativa que concluyó con la expedición de la Ley 1150 de 2007, presenté al Congreso de la República un primer intento de reforma a través del proyecto de ley No. 275 de 2000 Senado. Mediante esta iniciativa legislativa propuse, por una parte, reducir a su mínima expresión la contratación directa y, por la otra, establecer por primera vez en nuestro país el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de los procesos de contratación. Lastimosamente, este proyecto se archivó en dos oportunidades al invocarse razones de insuficiente ilustración. A pesar de lo anterior, esta insistencia al fin logró sus frutos cuando a finales de la legislatura pasada se aprobó el proyecto de ley No. 020 de 2005 Senado, por virtud del cual se introducen algunas medidas para asegurar el cumplimiento de los principios de transparencia y eficiencia en el desenvolvimiento de la actividad contractual del Estado.
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Elaboración de un manual de procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de personal para el área administrativa de Fundación para el Desarrollo Integral ESPOIR en el Distrito Metropolitano de Quito en el 2016

Elaboración de un manual de procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de personal para el área administrativa de Fundación para el Desarrollo Integral ESPOIR en el Distrito Metropolitano de Quito en el 2016

Esta técnica de investigación científica permitió obtener información básica para posteriormente llegar a cuantificar la situación actual del proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal en la Fundación para el Desarrollo Integral ESPOIR, tomando en cuenta que es una observación no directa de hechos pero su aplicación es masiva, se la realizó al personal de nivel administrativo de todas las áreas de la empresa, con la finalidad de establecer objetivos, políticas, normas y procedimientos para dicho proceso.

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El derecho colectivo: “moralidad administrativa” en la contratación estatal. Fortalecimiento de los principios del derecho administrativo

El derecho colectivo: “moralidad administrativa” en la contratación estatal. Fortalecimiento de los principios del derecho administrativo

subject acción popular, contratos estatales, moralidad administrativa, principios del derecho administrativo. source Estudios Socio-Jurídicos; Vol.[r]

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Principios de la contratación estatal en Colombia

Principios de la contratación estatal en Colombia

Se pudo establecer que los principios analizados anteriormente giran en torno a todos los movimientos o actuaciones que realice el estado frente a la contratación pública, principios que garantizan para el participante buena imagen del estado donde se rigen bajo parámetros y leyes constitucionales que permitirán acceder de manera transparente y garantista en un futuro contrato con la administración. En este orden de ideas el Consejo de Estado dejo de precedente que principios deben regir la contratación en Colombia y no de manera individual sino por el contrario son principios que deben estar plasmados en cualquier tipo de contratación que desee realizar el estado con el particular, si bien es cierto que estos principios tiene rango constitucional la ley 80 de 1993 trae consigo una serie de principios que se complementaran o rigen la función administrativa 13 .
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La agencia nacional de contratación: Unificación administrativa de la contratación pública colombiana

La agencia nacional de contratación: Unificación administrativa de la contratación pública colombiana

Inicialmente, la nueva Agencia tiene la función de proponer al Gobierno Nacional e implementar planes, políticas y normas en materia de contratación, así como criterios de racionalización normativa. Esto era necesario pues la administración carecía de un organismo especializado en esta esencial actividad del Estado, lo que redundaba en una improvisada normatividad contractual caracterizada por su inestabilidad y dispersión, lo que generaba varios problemas a los operadores de estas normas en cada entidad y a los oferentes. Este nuevo criterio de racionalidad normativa debe apuntar en el mediano y largo plazo a promover un derecho contractual más organizado, eficiente, claro y estable, pues aunque con el nuevo decreto 734 de 2012 el Gobierno Nacional buscó recoger todas la serie de decretos y corregir sus deficiencias más ostensibles, aún es una normatividad que corresponde al periodo anterior a la entrada en funcionamiento de la nueva Agencia, la cual, a partir de la nueva etapa que representa podrá implementar las reformas y mejoras sustanciales con vocación de permanencia en la normatividad pública contractual nacional.
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Principios de la contratación estatal aplicables a los reglamentos especiales de contratación de la agencia nacional de hidrocarburos

Principios de la contratación estatal aplicables a los reglamentos especiales de contratación de la agencia nacional de hidrocarburos

A nuestro juicio no se le brinda certeza a los interesados en el proceso de selección sobre que puede entenderse como otros beneficios económicos y retribuciones de otra índole, pues no se encuentra su definición dentro del reglamento y a su vez no se puede inferir del mismo a que actividades u ofrecimientos puede hacerse referencia, de igual manera no permite determinar de dónde puede provenir estos factores o como pueden llegar a establecerse en razón a la especificidad del proyecto, en este aspecto el acuerdo 04 de 2012 en nuestra opinión contraria el deber de selección objetiva al no establecer con claridad y precisión los parámetros a emplear para la valoración de las propuestas y limita a su vez a la entidad a solo aplicar las reglas que no le generen dudas o le sean confusas, que para el caso de aplicación solo se traduciria en los otros dos aspectos, sea preciso aclarar que el acuerdo en mención sólo está reglamentando un proceso técnico especifico que involucra actividades claramente identificables por lo que si pretende reglamentar los criterios de selección debe hacerlo de manera clara y obedeciendo los parámetros establecidos en el estatuto general de contratación pública observando por lo menos criterios de calidad, técnicos y de orden económico.
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Las novedades de la nueva Ley de Contratos del Sector Publico en materia de concesiones de servicios  Una reflexión sobre dos aspectos concretos

Las novedades de la nueva Ley de Contratos del Sector Publico en materia de concesiones de servicios Una reflexión sobre dos aspectos concretos

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Colegio universitario San Pablo-CEU año 1990. Doctor en derecho por la Universidad Rey Juan Carlos. Técnico de Administración General, rama jurídica, en diversos Ayuntamientos. Profesor de Derecho Administrativo del Centro de Estudios Superiores Sociales y Jurídicos Ramón Carande, adscrito a la Universidad complutense de Madrid. Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos, Ponente de numerosos cursos para personal directivo y funcionarios superiores diversas instituciones nacionales e internacio- nales. Autor de numerosos artículos en revistas como: “El personal laboral de las entidades locales tras la LRSAL”, Cuadernos de derecho local (2015); “La solución al «problema» de las Cajas de Ahorro, una visión comparada hispano-italiana”, Actualidad administrativa (2015). Autor y co-autor de libros: La gestión urbanística en el estado autonómico, monografía vinculada a la revista Aranzadi de urbanismo y edificación, Aranzadi, 2012; La reforma del 2013 del régimen local español, coord. por Juan Alfonso Santamaría Pastor (2014).
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Análisis de tiempos y movimientos en el proceso de contratación administrativa de medicamentos, en el Hospital México durante el año 2009

Análisis de tiempos y movimientos en el proceso de contratación administrativa de medicamentos, en el Hospital México durante el año 2009

El procedimiento de compra de un medicamento no LOM, inicia con la detección de la necesidad por parte del médico tratante, aprobación de la solicitud por el Comité de Farmacoterapia Local, y posteriormente el Comité de Farmacoterapia Central, estimación de la compra a nivel del hospital, verificación del presupuesto, lo que concluye con la decisión administrativa de iniciarlo. Posteriormente, se elabora el cartel o pliego de condiciones, en lo cual intervienen distintos profesionales de la entidad, por su parte técnica y financiera. Hechas las invitaciones o publicado el cartel se abre la posibilidad de que se impugne durante el primer tercio del plazo, contando este órgano contralor con el término de 10 días hábiles para su resolución. Presentadas las ofertas, se abre entonces el período para su revisión y posterior adjudicación. Comunicada o publicada la decisión final del concurso, se abre la posibilidad de recurrir la decisión de la administración, para lo cual la Contraloría cuenta con un plazo máximo de cuarenta días hábiles para resolver, luego de admitido el recursos. 9,10 Tratándose
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Efectos clientelistas y corporativistas derivados de las normas de contratación estatal

Efectos clientelistas y corporativistas derivados de las normas de contratación estatal

Resulta oportuno mencionar que las reglas jurídicas de la licitación pública son incompletas, facilitando el acceso de quienes capturan rentas a través de la contratación, dando lugar a una gestión ineficiente por parte de las autoridades administrativas, por lo que el espíritu de la ley (fundamentado en la Teoría Económica Clásica, de acuerdo con Gorbaneff) se distorsiona al tener que aplicarse en una realidad, en razón de las múltiples modificaciones a las que puede estar sujeto un contrato, situación prevista en las normas de contratación. Con base en ello, por vía de las adiciones a los contratos, se otorgaron de manera directa la ejecución de sumas importantes de recursos, sin que mediara un proceso público de selección. Lo mismo ocurre cuando la ley permite que un contrato sea cedido, bajo las mismas circunstancias, como ocurrió en efecto con la cesión del contrato del Grupo Nule a Conalvías, cuyo objeto era la ejecución de la obra de un tramo de la calle 26. Y el efecto contrario a los postulados de transparencia y selección objetiva que comportan los procesos de contratación, para el caso objeto de estudio se evidencia en las múltiples relaciones y vínculos que se observan en las gráficas anexas al presente documento.
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La Subasta Inversa Electrónica en el proceso de Compras Públicas

La Subasta Inversa Electrónica en el proceso de Compras Públicas

1.1. Mediante Oficio No. 62100000-313-PAD, de fecha 05 de Enero del 2013, suscrito por el Director General del IESS Subrogante, Economista Bolívar Bolaños Garaicoa, encarga al Ing. Iván Marcelo Vega Dávila, la Dirección Administrativa del Hospital “Carlos Andrade Marín”, y conforme Resolución Administrativa Número 12000000-975 de fecha 20 de Noviembre del 2012, el Director General del IESS-Subrogante, Economista Bolívar Bolaños, resuelve: “Artículo Primero.- Delegar a los funcionarios y servidores del IESS, detallados en el ANEXO 1 de la Resolución No. C.D. 275 de 26 de agosto de 2009, para que a nombre de IESS y en mi representación adjudiquen y suscriban los respectivos contratos de adquisición o arrendamiento de bienes, de ejecución de obras, prestación de servicios, incluidos los de consultoría, hasta el límite de sus competencias, determinadas en el artículo 3 de la norma legal invocada, que resulten de los procedimientos dinámicos como de los procedimientos ordinarios, establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, que ejecuten.
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