PDF superior La contratación colectiva en la legislación ecuatoriana

La contratación colectiva en la legislación ecuatoriana

La contratación colectiva en la legislación ecuatoriana

Así tenemos que a la contratación se le ha denominado entre otras definiciones como Convenio Colectivo de Trabajo, Convención Colectiva del Trabajo, Pacto Colectivo de Trabajo, Contrato Sindical, Negociación Colectiva. La explicación más clara a este fenómeno la podemos encontrar en el origen de carácter jurídico que tiene la contratación colectiva del trabajo, pues no debemos olvidar que la misma tiene su nacimiento en las leyes de carácter civilista del siglo pasado, donde el término contrato se encuentra muy arraigado para definir el acuerdo de voluntades y el cumplimiento de obligaciones mutuas entre dos o más personas; las discrepancias sobre la terminología y su contenido, aparecen entonces con la evolución de las normas jurídicas en los distintos países a través del tiempo del modelo de producción económica que adoptan, de la naturaleza social y política que predican y practican. El empuje de la clase trabajadora trasforma la concepción del derecho laboral de civilista en un derecho de carácter humanista y social.
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La Expropiación en la Legislación Ecuatoriana

La Expropiación en la Legislación Ecuatoriana

En la legislación ecuatoriana, en la parte pertinente del Art. 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, vigente, se refiere a la expropiación de bienes, cuando dice: “Cuando la máxima autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para la satisfacción de necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad pública o de interés social de acuerdo con la ley”. El inciso sexto señala: “En el supuesto de que no sea posible un acuerdo directo se procederá al juicio de expropiación conforme al trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de recibir a cuenta del precio final que se disponga pagar el valor que preliminarmente ha propuesto la institución pública respectiva. El Juez en su resolución no está obligado a sujetarse al avalúo establecido en por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad”.“…Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público, siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre ella, no se requerirá de declaratoria de utilidad pública o interés social ni, en el caso de donación, de insinuación judicial. Se la podrá realizar por compraventa, permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de activos 57 . En caso de que no haya acuerdo con la entidad pública que expropia procederá conforme a la Ley. Para su trámite se estará a los dispuesto en el Reglamento de esta Ley”.
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La responsabilidad precontractual en la legislación ecuatoriana

La responsabilidad precontractual en la legislación ecuatoriana

Hasta el momento lo dicho no presenta mayor dificultad ni novedad, sin embargo, debemos suponer el caso en que las negociaciones se hayan frustrado y por ende no se ha firmado el contrato, o que firmado el contrato éste adolezca de nulidad o que en la fase de las tratativas una de las partes haya ocultado información intencionalmente. De aquí surgen varias preguntas para las cuales las reglas de la oferta y la aceptación no tienen respuesta. ¿La parte que se cree afectada puede reclamar a la otra por no haberse comportado conforme los principios de derecho que rigen la contratación, o en base a la culpa, o por haber roto un acuerdo tácito?, en principio la respuesta sería no, ya que en la legislación ecuatoriana se mantiene la postura de que las obligaciones nacen, entre otras fuentes, del consentimiento de las partes, tal como lo prevé el Art. 1453 del Código Civil 22 , y si no ha existido acuerdo lo hecho hasta ese momento se vería como una mera expectativa que no constituye derecho, tal como se desprende del numeral 6º del Art 7 ibídem 23 , dicho en otras palabras, nuestra legislación mira a la libertad de contratación como un principio absoluto, dejando de lado que existe la posibilidad de abusar de ese derecho o de que intencionalmente se haya entrado a negociar sin la intención de lograr un acuerdo. Sobre este punto volveré más adelante con el objetivo de rebatirlo y proponer una opción diferente que nos permitirá                                                             
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El principio de presuncion de inocencia en la legislación ecuatoriana

El principio de presuncion de inocencia en la legislación ecuatoriana

La influencia de estos Tratados y Convenios de defensa de los Derechos Humanos es muy importante, ya que en el mundo globalizado en el que vivimos, las relaciones mutuas entre personas, organismos, empresas y Estados nos acercan y vinculan por miles de hilos invisibles, la tecnología ha acercado el mundo, la información viaja de polo a polo del globo terráqueo en cuestión de minutos. Esta globalización hace que los esfuerzos por estandarizar el respeto de los derechos humanos a nivel global, sean más sencillos. Estos convenios y tratados de defensa de los derechos humanos han influenciado de manera positiva a todos los países del globo terráqueo y como es natural han tenido su influencia en nuestra legislación nacional en todo orden, en lo referente a contratación internacional, al derecho público, constitucional, penal, civil, niñez, procesal; en fin, prácticamente toda nuestra normativa se acomoda en base a los lineamientos establecidos en estos convenios y tratados internacionales. El principio de inocencia contenido en los Convenios y Tratados de Derechos Humanos ratificados por nuestro país se ha acoplado de una manera correcta a nuestra legislación nacional, basta con que este en nuestra Constitución de la Republica en el capítulo del debido proceso (Art. 76), para que de allí sea tranversalizado a toda la normativa procesal y sustantiva de nuestra legislación, comenzando con constar en el COIP en su artículo 5 numeral 4, pero además se ha popularizado tanto que se habla de ella en toda institución pública y privada, además entre la población también se ha extendido de manera positiva entre las diversas profesiones.
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La regulación de los seguros privados de contratación masiva en la legislación ecuatoriana

La regulación de los seguros privados de contratación masiva en la legislación ecuatoriana

Este cambio trascendental fue arduamente debatido en el senado colombiano, el autor Efren Ossa justificaba la consensualidad, entre otras consideraciones, las causas para dicha modificación se enfocaron en la importancia que ha tomado el contrato de seguros en dicho país y en vista de que se han cometido abusos por parte de las compañías aseguradoras “amparadas en el principio de solemnidad del contrato se han negado a cubrir indemnizaciones legítimamente causadas”, además de que existía la necesidad de “adecuar el contrato de seguro con la realidad mercantil cotidiana, caracterizada por su celeridad y agilidad, con esta reforma se busca plasmar de manera legislativa aquella costumbre reiterada de la contratación desformalizada de seguros que se efectúa mediante la utilización de los avances tecnológicos en materia de comunicaciones, tales como la vía telefónica, teles, fax, etc.” (Proyecto de Ley 65 de 1995 de Colombia)
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La responsabilidad social en los procesos de contratación pública en la legislación ecuatoriana

La responsabilidad social en los procesos de contratación pública en la legislación ecuatoriana

Las Compras Públicas Sostenibles (CPS) implican en términos generales la evaluación respecto de la compra o adquisición de bienes y servicios de un organismo del Estado sobre los impactos ambientales y/o sociales que generan. Se requiere ab andonar la mentalidad de “el precio más bajo” a favor del enfoque más flexible de “mejor valor”. Este concepto puede encuadrarse en el de “la oferta más conveniente”, que establecen diversos marcos normativos para la contratación pública. Esto puede hacerse en forma simple, evaluando por ejemplo si se adquiere verdaderamente lo necesario, o en forma más compleja, determinando por ejemplo si la composición física o química del producto que adquiere una institución pública no atenta contra las normas ambientales del país en que se encuentra, o si en el proceso de producción del bien se cumplieron las normas laborales (…) (p.63)
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Epidemiología y comportamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en la población ecuatoriana

Epidemiología y comportamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en la población ecuatoriana

ción ecuatoriana, se determinó que en EC el principal síntoma fue diarrea crónica, seguido de dolor abdominal y sangrado; mientras que para CU, el primer lugar corres- pondió a sangrado digestivo, seguido de dolor abdominal y diarrea. Esto resalta la gran variedad de síntomas que presenta la EII, aunque se presente en diferentes porcen- tajes es compartida por ambas variedades de EII; por no ser específicos, requieren un alto índice de sospecha.

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El delito de odio en la legislación ecuatoriana

El delito de odio en la legislación ecuatoriana

En este sentido, resulta oportuno mencionar la famosa decisión correspondiente al caso de NACHOVA y OTROS vs BULGARIA, donde el tribunal estableció que era obligación de las autoridades estatales efectuar una investigación de la posible motivación racista que estaba detrás de cada uno de los actos violentos y que el evidente fracaso de Bulgaria al efectuar esta tarea, constituye una violación directa de la disposición de no discriminación incluida en el Artículo 14 de la Convención. Si bien la Corte no ha exigido en sus decisiones judiciales la incorporación expresa de legislación sobre los Delitos de Odio en los diferentes Estados Europeos, considera que las normas dispuesta en la Convención son de protección y respeto general; por lo que, ha reconocido explícitamente que los delitos de odio requieren de una respuesta adecuada por parte de la justicia penal de cada país y que la respuesta judicial indicada debe disponer una sanción o pena severa que debe ser proporcional al daño causado.
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el aborto en la legislación penal Ecuatoriana

el aborto en la legislación penal Ecuatoriana

RESUMEN: Este trabajo de investigación trata sobre el aborto en la Legislación Penal Ecuatoriana, las leyes que lo regulan y penalizan. Como objetivos específicos, analizar las posibles sanciones que existen en contra de las personas que incurran en el tipo penal del aborto, además, analizar si el derecho a la libertad sexual de la mujer está por encima del mandato constitucional al respeto a la vida desde la concepción. Finalmente, proponer un proyecto de Ley de Reforma al Código Orgánico Integral Penal para que se legalice el aborto en el Ecuador y de esta manera las mujeres víctimas de violencia sexual puedan acudir a clínicas aprobadas por el Ministerio de Salud Pública, sin interrumpir el embarazo de manera gratuita y de esta manera se terminen los lugares clandestinos donde se realizan actualmente abortos ilegales. La metodología empleada es inductiva y deductiva con una investigación de enfoque cualitativo, realizando un acopio de información de normativa, doctrina, jurisprudencia a fin de recopilar la mayor información sobre el impacto social de esta problemática en el Ecuador.
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Los delitos de tenencia en la legislación ecuatoriana

Los delitos de tenencia en la legislación ecuatoriana

El Derecho Penal mínimo, tratado por Juan Carlos Carbonell 31 , hace referencia a una intervención ínfima del Estado con el fin de que las libertades se consigan en su mayor posibilidad. El ius puniendi debe ser utilizado de acuerdo al principio de intervención mínima “para recordar que sólo cuando es absolutamente necesario debe recurrir al Dere- cho Penal” 32 . Desde este punto de vista, la simple amenaza producida por los delitos de peligro no debería ser considerada dentro de la legislación penal ya que éste se debe usar para castigar conductas que la sociedad no pueda tolerar. Además, el principio de propor- cionalidad 33 que hace referencia a la ponderación que se debe realizar entre la gravedad de la conducta y la sanción de la misma, no justificaría un castigo a una amenaza que no se plasmó en una afectación social. Juan Bustos Ramírez 34 manifiesta que “lo valioso para el derecho reside en los bienes dignos de tutela, el peligro para el derecho no puede ser ex- tendido más allá del riesgo (y amenaza) para los bienes valiosos socialmente”. A su juicio, el fundamento teleológico de los delitos de peligro es “la prevención de males para bienes dignos de tutela” 35
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El ilícito tributario en la legislación Ecuatoriana

El ilícito tributario en la legislación Ecuatoriana

En nuestro ordenamiento, al igual que sucede en la generalidad de los países encuadrados en el sistema jurídico continental, el ejercicio del poder punitivo del Estado se lleva a cabo no solamente mediante la imposición de penas por parte de los órganos de la jurisdicción penal, sino también a través de sanciones impuestas directamente por la Administración, la cual se encarga de apreciar la existencia de la infracción y de determinar la correspondiente sanción. Nuestra legislación y concretamente el Código Tributario define la Infracción en su Art 340 ¨Constituye infracción tributaria toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión.´ Por tanto será responsable por la comisión de una infracción toda aquella persona que concretice en el mundo factico, los supuestos que la norma jurídica señale para que una conducta se considere como infracción, además de que en el mismo cuerpo legal a quienes pudieren ser responsables de no cumplir con las obligaciones previstas por las disposiciones fiscales.
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La pandilla en la legislación ecuatoriana y la reincidencia

La pandilla en la legislación ecuatoriana y la reincidencia

Esta legislación permitió que en el caso que un menor entre los 12 y 18 años cometiera los delitos que se contemplaban en la señalada ley, fuera juzgado como delincuente común, según expresa la jurista colombiana Dra. Diana Carolina Gómez Carrasco, en su obra Análisis de la Ley Antimaras De 2003 implementada por el gobierno de El Salvador, a la luz de la Constitución Política de 1983 y las normas internacionales de derechos humanos, cuando expresa: El tema de los menores frente a la ley causó gran polémica, esto desde una perspectiva que señala que los menores de edad deben contar con todas las garantías y protección del Estado, y que por el contrario, no deben ser puestos en situación alguna que pueda vulnerar su condición de infantes. Sin embargo, lo anterior fue contradicho por el texto Antimaras, al establecer que cuando un menor entre los doce y dieciocho años cometiera delitos allí contemplados, y la Fiscalía General de la República advirtiera que tenía discernimiento de adulto, sería considerado como adulto habilitado y se le aplicaría la legislación pertinente (Gómez Castro, 2010, pág. 34)
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La importancia de las garantías en la contratación pública ecuatoriana

La importancia de las garantías en la contratación pública ecuatoriana

“…En los contratos que celebren las entidades del sector público, para asegurar el cumplimiento de los mismos, se exigirá a los oferentes o contratistas la presentación de las garantías en las condiciones y montos señalados en la ley.- Los contratos que generalmente celebran las entidades del sector público son de: adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, cuyas clausulas contractuales contemplan el pago de anticipos, previo a la entrega de una garantía, en las condiciones y montos señalados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.- La tesorería de cada entidad pública, ejercerá un control adecuado y permanente de las garantías con el fin de conservarlas y protegerlas, en los siguientes aspectos:
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Buenos días con Arapé Morales, Alberto, director ejecutivo de la Oficina Central de Personal de la Presidencia de la República;  (Venevisión)

Buenos días con Arapé Morales, Alberto, director ejecutivo de la Oficina Central de Personal de la Presidencia de la República; (Venevisión)

Pero esto no es lo más preocupante, lo preocupante es que nosotros estamos en un esfuerzo para tratar de terminar la tendencia de esta contratación colectiva, y yo espero que los amigos [r]

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Estudio comparativo de las familias monoparentales en la legislación Ecuatoriana y en la legislación Española

Estudio comparativo de las familias monoparentales en la legislación Ecuatoriana y en la legislación Española

La entrada en vigor de la Constitución de 1978 supuso una profunda modificación de la legislación vigente a la época; la regla general era el matrimonio católico, el cual sometía a los cánones de la Iglesia Católica, en consecuencia, en el imaginario social se entendía que sólo el matrimonio creaba una familia legítima; el concubinato u otras formas de relaciones extra maritales carecían de reconocimiento jurídico y por ende de la protección de derechos, siendo aquello ilegítimo al igual que los hijos producto de esa unión. La Constitución reconoció el derecho a la libertad religiosa, reconociendo en cierta forma el derecho a discernir de los rituales católicos para la formación de una familia, y reguló, a través del artículo constitucional 32, el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica por parte de hombres como de mujeres; norma que fue ubicada en el capítulo segundo, sección “Derechos y Libertades”, lo cual implica que se encuadra dentro de los derechos constitucionales y no dentro de los principios rectores de la política económica y social. Esta diferencia supuso consecuencias jurídicas importantes, pues los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos, y su ejercicio sólo puede ser regulado por la Ley 34 .
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Psicofármacos y psicoterapia en la unidad psicobiológica: apuntes para una reflexión colectiva

Psicofármacos y psicoterapia en la unidad psicobiológica: apuntes para una reflexión colectiva

En otras palabras, aun cuando fuera cierto que la mayor explicación de un trastorno fueran las primeras relaciones con la madre, el tratamiento actual del trastorno no tiene por qué c[r]

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El abandono del trabajo en la legislación laboral Ecuatoriana

El abandono del trabajo en la legislación laboral Ecuatoriana

De igual forma, en el Derecho Comparado, particularmente en la legislación Chilena, encontramos otras formas de abandono del trabajo, Efectivamente, dentro de las causas de despido disciplinario, el Derecho chileno contempla en el artículo 160 del Código del Trabajo la posibilidad del empleador de despedir a su trabajador, sin derecho a indemnizaciones en caso de Abandono de Trabajo por parte de este último, entendiéndose que existe el abandono de trabajo ante: a) la salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente. (Este abandono de trabajo debe interrumpir un proceso productivo o determinada actividad para considerarlo intempestivo e injustificado. De tal manera que si el trabajador sale intempestivamente, pero tal acción se justifica ampliamente, no debería esta causal ser constitutiva de un término de contrato), y b) la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato. 30 .
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El peculado y la prescripción e la legislación Ecuatoriana

El peculado y la prescripción e la legislación Ecuatoriana

238 del mismo mes y año establecía que son las Salas especializadas de la corte las que deben conocer los casos de fuero, para ello toma como contexto lo establecido en el[r]

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La nulidad y el estado de indefensión en la legislación ecuatoriana

La nulidad y el estado de indefensión en la legislación ecuatoriana

6.4 Ausencia de defensa técnica: causal de nulidad procesal 17 6.5 Importancia de contar con un abogado litigante capaz.. 18.[r]

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La Gestión sustentable de la actividad ganadera: Un enfoque jurídico ambiental

La Gestión sustentable de la actividad ganadera: Un enfoque jurídico ambiental

federales. En Canadá,la reglamentación de las OGI es casi exclusivamente un asunto provincial, con ciertascapacidades regulatorias que se delegan a las autoridades municipales. La atención federal a estosasuntos está por lo general limitada a la investigación agropecuaria, en lugar de a lareglamentación, excepción hecha de la legislación federal de pesca, que busca proteger de lacontaminación el hábitat de los peces.En México, el muy escaso control está a cargo principalmente de las autoridades federales, conalgunas cuestiones de supervisión y aplicación a cargo de las autoridades locales. La legislaciónfederal regula en la actualidad las descargas en los cuerpos de agua, pero no se ha desarrollado unsistema regulatorio federal para abordar las preocupaciones ambientales en general. Aunque laLey de Aguas Nacionales puede aplicarse a las OGI, la dependencia ambiental, la Semarnat, noha desarrollado las normas técnicas específicas respecto de descargas residuales de las OGI en loscursos de agua. (http://www.cec.org/Storage/49/4158_Speir- ExecSummary_es.pdf).
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