PDF superior La educación como derecho Su situación dentro de los derechos económicos, sociales y culturales

La educación como derecho  Su situación dentro de los derechos económicos, sociales y culturales

La educación como derecho Su situación dentro de los derechos económicos, sociales y culturales

Esta formulación es emblemática del nuevo contexto internacio- nal por el hecho de que el derecho aparece caracterizado con el ad- jetivo “de calidad” y porque se proclama el derecho al respeto pleno de las identidades culturales. Estas nociones nos permiten introducir un tercer elemento, que es la noción misma de derecho, poco pre- sente hasta hace pocos años en la reflexión educativa. La educación es ante todo un derecho de la persona humana, y los sistemas edu- cativos deben concebirse en función de esta óptica. Es lo que se de- nomina actualmente “enfoque de las políticas basado en los dere- chos humanos” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2002; Comisión de Derechos Humanos [CDH], 2002a).
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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Derecho a una Alimentación adecuada

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Derecho a una Alimentación adecuada

Resumen: La Observación general N º 12 pretende ser un ele- mento crucial para la protección del derecho a una alimenta- ción adecuada en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ayudará a todas las auto- ridades públicas –desde ayuntamientos hasta los gobiernos centrales, pasando por servicios sociales, tribunales y cortes– a actuar de manera compatible con este derecho fundamental consagrado en el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ofrece a las Partes en el Pacto referencias útiles para sus informes periódicos al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, más de diez años después de su promulgación, hay una nota- ble falta de una cultura positiva de respeto de este derecho en varios Estados contratantes. Sin lugar a dudas, en los últimos tiempos el derecho a una alimentación adecuada ha sido más menospreciado que celebrado y la Observación general Nº 12 ha sufrido críticas a manos de una serie de detractores que se han indicado con frecuencia su modesta utilidad. Este artículo considera la ambición impresionante de Observación general Nº 6 para convertir a la sociedad a través de una cultura de res- peto por el derecho a la alimentación. Sostienen que la falta de garantía de compromiso institucional para el cumplimiento positivo del derecho a una alimentación adecuada –y de tra- ducir este derecho fundamental a la realidad práctica como una parte integral de la vida pública… ha fomentado el escep- ticismo frente a la Observación general N º 12 que, finalmente, socava la aceptación de la conciencia pública sobre el derecho a la alimentación como un bien social positivo.
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Los derechos de igualdad y salud de las personas portadoras de VIH en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. análisis de la sentencia 016-16-sep-cc

Los derechos de igualdad y salud de las personas portadoras de VIH en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. análisis de la sentencia 016-16-sep-cc

Por otra parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU indican que el derecho a la salud debe ser comprendido como un derecho muy amplio, a partir del cual se origina no solamente la posibilidad de contar con atención médica en caso de padecer una enfermedad, sino que además comprende una amplia gama de factores socioeconómicos que implementan las condiciones adecuadas para que las personas puedan llevar una vida sana, asimismo hace ese derecho extensivo a los factores determinantes mínimos para disfrutar de una vida sana (Carbonell, 2009: 174).
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Los Derechos Económicos Sociales y Culturales 

Los Derechos Económicos Sociales y Culturales 

En el documento “La Libertad sindical” de la Oficina de Internacional del Trabajo se señalan una serie de criterios fundamentales para el análisis de este derecho: i) es un derecho fundamental de los trabajadores y de sus organizaciones únicamente en la medida en que constituya un medio de defensa de sus intereses económicos; ii) constituye uno de los instrumentos esenciales para promover y defender sus intereses profesionales; iii) es corolario indisociable del derecho de sindicación protegido por el Convenio número 87; iv) no busca sólo la obtención de mejores condiciones de trabajo o las reivindicaciones colectivas de orden profesional, sino también la búsqueda de soluciones a las cuestiones de política económica y social; y v) puede ser objeto de restricciones o incluso de prohibición y garantías compensatorias. De esta manera, el derecho a la huelga está dotado de una doble protección constitucional, pues además de estar consagrado en el artículo 56 de la Constitución Política, tiene una relación estrecha con la libertad sindical como derecho desarrollado por el Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual hace parte del Bloque de Constitucionalidad, tal como ha señalado esta corporación. 10
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Derechos económicos, sociales y culturales en América Latina

Derechos económicos, sociales y culturales en América Latina

Por ejemplo, la gestión del alcalde Paulo Maluf, de São Paulo, Brasil (1993-1996) hizo que se ejecutaran 11 obras viarias totalizando un valor de 2 300 millones de dólares, concentradas en la región sudoeste de la ciudad, donde reside casi un cuarto de los brasileños más ricos del país. los precios de las tierras legalizadas y bien ubicadas, en relación con aquellas de las periferias, sin regulación. Esta diferencia en el precio segregó y excluyó territorialmente a gran parte de la población, que no estaba en condiciones de pagar por un terreno urbanizado y bien ubicado. 18 En la mayoría de las ciudades latinoamericanas no son aplicados instrumentos legales de captación de plusvalías urbanas, lo que significa que el propietario no participa de la constitución del capital representado por el valor agregado al suelo. 19 Su rentabilidad proviene básicamente de la acción del sector público y, por tanto, de la sociedad como un todo. En cambio, en el caso de la producción agrícola, el propietario trabaja y hace inversiones en la tierra para la obtención de determinado saldo, positivo o negativo. 20 Las leyes urbanas aspiraban de forma utópica a dirigir ordenadamente el uso y la ocupación del suelo, con reglas universales y genéricas, separando y jerarquizando usos, tipologías y padrones. El efecto que esto produjo en las ciudades de América Latina fue un paisaje dividido: la "ciudad formal", con sus propiedades y edificaciones de acuerdo con los parámetros legales, y la "ciudad informal", constituida por las viviendas de la población pobre, desprovista del derecho al usufructo equitativo de los bienes, servicios y oportunidades de la ciudad. La ilegalidad es, por tanto, también un subproducto de la regulación tradicional y de las violaciones contra los derechos a la tierra y a la vivienda. Esta dualidad, esta tensión entre la porción "legal" y la "ilegal" del territorio de las ciudades, comenzó a estar presente en las sociedades latinoamericanas con una intensidad hasta entonces nunca vista. 21
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DERECHOS económicos, sociales y culturales

DERECHOS económicos, sociales y culturales

acaban finalmente en la nefasta experiencia nazi del exterminio de los judíos en los campos de concentración, en donde se niega la humanidad de muchos grupos humanos o de individuos en aras de los objetivos políticos. Pasada esa conflagración hay un resurgimiento muy fuerte en la comunidad internacional de la necesidad de posesionar los derechos humanos como vértice, como factor central de la legitimidad del poder. Viene luego un movimiento de derechos humanos en pos no solo de declaraciones sino de convenciones que obliguen directamente a los Estados a la institucionalización de la justicia internacional a favor de los derechos humanos. El último paso reciente es la creación de la Corte Penal Internacional y el primer Código Penal mundial, con cuatro delitos, aceptados por todas las naciones, en torno a la realización de esos derechos. A partir de la Segunda Guerra Mundial se presenta un fenómeno de institucio- nalización de esos derechos como condición de legitimidad del poder público, pero a nivel de la filosofía política no contamos con una fundamentación de los derechos que sea satisfactoria. El problema central hoy en día en la filosofía política y en la filosofía del derecho consiste en que no contamos con una teo- ría, con un desarrollo conceptual teórico que nos permita satisfacer la pregunta sobre cuál es el fundamento de los derechos. Esto permite que el discurso sea bastante frágil, porque desbancamos a Dios de esa garantía de la existencia de los derechos, como dador de derechos, como origen de ellos, pero no le te- nemos sustituto. La Ilustración intentó ofrecer como sustituta a la diosa Razón. La Ilustración remplazó la figura de Dios por la de la Razón, pero le otorgó a esta las mismas características y facultades que antes se le otorgaban a la divi- nidad. A la postre el movimiento de la Ilustración no avanzó mucho frente a la construcción racional de los límites de la coerción estatal porque simplemente remplazó la divinidad por una abstracción como la razón.
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JUSTICIA TRANSICIONAL Y DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

JUSTICIA TRANSICIONAL Y DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Habida cuenta de que los derechos de posesión eran la práctica generalizada en Bosnia y Herzegovina, los dictámenes de la Cámara tendrían repercusiones significativas en la restitución de las propiedades perdidas. Los titulares de derechos podrían vivir en la propiedad y disfrutar de ella de forma indefinida y el derecho de posesión podría heredarse. La Cámara determinó que los derechos de posesión estaban protegidos, entre otras cosas, en virtud del artículo 1 del primer Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En opinión de la Cámara, ese derecho se aplicaba a todo "activo valioso" que "constituya una 'posesión' en el sentido del artículo 1 conforme a la interpretación de la Comisión Europea y del Tribunal Europeo". De acuerdo con ese artículo, "toda persona... tiene derecho al respeto de sus bienes". La Cámara llegó a la conclusión de que la no aplicación de las órdenes judiciales representaba una violación de ese derecho dado que suponía "la incapacidad de las autoridades de proteger al demandante contra la injerencia ilícita de particulares en sus posesiones". Otras decisiones de la Cámara complementan esta sentencia pionera 58 .
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La igualdad de los modernos

LA IGUALDAD DE LOS MODERNOS

A la afirmación de la responsabili- dad permanente del Estado por la vigen- cia de los derechos económicos, sociales y culturales hay que agregar una referen- cia final a los esfuerzos doctrinales re- cientes relativos a tal vigencia de estos derechos. Se reconoce hoy en día que muchos de ellos (v.g., ciertos derechos sindicales, la igualdad de remuneración por trabajo igual, el derecho a la educa- ción primaria obligatoria gratuita) son de aplicabilidad inmediata. Se han distin- guido no sólo obligaciones mínimas refe- rentes a los derechos económicos, socia- les y culturales, sino también obligaciones distintas -de respetar, proteger, asegurar y promover- tales derechos. Se ha seña- lado la importancia de la aplicación del principio de la no-discriminación también en el presente contexto. La iniciativa re- ciente de elaboración de un Proyecto de Protocolo al Pacto de Derechos, Econó- micos, Sociales y Culturales atiende a la idea de la justiciabilidad de estos dere- chos. En esta línea, se ha buscado identi- ficar por lo menos los componentes jus- ticiables de los derechos económicos, so- ciales y culturales (v.g., de los derechos a la educación, a la salud, a una vivienda adecuada, sobre todo en sus aspectos referentes a la no-discriminación), ele- mentos éstos que han sido objeto de la ju- risprudencia internacional más reciente bajo los tratados y convenciones de dere- chos humanos y que además han sido aplicados en el orden jurídico interno de muchos países 48 . Hay, pues, que tratar
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Tomemos en serio los derechos económicos, sociales y culturales

Tomemos en serio los derechos económicos, sociales y culturales

Tomemos en serio los derechos econ?micos, sociales y culturales TOMEMOS EN SERIO LOS DERECHOS ECON?MICOS, SOCIALES Y CULTURALES Jos? Joaquim Gomes Canotilho Profesor de la Facultad de Derecho Universi[.]

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Estas diferencias estructurales entre derechos se manifestarían en más de un aspecto. Uno de los más decisivos sería la configuración de los derechos civiles y políticos como derechos exclusivamente de abstención, en contraposición al carácter fundamentalmente presta- cional de los derechos sociales. De acuerdo con este criterio, la tu- tela de los derechos civiles y políticos —como el derecho a la liber- tad de expresión o a la libertad de culto— supondría para los pode- res públicos obligaciones negativas, de omisión, como la abstención de censura. La protección de los derechos sociales —como el dere- cho a la salud o a la vivienda— comprometería en cambio a los po- deres públicos de manera positiva, obligándolos a prestar, por ejem- plo, servicios médicos o habitacionales. Esta apelación a obligacio- nes negativas o positivas por parte de los poderes públicos fijaría, una vez más, las posibilidades de tutela judicial. La de los derechos civiles y políticos sería, además de sencilla, barata: los tribunales sólo deberían dejar sin efecto las normas o actos que los vulnerasen activamente. La protección judicial de los derechos sociales, en cambio, sería compleja y con frecuencia cara: los tribunales deberí- an adentrarse en complejas operaciones dirigidas a colmar las lagu- nas producidas por normas no dictadas o por actos no llevados a cabo. En la mayoría de los casos, estas operaciones supondrían in- cursiones de dudosa legitimidad en ámbitos reservados a la actua- ción legislativa, cuando no una carga desmesurada para las arcas públicas. Desde esa perspectiva, la constitucionalización de los de-
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La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en Colombia: el caso de las madres comunitarias

La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en Colombia: el caso de las madres comunitarias

title La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en Colombia: el caso de las madres comunitarias. subject derecho, sociología[r]

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La perspectiva política en la construcción de una agenda de integración económica interamericana desde la experiencia colombiana

La perspectiva política en la construcción de una agenda de integración económica interamericana desde la experiencia colombiana

No obstante ese proyecto, desde los intereses particulares de cada país, ha centrado su mirada hacia el aspecto meramente económico y comercial, olvidando que los esfuerzos en donde intervienen intereses multilaterales demandan condiciones de la institucionalidad que permiten garantizar su eficacia en asuntos tales como los derechos a la educación, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda, el trabajo y a otros –derechos- económicos, sociales y culturales básicos para la dignidad humana (Center for Economic and Social Rights, 2016) En este sentido, desde la perspectiva de las modalidades contemporáneas de la integración internacional (Tamames, 2003: 19), se debe establecer un marco de referencia sobre el aspecto político de los tratados que permita delimitar un orden jurídico y que posibilite formalizar las relaciones económicas, sociales y culturales que de allí se derivan.
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La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.

La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.

Algunas dificultades conceptuales que plantea esta discusión tiene directa relación con la estrecha vinculación de la noción tradicional de derecho subjetivo, la noción individual de propiedad y el modelo de Estado liberal. Dado que gran parte de las nociones sustanciales y pro- cesales propias de la formación jurídica continental surgen del marco conceptual determinado por esta vinculación, muchas de las respuestas casi automáticas que se articulan frente a la posible justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales insisten en señalar la falta de acciones o garantías procesales concretas que tutelen los dere- chos sociales. Para verificar las dificultades que genera el marco teórico en el que se fundan las acciones tradicionales para proteger adecua- damente derechos sociales basta señalar algunos ejemplos, como que las sentencias que condenan al Estado a cumplir obligaciones de hacer no cuentan con resguardos procesales suficientes y resultan por ello de dificultosa ejecución. Sin embargo, la inexistencia de instrumentos procesales concretos para remediar la violación de ciertas obligaciones que tienen como fuente derechos económicos, sociales y culturales no significa que pudiesen crearse.
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Derecho a la Vivienda y Derecho a la Ciudad: Los campamentos tradicionales y los ‘otros campamentos’ de nuestras ciudades

Derecho a la Vivienda y Derecho a la Ciudad: Los campamentos tradicionales y los ‘otros campamentos’ de nuestras ciudades

¿Qué tendrían en común los campamentos tradicio- nales con los posibles otros campamentos? ¿En qué se diferenciaría? Quizá una respuesta preliminar sería que ambos resultan de una compleja conjugación de vulneraciones a los Derechos a la Vivienda y a la Ciudad. El primer concepto se encuentra bastante discutido y formalizado, mientras que el segundo aún no tiene un consenso absoluto en cuanto a las dimensiones y variables que abarca. A continuación se plantea una mirada sucinta sobre ambos derechos. El derecho a la Vivienda es un derecho humano, consa- grado como tal en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en donde el párrafo 1 del artículo 11 señala que los Estados partes “reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. Este derecho fue profundizado en 1991 mediante la Observación General nº4 “El derecho a una vivienda adecuada” elaborada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR). En esta Observación, el Comité enfatiza que este derecho no sólo implica la existencia de la estructura física de un techo sobre la cabeza, sino que debe entenderse siempre en el contexto de que la vivienda permita vivir en paz, dignidad y seguridad, dado que a través de la vivienda adecuada se puede alcanzar el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. La pregunta lógica que sigue a esta afirmación es ¿cuando una vivienda es adecuada? La respuesta también se entrega en esta Observación General, señalando la existencia de siete aspectos de la vi-
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LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES Y CULTURALES DE LOS MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR

LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES Y CULTURALES DE LOS MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR

A pesar de ello, en las estrategias o planes de acción nacionales sobre vivienda pública, atención de salud o educación no se suelen tomar en consideración la situación y las necesidades de los migrantes en situación irregular. Esas políticas rara vez tienen en cuenta las aportaciones esenciales que hacen a la sociedad y la economía los migrantes, ni las muchas maneras en que pueden verse privados de sus derechos humanos. Las autoridades públicas también suelen dar por cierto que la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales las obliga a proporcionar gratuitamente atención de salud, agua, educación, alimentación y otros bienes y servicios. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha puntualizado, sin embargo, que el marco de los derechos humanos no siempre exige al Estado que ofrezca asistencia social y ha observado que: “Tal como se señala en la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la seguridad social en caso de desempleo, enfermedad, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. No obstante, eso no significa siempre que se tenga derecho a dádivas. La seguridad social debe impedir que las personas vivan en situaciones desesperadas y debe ayudarlas a recuperarse con miras a brindarles oportunidades para que sean miembros libres de la sociedad y realicen aportaciones a esta” 13 .
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Historia, concepto y estructura de los derechos económicos sociales y culturales

Historia, concepto y estructura de los derechos económicos sociales y culturales

subject derechos económicos, sociales y culturales; judicialización de los derechos sociales; Estado social de derecho;. historia de los derechos sociales; derechos sociales como derecho[r]

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Indicadores y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales

Indicadores y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales

Efectivamente, la ciudadanía se ha desarrollado en tres fases, se fundamenta en tres dimensiones (civil, política y social) y se define como el estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad, entendiendo comunidad como Estado Nación. Para ser ciudadano son imprescindibles e inseparables las tres esferas y así los derechos civiles son inefectivos sin derechos sociales. De esta forma, establece un criterio unificador bajo el cual fundamentar todos los derechos, en este caso del ciudadano y, sobre todo, pone de relieve la relación simbiótica entre ellos y especialmente la importancia de los derechos sociales. Su concepto de ciudadanía ha sido esencial, quedando ligado al discurso de derechos humanos y de derechos sociales. El proceso de estos derechos de ciudadanía queda determinado por la antítesis entre la estructura anti igualitaria y la consecuencias de la economía capitalista por un
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Preguntas frecuentes sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Preguntas frecuentes sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Por último, los organismos donantes y las organizaciones intergubernamentales que realizan actividades en el país en las esferas de la asistencia humanitaria, la asistencia para el desarrollo y otros ámbitos de cooperación internacional también deben cumplir las obligaciones de derechos humanos que les puede imponer el derecho internacional o el derecho del país de su nacionalidad. Por ejemplo, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y los organismos de las Naciones Unidas deben respetar y observar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos sin discriminación en sus actividades de cooperación internacional, tal como se dispone en la Carta de las Naciones Unidas. Además, deben respetar las obligaciones de derechos humanos que el país receptor haya aceptado con arreglo al derecho internacional y al derecho interno. Deben garantizar que su cooperación no menoscabe los esfuerzos que realiza el país receptor para dar efectividad a los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, y facilitar y respaldar teóricamente tales esfuerzos. Además, deben velar por que la conducta de su personal, sus contratistas y otras personas bajo su control se ajuste a las normas y los principios aplicables en materia de derechos humanos.
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Contenido y alcance del derecho a la salud y las garantías jurisdiccionales y recursos para hacerlo valer en el ordenamiento jurídico ecuatoriano

Contenido y alcance del derecho a la salud y las garantías jurisdiccionales y recursos para hacerlo valer en el ordenamiento jurídico ecuatoriano

Aunque exista un escaso reconocimiento y protección de los derechos económicos, sociales y culturales dentro de este Sistema Interamericano, la Convención Americana ha hecho referencia al tema en varios de sus Informes Generales e inclusive en los específicos para ciertos países. Un claro ejemplo es el Informe sobre Cuba elaborado en 1983; en éste se lleva a cabo un análisis muy detallado de los parámetros sobre los cuales el Sistema Interamericano ha de evaluar la satisfacción del derecho a la salud a manos del Estado, entre éstos se desprende: el marco legal nacional de protección, la cobertura de los servicios de salud adentro del territorio, los índices y estadísticas derivadas de este tema, así como las políticas públicas del gobierno de turno, entre otras 67 .
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Aproximación Teórico-Conceptual a la Relación entre los Derechos Humanos y la Universidad Pública en el Siglo XXI

Aproximación Teórico-Conceptual a la Relación entre los Derechos Humanos y la Universidad Pública en el Siglo XXI

En este contexto, es propio distinguir entre derechos humanos civiles y políticos, por una parte, y derechos humanos económicos, sociales y culturales, por otra, así como se advierten en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto de Derechos económicos, Sociales y Culturales, ambos promovidos en el seno de la Organización de las Naciones Unidas en 1966 (Naciones Unidas, 1996). 2 Naciones Unidas, “(…) en la idea de otorgar un marco formal para proteger la dignidad de la persona en términos de lo económico, reconoce que los derechos económicos que les corresponden son una libre participación en las actividades económicas, derecho al trabajo, a una remuneración satisfactoria, derecho al descanso, a formar sindicatos y a la seguridad social” (Malpica Aburto, N., 1996: 55-66).
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