Top PDF La justa indemnización por expropiación en el derecho constitucional colombiano

La justa indemnización por expropiación en el derecho constitucional colombiano

La justa indemnización por expropiación en el derecho constitucional colombiano

El entorno político y económico nacional e internacional que circunscribió esta reforma llevó a que en Colombia se pasara de un Estado liberal clásico a uno intervencionista en donde el Estado entra a cumplir un papel distinto en sus relaciones con los particulares. Al cambiar la concepción política del Estado, también cambió, por consiguiente, la de la propiedad. De esta forma, se pasó de un Estado individualista a uno solidario y, por lo tanto, de una concepción absolutista de la propiedad a una social. En consecuencia, se legitimó su injerencia en el campo económico con el compromiso de una distribución más racional de la riqueza, con el fin de que la acción del Estado se encaminara a “mitigar la situación de los grupos sociales más pobres material y formalmente más desamparados” 23 . A partir de esto se dieron las condiciones para que la función Social de la Propiedad se insertara en nuestro ordenamiento jurídico, por medio de una reforma constitucional, la cual sería desarrollada por el legislador con el señalamiento de precisas obligaciones a sectores específicos 24 . Es aquí donde entra la ley 200 de 1936, mejor conocida como ley de reforma agraria.
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El tribunal constitucional y el uso de "tests" : una metodología necesaria para fortalecer la revisión judicial económica = The constitutional court and the use of standards : a necessary methodology for strenghtening economic judicial review

El tribunal constitucional y el uso de "tests" : una metodología necesaria para fortalecer la revisión judicial económica = The constitutional court and the use of standards : a necessary methodology for strenghtening economic judicial review

En este sentido, si algo podemos aprender de la jurisprudencia norteamericana es la habilidad que ha tenido para detectar ciertas cuestiones o indicadores, que de alguna manera, activan las “alarmas” de la revisión judicial frente a regulaciones “sospechosas” desde la perspectiva de atentar contra el derecho de propiedad y la igualdad ante las cargas públicas. Entre ellas destacan, el uso del poder de policía para evadir la cláusula de expropiación (uso público, justa compensación y debido proceso); cómo una deter- minada regla de la Corte puede afectar la distribución de derechos anteriores a la medi- da estatal que se está evaluando como expropiatoria –particularmente en el caso en que existían contratos entre las partes–; y, bajo qué contextos incide la cuestión de la com- pensación, sobre todo porque hay cierta coincidencia doctrinaria que aconseja, por motivos de eficiencia el que no procedan compensaciones –y ello debiera llevar a la Corte a jugarse por sancionar una restricción como regulación y no como expropiación– en caso de actividades privadas que generen externalidades negativas, y en donde la restricción operaría como mecanismo de internalización de la misma.
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El juicio de expropiación y el derecho de contradicción

El juicio de expropiación y el derecho de contradicción

Esta norma utilizada sabiamente por las instituciones del sector público para poder ejecutar obras urgentes y en beneficio de la colectividad, contradice definitivamente en la práctica con la disposición constitucional establecida en el Art. 323 de la Constitución de la República, en la parte que establece: “podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley”. El tema es claramente perjudicial para el expropiado ya que en caso de expropiación de carácter urgente y de ocupación inmediata (como ya hemos dicho, se utiliza esa terminología en la mayoría de los casos a nivel municipal), el juez dicta en su primera providencia la ocupación inmediata del predio, es decir que la institución pública puede ordenar al departamento de obras públicas a su cargo, previa notificación al demandado del auto de calificación de la demanda, la ocupación inmediata de su predio, mientras que el dinero se encuentra “depositado” en el respectivo juzgado de lo civil. ¿Se ha cumplido la justa valoración, pago e indemnización? Definitivamente que no. Para eso está justamente el juicio de expropiación para determinar el precio. Se ha consignado el valor en el juicio de expropiación de acuerdo al avalúo realizado por la Municipalidad, sin embargo el dinero permanecerá depositado en el juzgado hasta que se dicte sentencia, por lo que la indemnización sólo se hará efectiva al momento de que el juez ordene que se entregue la cantidad señalada en sentencia al final del juicio.
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La restricción a la indemnización del poseedor de bienes inmuebles en casos de expropiación

La restricción a la indemnización del poseedor de bienes inmuebles en casos de expropiación

En relación con la expropiación, la norma constitucional italiana –al igual que las normas constitucionales de los demás países estudiados- autoriza la expropiación por motivos de “interés general” siempre y cuando haya “justiprecio”; es decir, se puede expropiar por motivos de utilidad pública e interés social, indemnizando de manera justa al afectado. En esto se fundamentó la Corte Constitucional en Sentencia N°. 6 de 1966, donde se examinaba la licitud de la Ley N° 1849 de 1932 que permitía restringir y limitar la capacidad de uso y goce de los inmuebles para tutelar construcciones militares (servidumbres militares), sin recibir indemnización alguna, declarando dicha ley ilícita, pues según la Corte la norma no era objetiva ni general, pues la existencia de un acto expropiatorio, viene acompañado con la pertinente obligación constitucional indemnizatoria, siempre que se impusieran limitaciones “que vacíen de contenido el derecho de propiedad, incidiendo sobre el goce del bien, de forma tan profunda que lo convierten en inutilizable para el destino que es inherente a su propia naturaleza, o determinado la desaparición o un considerable menoscabo de su valor de cambio”.
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Límites a la expropiación de vivienda de personas en estado de vulnerabilidad y de especial protección a la luz del principio de confianza legítima y el derecho fundamental a la vivienda digna en Colombia

Límites a la expropiación de vivienda de personas en estado de vulnerabilidad y de especial protección a la luz del principio de confianza legítima y el derecho fundamental a la vivienda digna en Colombia

En la Constitución de la Republica de la Nueva Granada en 1853 se incluyen nuevas disposiciones que facultan al Estado a privar de la propiedad sin indemnización previa, cuando se presenten casos de guerra exterior o conmoción interna (Constitución de la Republica de la Nueva Granada, 1853); posteriormente la Constitución de 1858, determina la competencia de la siguiente manera, la declaratoria de utilidad pública debe ser emitida por la rama judicial y en caso de guerra o conmoción interior, esta debe ser declarada por el ejecutivo; dando así características propias a la figura de la expropiación y enriqueciéndola de elementos normativos (Constitución para la Confederación Granadina, 1858). Con la Constitución de 1886, surge una nueva acepción frente al tema y es que además de la expropiación por motivos de utilidad pública, se establece que el procedimiento podrá ser llevado a cabo mediante mandamiento judicial, convirtiéndolo así en una enajenación forzosa, aunque de la misma manera con previa indemnización. (Constitución Política de la Republica de Colombia, 1886). Para 1936 existió una reforma constitucional que le asignó a la propiedad privada una función social y además de lo dicho en las constituciones precedentes, agrega que el legislador por razones de equidad podría determinar los casos en que no hubiera lugar a indemnización. Finalmente la constitución de 1991 consagra la figura, tal y como la conocemos hoy en día.
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La expropiación frente al justo precio a pagar debido al avalúo catastral irreal de los inmuebles

La expropiación frente al justo precio a pagar debido al avalúo catastral irreal de los inmuebles

VISTOS: Dr. Ernesto Guarderas Izquierdo en su calidad de delegado del Alcalde Metropolitano y Procurador Judicial del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito dentro del juicio de expropiación que sigue en contra de Hernán Alberto Moya Lozano y otros, deduce recurso de casación respecto de la sentencia dictada por los señores Jueces de la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Pichincha que confirma la sentencia del juez A-Quo. Para resolver, se considera: PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Este Tribunal tiene jurisdicción en virtud de haber sido constitucional y legalmente designados mediante resolución Nº 4- 2012 de 25 de enero del 2012, y la competencia, en mérito a lo dispuesto por el artículo 184.1 de la Constitución de la República del Ecuador; artículo 190.1 del Código Orgánico de la Función Judicial; artículo 1 de la Ley de Casación; y, por el sorteo de rigor cuya acta obra del proceso. La Sala de lo Civil y Mercantil analiza el recurso de casación y lo admite a trámite en cumplimiento del artículo 6 de la Ley de Casación. SEGUNDO: ANÁLISIS PREVIO DEL JUICIO DE EXPROPIACIÓN.- Sobre la expropiación por utilidad pública e interés social, el artículo 323 de la Constitución de la República del Ecuador establece que, con el “objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación.” Con el fin de realizar obras para el bien colectivo, las instituciones del Estado están facultadas a expropiar bienes particulares, previo siempre, la valoración de los mismos y la correspondiente indemnización. El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, dice que la “Expropiación Forzosa” es el “Apoderamiento de la propiedad ajena que el Estado, u otra corporación o entidad pública, y a veces algunos particulares, llevan a cabo por motivos de utilidad general o interés social, y abonando justa y previa indemnización. De faltar la misma, se está lisa y llanamente ante la confiscación”. Sobre los denominados Juicios de Expropiación, la Sección 19 del Título Segundo del Código de Procedimiento Civil en el artículo 781 establece que nadie puede ser privado de su propiedad sino solo de conformidad con la ley.
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Género y constitucionalismo  Una mirada feminista al derecho constitucional colombiano

Género y constitucionalismo Una mirada feminista al derecho constitucional colombiano

La segunda crítica se relaciona con la escasez de cambios materia- les generados por este modelo. Pese a que se han logrado cambios for- males materializados en sentencias favorables a las mujeres, el texto de jurisprudencia constitucional, como la nueva “victoria” de la participa- ción-acción de las ONG feministas, se ha convertido en letra muerta que produce marginalmente cambios simbólicos en debates lejanos y técni- cos, que nunca llegan a cambiar la vida cotidiana de las mujeres no in- volucradas con esta acción. Lo más grave es que esta acción institucional legitima el estado de cosas: todos sentimos que las mujeres están mejor porque la Corte Constitucional está haciendo algo por ellas o porque las ONG de turno están promoviendo el cambio legal adecuado, mientras nadie puede “comer” con las sentencias ni con las leyes. En ese sentido, esta forma de acción feminista es una especie de fetichismo legal que ol- vida los límites de los cambios logrados con base en materiales jurídicos (Lemaitre, 2009).
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El Derecho Constitucional a la Indemnización por Errores Judiciales en los Procesos Penales y Detenciones Arbitrarias ¿Utopía O Realidad?

El Derecho Constitucional a la Indemnización por Errores Judiciales en los Procesos Penales y Detenciones Arbitrarias ¿Utopía O Realidad?

138 convirtiéndose en una detención ilegal. Así lo expresa en su fundamento 8.3, en el cual establece que: “En lo que respecta a la prohibición de la detención y la prisión arbitrarias formulada en el artículo 9 del Pacto, el Comité observa que aunque el Estado Parte ha indicado que el autor de la comunicación era sospechoso de participación en el asesinato de Iván Egas, no ha explicado por qué se consideró necesario mantenerlo preso durante cinco años antes de que fuera acusado en diciembre de 1987. A ese respecto, el Comité señala que en el párrafo 3 del artículo 9 del Pacto se estipula que la persona detenida a causa de una infracción penal ‘tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio’. El Comité observa asimismo que, en virtud del párrafo 5 del artículo 9 del Pacto, ‘toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener reparación’.”
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Teoría del derecho, neoconstitucionalismo y modelo de estado constitucional en el contexto colombiano

Teoría del derecho, neoconstitucionalismo y modelo de estado constitucional en el contexto colombiano

El modelo de Estado constitucional y democrático de Derecho se soporta en la teoría neoconstitucio- nalista y desarrolla elementos particulares y característicos que proponen innovadoras ideas frente a la estructura estatal, entre ellos, la supremacía constitucional, el control de constitucionalidad, la protección y garantía de los derechos y el papel activo del juez como creador de Derecho. En el contexto colombiano, no ha alcanzado sus pretensiones, ya que este modelo fue trasplantado de Europa y, por lo tanto, la realidad sociojurídica es diferente; esto deriva consecuencias negativas en su implementación. En este artículo también se reflexionará sobre las propuestas teóricas que se han desarrollado como crítica a los postulados del neoconstitucionalismo: el constitucionalismo popular como una propuesta teórica proveniente de Estados Unidos y el nuevo constitucionalismo que está consolidándose en América Latina. Estas dos propuestas tienen como eje un mayor activismo por parte de los sectores sociales y el control de constitucionalidad ejercido por la ciudadanía. Palabras clave: neoconstitucionalismo, Estado constitucional, Constitución, garantía de derechos, control de constitucionalidad.
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Cuadros de Derecho Constitucional Colombiano comparado 1821 1863

Cuadros de Derecho Constitucional Colombiano comparado 1821 1863

Ejecutivo. El Congreso se reunirá en un solo cuerpo, compuesto de los Senadores y Representantes, para hacer el escrutinio de las votaciones, y en su caso perfeccionar las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República; para recibirles el juramento constitucional; para elegir el que deba subrogarles conforme al Artículo noventa y nueve; para nombrar los ministros de la Corte Suprema; para oír y decid: sobre las renuncias o dimisiones que los expresados hagan de sus destinos; y para los demás actos que disponga la ley; pero nunca para ejercer las atribuciones que le corresponden según el Artículo sesenta y siete de esta Constitución.
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El derecho de reversión en la expropiación forzosa

El derecho de reversión en la expropiación forzosa

Ahora bien, esta posibilidad legalmente establecida no puede facilitar u otorgar a la Administración una “baza” para argumentar, en juicio o fuera de él, que todo sobrante es una expropiación previsora. Esto no podría ser así, fundamentalmente porque para que la Administración pueda alegar que los bienes expropiados lo fueron para previsibles ampliaciones deben concurrir dos requisitos fundamentales. En primer lugar, que dicha ocupación para futuro sea de carácter indispensable para la consiguiente ampliación puesto que este requisito de indispensabilidad viene exigido literalmente por la ley en el artículo 15 citado anteriormente; y, en segundo lugar, porque la ocupación de hoy para mañana requiere con carácter necesario el acuerdo del Consejo de Ministros.
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Campillay, Julio C. c La Razón y otros

Campillay, Julio C. c La Razón y otros

7°) Que en el caso "sub examine" se plantea un conflicto entre el derecho personal a la honra, el derecho individual de expresión de pensamiento a través de la palabra impresa y en concreto, el derecho de crónica; y el derecho a la información. En ese orden, como principio es incuestionable el derecho que toda persona tiene a no ser difamada y en caso de serlo, a recibir indemnización por los daños y perjuicios sufridos; también lo es el ejercicio autónomo de la prensa como medio de información colectiva que en la actualidad debe realizarse a través de la compleja división del trabajo que requiere la producción cotidiana de un diario moderno, con el fin de resolver el problema cuantitativo del flujo de noticias, su rapidez, su carácter casi instantáneo con el acontecimiento o suceso objeto de la información. Por último, el derecho de la comunidad a ser bien informada y que encierra en sí el derecho del hombre a formar un pensamiento propio y actualizado sobre lo que ocurre en la sociedad en que vive. Este conflicto entre valores o bienes jurídicos contrapuestos obliga a los jueces a realizar, en cada caso, una armónica ponderación axiológica con miras a determinar con precisión sus respectivos alcances y límites, a fin de asegurar los objetivos para los que fue dictada la Constitución que los ampara.
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LÍMITES AL CONTROL JUDICIAL DE FALLOS DISCIPLINARIOS PROFERIDOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A PARTIR DE LA LEY 734 DE 2002 SERGIO LUIS MONDRAGÓN DUARTE

LÍMITES AL CONTROL JUDICIAL DE FALLOS DISCIPLINARIOS PROFERIDOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A PARTIR DE LA LEY 734 DE 2002 SERGIO LUIS MONDRAGÓN DUARTE

ibídem). Respecto de los Ministros del Despacho, estos funcionarios quedaron sujetos en la nueva Carta Política al procedimiento parlamentario conocido con el nombre de "moción de censura", por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. Si la moción es aprobada por la mayoría absoluta de los integrantes de cada Cámara, el Ministro quedará separado del mismo. (Artículo 135 numeral 9). Con todo, el Procurador General de la Nación podría también producir la decisión motivada de desvinculación, previa audiencia y con sujeción al artículo 278-1, por las causales que no correspondan al ejercicio mismo del cargo, como sería el caso del enriquecimiento ilícito y aquellos otros comprendidos en el marco constitucional en referencia. Conviene observar, finalmente, que la función otorgada al Procurador General en el artículo 278-1, por sus características y por ser completamente nueva, no puede ser ejercida con sujeción, o a leyes preexistentes o a los requisitos establecidos para la función administrativa en el libro primero del Código Contencioso Administrativo (decreto ley 01 de 1984). Requiere, por consiguiente, de una ley nueva que asegure la comparecencia y especifique los derechos del acusado, la producción, el examen y el valor de los medios de prueba y, en general, regule aquellas formas procesales--incluida la motivación de la decisión--que son parte integrante del principio esencial del debido proceso, aplicable según mandato constitucional "a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". (Ibídem)
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La desprotección sobre los derechos laborales en la corte interamericana de los derechos humanos por prepoderacion de derechos “ineficacia de la Internacionalización del derecho laboral colombiano”

La desprotección sobre los derechos laborales en la corte interamericana de los derechos humanos por prepoderacion de derechos “ineficacia de la Internacionalización del derecho laboral colombiano”

Sobre la lógica descrita, podemos traer a colación el Caso Isaza Uribe Y Otros vs. Colombia, en donde el estado colombiano es condenado por la desaparición de Víctor Manuel Isaza Uribe, ocurrida el 19 de noviembre de 1987, el cual estando en detención ilegal en la a cárcel municipal de Puerto Nare (ubicada a escasos metros de la inspección de policía), es secuestrado por hombres armados y desaparecido, se establece que la acción se llevó a cabo por la relación del señor Isaza como miembro activo del partido político Unión Patriótica y por pertenecer al sindicato Único de Trabajadores de la Industria de los Materiales de Construcción, Sutimac, Seccional Puerto Nare, Antioquia.
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Tipos de la colección Triana en el Herbario Nacional Colombiano - Sociedad Argentina de Botánica

Tipos de la colección Triana en el Herbario Nacional Colombiano - Sociedad Argentina de Botánica

PIPER OTTONIAEFOLIUM C. De Candolle, Seemann, Journ. Loe.: Provincia del Chocó, ait. de Candolle, Prodr. De Candolle, Prodr. De Candióle, Prodr. De Candolle, Seemann, Journ. Loe.: Provin[r]

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				El precedente del Consejo de Estado en las fuentes del derecho administrativo

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En suma, el corpus de este artículo se compone de tres grandes capítulos temáticos y un acápite final de conclusiones. En el primer capítulo se realiza una presentación conceptual e histórica del sistema de fuentes del derecho, así como las dificultades asociadas al tratamiento indistinto que se ha dado al precedente judicial y a la jurispru- dencia en Colombia. En el segundo capítulo se lleva a cabo una revisión panorámica a la evolución sobre la noción del precedente judicial frente a las decisiones de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. El tercer capítulo se ocupa de presentar la revisión al precedente judicial en las decisiones del Consejo de Estado y su función como fuente principal para el juez contencioso administrativo. Este ejercicio se lleva a cabo en dos momentos: uno previo a la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (Cpaca) y uno posterior a esta. Por último, en el cuarto capítulo se presenta un breve balance de conclusiones.
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La paridad en la participación política de las mujeres en México, bajo la tutela del derecho constitucional y convencional | Revista Misión Jurídica

La paridad en la participación política de las mujeres en México, bajo la tutela del derecho constitucional y convencional | Revista Misión Jurídica

El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe de acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensa cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria (Tribunales colegiales de Circuito: 2005).
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Herramientas para combatir la corrupción en contratación pública en Colombia, a partir de la revisión de experiencias internacionales

Herramientas para combatir la corrupción en contratación pública en Colombia, a partir de la revisión de experiencias internacionales

Se encuentra inmersa en los preceptos jurídicos, también en los principios generales del derecho. Como lo indica Villamizar (2006) el concepto de moralidad administrativa, como principio de la actividad de la administración pública, sugiere un problema de distinción entre moral y derecho y, en consecuencia, plantea la inquietud de efectividad del mismo. En ese sentido ha sostenido el Consejo de Estado (2011) ha indicado que la moralidad constitucional de la función pública hace referencia al comportamiento del servidor público respetuoso de las formalidades y finalidades del bloque de legalidad y de los parámetros que se avienen de los principios, valores y normas de nuestro ordenamiento jurídico. Así mismo ha expresado su carácter dual:
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La esterilización en las personas con discapacidad cognitiva y psicosocial - una perspectiva crítica a la jurisprudencia constitucional

La esterilización en las personas con discapacidad cognitiva y psicosocial - una perspectiva crítica a la jurisprudencia constitucional

. En esta misma línea, de acuerdo con The World Network of Users and Survivors of Psichiatry (WNUSP) no es necesario crear un abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.”
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Apuntes de derecho constitucional colombiano

Apuntes de derecho constitucional colombiano

En los veintiséis años largos que han transcurrido desde la promulgación de la actual Constitución, el 4 de julio de 1991 a la fecha, el país se ha ido acostumbrando a grandes cambios en materia jurídica, marcados especial- mente por el predominio de la jurisprudencia sobre la ley. La aplicación directa, hecha por los jueces, de la Constitución, entendiendo por tal no solo sus textos, sino todo el “bloque” que la conforma, en el que se incluye la jurisprudencia constitucional, ha otorgado a los jueces de todas las juris- dicciones y especialmente a la Corte Constitucional, un poder sin antece- dentes y casi sin límites.
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