PDF superior La responsabilidad objetiva en la legislación ecuatoriana para reparar el daño ambiental

La responsabilidad objetiva en la legislación ecuatoriana para reparar el daño ambiental

La responsabilidad objetiva en la legislación ecuatoriana para reparar el daño ambiental

Para la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia (hoy Corte Nacional), en el caso de Delfina Torres vs. PETROECUADOR “se revierte la carga de la prueba cuando media una presunción legal (juris tantum) en cuya virtud se tiene por existente o inexistente un hecho que concurre con otro antecedente, con el cual se halla necesariamente ligado. En otras palabras, el principio onus probandi incumbit actori, no es aplicable en los supuestos en que al actor se le releva de la carga de la prueba y se le transmite al demandado. Esta presunción opera, como hemos analizado en considerandos anteriores, cuando se trata del reclamo de reparaciones civiles por obligaciones extracontractuales derivados de daños por actividades o explotaciones peligrosas, en cuyo supuesto incumbe a la parte demandada la carga de la prueba de que el daño se produjo por causa mayor y caso fortuito, por culpabilidad de un tercero, o por culpabilidad exclusiva de la víctima.” 70
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La responsabilidad civil del notario en la legislación ecuatoriana

La responsabilidad civil del notario en la legislación ecuatoriana

2. Responsabilidad objetiva: Esta no atiende a la conducta del agente, sino que meramente al resultado material que de ella ha derivado: el daño. La obligación de indemnizar exige sólo la existencia de un perjuicio ocasionado a otro por la conducta del autor del mismo. Se llama del riesgo porque ha falta de culpa, la obligación de indemnizar se fundamenta en que toda persona que desarrolla una actividad, crea un riesgo de daño a los demás, resulta lógico que quien lo creo deba indemnizar a la persona dañada, sea o no culpable, porque el accidente lo ha ocasionado el riesgo creado. De esta doctrina tan amplia, hay autores que la limitan al riesgo-beneficio: el autor que explota una actividad económica en su propia utilidad, deber responder en contrapartida al beneficio que de ella obtiene de los daños que los demás causa. la responsabilidad es una consecuencia del beneficio de participar en el mercado. Se permite que las empresas libremente coloquen sus productos en el mercado pero deben reparar el daño que ocasionen.
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La obra pública y la conservación ambiental - aplicación de las normas jurídicas ambientales para servidores públicos de la provincia de Bolívar

La obra pública y la conservación ambiental - aplicación de las normas jurídicas ambientales para servidores públicos de la provincia de Bolívar

El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. (Constitución Política del Ecuador 2008, 2008)
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Responsabilidad objetiva por daño ambiental en la ejecución de la obra pública de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Imbabura

Responsabilidad objetiva por daño ambiental en la ejecución de la obra pública de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Imbabura

Es también un principio ambiental, “ el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras”; cabe la interrogante, ¿cuál es el modelo sustentable de desarrollo que garantiza el Estado?, obteniéndose de ello, que el modelo de desarrollo es el Sumak Kawsay - Buen vivir, modelo el cual está encaminado a la redistribución de la riqueza; a la participación ciudadana y control social en el gasto público; a alcanzar el bienestar individual y colectivo y de las generaciones venideras, en armonía con la naturaleza; a brindar importancia a la relación de la persona con la naturaleza sin que prime el desarrollo material; a incluir en la producción y desarrollo a los actores excluidos pero con una perspectiva diferente a la lógica del mercado capitalista; a la igualdad y la justicia social reconociendo el valor y cultura de los pueblos y reconociendo los derechos de la Naturaleza; a establecer a la economía social al servicio de la vida y no la vida en función de la economía; a abandonar el capital como motor de la vida; a buscar la universalización de los servicios sociales de calidad para hacer efectivos los derechos; a la ejecutabilidad de las garantías constitucionales para aplicación inmediata de los derechos sin necesidad de legislación secundaria. 13 Todos los parámetros que componen éste principio ambiental y los que
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La responsabilidad precontractual en la legislación ecuatoriana

La responsabilidad precontractual en la legislación ecuatoriana

El encuadramiento de la responsabilidad prevista en el artículo 1337 entre la extracontractual introduce una deformación de la verdadera función que la ley atribuye a la buena fe en ese campo. La buena fe no podría ser entendía como buena fe objetiva en ese ámbito. La responsabilidad extracontractual se encuentra esencialmente ligada a la violación de deberes absolutos, que surgen desde fuera de la relación específica entre sujetos determinados, y es cierto que a la determinación del contenido de los deberes correspondientes a derechos absolutos es extraña una valoración conforme la buena fe. En la hipótesis del artículo 1337, la buena fe debería, por consiguiente, ser entendida en sentido subjetivo… “De tal modo, el artículo 1373 no sería una norma constitutiva de obligaciones entre los sujetos de las tratativas, sino que tendría sólo la función de fijar un elemento subjetivo necesario para el resarcimiento del daño derivado de la violación del deber ya existente independientemente del artículo 1337”. El significado de la disposición sería este: el daño injusto, ocasionado a una parte de las tratativas por un comportamiento de la otra parte causalmente conexo con la relación específica instaurada a los fines de la formación del contrato, es resarcible sólo en cuanto el daño sea causado de mala fe. “El artículo 1337 proscribe una figura especial de hecho ilícito donde la medida de la responsabilidad del autor no sería dado por el canon de la culpa – diligencia sancionado por el artículo 2043, pero si por la mala fe”. Dada la letra del artículo, la construcción de la responsabilidad precontractual como extracontractual, según el autor, además de implicar una involución, que lleva a la etapa donde únicamente se sancionaba el dolus in contrahendo, conduce inevitablemente, por ese mismo hecho, a la eliminación del concepto de culpa in contrahendo, al asimilar la culpa – negligencia a la mala fe (que se resuelve en el concepto de dolo). 59 (Lo subrayado me pertenece)
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Los tratados internacionales y su concordancia con la legislación ambiental ecuatoriana

Los tratados internacionales y su concordancia con la legislación ambiental ecuatoriana

En el país en el artículo diez de la Constitución, el reconocimiento de que las personas, nacionalidades y comunidades, así como la propia naturaleza estarán protegidos por la Constitución y también por los tratados internacionales debería verse reflejado en la Ley de Gestión Ambiental, el Código Orgánico Ambiental que al momento está en suspensión hasta el año 2018 y la Legislación Secundaria de Medio Ambiente, además de las inclusiones expresas en la materia y también vistas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código Orgánico Integral Penal y las múltiples ordenanzas y decretos emitidos en relación al tema ambiental.
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Epidemiología y comportamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en la población ecuatoriana

Epidemiología y comportamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en la población ecuatoriana

En Ecuador no existen datos epidemiológicos sobre enfer- medad inflamatoria intestinal. Buscamos determinar la epidemiología y el comportamiento de EII en la pobla- ción ecuatoriana. Metodología. Estudio descriptivo ob- servacional, utilizando las historias clínicas de pacientes diagnosticados con EII, provenientes de los tres centros de referencia para EII del seguro social ecuatoriano, en el pe- ríodo 1990 a 2018. Resultados. El estudio incluyó a un total de 206 pacientes con diagnóstico de EII. De estos, 148 con colitis ulcerativa y 58 con enfermedad de Cro- hn. La edad promedio de diagnóstico tanto para CU como EC fue 42 años. El tiempo promedio desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico fue 7,5 meses para CU y 11,6 meses para EC. El síntoma más frecuente en CU fue
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La Ley 26/2007 de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental

La Ley 26/2007 de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental

La responsabilidad ambiental constituye un mecanismo de carácter represivo, pero también preventivo. La función que cumplen las medidas represivas consiste, por un lado, en amenazar para disuadir a los que intencionada o negligentemente están próximos a la infracción, función conocida como “prevención general” y, por otra parte, en la “prevención especial” consistente en que ese sujeto no vuelva a infringir de nuevo la norma 1 . Es decir, que ya en los supuestos de

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La creatividad en los museos, la aliada para la educación en el siglo XXI

La creatividad en los museos, la aliada para la educación en el siglo XXI

Adaptando este discurso a la educa- ción en los museos se puede decir que los museos, como instituciones educa- tivas, no deben limitarse a ser meras trasmisoras de conocimientos (o de[r]

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“La responsabilidad compartida de los padres respecto de sus hijos en la legislación ecuatoriana”

“La responsabilidad compartida de los padres respecto de sus hijos en la legislación ecuatoriana”

Cuando se publicaron las reformas al Título V del Código de la Niñez y Adolescencia en el año 2009, no se tomó en cuenta el tema de la responsabilidad compartida que debe existir entre los padres con sus hijos, pues era de fundamental importancia que no solo se reforme el tema de las pensiones alimenticias, sino además que se incluyan parámetros que permitan dar cumplimiento a los preceptos constitucionales y legales que obligan a los progenitores a que en igualdad de condiciones tengan bajo su cuidado, protección y crianza a sus hijos, cuya falta de normativa jurídica que regule de mejor manera este tema ha dado lugar al problema que se aborda en presente trabajo.
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Análisis legal, jurisprudencial y doctrinal del daño antijurídico y la responsabilidad extracontractual del estado en Colombia 1991 -2016

Análisis legal, jurisprudencial y doctrinal del daño antijurídico y la responsabilidad extracontractual del estado en Colombia 1991 -2016

En efecto, el segundo tipo de daño, que se dilucida desde esta clasificación, es el daño moral, que tiene lugar cuando el detrimento se padece a nivel sentimental, en este orden de ideas, sufren daños en sus sentimientos los seres humanos, el daño moral está referido a un menoscabo en la autoestima del sujeto, a un menoscabo definitivo o temporal de las facultades de gozar y disfrutar plenamente de la vida, de los placeres de la existencia. Las personas jurídicas pueden padecer daños morales, especialmente relacionados con su buena estima comercial o social, y su buen nombre.
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La responsabilidad social en los procesos de contratación pública en la legislación ecuatoriana

La responsabilidad social en los procesos de contratación pública en la legislación ecuatoriana

La sociedad se enfrenta a muchos desafíos ambientales, incluyendo el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación, el cambio climático, la destrucción de hábitats, la extinción de especies, el colapso de ecosistemas completos y la degradación de los asentamientos humanos urbanos y rurales. A medida que la población mundial crece y el consumo aumenta, estos cambios son amenazas crecientes para la seguridad humana y la salud y el bienestar de la sociedad. Es necesario identificar opciones para reducir y eliminar los volúmenes y patrones insostenibles de producción y consumo y para asegurar que el consumo de recursos por persona llegue a ser sostenible. Los temas ambientales en el ámbito local, regional y global están interconectados. Se requiere un enfoque integral, sistemático y colectivo, para abordarlos. La responsabilidad ambiental es una condición previa para la supervivencia y la prosperidad de los seres humanos. Por ello, es un aspecto importante de la responsabilidad social. Los temas ambientales están estrechamente relacionados con otras materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social. La educación ambiental y la creación de capacidad son fundamentales para promover el desarrollo de sociedades y estilos de vida sostenibles. (p.45)
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Responsabilidad de la víctima como elemento de la imputación objetiva desde el ámbito del normativismo en el delito de estafa en el Perú

Responsabilidad de la víctima como elemento de la imputación objetiva desde el ámbito del normativismo en el delito de estafa en el Perú

Actualmente la postura doctrinaria dominante sobre la determinación del engaño penalmente relevante es la teoría ecléctica objetivo - subjetiva, que es un “(...) amalgama dogmática que aparecía como una predecible necesidad de complementar las posturas objetivas, por sí solas insuficientes, con las especificas características, capacidades y conocimientos del disponente” (Medina Frisancho, 2011, pág. 86). Por un lado, la tesis objetiva señala que (...) el engaño debe medirse objetivamente antes de verificar si el autor produjo o no el error a la victima (Medina Frisancho, 2011, pág. 85). Por otro lado la tesis subjetiva que (...) se basa en el reconocimiento de una esfera de responsabilidad de la víctima en la interacción económica que terminaba lesionando su patrimonio, de modo que a esta, conforme a la situación concreta y sus particulares conocimientos, le resulta exigible cierto grado de diligencia frente a las afirmaciones del autor (2011, pág. 85). En la doctrina extranjera han adoptado esta postura ecléctica (Caruso, 2001, pág. 109), (Donna & De La Fuente, 2001, pág. 92 ss), (Gonzales Rus, 2000, pág. 433), (Pérez Manzano, 2003, pág. 444), (Tamarit Sumalla, 1998); en la doctrina Nacional es al parecer la postura unánime, (Bramont-Arias Torres & García Cantizano, 1998, pág. 349), (Paredes Infanzón, 2000, pág. 216), Peña (2017, pág. 330), Salinas (2006, pág. 277).
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La responsabilidad penal del Menor Infractor en la Legislación Ecuatoriana

La responsabilidad penal del Menor Infractor en la Legislación Ecuatoriana

En este aspecto es fundamental un análisis de la culpabilidad, que conforme lo estipulado en el Código Integral Penal, en su artículo 34, señala: “Para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta.” (Código Ogánico Integral Penal, 2014, pág. 40). Es de esta manera que surge una cuestión que podría ser causa de debate nacional, en donde se expondría la capacidad que posee el menor al momento de ejecutar determinado acto y si este individuo dentro del entorno social puede o no sin justa causa amenazar un bien jurídico protegido por la legislación.
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Implementación de un plan de manejo y monitoreo ambiental en la zona de influencia del proyecto central Hidroeletrica Santa Teresa

Implementación de un plan de manejo y monitoreo ambiental en la zona de influencia del proyecto central Hidroeletrica Santa Teresa

Toda actividad humana debe respetar los derechos fundamentales amparados en la Carta Magna, pues es la norma nacional de mayor jerarquía y sobre la cuál toda norma de rango inferior debe concordar. En ese sentido, para no violar los derechos aquí amparados en materia ambiental así como el derecho a una vida sana, el Estudio elabora un Plan de Manejo Ambiental que considere medidas económicas, técnicas y ambientales que conlleven a mitigar y/o evitar los probables impactos ambientales negativos que recaigan sobre el medio y mantener en equilibrio al mismo, así como mitigar los efectos negativos sobre la infraestructura del Proyecto. Para ello, también EGEMSA debe desarrollar sus Actividades aplicando tecnologías de punta en los procesos de construcción, equipamiento, operación, generación, conducción y distribución de la energía eléctrica.
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Daño a la salud: perjuicio inmaterial inútil e inconveniente para reparar integralmente el daño

Daño a la salud: perjuicio inmaterial inútil e inconveniente para reparar integralmente el daño

11. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de 14 de septiembre de 2011. Radicación 05001-23-25-000-1994-000-2001. Consejero Ponente: Dr. GIL, E. Extracto jurisprudencial en la revista de jurisprudencia y doctrina de Legis de diciembre de 2011. La doctrina en armonía con este pronunciamiento juris- prudencial caracteriza al daño a la vida de relación como un daño burgues o elitista. Este argumento no es jurídico desde ningún punto de vista, pues si eso fuere así, entonces todos los perjuicios, incluso los materiales, deberían ser reconocidos de manera estándar y sin tener en cuenta las particularidades del caso. Es decir, fijando baremos pretorianos tanto para el lucro cesante como para el daño emergente. En otras palabras, no importa el poder adquisitivo de la víctima ni su capacidad productiva, pues es menester igualar. Al contrario, la reparación integral exige dejar indemne a la víctima sin importar su condición social, o su capacidad adquisitiva y obviamente, estos son factores que inciden en la indemnización. Ver sobre esta posición criticable: Koteich, M. La Reparación del Daño como Mecanismo de Tutela de la Persona, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición: febrero de 2012.
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Analisis comparativo de la legislacion ambiental ecuatoriana y peruana aplicada al manejo de recursos hidricos de la cuenca binacional Catamayo- Chira

Analisis comparativo de la legislacion ambiental ecuatoriana y peruana aplicada al manejo de recursos hidricos de la cuenca binacional Catamayo- Chira

Esta es justificación suficiente para que este recurso sea objeto de tratamiento en el contexto del Derecho Ambiental Internacional, que de una forma u otra asegura su aplicabilidad a nivel estatal e incluso, dado su carácter coercitivo, se contribuye con un proceso de concienciación y aceleración de políticas estatales positivas (Jaquenod, 2001). A pesar de que la aplicación y el cumplimiento de las normas del derecho ambiental internacional no siempre se dan en la realidad, se ha dado un gran paso en contar con al menos una guía que permita contar con un compromiso de los estados para incluir estas normativas en su legislación interna.
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Factores de atribución

Factores de atribución

En estos casos –el asesoramiento requerido a un experto en finanzas, una operación quirúrgica efectuada por un médico especialista, la consulta a un abogado que ostenta una jerarquía particular en la materia sobre la cual tiene que expedirse–, la responsabilidad se atribuirá con un rigor mayor, tomando en cuenta la confianza depositada, y las condiciones personales que la suscitaron.

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Aplicación de la reparación civil como requisito para la suspensión de la ejecución de la pena: análisis de acuerdos plenarios y jurisprudencia

Aplicación de la reparación civil como requisito para la suspensión de la ejecución de la pena: análisis de acuerdos plenarios y jurisprudencia

O también la R.N.N° 2476-2005 Lambayeque del 2006, la cual establece: “Que como ya se anotó, otro requisito que impone el artículo 61 del Código Penal es que el condenado, durante el periodo de prueba, no cometa nuevo delito doloso ni infrinja de manera persistente y obstinada las reglas de conducta; que el imputado V.B no cumplió con una de las reglas de conducta que le fueron impuestas “[…] reparar el daño causado consistente en la devolución que deberá hacer […] de la suma […] que la reparación del daño causado, que en el presente caso-por disposición de la propia sentencia- consiste en la devolución de una suma de dinero determinada, cuya obligación no escapa al sentenciado, e importa obviamente una negativa persistente y obstinada de su parte, sin que puede entenderse que para esta calificación sea necesario al órgano jurisdiccional, requerimiento o amonestación expresa, en consecuencia, sólo se requiere que el actor sea perseverante y tenaz en esa decisión, que es precisamente lo que no ha ocurrido en autor; que por lo demás la reparación de daño impone al condenado un deber positivo de actuación, cuyo incumplimiento importa una conducta omisiva, que en ese caso comunica inequívocamente una manifestación de voluntad-hostil al derecho-de incumplimiento de la regla de conducta impuesta.”
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De la coexistencia de la cosa juzgada nacional y la cosa juzgada internacional: reparación de graves violaciones de derechos humanos

De la coexistencia de la cosa juzgada nacional y la cosa juzgada internacional: reparación de graves violaciones de derechos humanos

En la última providencia emitida por el Consejo de Estado, que analiza medidas de reparación integral, emitida un mes después de la decisión de unificación analizada en los apartes anteriores, el Alto Tribunal Contencioso Administrativo estimó que, acogiendo los fallos decantados del Consejo referentes a que en el ordenamiento interno colombiano se incorpora el concepto de medidas de reparación no pecuniarias y con base en lo reglado en el Artículo 16 de la Ley 446 de 1998, así como los Artículos 25 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos, fungiendo como juez de convencionalidad, ordenó las siguientes medidas dentro de un proceso de reparación directa, además de las medidas estrictamente monetarias, asunto en el cual se declaró la responsabilidad administrativa por el desplazamiento forzado por un núcleo familiar perpetrado por agentes del entonces Departamento de Seguridad D.A.S., en el municipio de Granada – Meta (Consejo de Estado, sección tercera, octubre 2014):
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