PDF superior Ley de transparencia desafíos en su aplicación

Ley de transparencia desafíos en su aplicación

Ley de transparencia desafíos en su aplicación

ble que sus resoluciones o determinaciones queden sujetas al escrutinio de un tribunal ordinario de justicia, subalterno de la Corte Suprema, como es una Corte de Apelaciones”. No explica el TC por qué la acción ante la Corte de Apelaciones sí es aplicable, en cambio, para reclamar de una decisión del Banco Central, de la Contraloría General de la República ó del Ministerio Público, todos estos órganos son igualmente autónomos. En otras pa- labras, la decisión pareciera insinuar que no es posible que un tribunal de justicia conozca asuntos en los que esté involucrado el TC pues éste gozaría de un privile- gio especial, una autonomía absoluta aun en materias que no son de su competencia. Así las cosas, si el día de mañana se plantea un conflicto laboral, civil, de policía local o cualquier otro en el que esté involucrado el TC, pareciera que es este mismo tribunal el llamado a re- solverlo. Como señalan los únicos dos disidentes en este punto, los ministros Vodanovic y Correa, “ninguno de es- tos órganos constitucionalmente autónomos verá afectada su autonomía para resolver en las materias de su exclusiva competencia por la instauración de un control heterónomo en materia de publicidad de sus actos”. En definitiva, estos planteamientos, que no sólo hacen imposible la exigibi- lidad de una norma especial de transparencia, son tam- bién negativos para el Estado de Derecho.
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Rol del  Consejo para la Transparencia  en la aplicación de la ley 20.285 en empresas públicas y sociedades del Estado

Rol del Consejo para la Transparencia en la aplicación de la ley 20.285 en empresas públicas y sociedades del Estado

segundo del artículo 8º de la Constitución Política y en los artículos 3º y 4º de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado es aplicable a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y a las sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio, tales como Televisión Nacional de Chile, la Empresa Nacional de Minería, la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la Corporación Nacional del Cobre de Chile o Banco Estado, aun cuando la ley respectiva disponga que es necesario mencionarlas expresamente para quedar sujetas a las regulaciones de otras leyes.
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Bosques nativos : Ley Nacional Nº 26331, conceptos, aplicación y desafíos

Bosques nativos : Ley Nacional Nº 26331, conceptos, aplicación y desafíos

Desde el punto de vista ecológico, es clara la interdependencia de los bosques con otros ecosistemas. El patrón de un paisaje es una combinación de parches que varían en cuanto a tamaño, forma y disposición, influyendo sobre una variedad de procesos ecológicos tales como flujo o movimiento de especies, energía, material y disturbios. Por lo tanto, es lógico pensar que el abordaje desde una escala de paisaje y/o regional proveerá soluciones espaciales útiles para llevar adelante los objetivos de uso de la tierra. La propia Ley Nº 26.331 incorpora entre los criterios de sustentabilidad ambiental a la Vinculación con otras comunidades naturales, entendida como “la determinación de la vinculación entre un parche de bosque y otras comunidades naturales con el fin de preservar gradientes ecológicos completos”. En este sentido, un bosque con características que permitan mantener gradientes ecológicos, debería tener mayor valor de conservación.
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Actos lesivos que afectan la aplicación de la ley de transparencia y acceso a la información pública en la cobertura periodística en Cerro de Pasco - 2019

Actos lesivos que afectan la aplicación de la ley de transparencia y acceso a la información pública en la cobertura periodística en Cerro de Pasco - 2019

Artículo 41. Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley. Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.
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Evaluación del acceso de los ciudadanos a la información pública municipal. Caso : Implementación de la Ley 20.285 "Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado"; transparencia activa en los munic

Evaluación del acceso de los ciudadanos a la información pública municipal. Caso : Implementación de la Ley 20.285 "Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado"; transparencia activa en los munic

En agosto de 2008, se promulgó la Ley Nº20.285 sobre “ Transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado ” , que regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información. Sin duda, la aplicación de dicha normativa a las diferentes reparticiones de la Administración del Estado, conlleva nuevos derechos ciudadanos, pero a su vez también genera nuevas obligaciones a las diferentes organizaciones públicas, esto conduce a un cambio radical a lo relativo a la transparencia de los actos y procedimientos de los organismos públicos, ya que no tan sólo deben poner a disposición de la ciudadanía información relativa a diferentes ámbitos de la administración establecidas en la ley, sino además en lo que refiere a la obligación por parte de los organismos públicos afectos a esta nueva normativa, a pronunciarse sobre las solicitudes de todas las persona requieran de información de los actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda la información elaborada con presupuesto público.
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Estudio comparativo de la normatividad contractual vigente en aplicación a los medios tecnológicos para la contratación estatal

Estudio comparativo de la normatividad contractual vigente en aplicación a los medios tecnológicos para la contratación estatal

En Colombia, existe una gran normatividad que se encarga de regular los contratos que celebren las Entidades Públicas. Desde la Constitución Política de 1991 10 , la Ley 80 de 1993 11 , Ley 1150 de 2007 12 , Decreto 1082 de 2015 13 y demás decretos reglamentarios, se cuenta con toda una normatividad en procura de orientar, como en toda institución, unos principios rectores que determinen las normas de comportamiento y las políticas a seguir, de tal manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos propuestos, la adquisición de servicios y bienes de la Nación y el funcionamiento de las entidades del Estado. Teniendo en cuenta los ajustes que realizo la Legislación Colombiana sobre el tema de contratación, consideró que uno de los principios importantes para la contratación es el Principio de transparencia 14 el cual está orientado a garantizar la claridad, la eficiencia de los procesos para comprometer los recursos y la buena fe en un proceso de contratación del Estado, desde su etapa de planeación, precontractual hasta la post contractual.
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Revisión de la Ley que regula la gestión de intereses con la Administración Pública en Perú en su décimo aniversario

Revisión de la Ley que regula la gestión de intereses con la Administración Pública en Perú en su décimo aniversario

Dicho esto, el objeto de la ley queda delimitado a la gestión de in- tereses o acción de Lobby. A la hora de definir la actividad el legisla- dor ha optado por utilizar términos que no son comunes a otras legislaciones tal como ya hemos dicho. Define la actividad de Lobby como promoción transparente de los puntos de vista para orientar la decisión pública en el sentido deseado, y evita las palabras influencia o presión. Sin embargo, en el momento de definir el acto sí señala que el propósito es influir en la decisión pública. En encuentros y foros donde hemos tratado estos términos, nos hemos encontrado funciona- rios o cargos del ámbito público que aceptan las palabras participación e incluso promoción de intereses, pero se oponen a términos como in- fluencia o presión considerando ilegítimo la posibilidad de influir o presionar aun de forma transparente en los procesos de decisión pú- blica. En nuestra opinión, se trata de un debate -no sólo terminológico- aún no madurado en la reflexión política, que afecta directamente a la elaboración de la norma que pretende regularlo como a la aplicación de la misma. La eficacia de la norma depende en buena parte en que se reconozca el derecho de influir o presionar –en el marco de la le- galidad-, pues será la forma en que la actividad se normalizará, el po- lítico o funcionario la reconocerá y se relacionará con ella adecuadamente –ni como el enemigo del interés general ni como el elemento de connivencia para favorecer intereses particulares-.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

El ámbito subjetivo de aplicación de este título, recogido en su capítulo I, es muy amplio e incluye a todas las Administraciones Públicas, organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y entidades de derecho público, en la medida en que tengan atribuidas funciones de regulación o control sobre un determinado sector o actividad, así como a las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, incluidas las Universidades públicas. En relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, la Ley se aplica también a las Corporaciones de Derecho Público, a la Casa de Su Majestad el Rey, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, así como al Banco de España, Consejo de Estado, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas. También se aplica a las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa o indirecta de las entidades mencionadas sea superior al cincuenta por ciento, a las fundaciones del sector público y a las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades a las que se ha hecho referencia. Asimismo, se aplicará a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales y a todas las entidades privadas que perciban una determinada cantidad de ayudas o subvenciones públicas. Por último, las personas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas también están obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquélla de las obligaciones de esta Ley. Esta obligación es igualmente aplicable a los adjudicatarios de contratos del sector público.
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Alcance de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion en el trabajo periodistico

Alcance de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion en el trabajo periodistico

En los considerados de la iniciativa presidencial se lee: “Con esta iniciativa, el Ejecutivo Federal quiere dar cumplimiento al mandato de la parte final del artículo 6to constitucional que establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información… Se ha trabajado en la presente iniciativa, con la conciencia que la transparencia es un compromiso del Estado mexicano y de sus órganos, frente a la sociedad. Son muchos los beneficios que se vislumbran en el curso de aplicación que puede llegar a tener esta ley. En primer lugar, el acceso a la información se comprende dentro de las más importantes tareas de la agenda democrática nacional… la aprobación de esta iniciativa de ley permitirá a nuestro Estado avanzar enormemente en el tránsito de un sistema cerrado, a uno plenamente democrático en el que todos y cada uno de los servidores públicos deberán rendir cuentas a los ciudadanos. La rendición de cuentas se erige en un principio de eficiencia administrativa, ya que la publicidad de la información se traduce en un mecanismo de supervisión ciudadana… un Estado más transparente será por consecuencia más eficiente.”
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Un análisis de los sujetos privados obligados a suministrar información en la Ley de Transparencia.

Un análisis de los sujetos privados obligados a suministrar información en la Ley de Transparencia.

No obstante, el artículo 19.3 Ley establece lo siguiente: «Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación». Pues bien, forzando la interpretación de este precepto, puede entenderse que sería de aplicación a este caso, dado que la entidad que posee la información puede considerarse como tercero afectado, y como tal podrá formular las alegaciones que estime pertinentes y, además, el plazo del requerimiento suspende el cómputo del plazo de resolución (Fernández Ramos-Pérez Monguió, 2017: 293; Sánchez de Diego, 2017:448).
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Propuesta para el programa de gestión documental de la  Empresa Social del Estado - ESE Centro de Salud San Jerónimo del municipio de Mongua - Boyacá

Propuesta para el programa de gestión documental de la Empresa Social del Estado - ESE Centro de Salud San Jerónimo del municipio de Mongua - Boyacá

d) Si el organismo cuya tabla de retención documental o tabla de valoración documental que ha sido objeto de observaciones, no realiza los ajustes o modificaciones solicitadas en el tiempo establecido, el Consejo Departamental o Distrital de Archivos notificará al Archivo General de la Nación, para determinar la aplicación de las sanciones de que trata el artículo 35 de la Ley 594 de 2000; e) Transcurridos noventa (90) días, desde la presentación de las TRD o TVD, a los Consejos Departamentales o Distritales de Archivos o al Archivo General de la Nación, sin que dichas instancias se hayan pronunciado, la entidad podrá proceder a su inmediata implementación.
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Información básica del estatuto de desarrollo rural

Información básica del estatuto de desarrollo rural

Son objeto de una breve ilustración en esta cartilla los contenidos primordiales de la ley, en materia de transparencia y eficiencia, en la aplicación de los recursos públicos para el ot[r]

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LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 51. El Órgano Interno de Control es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Hecho el análisis pertinente del nuevo Proyecto de Reglamento de mérito y la solicitud planteada a esta Representación Legal del Estado de Honduras por la Abogada Elizabeth Chiuz Sierra, Comisionada Presidenta del Instituto en referencia, tiene el honor de emitir el siguiente Dictamen: 1.- En fecha 14 de diciembre del 2007, se remitió por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a esta Representación Legal del Estado de Honduras, el Proyecto del Reglamento de Aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; lo anterior, para que de conformidad a lo establecido en el Artículo 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo, fuera dictaminado por la Procuraduría General de la República previo a su aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta; consecuentemente, el Proyecto de Reglamento de mérito se dictaminó en forma desfavorable, por esta Dirección Nacional de Consultoría, mediante Dictamen No. PGR-SC-05-2008, con fecha 30 de enero del 2008, sugiriendo la subsanación y en su caso la aclaración de 28 observaciones efectuada a la titularidad del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
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22 Mar 2011 Guia Operativa 2011 PIFI Final

22 Mar 2011 Guia Operativa 2011 PIFI Final

Conforme a lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, la Contraloría Social constituye una práctica de transparencia, de rendición de cuentas y se convierte en un mecanismo para que los beneficiarios, de manera organizada, verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados, durante el ejercicio fiscal 2010, a los Programas Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) y Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA), y realicen lo propio para el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), a partir del último trimestre del ejercicio fiscal 2011. Por lo anterior, los Programas FOMES, FIUPEA y PIFI, para el ejercicio fiscal 2011, tienen la responsabilidad de cumplir con las funciones de promoción de las actividades de Contraloría Social, para lo cual se elaboraron los siguientes documentos:
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LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE

LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE

No hay que olvidar a este respecto las previsiones contenidas en el artículo 201 de la Ley sobre las obligaciones en materia laboral, que obliga a los órganos de contratación a tomar las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de tales obligaciones durante la ejecución del contrato, con especial referencia a los convenios colectivos, y la potestad atribuida a estos órganos de tomar las oportunas medidas para comprobar durante el procedimiento de licitación que los candidatos y licitadores cumplen aquellas obligaciones. Todo ello de la posibilidad legalmente establecida de imposición de penalidades, por los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos siempre que sea grave y dolosa.
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La nueva Ley de transparencia y acceso a la información

La nueva Ley de transparencia y acceso a la información

Pese a que en las versiones iniciales de la ley se hablaba de la Agencia Estatal de Transparencia, en el Congreso se introdujo la denominación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, fi nalmente regulado en los artículos 33 y ss., Título III. Se trata de un organismo público adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que “Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fi nes” (art. 33.2). Su regulación legal se ha desarrollado por el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo se compone de Comisión y Presidente. La Presidencia es propuesta por el Gobierno y aprobada por mayoría absoluta del Congreso. La primera titular del cargo es Ester Arizmendi, nombrada en noviembre de 2014; no deja de ser relevante que los dos años anteriores desempeñó el cargo de Directora General de Modernización Administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El cargo tiene una duración de cinco años no renovables y tiene especialmente la función de adoptar criterios uniformes respecto de la aplicación de la ley y velar por el cumplimiento de la publicidad activa. La Comisión está integrada por un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, otro del Defensor del Pueblo, otro de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y otro de la autoridad independiente de responsabilidad fi scal (los vocales son por cinco años, sí renovables). El Consejo asesora al Gobierno, emite informes sobre los proyectos normativos estatales relacionados, hace una memoria anual que presenta a las Cortes, propone a la presidencia directrices o guías de buenas prácticas, promueve la formación y sensibilización sobre la ley y emitirá informes. También, al menos anualmente, convocará a órganos afi nes autonómicos y colaborará con los internacionales afi nes.
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Emisión de bonos soberanos  Aspectos de Derecho internacional privado

Emisión de bonos soberanos Aspectos de Derecho internacional privado

Las obligaciones que derivan del carácter negociable de los bonos emiti- dos están excluidas del Reglamento Roma i (art. 1.2.d y Cons. 9 RR-i). Cues- tiones como el endoso de tales bonos no se rigen por el Reglamento Roma i. Por lo que se refiere a los tribunales competentes para decidir las con- troversias que se puedan derivar de este contrato de suscripción de los bonos soberanos, debe recordarse que estos contratos indican, con extrema fre- cuencia, que en caso de controversia entre los tenedores de los bonos y los emisores-deudores, serán competentes los tribunales de nueva York o de Londres. Del mismo modo, suele indicarse que la Ley aplicable será bien la Ley de nueva York o bien la Ley inglesa, respectivamente. Ello explica que la crisis de los bonos argentinos haya suscitado reclamaciones judiciales por parte de los vulture funds ante los jueces de nueva York (= pues así se determinó en el contrato), y que la Ley aplicable a tales reclamaciones sea la Ley de nueva York (= pues el contrato contenía un pactum de lege utenda en favor de la Ley neoyorquina). En este sentido es interesante el art. 13 del master agreement SiDA, que contiene previsiones sobre «Governing Law» y «Jurisdiction» 15 .
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La seguridad de la nación como causal de secreto o reserva en la ley de transparencia

La seguridad de la nación como causal de secreto o reserva en la ley de transparencia

TC no podía extenderse a disposiciones que carecían del quórum del cual se prescribe el control obligatorio. Esta distinción tiene especial relevancia en esta ley, puesto que las causales de reserva o secreto exigen sólo quórum calificado, por lo que dichas disposiciones no podían ser controladas por el TC, en el ejercicio de la potestad contenida en el artículo 93, número 1” 24 . En lenguaje más sencillo, la naturaleza de las diversas normas contenidas en la ley de transparencia es lo que determina si estas pueden o no ser analizadas por el TC. Se excluyen del análisis constitucional, una serie de disposiciones que no poseen el quórum pero que son altamente sensibles en la regulación del ejercicio del derecho de acceso a la información. Lo interesante es que el TC, en la sentencia STC Rol N° 634-2007 (la cual es conocida a nivel doctrinal por ser uno de los primeros casos en los que se trata el problema de reserva o secreto fundados en las cláusulas establecidas en el artículo 8 de la CPR), no se encarga de exponer de ninguna manera los fundamentos jurídicos que permitan sostener el por qué la exclusión del articulado de lo que debiese ser una disposición orgánica constitucional. Ni este fallo, ni ninguna otra pronunciación, tanto del TC como del legislador, se preocupan de explicar las razones 25 . Se excluyen de este control las disposiciones que desarrollan las causales de reserva o secreto del artículo 8° de la CPR, o para el caso, el artículo 21 de la Ley de Transparencia y las disposiciones que regulan el régimen de desclasificación de antecedentes o documentos declarados reservados o secretos, contenido en el Artículo 22 de la Ley N° 20.285. La única vía de “control” que existiría para estos casos sería la de accionar por la vía del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
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Análisis jurídico práctico del delito de revelación ilegal de base de datos por parte de un servidor público, en el código orgánico integral penal

Análisis jurídico práctico del delito de revelación ilegal de base de datos por parte de un servidor público, en el código orgánico integral penal

Y CONSIDERANDO que el texto de la presente propuesta se centra en el numeral 19 del Art. 66 de la Constitución de la República reconoce y garantiza el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley, razón por la cual se modifican los Arts. 178 inciso 1°, 180, 229 inciso 2° y 354 del Código Orgánico Integral Penal, concordando su normativa con el texto de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública (LOTAIP), a fin que en nuestro ordenamiento jurídico exista, entre sus diversas normas, la debida correspondencia y armonía.
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