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LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA.pdf

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Artículo 24. El Instituto rendirá anualmente, dentro de la segunda quincena del mes de enero, un informe público al Senado de la República y a la Cámara de Diputados sobre la evaluación general en materia de acceso a la Información Pública en el país, presentado por su Comisionado Presidente, y con base en los datos que le rindan los sujetos obligados en el ámbito federal y, en su caso, los Organismos garantes de las Entidades Federativas, en el cual se incluirá, al menos, el número de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada sujeto obligado así como su resultado; su tiempo de respuesta; el número y resultado de los asuntos atendidos por el Instituto; el estado que guardan las denuncias presentadas ante los órganos internos de control y las dificultades observadas en el cumplimiento de la Ley. Para este efecto, el Instituto expedirá los lineamientos que considere necesarios.
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Alcance de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion en el trabajo periodistico

Alcance de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion en el trabajo periodistico

En los considerados de la iniciativa presidencial se lee: “Con esta iniciativa, el Ejecutivo Federal quiere dar cumplimiento al mandato de la parte final del artículo 6to constitucional que establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información… Se ha trabajado en la presente iniciativa, con la conciencia que la transparencia es un compromiso del Estado mexicano y de sus órganos, frente a la sociedad. Son muchos los beneficios que se vislumbran en el curso de aplicación que puede llegar a tener esta ley. En primer lugar, el acceso a la información se comprende dentro de las más importantes tareas de la agenda democrática nacional… la aprobación de esta iniciativa de ley permitirá a nuestro Estado avanzar enormemente en el tránsito de un sistema cerrado, a uno plenamente democrático en el que todos y cada uno de los servidores públicos deberán rendir cuentas a los ciudadanos. La rendición de cuentas se erige en un principio de eficiencia administrativa, ya que la publicidad de la información se traduce en un mecanismo de supervisión ciudadana… un Estado más transparente será por consecuencia más eficiente.”
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La Instalación de una Política de Modelo Eficiente del Uso de la Zona Costera Mexicana desde una Aproximación al Enfoque de Competencia Edición Única

La Instalación de una Política de Modelo Eficiente del Uso de la Zona Costera Mexicana desde una Aproximación al Enfoque de Competencia Edición Única

Estratégicamente la política portuaria la debe dictar, dirigir y controlar el Gobierno Federal, por lo que se percibe un riesgo en que una sociedad mercantil municipal pueda tener un Recinto Portuario aunque en el título de concesión se limiten sus alcances. Esto es, con el tiempo, para tener la certeza de que se preservan los intereses de la federación en la ley, debería haber una figura jurídica por ley exactamente concebida para el otorgamiento de concesiones para la administración de zonas federales propicias para el desarrollo de servicios costeros (no portuarios en los términos de la Ley de Puertos 23 ). Una limitación adicional de la propuesta es que no existe jurídicamente la obligación de establecer candados y mecanismos que garanticen la transparencia en el uso de los recursos. En la práctica, las condiciones se incluirán en los títulos de concesión y acuerdos de destino, sin embargo, para garantizar un control y rendición de cuentas total, también los cambios en la ley deberían garantizar las auditorías ciudadanas en el manejo de los recursos. Lo anterior con el fin de preservar a la sociedad mercantil lejos de ser sujeto de financiamiento de acciones de interés local que no fomenten el desarrollo costero y que puedan entenderse como de promoción electoral.
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Ley de transparencia desafíos en su aplicación

Ley de transparencia desafíos en su aplicación

comercialmente y por tanto, no puede ser entregada. En National Parks and Conservation Ass’n v. Morton (498 F.2d 765 D.C.Cir.1974) la Corte de Apelaciones Federal del Distrito de Columbia formuló un test de dos par- tes en virtud del cual sería calificado como confiden- cial cualquier información financiera o comercial cuya entrega pudiera probablemente afectar la capacidad del gobierno de obtener información necesaria en el futuro, o causar un daño substancial a la posición competitiva de la persona que entregó la información. Luego en Cri- tical Mass Energy Project v. Nuclear Regulatory Commis- sion (975 F.2d 871 D.C.Cir. 1992), la misma Corte pre- cisó que donde la información solicitada fue entregada voluntariamente al gobierno o a alguno de sus órganos, la información deberá ser tratada como confidencial y, por lo tanto, no puede ser entregada al público. En este mismo sentido, el año 1987 el Presidente Reagan dictó la Executive Order Nº 12.600 creando diversos procedi- mientos para que aquellos que presentaban o enviaban documentos a la administración pudieran ser informa- dos si el órgano público que los tenía en su poder recibía una solicitud de información que involucraba dichos do- cumentos (Strauss et.al, 2003).
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LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 68. Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, Documentos y políticas e información señalados en el Título Quinto de la Ley General. Al respecto, aquella información particular de la referida en el presente artículo que se ubique en alguno de los supuestos de clasificación señalados en los artículos 110 y 113 de la presente Ley no será objeto de la publicación a que se refiere este mismo artículo; salvo que pueda ser elaborada una versión pública. En todo caso se aplicará la prueba de daño a que se refiere el artículo 104 de la Ley General.
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Acceso a la informacion, un caso pendiente : Ley federal de transparencia y acceso a la informacion publica gubernamental : reportaje

Acceso a la informacion, un caso pendiente : Ley federal de transparencia y acceso a la informacion publica gubernamental : reportaje

Artículo Segundo, son bienes del dominio público …once: “Los muebles de propiedad federal, que por su naturaleza no son normalmente sustituibles (por muebles no entendemos mobiliario, sino bienes muebles), como son: los documentos y expedientes de las oficinas, los manuscritos incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros, así como las colecciones de estos bienes, las piezas etnológicas y paleontológicas, los especímenes del tipo de la flora y fauna, las colecciones científicas y técnicas de armas enigmáticas, los archivos, las fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas, y cualquier otro objeto que contenga imágenes, sonidos y las piezas artísticas o históricas de los museos y otras cosas…
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Datos abiertos en México

Datos abiertos en México

Por otro lado, los datos abiertos también están contemplados desde la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que hasta ahora es la única a nivel internacional que promueve tanto el gobierno abierto como el uso de datos abiertos. La ley es clara al establecer que todos aquellos que reciban recursos públicos están facultados para, de manera gradual, poner toda la información que generen en formatos abiertos. En esta misma línea, dentro de la normatividad ligada a la Política de Datos Abiertos está el Índice de Datos Abiertos establecido por el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018; y la Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional.
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LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

Artículo 34. El Instituto estará integrado por cinco comisionados, quienes serán nombrados por el Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por mayoría, y cuando se encuentre en receso por la Comisión Permanente, con la misma votación. En todo caso, la instancia legislativa tendrá treinta días para resolver, vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento del Ejecutivo Federal.

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La reforma a la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos

La reforma a la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos

Transparencia en la distribución. En la actualidad la distribución que se realiza de unas provincias a otras aparece oscurecida por el hecho de que recauda la Nación. En verdad se trata de una redistribución horizontal y ello sería preferible que quedara explicitado así. Nuestra propuesta ha sido que la parte redistributiva se separe en un fondo en el cual quede claro que jurisdicciones aportan y cuáles obtienen transferencias netas.

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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ARTÍCULO 85.- Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista y en un tamaño y tipo de letra uniforme. Además, no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley.
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Red Mexicana de Competencia y Regulación

Red Mexicana de Competencia y Regulación

Por ejemplo, el artículo 18 de la Propuesta de Ley establece que las “sesiones del Pleno serán de carácter público, excep- to aquellas porciones en que se traten temas con Información Confidencial (...). El Pleno deberá fundar y motivar la resolu- ción en la que determine que una sesión no será pública”. Las autoridades de competencia tratan de forma frecuen- te con información confidencial (principalmente, información comercial sensible de las empresas investigadas) por lo que sería necesaria una revisión pormenorizada de todas las sesiones para identificar la información confidencial que se haya tratado en el Pleno lo que supondría una excesiva carga administrativa para gestionar la transparencia. Ade- más el Pleno podrá aprobar una resolución sobre el carácter no público de las mismas y podría limitar considerablemen- te el número de sesiones que serán públicas. Por tanto, la medida no sólo es inefectiva sino que añade trámites adicionales como la revisión de la confidencialidad para realizar la versión estenográfica, o la resolución para deter- minar que una sesión no sea pública. Otras medidas, como la publicidad de la agenda y de las conclusiones de las reuniones del pleno (salvo las partes confidenciales) o la asistencia del Titular de la Contraloría o de personal de la Comisión, garantizarían de forma más efectiva la trans- parencia de las reuniones del Pleno sin añadir ineficiencias al procedimiento.
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Instalación de una planta de micro licuefacción de gas natural (micro GNL) en Lima para el abastecimiento de estaciones de GNV

Instalación de una planta de micro licuefacción de gas natural (micro GNL) en Lima para el abastecimiento de estaciones de GNV

Que, de otro lado, el día 02 de diciembre del 2005 fue la nueva fecha de cierre para que los interesados presenten sus opiniones y sugerencias al nuevo proyecto de resolución, habiéndose recibido las correspondientes a la empresa Cálidda con carta OC-MCH-05-2039, las cuales han sido publicadas en la Página Web del OSINERG, y cuyo análisis se encuentra contenido en el Informe Técnico OSINERG-GART/DGN- 039-2005, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución como Anexo 1 y, que complementa la motivación que sustenta la decisión del OSINERG, cumpliendo, de esta manera, con el requisito de validez de los actos administrativos a que se refiere el Artículo 3°, numeral 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo General;
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El futuro de la maternidad subrrogada en Colombia una perspectiva desde las experiencias de España y México

El futuro de la maternidad subrrogada en Colombia una perspectiva desde las experiencias de España y México

Por otro lado, la gestación subrogada será un contrato gratuito entre la solicitante y la persona gestante. Si bien, la asamblea y el Jefe de Gobierno comparten esta posición, en la práctica está norma tendrá un efecto simbólico, puesto que la ley no posee ninguna herramienta para evitar que la subrogación sea no sea remunerada. Así, las partes pueden realizar diferentes tipos de negocios simulados para remunerar el contrato si hacerlo nulo. La doctrina mexicana al respecto ha criticado esta norma considerando que existe una presunción de buena fe del legislador en esta disposición, puesto que en la realidad una persona subrogada no puede trabajar por lo que se hace necesario que la persona subrogada sea mantenida por el contratante. Además, se afirma que dentro de las expensas para el cuidado del futuro bebé también se podría simular la remuneración. 83
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Ley de Salud del Distrito Federal

Ley de Salud del Distrito Federal

VIII. El aseguramiento o destrucción de objetos, productos y substancias; que tendrá lugar cuando se presuma que pueden ser nocivos para las personas o carezcan de los requisitos esenciales que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones aplicables. La Agencia podrá retenerlos o dejarlos en depósito hasta en tanto se determine, previo dictamen, su destino; si el dictamen reportara que el bien asegurado no es nocivo para la salud y cumple con las disposiciones de esta Ley, se procederá a su inmediata devolución, a solicitud del interesado dentro de un plazo de treinta días hábiles, en su defecto, se entenderá que el bien causa abandono y quedará a disposición de la Agencia para su aprovechamiento lícito; si el dictamen resulta que el bien asegurado es nocivo, la Agencia podrá determinar, previa observancia de la garantía de audiencia, que el mismo sea sometido a un tratamiento que haga posible su legal aprovechamiento por el interesado, o será destruido si no pudiere tener un uso lícito por parte de la autoridad;
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Consecuencias jurídicas y sociales del maltrato al menor

Consecuencias jurídicas y sociales del maltrato al menor

Una vez que el derecho penal se aplique íntegramente a las agresiones a los niños, éstos estarán protegidos contra los castigos corporales en cualquier lugar se produzcan y sea cual fuere su autor. Sin embargo, el Comité opina que, habida cuenta de la aceptación tradicional de los castigos corporales, es fundamental que la legislación sectorial aplicable -por ejemplo, el derecho de familia, la ley de educación, la legislación relativa a todos los otros tipos de cuidado y los sistemas de justicia, la ley sobre el empleo- prohíba claramente su utilización en los entornos pertinentes. Además, sería valioso que los códigos de ética profesionales y las orientaciones para los maestros, cuidadores y otros interesados, así como los reglamentos o estatutos de las instituciones, destacaran la ilegalidad de los castigos corporales y de otras formas de castigo crueles o degradantes.
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Ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sonora

Ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sonora

La transparencia y el acceso a la información pública es que prevalezca en todo Estado democrático, que se combata la corrupción y, garantizar que los servidores públicos realicen bien sus funciones con pegue a la legalidad y, a la información de interés publica que se establezca la obligación de usar la información de manera responsable, pues la transparencia y la información pública son materias que se relacionan íntimamente con la rendición de cuentas, así la sociedad en general estará más informada y podrá exigir a los servidores públicos un desempeño eficaz y objetivo apegado a la legalidad la autoridad realizara su trabajo de manera cabal cumpliendo con la ley, entonces se evitaran muchos abusos en el ejercicio de la función pública así la ciudadanía estará más conforme depositando toda nuestra absoluta confianza en nuestros servidores públicos con el debido respeto con el que desempeñen sus funciones sin llegar a la corrupción cumpliendo y respetando el puesto de trabajo que se les está asignado a todos y cada uno de los servidores o funcionarios públicos.
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"PROPUESTA DE LEY FEDERAL SOBRE BIENESTAR ANIMAL."

"PROPUESTA DE LEY FEDERAL SOBRE BIENESTAR ANIMAL."

En 1993 se publicó la Ley Federal de Sanidad Animal para adecuarla a los nuevos esquemas y después de un período de 12 años, aun cuando en su momento dicha Ley cumplió los objetivos planteados, ha sido necesario adecuarla a las nuevas necesidades del Sector. Actualmente se publicó la nueva Ley en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio del 2007, en la cual proporciona un capítulo singular con respecto a bienestar animal.

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La política de transparencia y acceso a la información en México: un análisis de sus valores frente a la implementación de los comisionados del IFAI

La política de transparencia y acceso a la información en México: un análisis de sus valores frente a la implementación de los comisionados del IFAI

Ahora bien, actualmente cuando se articula una política de transparencia y acceso a la información inmediatamente la relacionamos como un valor positivo que permite fortalecer la democracia. 53 Esta relación se ha dado a partir de un proceso histórico, puesto que al remitirnos a la Grecia clásica comprendemos que la jerarquía social existente no permitía que todos los individuos tuvieran acceso a la información pública. Sólo la aristocracia podía tener voz y voto en los asuntos públicos. Así filósofos como Platón y Aristóteles defendían un modelo de aristocracia intelectual. Platón consideraba que habían valores diferentes entre el gobernante y los gobernados, por lo cual los que gobernaran tenían que tener la sabiduría para tomar decisiones justas, en este sentido Platón plantea que el conocimiento podría tornarse en virtud para la aristocracia. “El hombre que se libera de las cadenas y contempla la realidad es, desde
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

El ámbito subjetivo de aplicación de este título, recogido en su capítulo I, es muy amplio e incluye a todas las Administraciones Públicas, organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y entidades de derecho público, en la medida en que tengan atribuidas funciones de regulación o control sobre un determinado sector o actividad, así como a las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, incluidas las Universidades públicas. En relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, la Ley se aplica también a las Corporaciones de Derecho Público, a la Casa de Su Majestad el Rey, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, así como al Banco de España, Consejo de Estado, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas. También se aplica a las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa o indirecta de las entidades mencionadas sea superior al cincuenta por ciento, a las fundaciones del sector público y a las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades a las que se ha hecho referencia. Asimismo, se aplicará a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales y a todas las entidades privadas que perciban una determinada cantidad de ayudas o subvenciones públicas. Por último, las personas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas también están obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquélla de las obligaciones de esta Ley. Esta obligación es igualmente aplicable a los adjudicatarios de contratos del sector público.
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La nueva Ley de transparencia y acceso a la información

La nueva Ley de transparencia y acceso a la información

mediando consentimiento expreso del titular o que éste hubiera hecho estos datos “manifi estamente públicos” (art. 15.1). A mi juicio esta negación radical no permite la prevalencia del acceso a la información en ningún caso concreto es un error del texto de la ley que sólo podría ser enmendado con una interpretación jurisprudencial voluntarista. No olvidemos que ningún derecho es ilimitado –excepto el de no sufrir torturas-, y que en el caso de colisión de derechos fundamentales debe producirse una ponderación entre derechos cuyo resultado sólo se da en el caso concreto y no puede de modo taxativo excluirse la prevalencia del derecho fundamental de acceso a la información pública. Una negación casi radical sucede con las solicitudes de información relativa a datos sobre origen racial, a la salud y a la vida sexual así como sobre comisión de infracciones penales o administrativas (art. 7 3 y 5 Ley Orgánica 15/1999). Según la ley estas solicitudes sólo se podrían autorizar con el consentimiento expreso del afectado o por una ley. Creo que en uno u otro caso, la libertad de información y su directa fuerza normativa del artículo 20 CE podría forzar el acceso a la información en casos concretos. Cuando se solicite acceso a información que contenga datos no sensibles de los referidos, en primer término, sí que “se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identifi cativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano” (Art. 14.2). En segundo término, más allá de la general concesión del acceso a estos datos identifi cativos, la ley viene a confi gurar el confl icto entre el derecho a la protección de datos (u otros derechos en juego) y “el interés público en la divulgación de la información” (art. 14.3). Para resolver este confl icto este precepto da algunos criterios de cuándo habrá mayor posibilidad de conceder el acceso a la información: por el transcurso de los –abultados- plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 16 ; por contarse
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