PDF superior Libertad de expresión y derecho de rectificación en la Constitución Española de 1978

Libertad de expresión y derecho de rectificación en la Constitución Española de 1978

Libertad de expresión y derecho de rectificación en la Constitución Española de 1978

— Si la noticia o información que se rectifica se difundió en espa- cio radiofónico o televisivo que no permita, por la periodicidad de su emisión, divulgar la rectificación en el plazo[r]

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TítuloEl arbitraje y la Constitución española de 1978: una reflexión desde el Derecho público

TítuloEl arbitraje y la Constitución española de 1978: una reflexión desde el Derecho público

En segundo lugar, el laudo y la sentencia son semejantes desde una perspectiva material pero entre ambos existen importantes diferencias. En cuanto a las semejanzas, señala el Tribunal Constitucional que “uno y otra son decisiones reflexivas de jurisconsultos o jurisprudentes sobre un conflicto de intereses, cuya vocación es la justicia, conseguir una respuesta justa y cuya función consiste en garantizar la paz social a través de una solución para eso que hemos dado en llamar la seguridad jurídica”. En ambas –indica el Tribunal- se utiliza el Derecho, ese ars o esa técnica, como medio para alcanzar la finalidad y cumplir la misión antedicha, ambas consagradas constitucionalmente (artículos 1 y 9 CE). Sin embargo, las diferencias son también nítidas. Desde una perspectiva objetiva, el laudo está limitado, porque el arbitraje sólo llega hasta donde alcanza la libertad, que es su fundamento y motor. Por ello, quedan extramuros de su ámbito aquellas cuestiones sobre las cuales los interesados carezcan de poder de disposición. Desde una perspectiva subjetiva, y dada la función del árbitro y sus limitaciones respecto al Juez, precisa de la asistencia de éste último para su ejecución forzosa.
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La discapacidad y su tratamiento conforme a la Constitución española de 1978

La discapacidad y su tratamiento conforme a la Constitución española de 1978

parece interesante la observación de Peces-Barba cuando señala que "hablar de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político plantea el fundamento del ordenamiento, más desde el individuo, por supuesto un individuo inserto en la Comunidad". Y así, aunque en distintas ocasiones el profesor Peces-Barba señale en su obra Los valores superiores a los valores del artículo 1.1 de nuestra Constitución como el fundamento y objetivo básico que marca la Constitución a conseguir con el ordenamiento, también dirá, casi con vehemencia: "Parece que la situación de los valores superiores en el artículo 1.°, auténtico pórtico normativo de nuestra Constitución, y la relación que se hace con el ordenamiento en su conjunto permiten concluir que se utilizan como los objetivos generales a alcanzar por el Estado social y democrático de Derecho a través del ordenamiento jurídico. Son el fundamento y la meta, el fin del Derecho, que el legislador constituyente, expresión de la soberanía, se propone". Sin embargo, lo cierto es que en su concepción el fundamento último no está en esos valores sino en la dignidad humana, como queda claro al decir: "Creo que la dignidad humana es el fundamento y la razón de la necesidad de esos valores superiores, es la raíz última de todo, y creo que su inclusión entre los valores superiores no es metodológicamente correcta, puesto que éstos son los caminos para hacer real y efectiva la dignidad humana". Comparto con el profesor de la Universidad Carlos III esa apreciación de que el fundamento del ordenamiento los valores lo hacen desde el individuo inserto en la comunidad; pero esto, para mí, llevaría a entender, como antes justificaba, que el fundamento último estaría, no en la dignidad, sino en el libre desarrollo de la personalidad. Aunque ya he señalado antes la fuerte conexión que en la concepción de Peces-Barba hay entre dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad, de hecho, también él afumará, de manera más acorde con lo que aquí defiendo, que estos mismos valores superiores "tienen también una gran importancia práctica para los ciudadanos, puesto que son los objetivos expresados para potenciar su propio desarrollo moral a través del Derecho". (Véanse las citas en G. PECES-BARBA MARTÍNEZ, Los valores superiores, cit., pp. 22, 37-38, 85-86 y 45, igualmente puede verse en este libro esa idea de la dignidad humana como fundamento, guía y objetivo de los propios valores superiores en las pp. 43, 44-45 ó 112-113).
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Variabilidad en la oferta y en la solicitud de determinaciones de laboratorio en pacientes de servicios de urgencias hospitalarios

Variabilidad en la oferta y en la solicitud de determinaciones de laboratorio en pacientes de servicios de urgencias hospitalarios

1 450 Emergencias 2014; 26 450 458 Introducci?n El laboratorio cl?nico juega un papel funda mental en la estructura y funcionamiento de la atenci?n al paciente en los servicios de urgencias hospitalar[.]

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Soberanía popular y democracia en la Constitución Española de 1978

Soberanía popular y democracia en la Constitución Española de 1978

Si el punto de partida inevitable sería Bodino, y su definición de la soberanía como «poder absoluto y perpetuo de una república» o como «no limitada ni en poder, ni en res- ponsabilida[r]

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Sección bibliográfica

Sección bibliográfica

SERRANO GÓMEZ: «La detención: garantías del detenido en la Constitución española de 1978», Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, núm. TORO MARZAS: «La influencia de la delincuenc[r]

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Morfología del cuento: las (re)creaciones discursivas de la noción de la libertad de expresión en los editoriales de los principales diarios de Chile

Morfología del cuento: las (re)creaciones discursivas de la noción de la libertad de expresión en los editoriales de los principales diarios de Chile

En el caso de los editoriales de La Tercera y El Mercurio, destaca la repetición de los paí- ses donde, según el material analizado, no se respetaría la libertad de expresión: Argen- tina, Ecuador y Venezuela. Los tres países tuvieron en el periodo analizado gobiernos de izquierda, es decir del signo ideológico opuesto al de los dos diarios conservado- res chilenos (volveremos a este tema en la discusión posterior). Sin ninguna pretensión de representación estadística, es notable que haya un total de seis editoriales dedicados exclusivamente a la situación de la libertad de expresión en Argentina (cuatro de ellos en El Mercurio, es decir, la sexta parte de la muestra de este diario y casi la sexta parte de la muestra total son editoriales sobre las violaciones a la libertad de expresión en este país), Ecuador se lleva un número total igual: seis editoriales exclusivos sobre su caso (cinco de ellos en El Mercurio) y Venezuela sigue con cuatro editoriales (tres de ellos en El Mer- curio). Aparte de esto, los tres países tienen varias menciones en la totalidad de la muestra analizada, ascendiendo las menciones explícitas de la palabra “Ecuador” a 36, “Argen- tina” a 32 menciones y “Venezuela” a 30. Un lejano cuarto lugar lo ocupa Bolivia (tam- bién un país con un gobierno de izquierda), con un editorial exclusivo en El Mercurio y 21 menciones del nombre del país en la muestra. Chile al igual que Colombia o Méxi- co, por ejemplo, no tienen editoriales exclusivos sobre las violaciones a la libertad de ex- presión a pesar de ser estos dos últimos los peor evaluados según el Índice de Impunidad del Comité de Protección de los Periodistas 2012 (CPJ 2012, en línea). A la vez los go- biernos de estos países en el periodo analizado tenían gobiernos asociados a la derecha. El principal enfoque temático son las acciones estatales o de los gobiernos de estos países, en contra de la libertad en cuestión. No se ha encontrado ningún material que problematizara el estado de la libertad de expresión en Chile, aunque sí se habla de ame- nazas posibles en el futuro sobre todo en el contexto de la Ley de la Televisión Digital, que, se teme, pueda dar atribuciones mayores al Estado. Tampoco se aborda al merca- do como una fuerza capaz de limitar la libertad de expresión. El aprecio por la liber- tad de expresión como valor es manifi esto y se la vincula, una y otra vez, con la esencia de la democracia y con los derechos humanos.
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El sistema de seguridad pública en la Constitución Española de 1978

El sistema de seguridad pública en la Constitución Española de 1978

la Guardia Civil, no debemos olvidar la postura que sobre esta cuestión ha mantenido el Tribunal Constitucional y que se expresa de forma clara en la importante Sentencia 149/1.989, de 16 de noviembre, en la cual el Tribunal se decanta por la consideración del carácter militar de la Guardia Civil, llegando a afirmar que "la naturaleza militar de la Guardia Civil constituye su rasgo característico y definitorio, el prius lógico del que derivan no sólo sus posibles y circunstanciales misiones militares, sino principalmente los datos permanentes u ordinarios de su régimen jurídico". Así mismo creemos oportuno traer a colación el voto particular que con ocasión de esta Sentencia formularon los Magistrados De la Vega Benayas y Díaz Eimil en abierta discrepancia con el sentir de la misma, alegando que “el conceptuar a la Guardia Civil como un cuerpo castrense no ha sido sino a costa de chocar con nuestra Constitución que, repetimos, configura a las Fuerzas Armadas como una institución nacional para la defensa exterior y para garantizar el ordenamiento constitucional, no el orden jurídico interno o público, concepto éste, el de orden público (en absoluto equiparable al de ordenamiento constitucional), que compete a la Policía o seguridad interior, de la que la Guardia Civil forma parte... Entendemos que los artículos 28 y 29 CE autorizan al legislador a someter a disciplina militar al Benemérito instituto de la Guardia Civil, pero negamos que, a través de una interpretación expansiva incompatible con el modelo constitucional, pueda llegarse a la conclusión de que tal sometimiento convierta a la Guardia Civil en un Cuerpo estrictamente castrense y a sus miembros en militares profesionales, pues ello equivales a restaurar un Cuerpo de Policía militarizada en todos sus órdenes, que la CE ha querido superar de
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Constitución española de 1978 y sociedad democrática avanzada

Constitución española de 1978 y sociedad democrática avanzada

En Francia, como es sabido, Esmein- Nézard (a pesar del ingrediente histórico que contienen), Carré de Malberg, Barthélemy-Duez; con referencias a la vida política, Laferriére. Ahora bi[r]

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El concepto de representación territorial en la Constitución española de 1978

El concepto de representación territorial en la Constitución española de 1978

Al efecto, se abordan primero los conceptos mismos de representación, representatividad, representación política y representación especial; se destaca luego la relación que discurre en[r]

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La Constitución económica

La Constitución económica

El análisis de los temas relacionados con la Constitución económica en el marco de la Constitución española de 1978 en orden a los objetivos que pretende este Congreso sobre «La Reform[r]

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Los efectos jurídicos que causa la caducidad de la prisión preventiva en delitos sancionados con prisión o reclusión

Los efectos jurídicos que causa la caducidad de la prisión preventiva en delitos sancionados con prisión o reclusión

37 La caducidad del plazo de la prisión preventiva se ha venido dando en el país, aunque en un porcentaje mucho menor en estos últimos años. Pues a partir de la publicación de la resolución del Tribunal Constitucional (hoy Corte Constitucional) en septiembre del año 2006, acerca de la decisión que recobre vigencia la caducidad de la prisión preventiva; se produjo la liberación de alrededor de 3.589 internos (detenidos sin sentencia) de las cárceles del país, muchos de ellos de alta peligrosidad; y, aunque algunos entendidos consideran, que si los fiscales y jueces hubieran actuado con diligencia, antes y ahora, se podrían haber resuelto lo antes posible todos los casos pendientes sobre los detenidos; afirman además, que la decisión de la Corte Constitucional era necesaria porque respetar los derechos de las personas privadas de libertad es parte de los convenios internacionales que mantiene el Ecuador con otros países.
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Analysis of some vectors on international migration in Spain: Educational integration and integration policies under debate

Analysis of some vectors on international migration in Spain: Educational integration and integration policies under debate

cuencias del mal funcionamiento de las políticas de inmigración son visibles en el aumento de la desigualdad social en la sociedad española en general (Izquierdo, 2019), y que en los países de nuestro entorno inmediato la situación no esté mejor –incluso podríamos afirmar lo contra- rio– no debe servirnos como excusa para mirar para otro lado. Pinyol (2019) nos dice que el camino no es una “deconstrucción de la política europea de inmigración“, porque ello supon- dría una “inacción grave en términos de gestión pública (…) [que] puede tener un coste elevado para la supervivencia del propio proyecto europeo” (Pinyol, 2019: 5). Sin embargo, estimo que una deconstrucción en términos de problematización (no de destrucción) sí se vislumbra, no solo como pertinente, sino como muy necesaria. Ese ejercicio de de-construcción habría de cuestionar los esencialismos con los que opera la política migratoria en el contexto estudiado; y habría de servir para preguntarnos por cómo ciertas categorías que vertebran la misma han sido producidas desde una óptica occidentalocéntrica y eurocéntrica por la colonialidad del poder/ saber (Quijano, 2000; Grosfoguel, 2006, 2012):
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La educación en la Constitución española de 1978. Debates parlamentarios

La educación en la Constitución española de 1978. Debates parlamentarios

Para Alianza Popular, en palabras de la diputada gallega Fernández-Espa- ña tenía muy claro que la participación de profesores, padres y alumnos debía restringirse sólo y exclusivamente al «control de la distribución de los fondos públicos procedentes de la Administración». El miedo atávico a una estataliza- ción de la enseñanza por parte de los sectores conservadores no se ocultaba como lo demuestra el hecho de que la enmendante justificaba su texto para evitar que el Estado «bajo el pretexto de controlar la aplicación de los fondos públicos se podría tratar de extender el control y la gestión a todos los aspec- tos de la vida de los centros, afectando a la libertad de conciencia y de creación de centros docentes. Podría ser el modo de ir progresivamente hacia la pérdi- da de identidad de la enseñanza no estatal». Además, para la diputada con- servadora la participación de padres, profesores y alumnos no está justificada por el hecho de que los centros reciban fondos públicos. Esta es, según pala- bras de la enmendante, una argumentación típicamente colectivista. En su opi- nión, quienes reciben la financiación no son los centros sino los padres de familia habiéndose arbitrado por parte de la Administración una fórmula de financiación que bien podría haber sido, como en otras latitudes europeas, un cheque escolar dirigido a los padres o cualquier otra fórmula distinta a la empleada en España.
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Libertad de expresión y Constitución

Libertad de expresión y Constitución

Entre los primeros cabría citar el reconocimiento del derechode información tanto en su vertiente activa derecho a comunicar información libremente como en su vertiente pasiva derecho a [r]

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La gestión de casos y de enfermedades, y la mejora de la coordinación de la atención sanitaria en España

La gestión de casos y de enfermedades, y la mejora de la coordinación de la atención sanitaria en España

• Las carencias y los problemas de la coordinación entre niveles en España demuestran vivamente la necesi- dad de una reforma procoordinación de la atención primaria que dé poder, respon[r]

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El Referéndum en la Constitución española de 1978

El Referéndum en la Constitución española de 1978

Efectivamente, contrasta junto a la previsión en ambos senti- dos del referéndum para ratificar la iniciativa del proceso autonómico del artículo 151, 1, la imprevisión parcial de otros[r]

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About the university models in the educational politics of the Spanish Transition. Heritage and genesis of their bases (1976-1982)

About the university models in the educational politics of the Spanish Transition. Heritage and genesis of their bases (1976-1982)

El artículo 114.6 de la Ley General de Educación, reservaba al gobierno la aprobación del reglamento que habría de regular el ingreso en cada uno de los cuerpos universitarios. A pesar de las previsiones en el aumento de la demanda de estudiantes universitarios generada por la aplicación de la reforma de 1970, el gobierno no cedió competencias ni responsabilidades en el proceso de selección de futuros profesores universitarios [Art. 113-120]. Pero el crecimiento expo- nencial del número de los estudiantes sobrepasó todas las previsiones e impidió aplicar para la contratación de profesores los requisitos de la ley. Se incorporaron numerosos docentes sin haber superado las pruebas establecidas o acabado su doctorado, pasando a formar parte de los denominados profesores no numerarios o penenes, tal como los definían sus siglas. Fueron un colectivo de gran influencia y significación en la conformación de la Universidad en los primeros años de la democracia (Núñez, 2013, p. 30). No deja de ser controvertida la interpretación de Clara Eugenia Núñez sobre la realidad que la aplicación de «la autonomía corporativa –el derecho de los profesores de la universidad franquista a diseñar y gestionar directamente el cambio– dominó y pervirtió de raíz todo el proceso de reforma universitaria, de la LAU a la LRU y a las leyes posteriores (…) los profesores universitarios entraron en masa en las primeras Cortes democráticas con el fin de darse un estatuto de autonomía a sí mismos, consolidar sus puestos en la universidad y, en muchos casos, hacer correr el escalafón. Esta y no otra –el drama de los PNN y la promoción de los agregados– fue la verdadera cuestión de fondo que dirimió la LRU: establecer quién y cómo pilotar la nueva autonomía universitaria» (Núñez, 2013, p. 35). No deja de ser una hipótesis semejante a la que mantienen autores situados en otras posiciones políticas como Juan Carlos Monedero (2013, p. 185) para quien «la universidad dedicó el grueso de sus esfuerzos a la funcionarización de los penenes antes que a colaborar con la recupe- ración del pensamiento exiliado».
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La Idea de Libertad en la Obra “Sobre la Libertad.” De John Stuart Hill.

La Idea de Libertad en la Obra “Sobre la Libertad.” De John Stuart Hill.

restricciones externas -concreLamente, las ejercidas por los tenedores de1 poaer gubernamental- sobre eI pensamien-. to y 1a actividad de1 individuo.[r]

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Fecundación in vitro postmortem

Fecundación in vitro postmortem

En el caso de la transferencia de embrio- nes post mortem plantea otro supuesto dis- tinto, ya que, para empezar, la legislación lo trata en otro artículo diferente, el tema del consentimiento no es necesario (ya que se so- breentiende que si el óvulo ya ha sido fecun- dado es porque deseaba ser padre junto con su mujer), además en estos casos el consen- timiento suele estar firmado previo al falleci- miento, y en este consentimiento, en el cual el hombre indica su autorización a utilizar su material genético con fines reproductivos se sobreentiende su deseo de ser padre (Ley 14, 2006) y los tiempos de realización de la téc- nica son diferentes (en concreto no se indica tiempo). En este caso estaríamos ante un hijo póstumo, ya que la fecundación se produjo con el padre en vida, pero sólo podría hacerse la transferencia de embriones en caso de que se hubieran fecundado mientras el padre es- taba vivo, esto quiere decir, que si el padre fa- llece y el material aún no ha sido usado, sino que permanece criocongelado, no sería posi- ble la transferencia preembrionaria, y además en ese caso la legislación española no contem- pla la filiación tendría que haber un consenti- miento específico en el cual el marido indica- ra con claridad su deseo de ser padre incluso si falleciera. (Pastrana Sánchez, 2014),
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