PDF superior Los delitos de corrupción en la administración pública

Los delitos de corrupción en la administración pública

Los delitos de corrupción en la administración pública

Por su estructura recuerda al llamado “tipo de canallas” (Schurkenparagraph) que, en la doctrina alemana, es tomado como ejemplo de atentado contra el principio de certeza: “Todo canalla será penado con...”. Y es que aquí el legislador está incumpliendo con su obligación de precisar el contenido de injusto de la conducta. También ocurre lo mismo con el tipo de “enriquecimiento ilícito” donde se sanciona un “estado” (el hecho de enriquecerse) y se invierte la carga de la prueba (el imputado debe probar que su enriquecimiento provino de fuentes lícitas). Más bien el trasfondo es la “sospecha” de que el funcionario público se habría enriquecido cometiendo otros delitos contra la administración pública. Y esto es precisamente lo que se tiene que probar; el “enriquecimiento ilícito” solamente debería ser indicio de la comisión de otros delitos más no un delito por sí mismo pues no tiene ni un “bien jurídico” ni “objetos concretos” de algún bien jurídico que se quiera tutelar. El enriquecimiento ilícito “Es el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él”. (Convenio Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo, 1999).
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La imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y la responsabilidad restringida

La imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y la responsabilidad restringida

supuestos agravados en los que se aplicará, que como se ha explicado en los fundamentos anteriores, existen diversos proyectos, que van desde la pena a imponer hasta el tipo de delito según el bien afectado. Cuando ya se regulen dichos supuestos agravados, y al aplicarse estos, tanto para los funcionarios como para los particulares, se vulnerará el derecho a la igualdad de las personas con responsabilidad restringida- la cual no solo tiene sus efectos en la reducción de la pena sino también en la reducción de los plazos prescriptorios-, pues está tratando de forma distinta, sin ninguna justificación, a las personas que tienen una imputabilidad disminuida; es decir está siendo discriminatoria al pretender establecer mediante los supuestos agravados, que determinados delitos contra la Administración Pública sean imprescriptibles sin establecer ninguna excepción para este tipo de personas, quienes por su condición personal gozan de esta eximente imperfecta, que como se ha mencionado en el acuerdo plenario tiene su fundamento en el grado de madurez o de disminución de las actividades vitales de la persona en razón a su edad, y no está en función directa a la entidad del delito cometido. Esta discriminación incluida en el artículo 41 de la Constitución Política del Perú, se debe a que el principio de igualdad, predica la identidad de los iguales, y de la diferencia entre los desiguales, así como permite dar un tratamiento diferente a distintas personas cuando aquellas se encuentran en diversas situaciones de hecho. En resumen, el trato diferenciado en las personas con responsabilidad restringida, se ha dado por razón de la naturaleza de la persona- evolución biológica y psicológica de toda persona para alcanzar la madurez- al no tener una capacidad de culpabilidad completa, cumpliéndose así el principio de igualdad desde el lado “tratar desigual a los desiguales”; sin embargo esta vertiente, se ha visto vulnerada al haberse establecido la imprescriptibilidad sin hacer la diferenciación de las personas entre dieciocho y menores de 21 años y los mayores de 65 años de edad, convirtiéndose en discriminatoria pues no cumple el test de racionalidad, y proporcionalidad.
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La corrupción en el campo de la administración pública, una mirada desde la ética pública.

La corrupción en el campo de la administración pública, una mirada desde la ética pública.

compras, comisiones diversas, entrega de anticipos, son algunas de las nefandas formas establecidas, en las cuales participan funcionarios y particulares en forma descarada, que se torna común y corriente. Como la censura no es la única manera de protestar, forzoso es sugerir forma de impedir la variadísima gama de corruptelas que atentan contra el tesoro de todos, el erario público, que encarece las obras, burla ley, las entrega de mala calidad, frustra las comunidades esperanzadas en ver realizados sus anhelos, desprestigia la administración pública, y lo peor, produce la desilusión popular en los gobernantes a quienes considera merecedores de rechazo general. No es por constituir una excepción, pero hay procedimientos que convertidos en ley podrían aliviar la rampante corrupción que nos agobia, y que no podemos reputar inmodificable. Sí se puede modificar. Una forma sería la de establecer una presunción legal, de derecho, para reputar bienes del Estado ( que lo son), los poseídos por particulares que no tengan su origen en herencias, legados, golpes de suerte, con carga de la prueba en contrario para los poseedores irregulares de los mismos bienes. Los negocios lícitos tienen en la DIAN disposiciones claras para establecer su origen, y no tendrían carácter punible, mucho más si no han tenido relación con los presupuestos públicos en cualquiera forma de contratación. (Gómez, 2011).
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La infracción del deber en los delitos contra la administración pública

La infracción del deber en los delitos contra la administración pública

Fue la teoría subjetiva de la autoría la que en un inicio explicó la definición de autor y partícipe; poco después, la doctrina acudió en busca de otros criterios que lograran explicar con mayor corrección la autoría y participación, dándose pase a la Teoría del Dominio del Hecho (vigente a la fecha), la que definía como autor a aquél sujeto que tenga dominio del hecho, aquél que pueda decidir los aspectos esenciales de la ejecución de ese hecho. Sin embargo, en los últimos decenios se ha comprobado que no todos los tipos de delito tienen una estructura que permite explicar las cuestiones de la autoría a través de la teoría del dominio del hecho. Caso palpable ocurre con los delitos contra la Administración Pública, que son delitos especiales (cometidos por sujetos cualificados) en donde muchas veces el sujeto activo no tiene el dominio del hecho, pero se vale de otra persona (extraneus) para cometer la conducta descrita en el tipo penal. Resulta evidente que, con la teoría del dominio del hecho, no se podría explicar si el sujeto activo (funcionario público) es autor o partícipe.
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LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL INTRODUCIDA POR LA LEY ORGÁNICA 1/2015, DE 30 DE MARZO, Y LA NECESARIA APLICACIÓN DE OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTR

LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL INTRODUCIDA POR LA LEY ORGÁNICA 1/2015, DE 30 DE MARZO, Y LA NECESARIA APLICACIÓN DE OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTR

En todo caso, la inclusión en la agenda política del problema de la corrupción en general, y en las Administraciones Públicas (en adelante AAPP) en particular, es, a mi juicio, ineludible, no solamente por ser una preocupación evidente de los ciudadanos, cada vez menos tolerantes ante prácticas corruptas y con mayor acceso a la información por la amplia difusión que están haciendo los medios de comunicación de presuntos casos de corrupción, sino incluso por la propia legitimidad y supervivencia del estado de derecho y de las instituciones democráticas, entre ellas los partidos políticos, ya que se percibe un cierto y creciente agotamiento y hartazgo de la ciudadanía ante la sensación de pasividad e impunidad de conductas reprobables relacionadas con las distintas formas de corrupción, como el nepotismos, tráfico de influencias, enchufismo...lo que,sin duda, puede ser una “ventana de oportunidad” para vencer la resistencia interna que pueda haber dentro de los propios partidos políticos o ciertos sectores para introducir cambios reales, efectivos y trascendentes en la Administración Pública en España que permitan erradicar la corrupción y generar mayor confianza en la ciudadanía.
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La imprescriptiblidad en los delitos de corrupción

La imprescriptiblidad en los delitos de corrupción

Como se ha visto, varios países del mundo, han adecuado su Ordenamiento Jurídico para declarar la imprescriptibilidad en otros tantos delitos, en este caso, en particular, no se está de acuerdo con ello porque los delitos antes mencionados son comunes, pero los delitos que afectan al Estado y específicamente a la administración pública son muy graves ya que no solo socavan democracias sino que también constituyen un obstáculo para el desarrollo humano afectando y perjudicando a los que menos tienen, y despojándolos de servicios básicos violando así los derechos humanos, entonces, declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción es peligroso? No, no lo es, es peligroso dejar sueltos a esos delincuentes y no juzgarlos en su oportunidad, y que se aprovechen del Estado para sus beneficios personales.
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Problemática de los delitos contra la administración pública : parte I

Problemática de los delitos contra la administración pública : parte I

El segundo criterio ya permite dar un desarrollo adecuado que Roxin mediante los deberes extrapenales no logro conseguir, y este segundo criterio, es de igual manera en palabras de Jakobs, la inobservancia de deberes especiales. Parafraseando a Caro John (2013), este criterio implica ya no una competencia personal sino institucional. En el mismo sentido los delitos de infracción al deber no tiene que ver con el quebrantamiento de un deber común - entiéndase como deberes que deberían cumplir todos los ciudadanos por su condición de ser ciudadanos, como por ejemplo en el delito de homicidio en donde el deber general lo ostenta los ciudadanos y este deber es el de no lesionar bienes ajenos (matar)- pues el quebrantamiento será de un deber por su relación institucional -por ejemplo en el delito de peculado, la relación que ostenta el intraneus -funcionario o servidor público- es una relación con la Administración Pública del estado y el deber que tendrá este, será el de percibir, administrar y custodiar estos caudales que le pertenecen al estado. Siendo el estado, el que le permite adminístralo por la calidad del estatus especial que tiene el funcionario o servidor público.
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El  tercero agraviado en los delitos cometidos contra la Administración Pública

El tercero agraviado en los delitos cometidos contra la Administración Pública

Es decir, quien ha sufrido indebidamente un acto arbitrario por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, ocasionándole daños, pueda plantear ante el mismo juez que está conociendo el proceso penal, la pretensión civil que se derive del hecho delictivo para exigir la reparación del daño. Si bien es cierto el sujeto pasivo de los delitos contra la Administración Pública, es el Estado por ser el titular del bien jurídico protegido (el correcto funcionamiento de la Administración Publica), el agraviado es cualquier persona que resulte afectada directamente por la conducta delictiva y no se le puede negar la posibilidad de pedir en el proceso penal que se le indemnice por el daño que ha sufrido, el mismo que no estaba obligado a soportar. Además nuestro nuevo Código Procesal Penal, apunta a que los agraviados sean debidamente resarcidos aun cuando el proceso penal se archive o termine en absolución.
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La ética y la corrupción en la política y la administración pública

La ética y la corrupción en la política y la administración pública

Se creo en 1992 y ofrece un apoyo continuo a 13 países de Europa central y oriental (Albania, Bosnia-Herzegobina, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Macedonia y Rumania) para fortalecer las instituciones públicas con objeto de reducir los incentivos a la corrupción y a la conducta no ética. Estos países buscan alcanzar los estándares de gobierno confiables y eficientes que se observan en los Estados miembros de la Unión Europea, algo que deben lograr si desean cumplir con los “Criterios de Copenhague”, necesarios para obtener la membresía en la UE y aplicar la legislación de la Comunidad Europea. El programa SIGMA se concentra en desarrollar un servicio civil profesional y mejorar el diseño de políticas, coordinación y reglamentación. Apoya a los gobiernos en aspectos relacionados a la reforma administrativa, el análisis de las propuestas de ley y las estrategias, la evaluación de los marcos administrativos, la capacitación y el intercambio de información. Este programa también distribuye información comparativa sobre administración pública a través de informes, listas de verificación, una página en Internet y un boletín. Además presta asesoría sobre temas de control financiero, elaboración de presupuestos, compras gubernamentales y auditorias. (OCDE: 2002;194)
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La corrupción: controles en la administración pública como mecanismo de prevención y represión

La corrupción: controles en la administración pública como mecanismo de prevención y represión

Son delitos de responsabilidad contra el libre ejercicio de los poderes legislativo y judicial y de los poderes constitucionales de los Estados: 1 - intentar disolver el Congreso Nacional, impedir la reunión o intentar impedir por cualquier modo el funcionamiento de cualquiera de sus Cámaras; 2 - usar violencia o amenaza contra algún de los representante de la Nación para alejarlo de la Cámara a la que pertenece o para coaccionarlo en cuanto al modo de ejercer su mandato así como lograr o intentar conseguir el mismo objetivo mediante soborno u otras formas de corrupción; 3 - violar las inmunidades concedidas a los miembros del Congreso Nacional, de las Asambleas Legislativas de los Estados, de la Cámara de los Consejeros de Distrito Federal y de las Cámaras Municipales; 4 - permitir que una fuerza extranjera transite por el territorio del país o permanezca en él cuando a ello se oponga el Congreso Nacional; 5 - oponerse directamente y por hechos al libre ejercicio del Poder Judicial, u obstar, por medios violentos, al efecto de sus actos, mandados o sentencias; 6 - usar violencia o amenaza, para obligar a jueces o jurados, a proferir o dejar de proferir orden, sentencia o voto, o a hacer o dejar de hacer acto de su oficio; 7 - practicar contra los poderes de los Estados o municipales acto definido como delito en este artículo; 8 - intervenir en negocios peculiares para los Estados o para los Municipios con desobediencia a las normas constitucionales.
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Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos y su incidencia en la Gestión Pública de la Provincia de Puno periodo 2018-2019

Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos y su incidencia en la Gestión Pública de la Provincia de Puno periodo 2018-2019

Pinares, A. (2015) en su tesis de maestría titulado “efectos de la colaboración eficaz en procesos por delitos cometidos por funcionarios públicos contra la administración pública (cuzco 2011 -2012)” concluye diciendo que La “colaboración eficaz y como proceso especial materia de análisis, se basa sobre el principio de consenso con la finalidad de que el imputado pueda aportar información útil para conocer cómo se realizó el delito, quiénes son los autores y partícipes, los medios que utilizaron para su ejecución, así como información que permita descubrir los medios que se utilizaron para su ejecución, así como recuperar los bienes o dinero sustraídos. Así, en el cuadro y gráfico que exponemos, podemos advertir que, ante las evidencias probatorias, los alcaldes que cometieron los delitos procedieron a acogerse a la colaboración eficaz; Consideramos que es estratégico modificar la legislación procesal a favor de la eficacia contra el delito, en el caso concreto de la tesis; la corrupción”. Para así conseguir la mayor cantidad de arrepentidos que colaboren, por consiguiente, no se les debe limitar a ser postulantes de entregar información acerca de organizaciones criminales; Corresponde al Derecho penal y Procesal penal un papel de especial relevancia, para detectar y castigar el accionar delictivo de los funcionarios o particulares implicados en negocios de corrupción. Asimismo, se precisa incrementar las penas impuestas sobre quienes son detenidos y reducir la posibilidad de acceder a los beneficios penitenciarios de los funcionarios corruptos (sobre todo, poniendo como condición que el funcionario haya pagado el monto integro de la reparación civil). Para así con el tiempo acceder a algún beneficio penitenciario.
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Delitos de corrupción de funcionarios y su relación con el crimen organizado en las sentencias de los juzgados penales colegiados de Ancash en el periodo 2010- 2014

Delitos de corrupción de funcionarios y su relación con el crimen organizado en las sentencias de los juzgados penales colegiados de Ancash en el periodo 2010- 2014

La ratio fundamental de la corrupción radica entonces en una desviación de ciertos parámetros de comportamientos. Debe destacarse también que el sustrato fáctico de la corrupción reside, fundamentalmente, en la actividad económica de la Administración y, habitualmente, en la atribución del control y aplicación de fondos públicos a cargos políticos (corrupción política) o funcionariales (corrupción funcionarial). 9 La imputación hacia una persona como “corrupto” va asociado a la idea de que aquel esté en vinculación directa con la administración de los poderes del Estado, y no podría hablarse de corrupción en sentido estricto fuera del ámbito de la función pública, esto es, en términos domésticos, familiares o cotidianos: un particular persuade, a través de dinero, al presidente de un club privado para hacerlo ingresar en calidad de socio. Así las cosas, se pueden diferenciar nítidamente una corrupción que se presenta en el campo de las acciones privadas de la que afecta a la administración pública, privilegiándose a esta última como una cuestión de mayor importancia 10 . Al respecto, Mariano Grondona afirma “que la corrupción en el sector público es más grave que la privada, pues mientras ésta es susceptible de ser corregida por el Estado, si los mecanismos del
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La falta de protección a la víctima directa en los delitos contra la administración pública bajo el marco del Decreto Legislativo N° 957

La falta de protección a la víctima directa en los delitos contra la administración pública bajo el marco del Decreto Legislativo N° 957

Resumen: La victimología y la criminología han traído de relieve la importancia de la correcta incorporación de los directamente afectados por delitos, al proceso, así como entender su problemática y permitir resolver dichas cuestiones para evitar futuras re-victimizaciones y sentimientos de insatisfacción por falta de resolución. Además, que la sensación de corrupción que nos sitúa como un país altamente corruptible se presente precisamente porque las victimas directamente agraviadas no son atendidas, lo cual de no ser así cambiaria dicha percepción (pues el ciudadano solo ve que una parte del Estado (funcionario) comete un delito, es investigado y sancionado por otra parte del Estado (Ministerio Público y Poder Judicial) y es el propio Estado (procuraduría) quien recibe las satisfacciones por el delito cometido.
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El sistema de los delitos contra la eficiencia de la administración pública. Consideraciones político criminales.

El sistema de los delitos contra la eficiencia de la administración pública. Consideraciones político criminales.

Resumen: El objetivo del presente artículo es determinar, como la tipificación de los delitos contra la Administración pública respaldan el correcto funcionamiento de la infraestructura organizativa, que permite el recto y normal funcionamiento de la actividad de la Administración pública, con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución y, en definitiva, el correcto ejercicio de la potestad administrativa, sancionando las conductas de autoridades, funcionarios y particulares que vician su eficacia, o el cumplimiento de los fines que tiene constitucionalmente asignados, a tal punto que estos delitos son considerados como un eje de la corrupción que genera en los políticos una pugna por las ambiciones e intereses particulares, acrecienta la burocracia estatal y genera servicios públicos deficientes, a la vez que crea una cultura inmoral, de aprovechamiento de los recursos públicos en beneficio propio, siendo necesario en tal sentido se analice lo referente al sistema de los delitos contra la administración pública desde la óptica de criterios y modelos de tratamiento legislativo, así como también desde la naturaleza jurídica de dichos delitos, ya que solo así podremos llegar a entender incluso las tendencias hacia la punición o impunidad de los mismos.
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Los delitos contra la Administración Pública

Los delitos contra la Administración Pública

Una vez mencionadas las dos posturas, nos posicionamos sobre la primera y considero que el bien jurídico protegido en todos los delitos de cohecho es el mismo: el interés de que los funcionarios no incurran en corrupción con la finalidad de preservar la objetividad e imparcialidad de la Administración. Los ciudadanos tienen, o deben tener, confianza en la Administración, certeza de que actuará de manera imparcial y objetiva, sin mediar intereses privados. En esta línea, se ha manifestado el Tribunal Supremo: “El delito de cohecho protege ante todo el prestigio y eficacia de la Administración Pública, garantizando la probidad e imparcialidad de sus funcionarios y, asimismo, la eficacia del servicio público encomendada a éstos. Se trata, pues de un delito con el que se trata de asegurar no solo la rectitud y eficacia de la función pública sino también de garantiza la incolumidad del prestigio de esta función y de los funcionarios que la desempeñan, a quienes hay que mantener a salvo de cualquier injusta sospecha de actuación venal” 41 .
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Corrupción y delitos contra la administración pública especial referencia a los delitos cometidos en la contratación

Corrupción y delitos contra la administración pública especial referencia a los delitos cometidos en la contratación

En el capítulo quinto se estudian los delitos que desarrollan el aspecto material de la corrupción en la contratación pública, junto con su confi gura- ción según la forma como afectan patrimonio público y al sujeto que la ejecu- ta. Para ello se analizan la estafa como tipifi cación de la defraudación llevada a cabo por un particular, el peculado como sanción de la apropiación de bienes públicos por un servidor público y el abuso de confi anza para aquellos eventos en los cuales los bienes apropiados tengan un carácter privado. En este capítu- lo se trata especialmente la posibilidad de aplicar el delito de estafa a aquellos eventos en los cuales el sujeto pasivo sea una administración pública y los de- litos aplicables a la apropiación del anticipo.
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Base Normativa de la Inhabilitación Perpetua en los Delitos de Corrupción Contra la Administración Pública

Base Normativa de la Inhabilitación Perpetua en los Delitos de Corrupción Contra la Administración Pública

La idea de agregar la inhabilitación perpetua como figura jurídica en nuestra normativa, nace en campaña política como propuesta de lucha anticorrupción y cuando llegó a ser presidente Pedro Pablo Kuczynski, comenzó por ratificar internacionalmente: la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, siendo estos acuerdos parte de su política de gobierno porque se orientó a tomar medidas para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción en todas sus formas y modalidades establecidas en dichos tratados. Dentro del territorio peruano, aplicó las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, que en su número veintiséis, se refiere a la promoción de la ética, transparencia y erradicación de la corrupción, y sus objetivos principales son: desterrar la corrupción, promover una cultura de anticorrupción, además de regular la función pública, y el Plan Nacional de lucha contra la Corrupción 2012 -2016, aprobado mediante decreto supremo N° 119-2012-PCM, en cuyos principales objetivos está “La prevención eficaz de la corrupción, la investigación y la sanción eficaz y oportuna de la corrupción en el ámbito administrativo y judicial”; poco después en Lima a los diecisiete días del mes de agosto de dos mil diecisiete, se aprobó la ley 30650, ley de reforma del artículo 41 de la Constitución Política del Perú, que en su sexto párrafo restringe la contratación en la administración pública a las personas que hayan sido condenadas por la comisión de delitos que afecten al Estado.
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La Administración Pública italiana después de tangentopoli: lucha contra la corrupción y buena administración

La Administración Pública italiana después de tangentopoli: lucha contra la corrupción y buena administración

Las medidas aptas para alcanzar un resultado como el propuesto están concebidas no sólo como respuestas específicas a la aparición de episodios de corrupción subjetiva en la política, en[r]

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Vulneración del principio de proporcionalidad por la pena de inhabilitación perpetua para delitos contra la Administración Pública año 2017

Vulneración del principio de proporcionalidad por la pena de inhabilitación perpetua para delitos contra la Administración Pública año 2017

pregunta legítima dentro del marco de los delitos de omisión se refiere a si la ejecución de la acción omitida habría evitado el resultado. En la teoría finalista, los delitos de omisión es confusa la conducta “finalista” del sujeto, mencionan el sujeto al proponerse una conducta; la posibilidad de hacer algo (poder de hecho), debe considerar la potencialidad de su acción, o de su omisión y es por ello, que al perseguir un fin, la omisión de la conducta a la que estaba obligado a realizar por su calidad de garante, y no efectuarla es lo que le es reprochable; es decir el deber de hacer algo que la ley no espera que se actúe pero que por la situación de garante debe hacerse (posición de garante). El resultado: debe ser exigido por el tipo, no el resultado estrictamente natura listico. Ósea que no se le va a juzgar por lo que pretendía cometer si no por lo que cometió. Nexo causal: es la relación entre la acción finalista (propósito) y el resultado típico (fin).
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Los delitos contra la Administración Pública tras la Reforma del Código Penal de 2015

Los delitos contra la Administración Pública tras la Reforma del Código Penal de 2015

El art. 404 del Código Penal, contempla una actuación típica y antijurídica, la cual vulnera el principio de legalidad que ha de regir la actividad de la función pública. Por tanto, se puede entender, por un lado, que el bien jurídicamente protegido es la sujeción a la legalidad y al Derecho por parte de la Administración en sus funciones y, que este interés protegido se ve lesionado cuando el funcionario al que se le encomienda y confía el ejercicio de actuaciones públicas, se separa de forma intencionada de la Ley y del procedimiento, vulnerando de esta forma el orden jurídico. Cuando esto ocurre, puede entenderse que el funcionario opera arbitrariamente 60 .Esta arbitrariedad supone un elemento constitutivo del injusto, ya que como establece la STS 228/2013, de 22 de marzo “la conculcación del principio de legalidad que fundamenta la actuación administrativa se manifiesta con el ejercicio arbitrario del poder, que ha sido otorgado con fines de interés general, y sin embargo se emplea con un objetivo totalmente opuesto y exclusivamente personal de quien lo ejercita”.
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