PDF superior Los derechos económicos, sociales y culturales en la mujer y el acceso a la justicia

Los derechos económicos, sociales y culturales en la mujer y el acceso a la justicia

Los derechos económicos, sociales y culturales en la mujer y el acceso a la justicia

deseo generalizado de las mujeres por limitar el número de hijos, no obstante la “Encuesta sobre salud sexual y reproductiva en zonas marginales: situación de las mujeres desplazadas (2000-2001)” evidenció que las mujeres que residen en áreas marginadas de las ciudades receptoras de desplazamiento, tienen embarazos con mayor frecuencia y familias numerosas, “actualmente, el promedio de hijos vivos que tuvieron las mujeres desplazadas que hoy cuentan entre 0 y 9 años es de 5 hijos. La cifra es la más alta de todo el país” y “2 de cada 5 mujeres de las que se encontraban en gestación al momento de la Encuesta no deseaban ese embarazo”. Cifras que demuestran cómo las mujeres en situación de desplazamiento pierden la posibilidad de decidir frente a sus derechos sexuales y reproductivos, retrocediendo en el avance que sobre el particular habían logrado las mujeres desde 1975 8 .
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La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el marco de la justicia transicional peruana: el derecho a salud

La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el marco de la justicia transicional peruana: el derecho a salud

2 derechos humanos provenientes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, entre otras que afectaron a los conocidos “derechos civiles y políticos”; sin embargo, olvidamos que en estas épocas también se destruyeron propiedades, se impidió el acceso a la educación a muchas personas y demás formas de afectación a los “derechos económicos, sociales y culturales” y en especial el derecho a la salud. Este derecho será punto de análisis, en cuanto a su contenido y exigibilidad, entre otros problemas en el marco de post-conflictos que buscaremos solucionar con el apoyo de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional del Perú.
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JUSTICIA TRANSICIONAL Y DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

JUSTICIA TRANSICIONAL Y DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

aún más importante, de las causas que han originado el conflicto o la represión con el fin de evitar que se produzcan nuevas violaciones. La reforma institucional es un elemento esencial de la justicia transicional, ya que tiene el potencial de desencadenar un cambio estructural. Sin embargo, es uno de los aspectos que menos se han estudiado y explorado. Hasta la fecha, la mayoría de los esfuerzos se han centrado en la comprobación de los antecedentes de los funcionarios públicos, la reforma del sector de la seguridad y la reforma legislativa, dejando en gran medida intactas otras estructuras y leyes que hicieron posibles el conflicto y la represión. La experiencia demuestra que la selección de los funcionarios, la reforma del sector de la seguridad y la reforma legislativa son necesarias, pero pueden requerirse medidas adicionales. Habida cuenta de que la definición de lo que constituyen garantías de no repetición es amplia, y de que esas garantías pueden estudiarse y elaborarse cuidadosamente, albergan un gran potencial para hacer frente a las causas raíces de los conflictos y a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. Aunque esto puede suponer un reto desde el punto de vista político, los agentes que intervienen en la justicia transicional tienen que comprender la importancia de estos elementos y determinar la mejor manera de abordarlos.
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Cuarto Informe de Argentina al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Acceso al Aborto en Argentina

Cuarto Informe de Argentina al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Acceso al Aborto en Argentina

61El  Comité  CEDAW  en  su  Observación  General  N°  24  y  33  advirtió  sobre  el  vínculo  entre  el  cumplimiento  del  derecho  a  la   privacidad   en   materia   de   salud,   el   aborto,   y   la   salud   de   las   mujeres:   “La   falta   de   respeto   del   carácter   confidencial   de   la   información  afecta  tanto  al  hombre  como  a  la  mujer,  pero  puede  disuadir  a  la  mujer  de  obtener  asesoramiento  y  tratamiento  y,   por   consiguiente,   afectar   negativamente   su   salud   y   bienestar.   Por   esa   razón,   la   mujer   estará   menos   dispuesta   a   obtener   atención   médica   para   tratar   enfermedades   de   los   órganos   genitales,   utilizar   medios   anticonceptivos   o   atender   a   casos   de   abortos  incompletos,  y  en  los  casos  en  que  haya  sido  víctima  de  violencia  sexual  o  física”.  Y  avanzó  sobre  el  rol  que  le  cabe  a  la   justicia   ante   estos   supuestos,   al   entender   que   “la   rendición   de   cuentas   de   los   sistemas   de   justicia   se   refiere   también   a   la   vigilancia  de  las  acciones  de  los  profesionales  que  actúan  en  ellos  y  su  responsabilidad  jurídica  en  caso  de  que  violen  la  ley.”.   Esto   es,   sanciones   a   quienes   obstaculizan   o   violan   los   espacios   de   confidencialidad   de   las   mujeres,   poniendo   en   peligro   el   derecho  a  la  vida  de  las  mujeres,  ya  sea  por  acción  u  omisión  
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DERECHOS económicos, sociales y culturales

DERECHOS económicos, sociales y culturales

acaban finalmente en la nefasta experiencia nazi del exterminio de los judíos en los campos de concentración, en donde se niega la humanidad de muchos grupos humanos o de individuos en aras de los objetivos políticos. Pasada esa conflagración hay un resurgimiento muy fuerte en la comunidad internacional de la necesidad de posesionar los derechos humanos como vértice, como factor central de la legitimidad del poder. Viene luego un movimiento de derechos humanos en pos no solo de declaraciones sino de convenciones que obliguen directamente a los Estados a la institucionalización de la justicia internacional a favor de los derechos humanos. El último paso reciente es la creación de la Corte Penal Internacional y el primer Código Penal mundial, con cuatro delitos, aceptados por todas las naciones, en torno a la realización de esos derechos. A partir de la Segunda Guerra Mundial se presenta un fenómeno de institucio- nalización de esos derechos como condición de legitimidad del poder público, pero a nivel de la filosofía política no contamos con una fundamentación de los derechos que sea satisfactoria. El problema central hoy en día en la filosofía política y en la filosofía del derecho consiste en que no contamos con una teo- ría, con un desarrollo conceptual teórico que nos permita satisfacer la pregunta sobre cuál es el fundamento de los derechos. Esto permite que el discurso sea bastante frágil, porque desbancamos a Dios de esa garantía de la existencia de los derechos, como dador de derechos, como origen de ellos, pero no le te- nemos sustituto. La Ilustración intentó ofrecer como sustituta a la diosa Razón. La Ilustración remplazó la figura de Dios por la de la Razón, pero le otorgó a esta las mismas características y facultades que antes se le otorgaban a la divi- nidad. A la postre el movimiento de la Ilustración no avanzó mucho frente a la construcción racional de los límites de la coerción estatal porque simplemente remplazó la divinidad por una abstracción como la razón.
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Indicadores y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales

Indicadores y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales

Además, señala su preocupación por el impacto de las medidas de austeridad en los grupos más desfavorecidos, el dispar disfrute de los DESC en las distintas Comunidades Autónomas, la disminución de la ayuda a la cooperación, la discriminación en el disfrute de estos derechos de inmigrantes y gitanos, las altas tasas de desempleo (y su mayor impacto en colectivos desfavorecidos), la permanencia de estereotipos de género (y sus consecuencias en la persistencia de formas de discriminación), los altos niveles de violencia doméstica, la situación de las personas retenidas en los centros de internamiento para extranjeros, el recorte de derechos que supone la Ley de Extranjería de 2009, las altas tasas de pobreza y especialmente la pobreza infantil, la congelación del salario mínimo, los bajos niveles de las pensiones, la preocupante situación de la vivienda en España (los costes, los desalojos, la discrecionalidad de las entidades bancarias y la ausencia de una definición de “persona sin hogar”), los obstáculos al acceso al aborto en el sistema público de salud, la situación de los jóvenes (incremento del consumo de alcohol y drogas, el abandono escolar temprano y el incremento de las tasas universitarias) y finalmente, dado el recorte presupuestario, la puesta en peligro de la capacidad creativa e investigadora del Estado 206 .
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Preguntas frecuentes sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Preguntas frecuentes sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

No obstante, los derechos económicos, sociales y culturales se interpretan erróneamente a veces cuando se consideran de carácter colectivo. Aunque esos derechos pueden afectar a muchas personas y tener una dimensión colectiva, también son derechos individuales. Por ejemplo, el desalojo forzoso frecuentemente afecta a comunidades enteras, si bien los individuos sufren a causa de la denegación de su derecho a una vivienda adecuada. La confusión acerca del carácter individual o colectivo dimana en parte del hecho de que la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales frecuentemente requiere un esfuerzo colectivo mediante el suministro de recursos y la formulación de políticas basadas en derechos. Para impedir que se deniegue a los niños su acceso a la enseñanza primaria porque no pueden pagar los derechos de matrícula, un Estado tendría que establecer un sistema para garantizar una enseñanza primaria gratuita para todos los niños. Sin embargo, esa circunstancia tampoco impide que cada niño reclame individualmente su derecho a la enseñanza.
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Derechos económicos, sociales y culturales en América Latina

Derechos económicos, sociales y culturales en América Latina

demandan mayor colaboración entre los grupos de defensa de la región y las ONG internacionales, incluso las ONG de los EE . UU . que pueden ejercer presión sobre su propio gobierno, e instituciones internacionales, incluidas las compañías transnacionales con sede en los EE . UU . el FMI , el Banco Mundial y la OMC . Esta gran necesidad de colaboración en el tema de los DESC , podría beneficiar a la comunidad de derechos humanos más amplia —incluidos los grupos de derechos de la mujer, de derechos ambientales y similares—, con el ímpetu imprescindible para emprender determinadas cuestiones prácticas complicadas, como el origen y control de fondos, que afectan profundamente a la naturaleza de las colaboraciones entre el Norte y el Sur, así como a los resultados del trabajo. En fin, en buena medida gracias a la incansable labor de las ONG , el discurso de los derechos humanos acumuló mucho peso político y moral a comienzos del siglo XXI . América Latina, que cuenta con uno de los movimientos por los derechos humanos más poderosos del mundo, le hace justicia más que cualquier otro lugar. Las colaboraciones que componen este conjunto de ensayos ilustran con claridad el hecho de que, lejos del temor a dilapidar el capital al involucrarse en la lucha por los derechos humanos, esa es justamente la forma en que los movimientos por los derechos humanos articulan y demuestran lo que la perspectiva de los derechos humanos puede agregar a estas cuestiones fundamentales de justicia social, que van a determinar si los derechos humanos aún constituirán un discurso con sentido para cientos de millones de individuos de América Latina y el mundo al final del siglo que recién se inicia.
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Cooperativismo de vivienda autogestionario Una modalidad con enfoque de derecho humano para la calidad del hábitat

Cooperativismo de vivienda autogestionario Una modalidad con enfoque de derecho humano para la calidad del hábitat

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, también reconoce explícitamente este derecho en su Artículo 11: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento…” (ONU, 1976). El derecho a la vivienda también tiene reconocimiento internacional. En la Declaración de los Derechos Humanos, Artículo 25, se plantea lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en espacial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…” (ONU, 2012). El incumplimiento de los derechos constitucionales en cuanto a la propiedad y a una vivienda digna no se debe únicamente a la falta de acciones para garantizar el acceso, sino también a innumerables obstáculos que evitan que los sectores más pobres accedan a la propiedad de un lote o solución habitacional. Entre dichas dificultades se puede mencionar: la ausente (o insuficiente) y nada sistemática asignación presupuestaria estatal para 4. EL COOPERATIVISMO DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA AUTOGESTIONARIO.
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La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.

La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.

«Como mínimo, el derecho a tener acceso a un albergue obliga al gobierno nigeriano a no destruir las viviendas de sus ciudadanos y a no obstruir los esfuerzos de individuos o comunidades de reconstruir sus casas perdidas. La obligación del Estado de respetar el derecho a la vivienda lo requiere, y por esta razón, todos su órganos y agentes deben abstenerse de llevar a cabo, patrocinar o tolerar cualquier práctica, po- lítica o medida legal que viole la integridad del individuo o infrinja su libertad de usar aquellos materiales u otros recursos disponibles de la forma que estimen más apropiada para satisfacer sus necesidades de vivienda individual, familiar, grupal o comunitaria. [...] El gobierno ha destruido las casas y poblados de la comunidad Ogoni y luego, a través de sus fuerzas de seguridad, ha obstruido, acosado, golpeado y, en algu- nos casos, disparado y asesinado a ciudadanos inocentes que trataron de reconstruir sus casas destruidas. Esas acciones constituyen masivas violaciones del derecho a la vivienda, por violar los Artículos 14, 16, y 18(1) de la Carta Africana.»
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La verdad como derecho humano

La verdad como derecho humano

La justicia transicional se basa en la premisa de que, cuando en un Estado se están desarrollando negociaciones de poder, significativas, es posible introducir cambios sociales, económicos y políticos. Sin embargo, la justicia transicional surgió con la finalidad de abordar tan solo una de las dimensiones de esos cambios, la de investigar el legado de atrocidades a gran escala y evitar que estas vuelvan a producirse. Aunque las normas de derechos humanos han tenido una influencia muy considerable en la justicia transicional, esta se ha centrado en las violaciones de los derechos civiles y políticos. Por lo tanto, en cierta medida, la justicia transicional se ha desarrollado al margen de las importantes novedades que se han producido en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales. En ocasiones, los mecanismos de justicia transicional carecen de recursos económicos y humanos y/o de capital moral y político suficientes. No obstante, la experiencia demuestra que, aun cuando se enfrentan a retos complejos, esos mecanismos son necesarios y pueden tener repercusiones duraderas en una sociedad, por ejemplo, a través del reconocimiento oficial de las violaciones pasadas de los derechos humanos y del empoderamiento de las víctimas. A pesar de ser modesta, su contribución al cambio social es importante.
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Vol. 17, Núm. 42 (2020)

Vol. 17, Núm. 42 (2020)

Robles, Y. (2018). Proyectos de desarrollo energético y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales: una mirada desde la justicia interamericana de derechos humanos. En Díkê. Revista de investigación en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica. Vol. 12. Núm. 23. abril-septiembre. México: Universi- dad Autónoma de Puebla.

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Los Derechos Económicos Sociales y Culturales 

Los Derechos Económicos Sociales y Culturales 

Aun cuando la adecuación viene determinada en parte por factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, el Comité considera que, aun así, es posible identificar algunos aspectos de ese derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos efectos en cualquier contexto determinado. Entre esos aspectos figuran los siguientes: a) Seguridad jurídica de la tenencia; b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; c) Gastos soportables; d) Habitabilidad (…en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes); e) Asequibilidad; f) Lugar (la vivienda adecuada debe 91 encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales… De manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes); g) Adecuación cultural (la manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar por que no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y porque se aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos modernos). 8
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Acceso a la justicia y nuevas formas de participación en la esfera política

Acceso a la justicia y nuevas formas de participación en la esfera política

subject acceso a la justicia y públicas, derechos económicos sociales y culturales. source Estudios Socio-Jurídicos; Vol[r]

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Aproximación Teórico-Conceptual a la Relación entre los Derechos Humanos y la Universidad Pública en el Siglo XXI

Aproximación Teórico-Conceptual a la Relación entre los Derechos Humanos y la Universidad Pública en el Siglo XXI

Igualmente, es imperativo diferenciar entre los derechos humanos negativos y los positivos (Aupig Birch, J., 2004). Los primeros, son los que validan que nadie puede ser privado de lo que, en el ejercicio de su naturaleza humana, ha adquirido con legitimidad en el pasado y en derecho le corresponde; y únicamente el ejercicio de una conducta criminal o antisocial, por la cual un individuo violenta los derechos humanos negativos de otras personas, es razón para que él mismo sea privado temporal o definitivamente de algunos de sus propios derechos negativos. En cuanto a los derechos humanos positivos, estos otorgan el derecho, por criterio de justicia, a oportunidades de desarrollo futuro. Son ejemplos de derechos negativos: la vida, la salud física y psicológica, la propiedad e ingresos; y, no ser torturado, no ser asesinado, no ser privado de la legítima propiedad o ingresos, no ser privado de la libertad de movimiento y elección, no ser privado de la membresía a organizaciones, asociaciones e iglesias a las que se escogió pertenecer.
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Tomemos en serio los derechos económicos, sociales y culturales

Tomemos en serio los derechos económicos, sociales y culturales

Tomemos en serio los derechos econ?micos, sociales y culturales TOMEMOS EN SERIO LOS DERECHOS ECON?MICOS, SOCIALES Y CULTURALES Jos? Joaquim Gomes Canotilho Profesor de la Facultad de Derecho Universi[.]

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Hay como mínimo cuatro clases de argumentos que suelen invocarse contra la exigibilidad jurisdiccional de los derechos sociales en el sistema constitucional español. En primer lugar, un argumento de tipo dogmático (I) que sostiene que la tutela jurisdiccional diferenciada y debilitada de los de- rechos sociales es una opción explícita de la Constitución española (CE, en adelante) reforzada por la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC, en adelante) en la materia. En segundo lugar, un argumento de orden teórico (II), que insiste en que, más allá de su consagración positiva, son cier- tas características axiológicas y estructurales, propias de los derechos socia- les, las que justifican su menor protección judicial en relación con los dere- chos civiles y políticos. Un tercer argumento, de orden más bien político (III), se asienta en la idea de que otorgar a los tribunales un papel relevante en la garantía de los derechos sociales no sólo presenta obstáculos dogmáticos y teóricos, sino que constituye, además, una indeseable política del derecho. La razón sería sencilla: el estímulo de la justiciabilidad tiende a generar una pendiente resbaladiza que acaba por expandir en exceso el papel de los tri- bunales, distorsionando la división de poderes y la primacía del principio democrático. Este argumento político viene con frecuencia respaldado por un ulterior razonamiento sociológico (IV), según el cual otorgar a los jueces excesivo protagonismo, aunque sea en un sentido garantista, es, además de inconveniente, históricamente infundado, ya que éstos no han desempeñado nunca una función semejante y nada indica que puedan hacerlo.
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Arab feminism and the struggle for women’s rights

Arab feminism and the struggle for women’s rights

Tal fue el caso de Zaynab al-Gazzali (1917-2005), una mujer que tras militar en la Unión Feminista de Shaarawi y abandonarla tachándola de «occi- dentalista», había fundado en 1936 la Asociación de Damas Musulmanas. Se trataba de una agrupación de pensamiento islamista que rechazaba la ideo- logía nacionalista y semilaica del régimen, y defendía la implantación de un estado islámico regido por la sharía (la ley islámica), en el que –según su opinión– las mujeres tendrían reconocidos por esa misma sharía todos sus derechos. Era, sin duda, la misma ideología islamista de los Hermanos Musul- manes y, de hecho, los dirigentes de la Hermandad intentaron convertir a la Asociación en una especie de sección femenina suya, a lo que Gazzali se negó, en un gesto idéntico al de Shaarawi pocos años antes. Las ideologías de una y de otra podrían diferir, y mucho, pero del carácter patriarcal y machista de las agrupaciones masculinas –fueran nacionalistas, liberales o islamistas– no dudaba ninguna de ambas. Obvio es decir que Gazzali defendía el velo, aunque por entonces la mayoría de mujeres no lo vestían y, lejos de creer en las potenciales bondades de la sharía para con ellas, seguían presionando al régimen para que aboliera las leyes de familia que, en su conjunto, atentaban gravemente contra la igualdad jurídica de las mujeres.
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Importancia de la Medicina de la adolescencia: El suicidio en la adolescencia y en la juventud

Importancia de la Medicina de la adolescencia: El suicidio en la adolescencia y en la juventud

El Suicidio, ha sido encarado desde diversas perspectivas a través de los tiempos. Hoy se considera como un tema signado por la complejidad en el que intervienen diversos factores, lo que se ha definido como la Ecología del Suicidio. Representa una importante causa de muerte a nivel mundial con características propias en las diferentes regiones. Mientras muchas de las causas de morbi mortalidad, a nivel mundial se encuentran en franco descenso, no ocurre lo mismo con el comporta- miento suicida, que presenta un incremento particularmente en la franja etaria de adolescentes y jóvenes. Características biológicas, psicológicas y sociales propias de la adolescencia y juventud la convierten en un grupo particularmente vulnerable con respecto a los comportamientos suicidas. Por ello se requiere de la interven- ción de equipos interdisciplinarios que permitan un abordaje integral. El suicidio no afecta solo a quien lo comete sino que afecta a sus familiares, allegados y repercute en el nivel comunitario. En esta compleja problemática debemos trabajar en la pre- vención, atención y posvención en los allegados y la comunidad.
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DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LA CIUDADANA OLYMPE DE GOUGES, 17891 PARA SER DECRETADOS POR LA ASAMBLEA NACIONAL EN SUS ULTIMAS SESIONES O EN LA PRÓXIMA LEGISLATURA PREÁMBULO

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LA CIUDADANA OLYMPE DE GOUGES, 17891 PARA SER DECRETADOS POR LA ASAMBLEA NACIONAL EN SUS ULTIMAS SESIONES O EN LA PRÓXIMA LEGISLATURA PREÁMBULO

Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, las contribuciones de la mujer y del hombre son las mismas; ella participa en todas las prestaciones personales, en todas las tareas penosas, por lo tanto, debe participar en la distribución de los puestos, empleos, cargos, dignidades y otras actividades.

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