PDF superior Los modificados no convencionales en los contratos del sector público : análisis crítico de su régimen jurídico

Los modificados no convencionales en los contratos del sector público : análisis crítico de su régimen jurídico

Los modificados no convencionales en los contratos del sector público : análisis crítico de su régimen jurídico

De nuevo el legislador utiliza el concepto de «inadecuación», por lo que también parece que en este segundo supuesto se opta por una regulación posibilista en lo que se refiere a los modificados no convencionales. Esta tesis, queda reforzada al utilizar el legislador las expresiones «falta de idoneidad» —que tal y como se expresa en el precepto es claramente polisémico— y «o similares». Esta última expresión denota, asimismo, que no nos encontramos ante un listado cerrado de circunstancias sobrevenidas que justifican la modificación del contrato. Considera CALVO RUATA 56 que las circunstancias que se citan (de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental) concurren frecuentemente en los contratos de obra —y no tanto en los demás tipos de contratos—, siendo las mismas las que normalmente se han esgrimido para la modificación de los contratos. De este modo, entiende que la única nota diferenciadora sería la exigencia de que la Administración hubiese obrado diligentemente, lo cual opina que no es de difícil prueba y argumentación en un gran número de casos.
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LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE SUBVENCIONES DE CASTILLA-LA MANCHA POR EL DECRETO 49/2018, DE 10 DE JULIO: UN ANÁLISIS CRÍTICO

LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE SUBVENCIONES DE CASTILLA-LA MANCHA POR EL DECRETO 49/2018, DE 10 DE JULIO: UN ANÁLISIS CRÍTICO

Aunque, con carácter previo, habría que reflexionar sobre el propio concepto de “fundaciones de sector público regional”, haciendo algunas consideraciones sobre la, a mi juicio, evidente extralimitación de las competencias estatales en que incurre el artículo 129 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), y, por otra parte, la contradicción del propio TRLHCM en la adaptación del derecho de la Unión Europea, por la necesidad de integrar en el subsector de las administraciones autonómicas el propio concepto europeo de fundaciones de sector público, coincidente por otra parte con el del citado artículo 129 LRJSP, cuya aplicación, sin embargo, ha tratado de eludir esta Comunidad Autónoma introduciendo un nuevo apartado 4 al artículo 4 TRLHCM, en la reforma operada por la Ley 7/2017, 21 diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018.
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Vista de Régimen jurídico de los monumentos nacionales. Análisis crítico y propuestas para su perfeccionamiento

Vista de Régimen jurídico de los monumentos nacionales. Análisis crítico y propuestas para su perfeccionamiento

Por su parte, conforme a los artículos 5 y 6 de la normativa interna del COMONAC sobre zonas típicas o pintorescas precitada, el instructivo de inter- vención de zona típica o pintoresca es un documento técnico que fi ja en cada caso los requisitos especiales que deben cumplirse para las intervenciones que impliquen obras de construcción, reconstrucción o mera conservación, debiendo regular la totalidad del área protegida en cada caso y contener, entre otros, una introducción técnica descriptiva, una documentación gráfi ca con planimetría del sector realizada por levantamiento aéreo-fotogramétrico, grafi cación de los límites de la zona típica, la zonifi cación o diferenciación de áreas homogéneas, el catastro y clasifi cación de los inmuebles, y la califi cación de los inmuebles según su categoría de valoración, esto es, monumentos históricos, inmuebles de interés histórico-artístico, inmuebles de valor ambiental, inmuebles discordantes, sitios eriazos y otras categorizaciones; igualmente, debe incluir instrucciones técnicas especiales respecto a condiciones urbanísticas aplicables a la edifi ca- ción sobre volumetría y expresión exterior, instrucciones para la instalación de la publicidad y propaganda, sobre instalación de elementos mecánicos, sobre mo- biliario urbano y tratamiento del espacio público; sobre prevención de siniestros y planes de emergencia, y sobre tratamiento de espacios naturales.
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Régimen laboral en el sector público

Régimen laboral en el sector público

La Mesa Constituyente de Trabajo, o Mesa Constituyente 6, no trato el tema de las relaciones laborales en el sector público, 8 ; ni en el informe para primer debate, ni en el informe para segundo debate (informes de mayoría), y recién en el debate del Pleno de la Asamblea, se incluye la determinación de quienes estarían sujetos a las normas del servicio público y quienes al Código de Trabajo, y esto por iniciativa de los Asambleístas : Sergio Chacón, Mauro Andino y Roberto Ponce (acta 42 de la Asamblea Constituyente). El A. Francisco Cisneros, denuncia alteración de los textos de la Mesa Constituyente 6 (acta 46 de la Asamblea Constituyente), insisten en la inclusión ilegal de los profesionales, quienes estarían sujetos a la Ley de Servicio Público. El Asambleísta Cesar Rhon, a nombre de su bloque pide una investigación. El Asambleísta Holger Chavez, desarrolla la necesidad de que la nueva Constitución determine un principio en torno al régimen laboral en el sector público (Acta 46 de la Asamblea Constituyente), lo que generó aún más controversia en el debate, de tal suerte que el Asambleísta Constituyente León Roldos, pidió la reconsideración de los textos aprobados en materia de trabajo, pues “no se podía incluir textos que no habían sido aprobados por la Mesa Constituyente respectiva”, reconsideración que no prosperó, por no contar con los votos suficientes. El pedido apuntaba a demostrar que la inclusión de la palabra “...profesionales...”; por cuanto no había sido tratada ni por la Mesa Constituyente, ni se había verificado el pronunciamiento de ningún asambleísta en el Pleno en torno a su inclusión; pero que al final, los profesionales fueron agregados dentro de las normas que regulan la relación laboral de los servidores públicos. En la sesión del pleno 49, el Asambleísta León Roldos
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LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS.

LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS.

De conformidad con el artículo citado, son causas de resolución del contrato de concesión de obras, son causas de resolución de este tipo de contratos además de las señaladas en el artículo 211, con la excepción de las contempladas en sus letras d) y e), las siguientes: a) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en los casos en que así procediera, de acuerdo con lo establecido en la Ley.

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El régimen laboral en el sector público

El régimen laboral en el sector público

El derecho de inamovilidad del funcionario de carrera administrativa no es absoluto, pero si es principio general que solo puede ser invalidado en el caso de que el empleado cometa una falta a sus deberes legales, el servidor es absolutamente responsable por los actos que cometa en ejercicio de sus funciones, responsabilidad que viene señalada en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador que determina “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas.”, en cuyo caso se iniciará un sumario administrativo en contra del funcionario, el mismo que al concluir y al demostrarse la culpabilidad del servidor este podrá ser destituido de su cargo. Puede ocurrir también un despido, es decir una terminación de la relación laboral de manera unilateral, por parte de la Institución Pública, lo cual exige un procedimiento especial que concluirá con un reconocimiento económico a favor del empleado.
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Distribución de riesgos en los contratos estatales de concesión de obra pública

Distribución de riesgos en los contratos estatales de concesión de obra pública

Ahora bien, de los contratos onerosos surgen dos clases adicionales, a saber, los contratos conmutativos y los aleatorios, art. 1498 C.C. “El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio”. La administración sólo puede celebrar contratos conmutativos, esto en virtud, por un lado, de garantizar los principios de la contratación pública como lo son el de transparencia, de economía y de responsabilidad, y el deber asegurar el cumplimiento de los derechos de los contratistas, como el de “recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato” (num.1, art.5, Ley 80). Por el otro lado, el erario público no puede someterse o dejarse al azar, toda vez que, el bien último que estaría en juego es el bien común y el interés público, el cual tiene como fin su satisfacción, no su puesta en riesgo.
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La necesaria objetividad en la evaluación ex ante de la calidad de las normas. Estudio de la memoria de análisis del impacto normativo en la familia

La necesaria objetividad en la evaluación ex ante de la calidad de las normas. Estudio de la memoria de análisis del impacto normativo en la familia

parlamentaria de la XII Legislatura (en relación con el análisis de impacto en otros ámbitos conexos como son la infancia y adolescencia, el género y el ámbito de la discapacidad). Este estudio se realiza de modo crítico a partir de la necesidad de institucionalización de la evaluación normativa en España, de acuerdo con lo apuntado por la OCDE ya en el año 2000, para garantizar su objetividad e independencia del Gobierno, en línea con las propuestas de derecho comparado que han desarrollado los países más avanzados en esta materia, así como de la carencia de una guía metodo- lógica para elaborar las Memorias de análisis del impacto en la familia, constatada por el mismo Gobierno con ocasión del envío a la Cámara del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 (el primero que se acompaña de un “Informe de impacto en la infancia, la adolescencia y la familia”) y considerando valiosas propuestas existentes en la actualidad a tal fin, que tienen en cuenta experiencias de evaluación del impacto en la familia que pueden encontrarse en la técnica normativa comparada. Palabras clave: evaluación ex ante, calidad de las normas, impacto norma- tivo, familia, función de calificación de la Mesa de la Cámara.
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Régimen laboral en el sector público

Régimen laboral en el sector público

La Constitución Política de la República, número 9 del Art. 11, señala “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatorias, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas . ... Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”, norma constitucional que guarda relación con el Código Orgánico de la Función Judicial, que se encuentra publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 544 del lunes 09 de marzo del 2009, que señala en el Art. 15 inciso tercero “Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, en virtud del recurso de revisión, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos en la forma señala en este Código”. O lo que indica el artículo 213 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, que señala: “los funcionarios y personal de servicio de las administraciones públicas que hubieren incurrido en dolo o culpa que generaron daño resarcido por ésta a los particulares responderán por lo indemnizado, siempre que se hubiere efectuado el pago al o a los particulares por parte de aquella; todo ello, independiente de las acciones penales, civiles o administrativas a las que haya lugar.”
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El régimen laboral en el sector público

El régimen laboral en el sector público

“ 1.1.1.5.- Las personas que en función de la clasificación de servidor y obrero que realice el Ministerio de Relaciones Laborales, con sujeción a este decreto, pasen de ser considerados bajo el régimen del Código del Trabajo a ser servidores bajo el amparo de la Loscca y/o las leyes que regulan la Administración Pública, mantendrán los derechos que hubieren adquirido en la contratación colectiva en lo referente a remuneraciones, retiro y jubilación patronal, esta última siempre que hubieren laborado al menos 13 años en la misma institución, los mismos que se contabilizarán para efectos de ésta. Los derechos económicos que se mantendrán serán aquellos que no hayan sido eliminados o excluidos en virtud de este decreto ejecutivo, con los límites establecidos en los mandatos constituyentes. Para el caso de retiro para acogerse a la jubilación se aplicará un solo beneficio, o el establecido en el contrato colectivo o el que se pague en la institución pública, el que sea más favorable a la persona. Para el caso de personas que pasen de ser servidores a obreros, se considerará el tiempo laborado en la misma institución para efectos del cálculo de vacaciones, jubilación, retiro, indemnización por despido, fondo de reserva, liquidaciones, según establece el Código del Trabajo ” .
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El régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre

El régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre

b) Respecto al segundo motivo el Alto Tribunal establece que las limita- ciones impuestas a los terrenos colindantes no implican privación de derechos que de lugar a indemnización, sino que se trata de una simple restricción. Por otra parte considera que la eliminación de las titularidades privadas sobre terrenos incluidos en el dominio público es una decisión ya adoptada por la Constitución, que dichas titulari- dades lo serían, en todo caso, sobre unos singularísimos bienes, que darían lugar a un “dominio degradado” y que si bien podría conside- rarse como una forma singular de expropiación, las razones de utili- dad pública son evidentes y la compensación (indemnización) esta- blecida en el régimen transitorio suficiente.
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Los costes encubiertos del cuidado de los niños

Los costes encubiertos del cuidado de los niños

Pero incluso desde el punto de vista del análisis so- FLDOGHFRVWHV\EHQHÀFLRVSDUHFHUtDTXHWHQHPRVXQ problema insoluble. Aunque no es difícil estimar (en dólares) la ganancia media de la decisión de llevar al niño a un servicio externo, ¿cómo podemos obtener una estimación en dólares del valor del coste psíquico? Tenemos que empezar por preguntarnos sobre quién recae el coste. Obviamente, el niño afectado sufre pero parece razonable añadir a este coste algunos efectos indirectos, por ejemplo, la armonía de la familia. Ade- PiVXQQLxRSHUWXUEDGRSXHGHLQÁLJLUDODODUJDXQ daño, directo o indirecto a la sociedad, sobre todo
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Contratos del Sector Público. Tipología (2017)

Contratos del Sector Público. Tipología (2017)

En el caso de los contratos mixtos que comprendan en parte servicios especiales del Anexo IV, y en parte otros servicios, o en el caso de los contratos mixtos compuestos en parte por servicios y en parte por suministros, el objeto principal se determinará en función de cuál sea el mayor de los valores estimados de los respectivos servicios o suministros.

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Los consorcios y la problemática del personal a su servicio

Los consorcios y la problemática del personal a su servicio

mos en cuenta la derogación normativa de la LRJPAC a través de la LPAC, aunque lo más correcto es que esta derogación se hubiera producido por la LRJSP que es la norma que regula propiamente el régimen jurídico del sector público. Pero la realidad es que la LRJSP no ha derogado expresamente la Disposición Final Segunda LRSAL y el art. 119.3 LRJSP atribuye además a las normas contenidas en la LBRL y la LRSAL sobre los consorcios locales el carácter de supletorio. Y como sabemos la Disposición Final Segunda LRSAL no se limita a la dimensión local de los consorcios sino que se extiende también a los autonómicos y estatales. Otra interpretación posible, a la vista de la técnica legislativa utilizada por la LRSJP, es que se quiere mantener esta Disposición exclusivamente dirigida a los con- sorcios locales, aunque si esa era la intención tendría que haber sido incluida esta modificación de un hipotético régimen jurídico de los consorcios locales a través de una nueva Disposición Final de la LRJSP.
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Régimen laboral en el sector público

Régimen laboral en el sector público

“Los códigos civiles del siglo XIX, inspirados casi sin excepción en el Código de Napoleón, englobaron dentro de los llamados contratos de obra, arrendamientos de obras y servicios o locación de obras y servicios de las dos formas de prestación de servicios conocidas por los romanos: La locatio conductio operarum y la locatio conductio operis. Tal silencio, casi absoluto, se explica por el hecho de que los autores romanos y Photier nada habían escrito sobre el Contrato de Trabajo. Hay que tener en cuenta, para evitar posibles confusiones, el hecho de que a principios del siglo XIX, cuando se redactó el Código Civil Francés, la industria era apenas naciente y el cuerpo legal que se promulgaba debía considerar principalmente el grave problema de la época: el de la propiedad inmueble”. 2
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Los españoles residentes en Polonia y su imagen del país de acogida

Los españoles residentes en Polonia y su imagen del país de acogida

A los ojos de los españoles residentes en Polonia los habitantes del país les parecen muy católicos. Observan las reglas como no comer carne los viernes, ir a la iglesia los do- mingos, hacen colas al confesionario. Son católicos por practicar, por creer, su fe es algo más interno, más emocional que en el caso de España, donde es un asunto más folclóri- co (14/JPDG, 15/PCV). Allí la religiosidad es cosa de la tradición, mientras que en Polo- nia es un asunto presente, actual, a juzgar por la cantidad de gente joven en las iglesias (7/IG)12. Según 11/IRA, en Polonia la religión es más honesta, más verdadera: “si crees, cumples”. 3/JC considera que los principios católicos están en el subconsciente, lo de- muestran, aparte de las prácticas, algunas frases hechas en el idioma polaco, las cru- ces colgadas en las casas, la cantidad de publicaciones sobre Juan Pablo II, cuya fi gura, también según 2/DG, constituye la fuerza del catolicismo polaco. Sin embargo, le chocó la cruz grande montada en la calle central de Varsovia13, como a 8/TA le chocaron, más que los monumentos de Juan Pablo II en cada pueblo polaco, las cruces en la escuela pú- blica donde trabajó, la misa celebrada al comienzo del año escolar y el catequista en so- tana. Reconoce –como 4/MS– el impacto de la historia reciente de la Iglesia en Polonia relacionada con una posición “antisistema”, a diferencia de la posición de la Iglesia en Es- paña, considerada de derecha y próxima a la dictadura. Con todo, le parece sorprenden- te la presencia de la religión católica en el espacio público.
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APLICACIÓN DE LA LCSP A LAS ENTIDADES DE SU LIBRO TERCERO. RÉGIMEN JURÍDICO. NECESARIAS INTERPRETACIONES DE SU REGULACIÓN LEGAL

APLICACIÓN DE LA LCSP A LAS ENTIDADES DE SU LIBRO TERCERO. RÉGIMEN JURÍDICO. NECESARIAS INTERPRETACIONES DE SU REGULACIÓN LEGAL

Sin embargo, la LCSP a la hora de regular los contratos celebrados por este tipo de entes ha sembrado un conjunto de dudas acerca de la interpretación que se le debe dar a determinadas cuestiones, ya sean relacionadas con la propia preparación de estos contratos o sobre su adjudicación. La ambigua redacción de la norma en su conjunto, y en concreto, en el tema que nos ocupa, ha provocado que distintos órganos del estado y cierto sector de la doctrina hayan tenido que “salir a la palestra” tratando de resolver una serie de dudas interpretativas que el propio texto de la Ley ha generado.
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otra categoría ha acabado por desplazar la técnica tradicional del servicio pú- blico en los grandes servicios en red y los sectores retenidos por una suerte de “recreación” del mercado que pretende, mediante técnicas de regulación, equilibrar la tensión entre el interés público y los intereses privados que se con- citan en este tipo de actividades económicas. Equilibrio que implica reconocer rasgos de esencialidad en estas prestaciones respecto de las necesidades de los ciu- dadanos y que se traduce, principalmente, en un conjunto de limitaciones y de obligaciones para los operadores, entre las que destacan la prestación de “obli- gaciones de servicio público” y la garantía de un “servicio universal”. Con es- ta última fórmula se pretende cubrir las carencias del mercado para prestar servicios que se consideran esenciales para todos los ciudadanos y que, por ello, no pueden depender del juego de la oferta y la demanda ni del ánimo de lu- cro. El servicio universal, como la obligación de servicio público más impor- tante de todas, representa el estándar comunitario en el acceso a un conjunto de prestaciones básicas previamente definidas, con una calidad suficiente, ofer- tado en todo el territorio a un precio razonable y a todos los usuarios, con in- dependencia de cuál sea el operador que contraten y de cuáles las circunstan- cias geográficas y económicas en las que se desarrolla la oferta.
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LA REGULACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL EN EL PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO

LA REGULACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL EN EL PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO

Mientras que el Proyecto de Ley acumula cautelas para el caso de creación de nuevos entes, facilita en cambio su fusión, sea para formar un organismo nuevo o para ser absorbido por otro ya existente (art. 94). Esta fusión, que debe ser de organismos públicos del mismo tipo o naturaleza, puede llevarse a cabo siempre por norma regla- mentaria, aunque ello suponga modificar la ley de creación, algo que la LOFAGE contempla solo en ciertos casos. La mayor novedad, en cualquier caso, es que la norma de fusión debe ir acompañada de un plan de redimensiona- miento de estructuras, inmuebles, personal y recursos, que demuestre el ahorro que se conseguirá con la fusión. El objetivo es, pues, también en este caso la reducción del gasto público. El plan de redimensionamiento puede incluir la integración en un fondo sin personalidad jurídica (un “fondo malo”, diríamos) de las obligaciones, bie- nes y derechos liquidables de los organismos que se extinguen con la fusión y están en situación de desequilibrio financiero. Dicho plan debe ser informado preceptivamente por la IGAE y aprobado por los organismos que se fusionan, si se integran en uno nuevo, o por el organismo absorbente. Por supuesto, en caso de fusión se aplican las mismas reglas que en el supuesto de transformación en materia de personal: posible integración de personal en la Administración General del Estado; reconocimiento de los derechos y deberes que correspondan al personal integrado según la legislación aplicable, rechazo expreso de la funcionarización de personal laboral, no incremen- to de la masa salarial. La fusión que el Proyecto contempla tiene, pues, por objetivo prioritario conseguir un ahorro del gasto público y no una mejora en la organización o prestación de los servicios de los entes fusionados.
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LA EVOLUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS

LA EVOLUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS

40 las vigentes normas sobre contratación pública, que permitan incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la contratación pública, así como permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. Asimismo, se hacía preciso aclarar determinadas nociones y conceptos básicos para garantizar la seguridad jurídica e incorporar diversos aspectos resaltados por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la contratación pública, lo que también ha sido un logro de estas Directivas.” Así mismo, los criterios de adjudicación sufren un giro importante sobre la legislación anterior al introducirse la calidad como elemento diferencial, además de los ya citados criterios medioambientales y sociales “Para lograr este último objetivo por primera vez se establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato”.
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