PDF superior Los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas Tipicidad y responsabilidad

Los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas  Tipicidad y responsabilidad

Los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas Tipicidad y responsabilidad

2. La tipificación de infracciones y sanciones. correlación de infracciones y sanciones Tempranas sentencias del Tc (ssTc 83/84, 24 de julio; 42/87, de 7 de abril; 101/1988, de 8 de junio) dejaron claro la ineludible necesidad de que la tipificación de infracciones y sanciones se hiciera a través de cobertura legal, lo cual no excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, siempre que las primeras determinen de forma suficiente los elementos esenciales de la conducta antijurídica, afirmando que sólo tendrán la consideración de infrac- ciones “las acciones u omisiones subsumibles en la norma con rango de ley” y recha- zando expresamente una remisión al reglamento que haga posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley, con el objeto de asegurar “que la regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes”. sin duda, entre estos pronun- ciamientos hay uno que ha tenido una importancia fundamental a la hora de dibujar los contornos del principio de tipicidad, nos referimos a la sTc 61/1990, de 29 de marzo, en la que se analiza la constitucionalidad de la orden del Ministerio del Inte- rior de 20 de enero de 1981 sobre el régimen sancionador de los detectives priva- dos. el Tc considera inconstitucional la tipificación de infracciones que se hacía en dicha orden ya que entiende que la misma no permite predecir, con suficiente gra- do de certeza, el tipo y el grado de sanción susceptible de ser impuesta. el art. 12 de dicha orden señalaba que “El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden podrá ser sancionado por la Dirección General de la Policía atendida su gravedad o
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Potestad sancionadora en materia de aguas y minas


Potestad sancionadora en materia de aguas y minas


en segundo lugar, pues, habrá que preguntarse cuáles son esos principios o ga- rantías fundamentales a los que el derecho administrativo sancionador debe some- terse por influjo del derecho Penal. como señalamos antes estos principios o garan- tías fundamentales derivan directamente de la constitución en tanto en cuanto no podemos olvidar que ambos, derecho administrativo sancionador y derecho Penal, han de satisfacer las exigencias y postulados del estado de derecho. estos principios conocidos por todos, y derivados la mayoría del principio de legalidad, serían los si- guientes: tipicidad de infracciones y sanciones administrativas, es decir, se requiere que el acto u omisión sancionados se hallen claramente definidos como falta o, dicho en otras palabras, que estén suficientemente reconocidos por la ley reconociendo describiendo con cuidado los elementos de la conducta, lo que obligará al legislador a realizar el máximo esfuerzo para que la seguridad jurídica quede salvaguardada en la definición de los tipos; culpabilidad y responsabilidad, o sea que, las infracciones administrativas, para ser merecedoras de sanción, deben ser culpables, atribuibles a su autor a título de dolo o culpa, correspondiendo a la administración la averiguación de la identidad del presunto responsable o infractor de acuerdo con la legalidad vi- gente, para luego poder abrir contra él el oportuno procedimiento sancionador 13 ; el
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“Determinación y aplicación de la potestad sancionadora administrativa de responsabilidad administrativa funcional: Contraloría General de la República”

“Determinación y aplicación de la potestad sancionadora administrativa de responsabilidad administrativa funcional: Contraloría General de la República”

Donde se ubica el Procedimiento Sancionador Administrativo, que como veremos más adelante, en nuestra patria, debido a la emisión de una pluralidad de Leyes de naturaleza Sancionadora Administrativa tiene varias connotaciones dogmáticas, normativas y procedimentales que es necesario sistematizar y darle coherencia conceptual: PSA Correctiva, PSA Disciplinaria, PSA Ética y PSA de Responsabilidad Administrativa Funcional, cada una con su propia normativa, principios, ilícitos y/o infracciones, sanciones y procedimiento administrativo sancionador, como se explicara durante el desarrollo de la presente investigación. Se precisa que a nivel global este Derecho Administrativo Sancionador es producto de la Jurisprudencia Contenciosa-Administrativa y su gran objetivo, es explicar la existencia de una Potestad Sancionadora de la Administración distinta, de la Penal y de dotarla de medios técnicos-jurídicos suficientes para garantizar los derechos del ciudadano y del trabajador publico infractor. En esta búsqueda de su autonomía, no tiene que rechazarse los contenidos conceptuales del Derecho Penal sino a partir de él elaborar los contenidos propios del Derecho Administrativo Sancionador. Podemos señalar que gracias a esta etapa del proceso evolutivo emerge el Derecho
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DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA

Muchos autores y reiterada jurisprudencia, ante este debate descartaban que se alojara en el artículo 130.1 una responsabilidad meramente objetiva. Sin embargo y a tenor de la literalidad de la norma, considero que determina una responsabilidad objetiva y no hace referencia, en un marco de responsabilidad culposa, a la «culpa in vigilando» o deber de cuidado. Atendiendo expresamente a esa literalidad de la expresión «a título de simple inobservancia», no puede entenderse que esta última palabra se refiera al «deber de cuidado», es decir, no se puede concebir que estas dos expresiones sean términos equivalentes porque no lo son. Distinto es que dentro del contexto de la aplicación de los principios penales al ámbito administrativo sancionador se deba considerar que esa responsabilidad sea subjetiva dado que así lo es en la jurisdicción penal ya que los títulos de imputación criminal se reducen al dolo y a la culpa. Por lo que si el principio de culpabilidad se aplica por analogía al ámbito administrativo sancionador, el cual impone que los sujetos solo podrán ser responsables a título de dolo o de culpa tales requisitos también deberán ser exigidos en el ámbito administrativo. En este sentido, debe entenderse que la «simple inobservancia» resultaría contraria al principio de culpabilidad. Por las razones indicadas, del artículo 130.1 de la LRJPAC se desprende una responsabilidad objetiva a pesar de la todos los argumentos en contra de la jurisprudencia y Doctrina.
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La intervención pública en las sociedades cooperativas. El inadecuado papel de las administraciones públicas como garantes de los principios y valores cooperativos mediante el ejercicio de la potestad sancionadora

La intervención pública en las sociedades cooperativas. El inadecuado papel de las administraciones públicas como garantes de los principios y valores cooperativos mediante el ejercicio de la potestad sancionadora

23. MORALES GUTIÉRREZ (1990: 178), quien constata la respuesta insuficiente que ofrecen los prin- cipios para determinados problemas que plantea el desarrollo de las empresas cooperativas. También en este sentido, BORJABAD GONZALO (1993: 24), pone de manifiesto la distancia entre la teoría de los principios y la visión pragmática de los “cooperativistas reales”, anotando que los principios “no han de tenerse como reglas inmutables, sino más bien como referencias o directrices”. Más contundentes en su apreciación, AAVV (dir. BAREA y MONZÓN), 1992: 9, consideraban que la aplicación estricta de los mismos “responde, en su trasfondo, a una idea subyacente de sustituir un sistema de capitalismo liberal puro por otro sistema de cooperativismo exclusivo”, y en su conocido Informe sostenían que “esos Principios Cooperativos, tal y como están formulados en la actualidad y recogidos en buena parte de la legis- lación relativa a las instituciones de la Economía Social, obstaculizan el desarrollo de la misma e impiden que desempeñe un papel protagonista en el nuevo escenario de relaciones económicas y sociales que se ha abierto en los países desarrollados” (cursiva en el original). Sin embargo, LUNA (1973: 197-198) considera que las deficiencias estructurales de las cooperativas “no dependen sólo de la estructura jurídica que desciende de los llamados principios cooperativos”, aunque admite que éstos constituyen muchas veces “frenos” para la dinamicidad que exige la actividad económica.
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La potestad sancionadora de las administraciones públicas en el ámbito tributario


La potestad sancionadora de las administraciones públicas en el ámbito tributario


en segundo término se puede advertir que podría haberse introducido como causa eximente de responsabilidad el hecho de que la declaración sea elaborada por la Administración tributaria o por entidades colaboradoras, cuestión bastante fre- cuente en la práctica; en efecto, si a resultas de dicha actuación surgen inexactitudes o se da lugar a una infracción tributaria, el sujeto pasivo no podrá alegar su elabora- ción por dichos órganos o sujetos privados, con lo que se verá sometido a una hipo- tética sanción por una conducta que no ha cometido. evidentemente, se podría pen- sar que estaríamos ante una comisión culposa al no haber prestado la diligencia debida, pero también se puede argumentar que el presunto infractor ha obrado de acuerdo al parecer de la propia administración o de una entidad colaboradora de ella misma.
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Los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas  Legalidad e irretroactividad

Los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas Legalidad e irretroactividad

83 Así lo ha entendido el tS en sentencias como la de 7 de marzo de 1989 (Ar. 1942), en cuyo f. J. 2º dice que: “El procedimiento es la garantía tanto de la Administración como de los administrados, de la aplicación de las normas sustantivas conforme a derecho, y revisable ante la jurisdicción; el cambiar el momento y circunstancias en que se ha de entender iniciado un expediente sancionador, sin intervención ni garantía alguna para el acusado de haber cometido una infracción sancionable, es una parte integrante e inseparable de la norma sancionadora, que influye de modo decisivo en una de las notas esenciales para que proceda, las condiciones objetivas de sancionabilidad; por lo tanto, ese cambio en la normativa regla- mentaria, sin que sea objeto de este proceso examinar su legalidad, constituye disposición, integrante de la sancionadora, desfavorable para el administrado, y, por tanto, con el carácter de irretroactiva, según el artículo 9.3 de la constitución Española, y la sentencia recurrida, se ha dictado de conformidad a derecho, lo que lleva a la desestimación de la apelación, y confirmación de la sentencia que se apela por la Adminis- tración general del Estado”.
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Los principios de la actividad administrativa y las relaciones entre las Administraciones

Los principios de la actividad administrativa y las relaciones entre las Administraciones

PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE RELACIÓN INTERADMINISTRATIVA La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi[r]

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Los titulares de la potestad sancionadora  Los entes locales

Los titulares de la potestad sancionadora Los entes locales

tal circunstancia no se compadece del hecho de que la ordenanza deba obede- cer escrupulosamente el principio de tipicidad. éstas tienen el deber de cumplir con el requisito de lex certa, esto es, cumplir la exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. Lo que hace recaer so- bre el legislador local la obligación de configurarlas con la mayor precisión posible para que los ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever las consecuencias de sus acciones. (stsj castilla y León 2247/2006, de 15 de diciembre, Fj 4). de ahí que no se admitan redacciones genéricas e indeterminadas utilizando fórmulas tales como “el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza constituirá infracción administrativa” pues tales cláusulas habrán de tenerse por vulneradoras del principio de tipicidad que exige “que se defi- nan con precisión y claridad las conductas constitutivas de infracción, lo cual no se logra con una reseña tan genérica” (stsj andalucía 416/2008, de 31 de marzo, Fj 11).
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LA INDEFENSIÓN DE LOS OPOSITORES Y LA IMPUNIDAD DE LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN EN LAS PRUEBAS O EJERCICIOS ORALES DE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO: HACIA UN CAMBIO NECESARIO E IMPRESCINDIBLE

LA INDEFENSIÓN DE LOS OPOSITORES Y LA IMPUNIDAD DE LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN EN LAS PRUEBAS O EJERCICIOS ORALES DE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO: HACIA UN CAMBIO NECESARIO E IMPRESCINDIBLE

tarea de control del ejercicio de las potestades administrativas, no obstante, pertenece al ámbito de competencia normal de los Tribunales ordinarios, y específicamente de los propios del orden jurisdiccional contencioso-administrativo; si bien cabe estimar, no obstante, que la deficiente práctica de este control consistente, por ejemplo, en una completa omisión de la verificación de hechos determinantes de la posible desviación de poder, podrá constituir en su caso una vulneración del derecho a la tutela judicial y, como tal, susceptible de protección por este Tribunal por medio del recurso de amparo; máxime si pudiera afectar al ejercicio de otros derechos y a principios esenciales de nuestro orden constitucional, como la contribución de un partido político al ámbito del debate público. Sobre ello volveremos en el siguiente fundamento jurídico, para descartar que tal control no existiera en el caso aquí debatido, pero su incardinación en el ámbito del principio de igualdad no es posible, al no existir discriminación de ningún género en la regla que fundamenta la sanción, como tampoco desigual aplicación de la Ley por el órgano judicial revisor de la potestad administrativa.”
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La potestad sancionadora de la Administración 
en el ámbito laboral


La potestad sancionadora de la Administración 
en el ámbito laboral


La resolución se ha de notificar a los interesados, advirtiéndoles de los recursos que se pueden interponer contra ella, del órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y del plazo de interposición (art. 21.1 rd 928/1998). en el caso de imposición de sanciones pecuniarias, la resolución deberá expresar también el importe a ingresar, plazo, lugar y forma del pago en período voluntario y preven- ción de apremio de no ingresarse (art. 21.1 rd 928/1998). se remitirá asimismo copia o comunicación de la resolución administrativa recaída en el procedimiento al funcio- nario que hubiese promovido el expediente, a los correspondientes organismos y entidades gestoras de la seguridad social (en el caso de que, en su momento, se les hubiese comunicado el acta de infracción y cuando la resolución imponga sanciones accesorias o declare la responsabilidad solidaria del empresario respecto de la devo- lución de las cantidades indebidamente percibidas por el trabajador), a los trabajado- res afectados (cuando el acta de infracción se haya levantado con ocasión de acciden- te de trabajo o enfermedad profesional) y a los representantes legales de los trabajadores si la infracción recogida en el acta constituye vulneración de los dere- chos de libertad sindical o de representación colectiva (art. 21.1, 2, 3, 4, 5 y 6 respecti- vamente rd 928/1998).
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HACIA UNA TEORÍA GENERAL DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA: SOLUCIONES EN EL DERECHO ALEMÁN

HACIA UNA TEORÍA GENERAL DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA: SOLUCIONES EN EL DERECHO ALEMÁN

231 los tribunales penales no se encuentran vinculados a la sanción impuesta por la Administración, por lo que no rige para ellos el principio de prohibición de reformatio in peius. Por eso en dicho precepto, como requisito sustancial de la resolución administrativa sancionadora, se establece expresamente el deber de advertir que “…en caso de recurso, se puede obtener un pronunciamiento más desfavorable para el interesado”. Circunstancia que, sin duda, es coherente con este sistema de provisionalidad administrativa del acto y que, al mismo tiempo, se erige en un formidable argumento disuasorio a la hora de impetrar la tutela del órgano jurisdiccional competente.
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LA NECESARIA Y DIFÍCIL LIMITACIÓN A LA POTESTAD DE REVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

LA NECESARIA Y DIFÍCIL LIMITACIÓN A LA POTESTAD DE REVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Y es que, en primer lugar, en cuanto a la naturaleza de esta figura, es preciso comenzar por reconocer que, dependiendo de la teoría mantenida en cuanto a la validez, invalidez y eficacia e ineficacia de los actos administrativos, se desprende una conclusión u otra en relación a los límites de la potestad de revisión. De este modo, para quienes sostienen que “la invalidez es la calificación que debe otorgarse -no ya cuando exista un desajuste estructural entre el acto y la norma-, sino cuando el Derecho considera que ese desajuste estructural no debe ser protegido”, sería válido un acto que aun adoleciendo de un vicio de nulidad o anulabilidad no procede revisar, por ejemplo, porque tratándose de una anulabilidad ha pasado el plazo de 4 años, o porque siendo incluso nulo de pleno derecho, concurre alguno de los límites a que se refiere el art. 110 de la LPACAP; y, por tanto, la consecuencia lógica sería integrar esos límites dentro de los propios requisitos de validez del acto.
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La falta de atención al principio de tipicidad en el procedidmiento administrativo sancionador vulnera la facultad disciplinaria sancionadora de las instituciones públicas

La falta de atención al principio de tipicidad en el procedidmiento administrativo sancionador vulnera la facultad disciplinaria sancionadora de las instituciones públicas

44 por ende, es fuente de inseguridad jurídica ”. Como se advierte, no se señala cuál es la fuente para imputar a este Poder que sea uno que no respeta la ley y, además, que es fuente de inseguridad jurídica, por lo que debe esto tomarse como una opinión del órgano administrativo, el que parece que confunde la baja aprobación que tiene dicho Poder en las encuestas, algo de suyo coyuntural, con lo que parece que considera el comportamiento permanente de dicho Poder del Estado. 46. Se puede alegar, en relación a dichos conceptos jurídicos indeterminados, que es evidente lo que ellos quieren establecer y que cualquier persona puede darse cuenta de ello, pero ocurre que las sanciones se imponen por la existencia de previsión legal expresa, y no por “sentido común”. 47. Finalmente, en relación a lo expuesto en el Considerando Quincuagésimo Segundo, respecto a que el juez debe promover una actitud de respeto y confianza hacia la administración de justicia encarnando un modelo de conducta ejemplar sustentado en los valores de justicia, independencia e imparcialidad, honestidad e integridad, los que se manifiestan tanto en sus funciones públicas como privadas, este Tribunal Constitucional advierte en ello una evidente intromisión en la vida privada de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Los aspectos privados de la vida de cualquier persona, en tanto no tengan un contenido ilícito, no pueden ser objeto de valoración para efectos de sancionar a una persona, aun cuando estos actos privados puedan salir a la esfera pública. ”
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Novedades en la responsabilidad del Estado por actos de terrorismo y su relación con otros sistemas de responsabilidad de las Administraciones Públicas

Novedades en la responsabilidad del Estado por actos de terrorismo y su relación con otros sistemas de responsabilidad de las Administraciones Públicas

Es muy plausible la ampliación, tanto de los distintos conceptos indemnizatorios, como de las diferentes cuantías que se otorgan por esos conceptos, pero sorprende que en las últimas tendencias de la legislación de Seguridad Social se recorte sustancialmente el sistema de pensiones públicas y, en modo alguno, se incluyan prestaciones de las mismas características como las últimas novedades que aparecen en la Ley 13/96. Sin duda está incumpliendo uno de los postulados, que ya podemos llamar clásicos, de nuestro sistema político-constitucional, a saber, el intervencionismo estatal propio del capitalismo avanzado, tardío, desarrollado o como queramos llamarle, configurado como Estado social de Derecho, pretende asegurar la justicia social y la realidad efectiva de los principios igualitarios manteniendo el orden económico basado en la propiedad privada (17). Igualdad y justicia social que se ven puestas en tela de juicio con actuaciones legislativas como las últimas llevadas a efecto en materia de Seguridad Social.
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La potestad sancionadora de la Administración Pública frente a los principios y reglas como estructura normativa de los derechos de los servidores públicos

La potestad sancionadora de la Administración Pública frente a los principios y reglas como estructura normativa de los derechos de los servidores públicos

El principio de proporcionalidad constituye un límite a la libertad del legislador y a la discrecionalidad de los titulares de la potestad reglamentaria, en la medida en que estos pueden regular las infracciones y sanciones. En el derecho constitucional, el principio de proporcionalidad responde especialmente a la necesidad de asegurar la supremacía del contenido de las normas relativas a derechos fundamentales frente a la necesaria regulación legislativa. Radica en que toda providencia o resolución de autoridad, restrinja el alcance de un derecho fundamental u otro principio constitucional, solo en la medida estrictamente indispensable para alcanzar un fin constitucionalmente lícito, de conformidad con la prohibición de exceso en el ejercicio del poder, inherente al Estado constitucional, derechos fundamentales que se encuentran consagrados en nuestra Carta Magna, en el Capítulo VI que hace referencia a los “Derecho de Libertad”, garantizando la libertad, dignidad y privacidad, imponiendo a toda autoridad judicial o administrativa, la obligación de respetarlos y la exigencia de fundamentar debidamente las determinaciones en que se requiere causar una molestia en ellos a los administrados, pues la restricción eventual de los derechos constitucionalmente reconocidos, es un acto grave que necesita encontrar una especial causalización, mediante la expresión del hecho o conjunto de hechos que justifican la restricción y que han de explicitarse a fin de que los ciudadanos conozcan las razones o interés por los cuales se les incomoda en su derecho en esas circunstancias.
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La responsabilidad patrimonial del estado-legislador en materia tributaria. Especial referencia a la vulneración del derecho de la Unión Europea

La responsabilidad patrimonial del estado-legislador en materia tributaria. Especial referencia a la vulneración del derecho de la Unión Europea

Empero, antes de analizar las dificultades que presentó y presenta la institución de la responsabilidad del Estado-Legislador en España, se nos hace indispensable acudir a tres argumentos esenciales que GONZÁLEZ PÉREZ 189 identifica como elementos bases para el estudio de este fenómeno y que ampara no sólo la responsabilidad del Administrativo como la auto-disposición de la ciudadanía sobre sí misma. En ese sentido GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, FERNÁNDEZ, Tomas-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, (Tomo I, 2013) cit., págs. 52 y 53. En segundo lugar, porque se considera que la solución dada por el Tribunal Supremo de cara a la imputación de la responsabilidad haciendo aplicación del artículo 139.3 de la LRJPAC, presenta algunos inconvenientes. Tal y como expresa ALONSO GARCÍA, uno, “(…) la función normadora en el conjunto de actividades del Estado, presidida por el principio de colaboración entre el Legislativo y el Ejecutivo, entre Ley y Reglamento, y la consiguiente articulación de las disposiciones administrativas de carácter general como actos de aplicación y desarrollo de aquellas”, que en últimas generaría una exoneración de cualquier responsabilidad patrimonial en el momento que el Ejecutivo responda fielmente al mandato de la norma declarada inconstitucional; dos, “(…) la imprevisión del Legislador de la integración dentro del supuesto considerado de la inactividad o la omisión del ejecutivo en el orden al cumplimiento y ejecución de los mandatos legislativos”, lo que impide al final a los particulares el acceso a las vías oportunas en defensa de sus derechos; y tres, la organización autonómica del Estado, pues “El esquema de distribución competencial
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Potestad sancionadora y espacios naturales protegidos

Potestad sancionadora y espacios naturales protegidos

En cuanto al primero de los tres elementos, la tipicidad de la infracción, tal y como hemos mencionado en epígrafes anteriores, exige que la acción u omisión cometida se encuentre recogida en una norma cierta, anterior a la ejecución de la conducta, en la que se expresen las consecuencias jurídicas de la acción u omisión. En segundo lugar, la antijuricidad supone la incompatibilidad de un hecho con el Derecho, es decir, para que una acción u omisión sea antijurídica y, por tanto, pueda ser considerada infracción, es necesario que no existan causas de justificación (estado de necesidad, cumplimiento de un deber…). Por último, para apreciar una conducta como infracción es necesario que exista culpabilidad, esto es, que el hecho típico y antijurídico sea imputable a un sujeto responsable, quedando excluida en los supuestos en los que no haya existido dolo o culpa 90 .
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LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y SANCIONADORA POR LAS ELECTROCUCIONES DE AVIFAUNA PROTEGIDA

LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y SANCIONADORA POR LAS ELECTROCUCIONES DE AVIFAUNA PROTEGIDA

144 actuaciones de interés general, podrían tratarse o tener las mismas consecuencias que esos “cambios regulatorios” que no han tenido materialización a la vista de la realidad material, pero esos “cambios” basados en meras expectativas que, por otro lado, hay que decirlo hace el Gobierno con una fórmula de dudosa constitucionalidad, por cuanto que incidiría directamente contra el principio de legalidad presupuestario que atribuye a las Cortes Generales la potestad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, no consideramos que vulneren ni el principio de seguridad jurídica ni el de confianza legítima por cuanto que se trata de meras promesas y no de obligaciones impuestas por el Estado respecto de las que poder deducir derechos. Por tanto, el que el Estado, a través de las Cortes Generales, no haya podido atender, por las razones que fueren, las dotaciones presupuestarias anunciadas en la Disposición Adicional Única por el Gobierno en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, no le permite deducir a los operadores de distribución eléctrica y otros obligados por la Ley 26/2007 que resulta legítimo o legal causar la muerte de especies amenazadas en tendidos identificados previamente como peligrosos para la avifauna o en donde ya constan daños ambientales, en tanto en cuanto se está a la espera, de esa financiación esperada.
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RECENSIONES

RECENSIONES

España como Estado democrático expuesta en los términos señalados, incide de manera directa y de- terminante no sólo en la esfera de la organización y gobierno local sino también sobre el régimen ju- rídico de la potestad normativa de los citados Entes. El profesor G ALÁN vincula el carácter de le- gitimación democrática tanto a la Administración local como a las normas locales y a la Asamblea local. Pero al tiempo hace concurrir con tal nota otros principios que se conectan con la misma para fundamentar esa posición peculiar de las normas locales. Algunos de esos principios no parecen plantear excesivos problemas en orden a su acep- tación general: aunque hasta hace no mucho tiem- po se cuestionaba, resulta obvio que el procedi- miento de elaboración de normas locales garantiza el pluralismo político y cumple con los principios de publicidad y discusión que tradicionalmente se han predicado del procedimiento legislativo; ni tampoco surgen excesivos reparos en considerar que la potestad normativa local viene atribuida di- rectamente por la Constitución.
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