PDF superior Normatividad y jurisprudencia sobre el principio de transparencia en la contratación pública

Normatividad y jurisprudencia sobre el principio de transparencia en la contratación pública

Normatividad y jurisprudencia sobre el principio de transparencia en la contratación pública

En esta plataforma virtual, las entidades deben efectuar sus actuaciones, permitiendo que un tercero, el Departamento Nacional de Planeación [DNP], de manera independiente esté direccionamiento la herramienta. De allí que, la información se mantiene con registro histórico y permitiendo excepcionalmente que se efectúen cambios, siguiendo el respectivo registro y justificación. En este sentido, el SECOP ha permitido que la actuación de la Administración en gran medida, salvo las excepciones que consagra la misma ley, se sujete a la objetividad y eficacia, en concurrencia con el cumplimiento de la transparencia administrativa (Bernal, 2016). En adelante, el SECOP ha tenido varios cambios operativos, contando con los surtidos por la expedición de los Decretos 4170 de 2011 y 1510 de 2013, los cuales, en la actualidad están derogados por el Decreto 1082 de 2015, que es la norma que compila, sin modificar su contenido, los Decretos reglamentarios de la contratación pública, en lo que se identifica como Decreto Único Reglamentario [DUR].
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IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA JOSÉ HANS BARRETO GONZÁLEZ

IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA JOSÉ HANS BARRETO GONZÁLEZ

Encontramos pues, que esta Ley estableció que una persona incursa en cualquiera de las causales de inhabilidad que consagra la Constitución o la Ley, significa un ataque directo al principio de transparencia, conducta en la cual también incurrirá quien lo permita o lo oculte – Artículo 1º-. Así mismo, se previno que mediante el uso de la contratación pública, se pagaran “favores recibidos en las campañas políticas”, lo que en efecto materializa el principio de transparencia –Artículo 2º-. De igual manera se busca prevenir en la norma que un ex funcionario se aprovechara de los contactos en la entidad donde laboró estableciendo unas limitaciones en la contratación –artículo 3-. En el mismo sentido, con el fin de prevenir actos de corrupción y que atentan contra la transparencia, se estableció una inhabilidad para que quienes al nivel de la respectiva entidad tengan cierto grado decisivo, manejo y control, en aras de que puedan aprovechar tal situación en beneficio propio, estableciendo una serie de limitantes mediante la figura de la inhabilidad para contratar, en procura de aislar de la gestión administrativa o relación con la misma a aquellas personas –artículo 4º-.
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Principio de transparencia, base de la contratación estatal colombiana

Principio de transparencia, base de la contratación estatal colombiana

Ludwig Berg, menciona el estado de orden diciendo que no depende de la actividad de los individuos, sino que es anterior a ellos, en cuanto que es lo que fundamenta la unidad y hace que los individuos se conviertan en miembros del todo, por el cual los individuos pueden llegar a ser partes y miembros y por la que existe una conciencia común y una conciencia pública, que pertenece al todo y de la que los miembros reciben normas y directrices y dispone moralmente de ellos 12 . Podemos precisar más todavía: el todo social es sujeto moral en doble sentido. En primer lugar el sentido distributivo, en cuanto que obra por medio de sus miembros. En segundo lugar en sentido colectivo, en cuanto que obra en nombre propio y reclama esto de sus miembros 13 .
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EL PRINCIPIO DE BALANCE EN LA CONTRATACION PÚBLICA

EL PRINCIPIO DE BALANCE EN LA CONTRATACION PÚBLICA

Es importante anotar que los principios rectores de la contratación pública revisten gran importancia dentro de la configuración jurídica de los sistemas de contratación pública y sus mandatos deben acatarse por parte de todos los stakeholders que interactúan en la contratación pública. El catálogo de principios es innumerable y varía dependiendo de la configuración jurídica en la que se enmarcan los sistemas de contratación pública imperantes en el mundo, no obstante ha existido un consenso -por lo menos dentro de la visión OCDE- por reconocer una serie de principios que se encuentran en cada una de las etapas del ciclo de la contratación en el sector público que propenden por el fomento de la transparencia, la lucha por la corrupción, la eficiencia, la innovación, y en general, que persiguen patrones constitutivos de buenas prácticas aceptadas internacionalmente en contextos tales como el que se ha dado durante los últimos años en el seno de la OCDE. 265
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El principio de objetividad en la contratación pública

El principio de objetividad en la contratación pública

26 A fin de garantizar la observancia del principio de igualdad de trato en la adjudicación de los contratos, conviene establecer la obligación –consagrada por la jurisprudencia– de asegurar la transparen- cia necesaria para que cualquier licitador pueda informarse razonablemente de los criterios y modalidades que se aplicarán para determinar la oferta económicamente más ventajosa. Corresponde pues a los pode- res adjudicadores indicar los criterios de adjudicación, así como la ponderación relativa atribuida a cada uno de dichos criterios, e indicarlo con antelación suficiente a fin de que los licitadores tengan conocimien- to de ello para realizar sus ofertas. Los poderes adjudicadores podrán prescindir de indicar la ponderación de los criterios de adjudicación en casos debidamente justificados, que deben poder motivar, cuando esa ponderación no pueda establecerse previamente, debido, en particular, a la complejidad del contrato. En esos casos deben indicar los criterios por orden de importancia decreciente. A fin de garantizar la igualdad de trato, los criterios de adjudicación deben permitir comparar las ofertas y evaluarlas de manera objetiva. Si se reúnen estas condiciones, determinados criterios de adjudicación económicos y cualitativos, como los que se refieren al cumplimiento de las exigencias medioambientales, podrán permitir que el poder adjudi- cador satisfaga las necesidades del público afectado, tal como se definieron en las especificaciones del contrato. En estas mismas condiciones, el poder adjudicador podrá regirse por criterios destinados a satis- facer exigencias sociales que, en particular, respondan a necesidades –definidas en las especificaciones del contrato– propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los beneficiarios/usuarios de las obras, suministros y servicios que son objeto del contrato.
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El principio de transparencia como lucha contra la corrupción en la contratación estatal  colombiana

El principio de transparencia como lucha contra la corrupción en la contratación estatal colombiana

La contratación pública en Colombia es el principal mecanismo de ejecución del presupuesto estatal. Desde la década de los 90, el sistema de contratación estatal en Colombia ha tenido modificaciones con miras a lograr una gestión pública más moderna, eficiente y transparente. Sin embargo, según la última encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno en empresas colombianas (cuarta encuesta nacional), la corrupción en la contratación estatal colombiana es reconocida actualmente como el factor principal de desperdicio e ineficiencia en el manejo de los recursos públicos. Según la encuesta, el 91% de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios, lo que refleja que el nivel de percepción de ocurrencia de corrupción es muy alto, 76% de los empresarios consideran que el cierre de negocios y/o contratos es la más común para sobornar, lo que evidencia la ausencia de mecanismos de fortalecimiento y control por parte de las empresas para establecer una política de prohibición total en el ofrecimiento y aceptación de sobornos en cualquiera de sus formas, ya sea directo o a través de terceros; la encuesta también revela que el 42% de los empresarios considera que la mayor motivación para ofrecer un soborno a funcionarios del sector público es por el requerimiento, directo o indirecto, de soborno o beneficios por parte de los funcionarios públicos, seguido de un 35% frente a los trámites y procedimientos engorrosos, y, por último, un 23% que considera que es por la ineficiencia del sector público para ejercer sus funciones.(Transparencia por Colombia, 2017).
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Importancia de la transparencia en la contratación pública en la lucha contra la corrupción

Importancia de la transparencia en la contratación pública en la lucha contra la corrupción

El reconocimiento de la importancia de la transparencia en materia de contratación estatal no corresponde a una conquista jurídica reciente, pues ha de recordarse que fue a partir de la Ley 80 de 1993 – artículos 23 y 24 – que la misma fue elevada a la categoría de principio rector de la contratación estatal, desarrollándose puntualmente su alcance y contenido de manera consistente con las previsiones contenidas en el artículo 209 de la Constitución Política Colombiana, en virtud del cual el interés general es delimitado en calidad de directriz de la función administrativa, la cual ha de ser desarrollada con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, efi cacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; se incorpora el deber radicado bajo titularidad de las autoridades administrativas en relación con la coordinación de sus actuaciones para el correcto cumplimiento de los fi nes del Estado. Sin lugar a dudas, el principio de transparencia representa una de las diferentes vertientes del derecho a la igualdad (Rosero, 2011, p. 37), cuya razón de ser aterriza en la eliminación de trámites ocultos y discrecionales; así como en la adjudicación contractual cimentada sobre el reconocimiento y la observancia plena de la imparcialidad y objetividad (Parra, 1998, p. 198). Consecuencialmente con la fi nalidad trazada en el presente documento, conviene retomar parcialmente la exposición de motivos del proyecto que posteriormente se convirtió en Ley 80 de 1993, en el marco de la cual se expresó:
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Importancia del principio de la transparencia en la contratación administrativa

Importancia del principio de la transparencia en la contratación administrativa

 El desarrollo de la Ley 1150 de 2007 a través de la multiplicidad de normas reglamentarias, conllevó que a lo largo de aproximadamente seis (6) años, se tuviese no menos de 120 normas vigentes, al igual que sumado a ello, la nulidad y pérdida de vigencia de algunas otras normas, por cuenta de los distintos pronunciamientos del Consejo de Estado. Hacia el año 2011 mediante la expedición del Decreto Ley 4170 de 2011 se legalizó la conformación de la llamada Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, pero con VOCACION ORIENTADORA.
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Función de supervisión de la contratación estatal: un análisis desde el principio de transparencia y la seguridad jurídica

Función de supervisión de la contratación estatal: un análisis desde el principio de transparencia y la seguridad jurídica

entidad pública y la oficina de control interno, en este punto es importante resaltar las herramientas que aplican Chile donde existe una veeduría con la participación de la ciudadanía y alianzas con entes externos de forma internacional con todos los organismos de control que pueden rastrear en un momento dado la posición de los recursos y los antecedentes de todos los proponentes, así mismo crear una comisión como la estipulada en Argentina donde sea la consigna el control de la contratación en el estado, planteando mecanismos de vigilancia donde por medio de un ciclo cerrado se busca fortalecer la actividad contractual donde existen varios filtros que en cualquier instancia se detecte una posible actuación indebida del funcionario público.
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El principio de discrecionalidad en la normativa de contratación pública

El principio de discrecionalidad en la normativa de contratación pública

Si bien es cierto que la LCE representa la norma de desarrollo constitucional que recoge los principios señalados en el artículo 76 de la Constitución, también lo es que el contexto socioeconómico puede determinar la necesidad de establecer mecanismos excepcionales de adquisición, conforme lo señala la propia Constitución, y cuya única condición exigible será que estén regulados por ley y que respeten los principios constitucionales que rigen toda adquisición pública. Es claro, entonces, que ningún mecanismo de adquisición será válido si no respeta los principios de eficiencia, transparencia y mecanismos alternos, siempre y cuando estén previstos por ley, respeten los principios que subyacen en el artículo 76 de la CPPy representen la consecución de mayores ventajas para el Estado y la sociedad en general. En ningún caso el mecanismo alterno y de excepción estará exento de fiscalización previa o posterior, ni tampoco de la determinación de eventuales responsabilidades a que hubiera lugar. En estricto, en el artículo 76 de la Constitución existe una reserva de ley para determinar los procedimientos, las excepciones y responsabilidades en las obras, adquisiciones de bienes y contratación de servicios. Ese es el caso de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que constituye una norma de desarrollo constitucional, y en la que se establecen los casos en los cuales el Estado está exceptuado de efectuar adquisiciones bajo los procesos de selección en ella señalados (artículos 19 y 20 de la ley), así como las responsabilidades solidarias para el caso de los miembros del comité especial encargado de llevar a cabo el procesos de selección (STSC Expediente N.° 0020-2003-AI del 17 de mayo de 2004).
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Medidas de prevención de corrupción y refuerzo de la transparencia en la contratación pública

Medidas de prevención de corrupción y refuerzo de la transparencia en la contratación pública

El sometimiento de los partidos políticos a la normativa y principios de la contratación pública es, por lo demás obligada si se analizan las Directivas europeas de contratación pública de 2014. Y ello porque cum- plen, con carácter general, con los requisitos exigidos por la jurisprudencia del TJUE: personalidad jurídica propia, actividad de interés general y financiación pública mayoritaria. Únicamente partiendo de la conside- ración de los partidos políticos como «poderes adjudicadores» tiene sentido plantearse otras cuestiones que evoca la excepción a la aplicación de la Directiva 2014/24/UE que contempla su artículo 10, y que guardan relación con el alcance de la misma. A este respecto debe indicarse que la exclusión se refiere a «contratos celebrados en el marco de una campaña electoral», de lo cual cabe inferir que, fuera de ese contexto, la celebración de los contratos de servicios relacionados en dicho precepto (servicios de campañas de publi- cidad, así como la producción de películas de propaganda y la producción de videocintas de propaganda) y por supuesto, el resto de contratos no quedaría excluida de la aplicación de la Directiva. La excepción puede tener sentido debido a que el tiempo que duran esas campañas electorales viene legalmente determinado, resultando incompatibles los plazos de campaña con los plazos mínimos que para la presentación de ofertas o solicitudes de participación se contemplan, en función de cada procedimiento, en las propuestas de Directi- va, además de tener unas características que por su relación con la ideología que se plasma en el programa político, pueden merecer un tratamiento excepcional.
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Aplicación del principio de preclusividad en la contratación pública

Aplicación del principio de preclusividad en la contratación pública

Permite la selección objetiva, precisar el cumplimiento de las bases del proceso para la escogencia del contratista, en cuanto a, cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio, etc. En consecuencia, la intención del Legislador al definir legalmente este principio, fue la de regular la “escogencia de la mejor oferta mediante una selección en la que prime la transparencia, imparcialidad e igualdad de oportunidades, y ajena a consideraciones subjetivas, para lo cual juegan un papel preponderante los factores y criterios de selección que en función a la específica necesidad haya fijado la Administración en los respectivos pliegos de condiciones o términos de referencia.
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PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA Y URUGUAYA

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA Y URUGUAYA

Ahora bien, en el artículo 11.5 del RGLCAP, aún vigente, establece que:"(...)los licitadores o candidatos estarán exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y de acreditación de la solvencia técnica y profesional para los contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros y para los contratos de los demás tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros." El órgano de contratación puede optar por dar prioridad al criterio artístico de exclusividad, de representación o espectáculo único, y en los casos de contrataciones artísticas a miembros o profesionales de equipos artísticos, artistas y/o profesionales autónomos, empresas (invitadas o coproductoras) personas físicas, exigirles acreditación de solvencia económica mediante certificado bancario y exigirles la solvencia técnica o profesional para acreditar fehacientemente su exclusividad artística que se justifica en el informe artístico previo de la Dirección Artística del teatro. En los casos de contrataciones artísticas a empresas (personas jurídicas), invitadas o coproductoras, se les exigirá la solvencia económica y financiera y la técnica y profesional, aunque el valor estimado de la contratación no supere el umbral establecido en el RGLCAP.
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El principio de publicidad como garantía de transparencia en la actividad contractual de la contratación pública

El principio de publicidad como garantía de transparencia en la actividad contractual de la contratación pública

Entonces la importancia de la contratación en el Estado colombiano deriva en el sentido que sin ella no se podrían ejecutar los presupuestos; necesariamente se convierte en una de las herramientas de mayor importancia para cumplir con los planes de desarrollo o los planes de acción; se convierte en esa herramienta administrativa que le permite a la entidad cumplir con el objeto para el cual existe y con ella se busca que la ejecución del presupuesto público sea de manera transparente, objetiva y que cumpla los principios de eficacia y eficiencia contenidos para la administración pública y siempre visualizando que permitan cumplir con el objeto para el cual existe la entidad, bien llamada misión de la entidad pero siempre enmarcada dentro del plan de desarrollo y plan de acción respectivo, por tal motivo es que en los estudios previos que hacemos para los procesos contractuales siempre iniciamos con el análisis de para qué existe la entidad, que existe en el plan de desarrollo, en el plan de acción y cómo debo ejecutar el proyecto a través del análisis de una necesidad y conveniencia, ese es el principio de la planeación que me permite identificar verdaderamente un proyecto en beneficio de los
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Análisis de la normatividad en contratación pública

Análisis de la normatividad en contratación pública

Por su parte, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo son factores de influencia en la regulación de la contratación pública en los países, pues dichas entidades constituyen una fuente significativa de asistencia financiera y técnica en varios proyectos que suelen involucrar contratos públicos suscritos por los países beneficiarios de estos préstamos. La banca multilateral tiene un interés significativo en que la inversión financiada observe aspectos clave como la correcta elección de los contratistas, la buena ejecución del contrato, la igual- dad de oportunidades de competencia, el fomento a la amplia participación de proponentes y la transparencia en los procesos de contratación, todo ello basado en criterios de economía y eficiencia, así como en la necesidad de garantizar la debida inversión de los recursos y de prevenir y combatir el fraude y la corrupción. De lo anterior resulta imperioso el estudio del derecho comparado, pues la contratación pública es sensible a la normativa extranjera por los programas que la banca multilateral ha llevado a cabo y en los cuales ha sido el instrumento para la inversión en los países. Se puede constatar la similitud de las legislaciones de los países latinoamericanos, en tanto instituciones contemporáneas, como la contratación electrónica, los tribunales administrativos especiales de contratación y nuevos modelos contractuales como las asociaciones público-privadas. Todas estas semejanzas también se reflejan en el empleo de un término, en la redacción de un enunciado normativo, en el contenido de las decisiones jurisprudenciales, en la adopción de instrumentos normativos internacionales vinculantes, etc. 251
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La transparencia como principio vertebrador de la contratación pública: significado y problemas de articulación normativa

La transparencia como principio vertebrador de la contratación pública: significado y problemas de articulación normativa

Aldizkaria, RVAP, núm. 104-2, págs. 77-113; TOLIVAR ALAS, L. (2019): “Contratación pública: corrupción y transparencia en una so- ciedad digital”, en DEL GUAYO CASTIELLA, I. y FERNÁNDEZ-CARBALLAL, A. (coords.): Los desafíos del derecho público en el siglo XXI: libro conmemorativo del XXV aniversario del acceso a la Cátedra del Profesor Jaime Rodríguez-Arana Muñoz. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, INAP.; y c) como derecho ciudadano y sus límites (vid. VV.AA (2017): Los límites al derecho de acceso a la información pública. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, INAP; FERNÁNDEZ RAMOS, S. (2017): “La re- clamación ante los órganos de garantía del derecho de acceso a la información pública”, en Revista General de Derecho Administrativo, RGDA, núm. 45; RAMS RAMOS, S. (2016): “El procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública”, en Revista General de Derecho Administrativo, RGDA, núm. 41; RAZQUIN LIZARRAGA, M. M.ª (2018): “El principio de confidencialidad en la contratación pública”, en GIMENO FELIÚ, J. M.ª (dir.): Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público, págs. 867-911. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi.
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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DIVISIÓN CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS PROGRAMA: ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO ¿EL FRACCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS ES VIOLATORIO DE LOS

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DIVISIÓN CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS PROGRAMA: ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO ¿EL FRACCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS ES VIOLATORIO DE LOS

es naturalmente uno. Dicho en otros términos, se fracciona un contrato cuando se quebranta y se divide la unidad natural de su objeto”. Por desconocer los principios que inspiran la contratación estatal, el fraccionamiento de contrato impone al juez la obligación de declarar su nulidad absoluta en los términos de los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993. […] La Sub Sección considera que existió una actitud deliberada por parte del Departamento dirigida a desconocer las normas de derecho público, por cuanto teniendo la necesidad de contratar una obra cuyo monto imponía la obligación de adelantar un proceso de licitación, hábilmente fraccionó el contrato de manera tal que ninguna de sus partes superara dicha cuantía y pudiera, entonces, realizar
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TítuloEl Modulor de Le Corbusier (1943 1954)

AQUÍ

Partiendo del hombre de 6 pies (1,83 m), todas las cifras de la serie roja se deducen de la sección áurea, el método de Euclides de descomposición de una recta en media y extrema razón y[r]

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Proporcional

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Si disponemos de dos magnitudes directamente proporcionales y conocemos una cantidad de la primera y la cantidad correspondiente de la segunda y queremos calcular la cantidad que le co[r]

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La Divina Proporción 2

La Divina Proporción 2

La Divina Proporción de Luca Pacioli (Venecia, 1509) es una de las obras más significativas del ambiente científico y artístico de la Italia de finales del siglo XV, convirtiéndose en uno de los puntos de partida de los numerosos estudios dedicados a las proporciones en el cuerpo humano y en el Arte que se escribieron a lo largo del Renacimiento. La obra responde a la visión filosófica, teológica y estética del neopitagorismo y neoplatonismo que interpretaban la imagen del universo como un macrocosmos concebido armónicamente, en el que el hombre y su visión a través del Arte sería un microcosmos reflejo del supremo orden universal. En el tratado la razón áurea es concebida como principio universal de la belleza y como modelo de evolución de las formas que conservan la imagen de perfección de la unidad divina original, como manifestación de la afinidad del mundo creado con la perfección de su fuente divina y de su potencial evolución futura.
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