PDF superior PATRIMONIO SUJETO A PROCEDIMIENTO CONCURSAL

PATRIMONIO SUJETO A PROCEDIMIENTO CONCURSAL

PATRIMONIO SUJETO A PROCEDIMIENTO CONCURSAL

2.2. A"$lss %el Artí&'lo 1# %e la LGSC. Artí&'lo 1#( Le) Ge"eral %el Sste!a Co"&'rsal 14.1. El patrimonio comprende la totalidad de bienes, derechos y  obligaciones del deudor concursado, con excepción de sus bienes inembargables y aquellos expresamente excluidos por leyes especiales. 14.. El deudor cuyo patrimonio se encuentre sujeto al r!gimen de sociedad de gananciales deberá sustituir dicho r!gimen por el de separación de patrimonios, lo que permita la identi"icación exacta de los bienes que integraran su patrimonio comprendido en el procedimiento. #ara tal e"ecto, el deudor procederá a variar el r!gimen de sociedad de gananciales por la separación de patrimonios de con"ormidad con las exigencias y "ormalidades previstas en el $ódigo $ivil. Esta condición constituye requisito de admisibilidad para el caso del deudor que  pretenda su sometimiento al r!gimen concursal previsto en esta %ey.
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Análisis de las empresas andaluzas en procedimiento concursal

Análisis de las empresas andaluzas en procedimiento concursal

Así, los concursos intervenidos por la administración concursal (concursos voluntarios) predominan sobre la suspensión de las facultades de administración y disposición del patrimonio del deudor (concursos necesarios). Pero no siempre los concursos voluntarios se corresponden con los concursos intervenidos y los concursos necesarios con la suspensión de las facultades administrativas por parte de dicha administración. A esto cabría añadirle un pequeño matiz, y es que , en este sentido, será frecuente que el deudor y los acreedores tengan ideas contrapuestas sobre cómo gestionar los recursos. En particular, los acreedores pueden pensar que sería mejor corregir la mala gestión y evitar que los administradores pre-concursales causen más daño al patrimonio sobre el concurso. Y por su parte, los administradores pre- concursales pueden defender que la insolvencia se debe a factores exógenos que escapan de su control y que su sustitución por la administración concursal sólo causaría mayor incertidumbre en el futuro de la sociedad. Esta diversidad de opiniones explica que la ley regule el control de los recursos durante el concurso y será el juez quien decida sobre quién debe recaer los derechos de decisión.
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Viabilidad del uso del procedimiento concursal preventivo desde un punto de vista societario económico

Viabilidad del uso del procedimiento concursal preventivo desde un punto de vista societario económico

C) Los acreedores no tienen la capacidad técnica y probabilística de discernir entre la crisis temporal y la crisis definitiva por la que, buscan únicamente canibalizar el patrimonio del deudor, es decir cobrar sus acreencias no importándoles si la empresa es viable o no. Hay acreedores que simplemente buscan cobrar sus deudas a toda cosa, sin embargo no establecen la probabilidad de futuras inversiones, alianzas o grupos económicos que pudiesen forma con la eventual empresa en crisis o hasta verlas como una inversión a futuro ya que hay un fortalecimiento de lazos en el momento en que una empresa se encuentra al borde de la crisis y viene otra y le ofrece ayuda que la alejen del borde y a la vez la estabilicen y complementen de forma económica, cosa que puede traducirse mas allá de las facilidades que puedan mostrarse en el acuerdo global de refinanciación. Debemos tener en cuenta esto ya que el hecho de no concurrir el deudor a un procedimiento concursal preventivo ha traído como consecuencia, que muchas empresas viables económicamente, su patrimonio sea canibalizado de manera individual por sus acreedores y esto a su vez significa la salida del mercado como persona jurídica, dejando sin trabajo a muchas personas, perjudicando su estatus social y proyecto de vida, lo cual es viable para aquellas empresas que solo se han constituido como medio para otros fines y rescatar a aquellas empresas que busquen alcanzar un horizonte comercial prospero. (Vásquez Rojas)
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Declaración de suspensión del proceso por inicio de procedimiento concursal vulnera orden constitucional

Declaración de suspensión del proceso por inicio de procedimiento concursal vulnera orden constitucional

3.6. En el caso concreto de autos, tenemos que el co-ejecutado EDUARDO DAVID SILVA ALVAREZ, por escrito recepcionado con fecha 24 de julio del 2014, el indicado solicita la SUSPENSION de la EJECUCION del proceso, alegando simplemente que la entidad ejecutada INTER QUALITY FOOD S.A. (Deudora Principal) se encuentra en DISOLUCION y LIQUIDACION por ante INDECOPI, conforme lo ACREDITA con la copia simple de la RESOLUCION N° 0784-2014/CCO-INDECOPI (EXPEDIENTE N° 66-2012/CCO-INDECOPI-03-03) de fecha 05 de febrero del 2014; sin embargo, lo que NO ha tenido en cuenta el co-ejecutado solicitante, es que el BIEN INMUEBLE materia de EJECUCION del presente proceso es de PROPIEDAD EXCLUSIVA del ejecutado recurrente y su cónyuge, conforme se ACREDITA con el ASIENTO C0002 de la PARTIDA ELECTRONICA N° 11084888 (folios 50), la cual se constituyo HIPOTECA a favor de la entidad ejecutante (véase a folios 51 a 53); por lo que, NO esta en juego el patrimonio de la entidad ejecutada INTER QUALITY FOOD S.A. (Deudora Principal); por lo tanto, NO se configura el supuesto de la norma invocada, en el articulo 18.4 de la Ley N° 27809 – Ley General del Sistema Concursal;
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El procedimiento concursal: la fase de calificación del concurso de Proinserga S A

El procedimiento concursal: la fase de calificación del concurso de Proinserga S A

ii) en base al informe de la auditoria de 2005 se extrae una revalorización voluntaria de terrenos y construcciones por valor de seis millones cuatrocientos dieciséis mil euros; esto se contabiliza como ingreso extraordinario, por lo que no iría en armonía con los principios y normas generales de la contabilidad. Además en el cierre del ejercicio de este año 2005 los resultados son negativos, superando el pasivo al activo. Establece la administración concursal, que en este momento el saneamiento de las cuentas estaba en este momento de mano del accionariado y de terceros. En referencia al ejercicio de 2006 no se facilita información suficiente, pero se establece la existencia de fondos negativos a pesar de las revalorizaciones. En definitiva las pérdidas consecutivas de 2003-2006 se corrigen con revalorizaciones y con contabilización de crédito fiscal; a pesar de ello el saldo negativo se sigue acumulando siendo en 2003 de siete millones y medio de euros y en 2006 de once millones y medio de euros. Con ello la administración concursal establece como hechos acreditativos de culpabilidad: el deber de presentar el concurso en tiempo (art. 165LCon) y el deber de disolver la sociedad ante la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones; la existencia de salvedades en las cuentas del ejercicio de 2005 y de irregularidades en las de 2006 al no obtenerse una imagen fiel del patrimonio ni de la situación financiera de la concursada (art. 164.2 LC).
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El patrimonio fideicomitido como sujeto concursable

El patrimonio fideicomitido como sujeto concursable

Otros doctrinarios que defienden a ultranza el fideicomiso, niegan la posibilidad de incorporar al mismo como sujeto concursal por el estigma social que pesa sobre el concursado o el fallido. En este sentido, sostenía Carregal antes de la reforma que la solución prevista por el art 16 LCQ era la correcta por cuanto la quiebra del fiduciario - con efectos lógicamente limitados al patrimonio separado - le significarían al fiduciario consecuencias económicas y pérdida de prestigio que harían inviable en la práctica aceptar esta función, dado que el éxito del negocio no depende solo de la gestión de un fiduciario diligente, sino también de factores que quedan fuera de su alcance y control. Afirmaba que el fiduciario estaría arriesgando su buen nombre y, en última instancia, su crédito en aras de un negocio que no es el propio y que no habrá de beneficiarlo 86 .
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La concurrencia del procedimiento de apremio con el procedimiento concursal. BIB 2004\416

La concurrencia del procedimiento de apremio con el procedimiento concursal. BIB 2004\416

Sin embargo, consideramos que lo que ha de reinterpretarse es este precepto de la Ley General Tributaria, en el sentido de que ha de circunscribirse a la cuantificación de la deuda tributaria, en la que se han de recoger los recargos correspondientes al período ejecutivo si se ha producido la apertura de éste con anterioridad a la declaración del concurso, pero no permite que se prosiga un procedimiento administrativo de apremio simultáneamente al proceso concursal, ni siquiera con la citada finalidad cautelar de lograr un embargo preventivo. Y es que, al margen de lo dispuesto en el citado artículo 24 de la Ley 22/2003, debemos tener presente que la Ley Orgánica 8/2003 ( RCL 2003, 1747) , añade un nuevo artículo 86 ter a la Ley Orgánica del Poder Judicial ( RCL 1985, 1578, 2635) en el que se otorga jurisdicción exclusiva y excluyente al juez del concurso en «toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado», como ocurriría en este caso. En idéntico sentido se expresa el artículo 8 de la Ley Concursal al establecer las competencias del juez del concurso 52 ; lo que nos debe llevar, como decimos, a interpretar el artículo 129.4 LGT de 1963 o 164.3 LGT de 2003 ( RCL 2003, 2945) en sus estrictos términos, sin considerar que modifica los criterios de preferencia procedimental establecidos en el artículo 55 de la Ley Concursal, ni que permite trabar embargos como consecuencia de procedimientos de apremio iniciados con posterioridad a la declaración del concurso.
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EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO EN SEDE CONCURSAL

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO EN SEDE CONCURSAL

Descartadas por lo tanto las reglas aplicables al depósito y, por lo tanto, el derecho del acreedor a reclamar las sumas en cualquier instante (arts. 1766 C. Civil y 306 C.Com.), habremos de resolver el conflicto atendiendo a la naturaleza crediticia de las retenciones. En este sentido, la jurisprudencia (SSTS, Sala 3ª, 13-11-99, 7-11-97, 12-2- 2001, 9-10-2003, etc.) ha venido señalando que la obligación de retener a cuenta del IRPF parte de las retribuciones abonadas a trabajadores e ingresarla en la Hacienda pública constituye un deber fiscal de carácter autónomo impuesto al pagador sobre el que pesan dos obligaciones, una la de retener en concepto de pago a cuenta la cantidad que proceda, y otra la de ingresar su importe, todo lo cual se corresponde con la regulación legal hoy vigente contenida en el art. 101 del Real Decreto Legislativo 3/2004 de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en los arts. 72, 76 Y 106 del Real Decreto 1775/2004, de 30 julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Cabe señalar además por lo que respecta a la segunda de tales obligaciones, la de proceder al ingreso a cuenta que es la que aquí nos ocupa, que su nacimiento o devengo tiene lugar, por su naturaleza ex lege, cuando se realiza el hecho imponible mismo sin perjuicio de que su exigibilidad se relegue a un momento posterior, conforme a las condiciones y plazos que se establezcan reglamentariamente (STS, Sala 3a, de 3-12-99). Esto supone que las declaraciones trimestrales por las que el sujeto pagador procede a liquidar las cantidades retenidas y a realizar los ingresos a cuenta en el Tesoro Público, conforme dispone el art. 106 del Real Decreto 1775/2004, dentro de los primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, no es sino expresión del cumplimiento de una obligación exigible periódicamente
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Rescisión concursal

Rescisión concursal

Para que se dé el supuesto al que se refiere el artículo 730 del Texto Refundido de la Ley Concursal debemos encontrarnos ante un concurso sujeto al derecho español en el que algunos de los actos del deudor estén sometidos a la ley de otro Estado. Igualmente será aplicable el supuesto que analizamos, cuando se abra un concurso en otro país y el deudor contase con un establecimiento en España y se abra un procedimiento territorial respecto de los bienes situados en nuestro país. En este caso, a dichos bienes les será de aplicación la excepción que comentamos siempre que el acto en cuestión estuviera sujeto a la ley española y el procedimiento extranjero hubiese sido reconocido en España.
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El concurso preventivo como procedimiento eficiente y eficaz para optimizar el sistema concursal peruano

El concurso preventivo como procedimiento eficiente y eficaz para optimizar el sistema concursal peruano

cuando los acreedores financieros (que en la mayoría de casos son los más fuertes), pues usualmente suelen desatender las señales de aviso procedentes de sus oficinas de control de riesgo, claro está que esta situación se daría en el caso del concurso ordinario, siendo que los acreedores no podrían iniciar o ingresar al procedimiento concursal preventivo. Es como si, por alguna u otra razón, los directivos o el propio deudor, deseasen aplazar la aceptación de la crisis, con la esperanza de que, de alguna manera, las cosas mejoren con el paso de tiempo. Idea que termina, siendo totalmente falso, ya que como se mencionó en el transcurso del trabajo, ya sea por dejadez, estigmatización social o cultural, o simplemente porque no se tomaron en cuenta las señalas, la situación que comenzó siendo pequeña y que pudo haber sido combatida y solucionada en beneficio de los intervinientes del proceso, termina en un gran problema, perjudicando a ambas partes, ya que no hay patrimonio suficiente para la infinidad de demanda por parte de los acreedores, en donde ellos no cobraran la total de sus acreencias y los deudores verán liquidada y disuelta la empresa en la cual invirtieron tanto.
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La venta de unidades productivas en el procedimiento concursal

La venta de unidades productivas en el procedimiento concursal

En cuanto a lo que ha de entenderse por insolvencia, ésta viene definida en el artículo 2.2 LC, el cual señala que: “Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles” 5 . Respecto a esta definición, es conveniente señalar que la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones por parte del deudor no tiene porqué equivaler necesariamente a las situaciones de insuficiencia patrimonial, pues una sociedad puede perfectamente encontrarse en una situación patrimonial deficitaria, siendo su patrimonio neto inferior al capital social, pero ser capaz de hacer frente a sus obligaciones y, por tanto, ser solvente, incluso en los casos en que dicho déficit patrimonial constituya, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital (LSC), una causa de disolución. 6 Lo determinante a efectos de la declaración de concurso es la insolvencia como concepto diferenciado de la insuficiencia patrimonial.
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Responsabilidad Concursal

Responsabilidad Concursal

Dos son los problemas principales que puede presentar el ejercicio del artículo 241 LSC en sede concursal. De un lado, el posible cobro de un crédito concursal al margen de este procedimiento. Así, se producirá este supuesto en caso de que el socio o tercero reclame por esta vía el resarcimiento de un daño, por igual importe que la deuda que ostenta contra la sociedad, basándose en que el contrato adolezca defectos de celebración o ejecución. Esta conducta, denominada por la doctrina como “fugas” del concurso 71 , puede llegar a suponer en determinados supuestos el quebrantamiento de la par conditio creditorum y, como apuntan MAGDALENO y BENEYTO, un abuso de derecho (artículo 7.2 CC) 72 . Por otra parte, se plantea la hipótesis de que se perjudique a los acreedores del concurso en caso de que prosperase la acción individual de responsabilidad. Formalmente, este supuesto no debería darse, puesto que la acción no se dirige contra la sociedad concursada, sino contra un administrador de la misma, que no esta en concurso. Sin embargo, el que prospere esta acción produciría un “vaciamiento” del patrimonio del administrador que podría redundar en un perjuicio a los acreedores del concurso en caso de que, en sede de calificación, aquel sea condenado ex 172bis LC a la cobertura del déficit 73 .
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JUZGADO MERCANTIL Nº 1 DE GIRONA PROCEDIMIENTO CONCURSAL Nº 73/2014

JUZGADO MERCANTIL Nº 1 DE GIRONA PROCEDIMIENTO CONCURSAL Nº 73/2014

Dado el escaso interés que pueden tener determinados elementos si la oferta es inferior al 25% del valor por el cual se ha activado en el Plan de Liquidación, la Administración Concursal con carácter previo deberá aportarla al Juzgado para que pueda ser mejorada en un plazo prudencial de tiempo.

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La primera clase de créditos en el procedimiento concursal de reorganización judicial en Chile: ¿la gran ausente?

La primera clase de créditos en el procedimiento concursal de reorganización judicial en Chile: ¿la gran ausente?

Cabe señalar que un criterio de apertura menos estricto puede inducir al deu- dor a abusar del procedimiento de insolvencia. Por ejemplo, podría suceder que un deudor solicitara la apertura de un procedimiento sin estar en dificul- tades financieras y presentara un plan de reorganización que le permitiera eludir ciertas obligaciones onerosas, como contratos laborales, renegociar su deuda o recurrir a evasivas y privar con ello a sus acreedores del pago pun- tual y completo de sus deudas. (…) El riesgo de que un deudor abuse así de un procedimiento de reorganización dependerá del criterio exigido para su apertura, de cómo se haya de preparar el plan de reorganización, del control que se le deje al deudor de su negocio tras la apertura del procedimiento y de las sanciones previstas contra todo recurso indebido a este procedimiento (…). Para evitar que el deudor recurra indebidamente al procedimiento, el régimen de la insolvencia podría, por ejemplo, disponer que el foro competente esté facultado para desestimar la solicitud presentada y que, en tal caso, el deudor incurra en responsabilidad frente a sus acreedores por los gastos dimanantes del procedimiento y por todo daño ocasionado que sea imputable a la solicitud presentada.
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PROCEDIMIENTO CONCURSAL Nº 234/2017 JUZGADO MERCANTIL Nº 1 DE GIRONA

PROCEDIMIENTO CONCURSAL Nº 234/2017 JUZGADO MERCANTIL Nº 1 DE GIRONA

La Administración concursal realizará las gestiones de cobro y podrá alcanzar acuerdos de quita y/o espera en interés del concurso. En el caso de que los deudores no abonen la deuda de forma voluntaria y no se llegue a ningún acuerdo transaccional, se valorarán las posibilidades de éxito y el coste de una eventual reclamación judicial.

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PROCEDIMIENTO CONCURSAL Nº 223/2010 JUZGADO MERCANTIL Nº 1 DE GIRONA

PROCEDIMIENTO CONCURSAL Nº 223/2010 JUZGADO MERCANTIL Nº 1 DE GIRONA

3.- El Incidente concursal nº 813/2011 promovido por CAIXA CATALUNYA (actualmente, CATALUNYA BANC, S.A.), para obtener la recuperación de los bienes objeto de once contratos de leasing, finalizó con la Sentencia nº 135/2012, dictada el 21 de junio de 2012, que desestimó la demanda formulada por la arrendadora financiera. Consta que la actora presentó protesta contra la referida Sentencia a efectos de formular recurso de apelación.

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La administración concursal

La administración concursal

El nombramiento en sentido estricto lo hará el juez y normalmente tendrá lugar dentro del propio autO de declaración de concurso, y el propio juzgado se lo comunicará a cada uno [r]

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21.- PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISION DE INMUEBLES DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA.

21.- PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISION DE INMUEBLES DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA.

1.1 Contar con un programa anual de visitas de supervisión a los inmuebles propiedad o en administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, para determinar el estado físico y actual que presentan, a fin de prevenir deterioros que pudieran presentarse por falta de mantenimiento preventivo o correctivo, así como para verificar su uso y ocupación.

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PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ODINARIA. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ODINARIA. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

Cuarta.- El contratista presta su conformidad al pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato, que se anexa como parte integrante del mismo [y a las prescripciones técnicas que igualmente se anexan], y ambas partes se someten, para cuanto no se encuentre expresamente previsto en el presente contrato, a la Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al Reglamento General de la Ley de Contratos del las Administraciones Públicas, y a las demás disposiciones reglamentarias de desarrollo, a las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en el marco de sus respectivas competencias, y supletoriamente, a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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El convenio concursal

El convenio concursal

“1. La publicidad de la declaración de concurso, así como de las restantes notificaciones, comunicaciones y trámites del procedimiento, se realizará preferentemente por medios telemáticos, informáticos y electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, garantizando la seguridad y la integridad de las comunicaciones. El extracto de la declaración de concurso se publicará, con la mayor urgencia y de forma gratuita, en el “Boletín Oficial del Estado”, y contendrá únicamente los datos indispensables para la identificación del concursado, incluyendo su Número de Identificación Fiscal, el juzgado competente, el número de autos y el Número de Identificación General del procedimiento, la fecha del auto de declaración de concurso, el plazo establecido para la comunicación de los créditos, la identidad de los administradores concursales, el domicilio postal y la dirección electrónica señalados para que los acreedores, a su elección, efectúen la comunicación de créditos de conformidad con el artículo 85, el régimen de suspensión o intervención de facultades del concursado y la dirección electrónica del Registro Público Concursal donde se publicarán las resoluciones que traigan causa del concurso.
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