PDF superior Perspectivas del derecho procesal constitucional

Perspectivas del derecho procesal constitucional

Perspectivas del derecho procesal constitucional

nal e imprevisión constitucional. El primero de los textos, cuyo título completo es “Refl exiones sobre la manipulación constitucional”, ofrece al lector un escrito reposado, maduro, fruto de agudos procesos de observación. En él, desde las cate gorías de uso, ardid e interés, se sugiere el encuentro con actos de montaje argumentativo destinados a retorcer o desnaturalizar a la cláusula constitu- cional víctima de manipulación, apartándola de su genuino sentido. En otras palabras, el autor evidencia la construcción de aparatos estratégicos en los cua- les se usa la Constitución para obtener fi nes personales, y no para la tarea de realización del Estado constitucional democrático. En esa obra se desarrollan dos secciones determinantes: una, destinada a identifi car y describir las técnicas manipulativas, que consiste en la enumeración de aparatos aparentemente ar- gumentales, que sirven para desviar el uso correcto de la Constitución. La otra, que se ocupa de hacer una tipología de la manipulación constitucional, donde se encuentran diversos tipos de ésta como la ideológica, gubernativa, partidista, narcisista, forense, tolerante y agresiva. Entre todas estas valga resaltar el caso específi co de la manipulación narcisista, tan vigente en sistemas como el nuestro, que corresponde a un uso inadecuado de la Constitución, consistente en hacer marketing constitucional, de modo tal que se vende a los ciudadanos la idea de un producto único y un aceptable contenido de la Carta Política.
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Partidos políticos  La contribución del orden jurídico a la hora de abordar su crisis actual

Partidos políticos La contribución del orden jurídico a la hora de abordar su crisis actual

Pues bien, desde tales perspectivas, tres son las exigencias que entendemos que desde el Derecho en general, y desde el Derecho Constitucional en particular, pueden imponerse para apunta[r]

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				La protección del derecho alimentario en Colombia: descripción y análisis de las políticas públicas sobre alimentación y nutrición desde 1967 a 2008

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A raíz de la nueva consagración constitucional del derecho alimentario como derecho social en la Constitución Política de 1991 (República de Colombia, 1991) y las nuevas perspectivas inter- nacionales sobre la protección de este derecho y la erradicación del hambre y la desnutrición en el mundo concretadas en la Conferencia Interna- cional de Nutrición de 1992 (FAO, 1992) y su Plan de Acción para la Nutrición y la Cumbre Mundial de alimentos de 1996 (FAO, 1996), se cambió el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria por el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN), cuya ejecución sería por un periodo inicial de nueve años, pero que realmente se hizo extensivo hasta el 2007 (CONPES, 1996). El Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN) se inscribió en las políticas sectoriales de salud y seguridad social, agricultura, edu- cación, comunicación y medio ambiente. El Plan desarrolló ocho líneas de acción, a saber: (i) Proporcionar seguridad alimentaria en el ámbito de hogares y de grupos vulnerables. (ii) Proteger al consumidor mediante el control de la calidad y la inocuidad de alimentos. (iii) Prevenir y controlar las deficiencias de micronutrientes, especialmente vitamina A, hierro y yodo. (iv) Prevenir y tratar las enfermedades infecciosas y parasitarias. (v) Promover y apoyar la lactancia materna. (vi) Promover la salud, la alimentación y los estilos de vida saludables. (vii) Evaluar y hacer seguimiento en aspectos nutricionales y alimentarios. (viii) Formar el recurso humano, como personal capacitado, en políticas de ali- mentación y nutrición (CONPES, 1996).
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"El proceso monitorio en Colombia, una fehaciente transgresión a la igualdad procesal”

"El proceso monitorio en Colombia, una fehaciente transgresión a la igualdad procesal”

Ahora bien, con la cita anterior vemos que es notorio la no configuración de dicho fenómeno por dos grandes postulados: (i) se está demandando un artículo que no ha sido objeto de pronunciamiento en las sentencias anteriormente mencionadas, incluso hilando más delgado diríamos que las decisiones constitucionales avalaron el artículo 419 en dos ocasiones, y en una ocasión el artículo 421, pero no se ha dicho nada sobre el artículo 420; (ii) de esta manera, se visualiza que el cargo y/o fundamento citado es diferente a las demandas precedentes, aquí no se discute la vulneración al derecho constitucional de la igualdad, ni al debido proceso, por el contrario nos adherimos a la exequibilidad del proceso bajo esos parámetros. Lo que demandamos es que el proceso monitorio es inconstitucional porque se está frente a una norma adjetiva que prima sobre la sustantiva, situación que no es viable en nuestro ordenamiento jurídico por mandato constitucional, recordemos que las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Lanzamos tal afirmación por la certeza que nos da la lectura del inciso demandado, pues al consentir que una deuda no conste por escrito, o peor, que constando por escrito no se aporte como prueba que la acredite, nunca se sabrá cuando se hizo exigible y mucho menos cuando prescribió por no exigirse a tiempo”.
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Factibilidad de la Figura de la Acción de Clases en el Derecho Procesal Constitucional Peruano, 2016

Factibilidad de la Figura de la Acción de Clases en el Derecho Procesal Constitucional Peruano, 2016

El juez al momento de dictarla, “debe efectuar un doble análisis de la pretensión o pretensiones contenidas en la demanda. En primer lugar, examinar si aquella cumple con los requisitos de procedibilidad que le exige el ordenamiento procesal (juicio de procedibilidad); y, en segundo lugar, en caso de superarlo, declarará que la pretensión es fundada o infundada (juicio de mérito)” (Peyrano, 1981, p. 301). En el Perú, usualmente, la finalidad de la sentencia es la reposición al estado anterior de la violación del derecho fundamental; la sentencia no tiene naturaleza indemnizatoria, pero, cuando ello no es posible debido a que el daño se ha convertido en irreparable, el juez constitucional, luego de apreciar el agravio producido, puede pronunciarse sobre el fondo, estimando la demanda a efectos de exhortar al demandado para que no vuelva a afectar el derecho violado, pues de lo contrario, se le aplicarán las medidas coercitivas que incluye multas sucesivas y hasta la destitución, si se trata de un funcionario. La sentencia de amparo genera cosa juzgada constitucional cuando ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional; por ello, jurisprudencial y excepcionalmente, cabe un amparo contra amparo cuando éste último, resuelto por el Poder Judicial, haya violado por ejemplo los precedentes constitucionales vinculantes.
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La aplicación de la conciliación en el delito de hurto y sus efectos jurídicos

La aplicación de la conciliación en el delito de hurto y sus efectos jurídicos

“El principio de celeridad procesal tiene como finalidad la modernización del trámite procesal. No se trata solamente de una cuestión técnica de procedimientos, definición de competencias y tantas otras medidas con respecto a la duración de un proceso. La celeridad procesal está vinculada, antes de todo, a la esencia de los derechos humanos. Esto porque la vida humana es breve y los conflictos sociales deben ser solucionados lo más temprano posible para que el Derecho cumpla su función de estabilizador de expectativas individuales y colectivas”. El principio constitucional de celeridad procesal se plantea un propósito final dirigido a quienes acceden al sistema de justicia mismos que tienen derecho a que los tribunales resuelvan las controversias que plantean ante ellos, dentro de los plazos señalados por el legislador, puesto que con toda razón se ha insistido en que una justicia lenta y retrasada no puede considerarse como tal”. (Campos, 2008, pág. 140).
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Ejecución De Sentencias Por El Tribunal Constitucional En El Proceso Constitucional De Amparo Como Parte Del Derecho A La Tutela Procesal Efectiva

Ejecución De Sentencias Por El Tribunal Constitucional En El Proceso Constitucional De Amparo Como Parte Del Derecho A La Tutela Procesal Efectiva

Uno de los temas más relevantes en el derecho constitucional, constituye el referente a la ejecución de sentencias y dentro de éste lo concerniente a la ejecución de sentencia en los procesos de amparo, área que hasta la fecha viene generando diferentes puntos de vista entre los estudiosos de este tema; si bien la ejecución de sentencias constituye uno de los principales problemas de la justicia constitucional pues cada vez en nuestro país se van elevando las cifras con respecto a la inejecución de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional debido a diferentes razones, siendo uno de este incumplimiento el realizado por parte del propio Estado que en la mayoría de los casos se debe por falta de presupuesto, tal es la situación de aquellas sentencias que obligan a la Oficina de Normalización Previsional para otorgar el aumento o regularización de los montos pensionarios a los jubilados, también son incumplidas las sentencias del Tribunal Constitucional que ordenan la reposición a sus cargos de trabajadores públicos que fueron despedidos de forma arbitraria o fraudulenta, así como las que disponen el cumplimiento de resoluciones administrativas que otorgan plazas en la administración pública, etc.; asimismo, también lo propio se encuentra en el ámbito privado que se da entre particulares.
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Análisis de las perspectivas de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en el distrito judicial de Loreto

Análisis de las perspectivas de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en el distrito judicial de Loreto

^ Al hacer mención a un sistema acusatorio se entiende que éste es antagónico a un sistema inquisitivo, el cual está regido por sólidos principios de acuerdo a lo expresado en el Título Preliminar, art. I o del Código Procesal Penal que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio [,..]Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la constitución en este Código. Los jueces preservaran el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia". De acuerdo al texto anterior, se hace referencia a ciertos principios, que son tenidos en cuenta para un proceso penal. Los principios del proceso penal, deben estar presentes en todas las etapas, desde la etapa probatoria hasta la etapa de juzgamiento. Para que la aplicación de estos principios sea efectiva, se concretiza en 1 el desarrollo de audiencias, en las determinaciones de los tipos de prisión, plazos de investigación, suspensión, interrupción, detención, sobreseimiento, etc., según los artículos 271°, 343° y 351° del Código Procesal Penal. Pero, toda reforma, en este caso el de la reforma penal, trae como consecuencia diferentes variantes. Para la aplicación del NCPP, las
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Ensayos de derecho procesal civil, penal y constitucional / Niceto Alcalá Zamora y Castillo

Ensayos de derecho procesal civil, penal y constitucional / Niceto Alcalá Zamora y Castillo

timiento; e Por ru6n de la pea& con que el lt!P'1•d0l' permite conformarse.- D PLUBA.LIDAD PBOCESAL: SUBJETIVA Y OBJET~.-E DENOKINACION.-FJ NA.'.l'UlU.LJ!:ZA J"UlUDICA: a Como aeto proee[r]

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La influencia española en la Constitución peruana : a propósito del Tribunal de Garantías Constitucionales

La influencia española en la Constitución peruana : a propósito del Tribunal de Garantías Constitucionales

bunal mismo, el libro de Jesús González Pérez, Derecho procesal constitucional, Editorial Civitas, Madrid 1980.. de Gobierno y Jefe de Estado que no existe en nuestra tradición presiden[r]

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La cuestión de la personalidad legal del parlamento en el Derecho comparado

La cuestión de la personalidad legal del parlamento en el Derecho comparado

De todo lo anterior puede extraerse como conclusión, siquiera provisional, que la situación española no es muy distinta de la de otros países de nuestro entorno, incluida la a veces falta de claridad o sistemática. Queremos decir que se admite constitucional, legisla- tiva y doctrinalmente que las cámaras parlamentarias poseen una au- tonomía reforzada, de la que se deriva capacidad contractual y procesal, pero sin que esto lleve a reconocerles formalmente perso- nalidad diferenciada, que expresa o tácitamente se sigue recono- ciendo en el Estado como un todo. A pesar de las incoherencias se detecta un deseo implícito en mantener la personalidad estatal como referencia única, siquiera ideal.
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La Transformación Del Derecho Procesal En La Conciliación Extrajudicial En Colombia  “Una reflexión teórica entorno a las cargas procesales y la adecuación de su naturaleza jurídica al procesal constitucional”

La Transformación Del Derecho Procesal En La Conciliación Extrajudicial En Colombia “Una reflexión teórica entorno a las cargas procesales y la adecuación de su naturaleza jurídica al procesal constitucional”

Al eliminar el requisito de procedibilidad, llegaran a la conciliación, aquellos casos que efectivamente desean arreglar sus diferencias por el mecanismo, produciendo un aumento en la efectividad de los acuerdos, que como se anotó en el capítulo anterior, existe una marcada diferencia entre las solicitudes y los acuerdos, de esta forma se respetaría al mecanismo como forma alterna de administración de justicia, y no como un trámite procesal previo. En este sentido parece ser que el legislador actual apunta, cuando el 23 de Abril de 2016, inicia el trámite de proyecto de ley que pretende la reforma de las leyes 640 del 2001 y 270 de 1996, en cuanto la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en asuntos contencioso administrativos fue establecida mediante el artículo 37 de la Ley 640 del 2001. Esta exigencia para acudir ante la jurisdicción contenciosa representa un factor para adquirir competencia por parte de los jueces, sin embargo en esta materia Contenciosa administrativa, las cifras revela en la exposición de motivos del proyecto de ley se cita un estudio realizado en el año 2015 por el Departamento Nacional de Planeación con base en cifras de la Procuraduría General, que concluye que en materia contencioso administrativa se presentaron durante los últimos cinco años 56.189 solicitudes de conciliación extrajudicial, y en promedio, solamente el 9 % de las solicitudes admitidas resultaron en acuerdos totales, esto equivale a 5.182 casos. Por último, las solicitudes que resultaron en acuerdos parciales fueron 245, es decir, el 0,4 %, el motivo según los autores de la iniciativa radica en que en materia administrativa se han encontrado diferentes factores que han dificultado que los ciudadanos encuentren un mecanismo apropiado para resolver sus diferencias.
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Necesidad e importancia de la codificación procesal constitucional

Necesidad e importancia de la codificación procesal constitucional

Cualquiera que sea el ordenamiento procesal, debe precisarse que su objeto es buscar la efectividad de los derechos reconocidos en el ordenamiento sustancial, cuando no tienen una aplicación automática. En efecto, un código de procedimiento civil debe consagrar los instrumentos, garantías o procesos que permitan aplicar los derechos consagrados en el código civil, cuando no son eficaces de manera automática en la práctica y así en el derecho laboral, penal, administrativo, etc. Un código procesal constitucional tiene una finalidad similar: reglamentar los procesos circunscritos a la defensa de la Constitución, cuando ello no ocurre automáticamente; por ello debe consagrar procesos que permitan i) excluir del ordenamiento jurídico normas contrarias a la Constitución, ii) frente al incumplimiento de la Constitución por omisión legislativa o reglamentaria, exhortar al órgano negligente a cumplir con el mandato constitucional, iii) ordenar en casos concretos la efectividad de los derechos humanos, y, iv) regular el acceso al sistema universal o regional de derechos humanos (derecho procesal constitucional transnacional), así como su Cumplimiento. Por ello los ordenamientos procesales deben consagrarse en códigos, sin embargo, la problemática que se presenta está en la posibilidad de establecerlos, a tal punto que sean únicamente los necesarios y no se dejen por fuera algunas de las temáticas propias de un código procesal.
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Derecho constitucional. Perspectivas críticas. Observatorio de Derecho Constitucional

Derecho constitucional. Perspectivas críticas. Observatorio de Derecho Constitucional

subject observatorio constitucional, sociología jurídica. source Estudios Socio-Jurídicos; Vol[r]

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Las X Jornadas de Derecho Procesal Constitucional

Las X Jornadas de Derecho Procesal Constitucional

En todos estos documentos es factible reconocer elementos que ha­ cen a los derechos constitucionales ligados a las instituciones procesales. Y esto porque sin los principios y reglas que gobiernan el proceso (inteli­ gencia y aplicación) no sería posible el aterrizaje de los valores y normas que, desde las Constituciones o estatutos similares (incluyendo las cos­ tumbres y tradiciones), otorgan (y/o reconocen) las libertades de las per­ sonas y les confieren recursos instrumentales para su defensa y protec­ ción. El proceso vuelve operativas las declaraciones de derechos (sin excluir las obligaciones) que, de otro modo, serían respetables buenos deseos y cuya vigencia dependería de que alguna autoridad las tomara, voluntariamente, a su cargo para justificar una decisión, Pero eso las con­ vertiría en meras “tolerancias”, retrocediendo al “Ancien Régime”; basta pensar en lo que ocurriría con los valores jurídicos que, pensando en los ciudadanos, fueron consagrados por los constituyentes, si, de pronto, des­ aparecieran del texto constitucional artículos de trascendencia como son el 17 (garantías a la propiedad) y el 18 (garantías a las personas).
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Abuso de la prisión preventiva en la práctica del proceso inmediato y la afectacion de los derechos fundamentales del procesado en el juzgado de flagrancia del Distrito Judicial de Ucayali, 2015 2016

Abuso de la prisión preventiva en la práctica del proceso inmediato y la afectacion de los derechos fundamentales del procesado en el juzgado de flagrancia del Distrito Judicial de Ucayali, 2015 2016

En lo social, la investigación resulta de trascendencia social ya que muchas personas se han visto relacionados con el mandato de detención, quienes han visto vulnerados sus derechos fundamentales. Además, es necesario conocer si el nuevo Código Procesal Penal y el Decreto Legislativo 1194 resulta ser la respuesta garantista de dicho principio, a la luz de sus disposiciones y de la práctica real en aquellos lugares donde se juzga los delitos de flagrancia. Es más, este trabajo constituye un aporte a la doctrina procesal en lo referente a la detención preventiva y su relación con los derechos fundamentales generando impacto social de la presente investigación, porque es la sociedad quien va corroborar y verificar si la administración de justicia está actuando con trasparencia y legalidad, asimismo de evitar actos arbitrarios que atentan los derechos fundamentales de irreversibles consecuencias frente a los familiares de los procesados.
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Efectividad de la Aplicación de la ordenanza Municipal 010 - 2011, para la protección del Derecho a la tranquilidad estrablecida en la Contitución Política del Perú en la Ciudad de Juliaca, 2012 - Junio 2016

Efectividad de la Aplicación de la ordenanza Municipal 010 - 2011, para la protección del Derecho a la tranquilidad estrablecida en la Contitución Política del Perú en la Ciudad de Juliaca, 2012 - Junio 2016

El presente estudio surge a partir de los casos cotidianos de violencia e inseguridad ciudadana y la intranquilidad, que diariamente viven nuestra población calcetera, los mismos que se conocen “a través de los medios de comunicación (periódicos, emisoras radiales y televisión)” (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015), a pesar de existir “norma de carácter municipal, que sanciona a los conductores del establecimiento, dueños del inmueble donde funciona el establecimiento y dueños de los establecimientos que se dedican a actividades que atentan contra el orden público, las buenas costumbres y la seguridad ciudadana” (Ordenanza Municipal N° 10, 2011), los mismos que no cuentan con licencia de funcionamiento, vulnerando de esta manera el derecho constitucional que tenemos todas las personas que vivimos y/o radicamos en nuestra ciudad Calcetera, al derecho a la tranquilidad” (Constitución Política del Perú, 1993).
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RESEÑA de : El Poder Judicial

RESEÑA de : El Poder Judicial

ALMAGRO NOSETE, CORTÉS DOMÍNGUEZ, GIMENO SEÑORA y MORENO CATENA; Derecho Procesal. —: Derecho Procesal. ARAGONESES ALONSO: Instituciones de Derecho Procesal Penal, págs. —: «Curso de Der[r]

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Análisis de constitucionalidad de la ley orgánica para la defensa de los derechos laborales

Análisis de constitucionalidad de la ley orgánica para la defensa de los derechos laborales

La ética en el gasto público es un principio que está la conciencia de los hombres y al que nadie puedo ponerse pero las limitaciones éticas y teóricas no han sido suficientes. Por eso el Estado acudió a medidas de carácter constitucional con el propósito de resguardar el gasto. Éstos son por ejemplo, la obligación del legislativo de probar el presupuesto General del Estado, aprobación de partidas presupuestarias específicas, controles para que los fondos públicos no se distraigan ni sean sujetos de manejos fraudulentos y, otras más específicas como la prohibición de que el Estado asuma deudas privadas. Es así que la Constitución prohíbe que el Estado asuma deudas de particulares; el artículo 290, numeral 7 de la norma fundamental expresamente impide la estatización de deudas privadas. Que la Constitución de la República, aprobada por el pueblo ecuatoriano en el 2008, prohiba estatizar deuda privada tiene un sentido que responde a una coyuntura social, política y económica.
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