PDF superior A la luz de los principios y normas rectoras del nuevo Estatuto Procesal Penal (Decreto 2700 de 1991 - Nov. 30)

A la luz de los principios y normas rectoras del nuevo Estatuto Procesal Penal (Decreto 2700 de 1991 - Nov. 30)

A la luz de los principios y normas rectoras del nuevo Estatuto Procesal Penal (Decreto 2700 de 1991 - Nov. 30)

Del pacto constituyente de 1991 surgió para Colombia una Carta Fundamental con un modelo social personalista, prueba de lo cual es que la dignidad humana se erige como uno de los pilares del orden político del Estado liberal, social y democrático de derecho (Const. Poi., art. 1 º); que "las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes ... " (art. 2 ° ); que el Esta­

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La admisibilidad del recurso de casación en la actualidad : perspectivas a la luz de la sanción del nuevo Código Procesal Penal de la Nación

La admisibilidad del recurso de casación en la actualidad : perspectivas a la luz de la sanción del nuevo Código Procesal Penal de la Nación

soluciones recurribles” de que habla el art. 457 del ordenamiento adjetivo, sino que, además, debe existir previa o concomitantemente con ella alguno de los motivos que taxativamente enumera el art. 456 en sus dos incisos. Esto es, que la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (inc. 1º) o la inobservancia de las normas procesales establecidas en el código bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad (inc. 2º) se evidencien, se trasunte, se plasmen en alguna de las resoluciones mencionadas en el re- ferido art. 457. De nada vale advertir la existencia de alguno de los motivos expuestos en el art. 456, si no concurre al caso una resolución de las refe- ridas en el art. 457; por el contrario, la sola existencia de una resolución de este tipo (la sentencia condenatoria de fs. 544 por caso) no es suficiente si ella no supone reflejo de alguna de las motivaciones contenidas en el art. 456”. 4
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Nulidad por violación a normas rectoras de inmediación y concentración de la prueba en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano

Nulidad por violación a normas rectoras de inmediación y concentración de la prueba en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano

“En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que de acuerdo con dichos principios, solamente es posible alegar las nulidades expresamente previstas en la ley (taxatividad); no puede invocarlas el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del motivo invalidatorio, salvo el caso de ausencia de defensa técnica, (protección); aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales (convalidación); quien alegue la nulidad está en la obligación de acreditar que la irregularidad sustancial afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la investigación y/o el juzgamiento (trascendencia); no se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad a que estaba destinado, pues lo importante no es que el acto procesal se ajuste estrictamente a las formalidades preestablecidas en la ley para su producción, sino que a pesar de no cumplirlas estrictamente, en últimas se haya alcanzado la finalidad para la cual está destinado (instrumentalidad) y; además, que no existe otro remedio procesal, distinto de la nulidad, para subsanar el yerro que se advierte (residualidad).
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El artículo 305 del nuevo código procesal penal y el Estado de derecho

El artículo 305 del nuevo código procesal penal y el Estado de derecho

De esas normas rectoras interesa, para el tema que me he propuesto, la conteni­ da en el art. 1 °, la del debido proceso que, por lo demás, no es sino una transcripción más o menos literal de los mandatos constitucionales previstos en los primeros incisos de los arts. 26 y 28.

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La terminación anticipada del proceso, implicancia  como mecanismo de simplificación procesal en el  nuevo código procesal penal

La terminación anticipada del proceso, implicancia como mecanismo de simplificación procesal en el nuevo código procesal penal

Abordo la problemática de las reformas al sistema de justicia penal que han sido encaminadas a erradicar practicas del modelo inquisitivo para dar entrada al catálogo de las normas para el mejor seguimiento de los derechos humanos, los cuales se encuentran íntimamente ligados a la reforma de enjuiciamiento de los inculpados y en algunos casos de la parte ofendida. Reformas que han orientado a veces infructuosamente, hacia el establecimiento de un mayor equilibrio entre las partes, garantizando constitucionalmente una defensa adecuada al inculpado y las victimas u ofendidos autorizando al órgano de la jurisdicción la aplicación de salidas alternas tienen como finalidad concluir un asunto penal sin tener que llegar a una sentencia final; es en razón a ello que el autor se plantea el siguiente problema ¿Por qué se encuentran limitadas las salidas alternas y formas de terminación anticipadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para su aplicación tanto al imputado y acusado durante el proceso?, y para ello aplica como objetivo general el análisis de las etapas del procedimiento penal mexicana y principios procesales a la luz de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en esta salida alternativa se deberá velar por resarcir a la víctima, es decir un equilibrio del proceso penal.
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LOS PRINCIPIOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

LOS PRINCIPIOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

Esta declaración contenida en el artículo 8º del Código reviste una importancia capital, debido a que el estatuto de la defensa, que en el procedimiento actual se establece como efecto secundario del auto de procesamiento, adquiere fuerza propia y extensión. Adquiere dimensión propia, sin someterse a otra resolución ya que no se la vincula a ninguna determinación del fiscal o del juez de garantía, sino que obra por si misma, desde que un procedimiento se sigue respecto de una persona. Consecuencialmente, la presencia del defensor del imputado será requisito ineludible para la realización de las audiencias en que este deba intervenir, so pena de ser consideradas nulas.
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Sujetos Procesales en El Nuevo Codigo Procesal Penal Peruano

Sujetos Procesales en El Nuevo Codigo Procesal Penal Peruano

El código Penal en su articulo 20º inciso 2º, establece que esta exento (inimputable) de responsabilidad penal el menor de dieciocho años, lo cual implica que se trata de la cuantificación del grado de inmadurez psíquica con el que cuenta el joven que aun no llega a la mayoría de edad ,la cual no admite prueba en contrario. Sin embargo REVILLALLAZA , precisa que, prescribir que solo pueden ser responsables criminalmente las personas desde que han cumplido 18 años, representa la decisión legislativa, por excluir de manera genérica la responsabilidad penal de todos los menores de edad, presumiendo su incapacidad de culpabilidad envés de determinarla individualmente en cada uno de ellos cada vez que cometan un ilícito penal .Por ello el menor de 18 años puede o no tener realmente capacidad de culpabilidad, pero por esa sola condición de minoridad a efectos penales se les considerara inimputables no pudiéndosele formular reproche de culpabilidad alguna. En otras palabras por mas que el menor de edad, autor de un ilícito penal, halla comprendido el carácter delictuoso de su acto y se halla comportado conforme a esa comprensión en virtud de la presunción JURIS ET DE JURE contenida en el articulo 20 inciso 2 del Código Penal , no podrá ser objeto de proceso penal ni de sanción penal alguna, por tanto basta acreditar la minoría de edad cronológica, para que sea aplicable la eximente sin que tengan relevancia jurídico- penal la madurez y las capacidades intelectivas y volitivas del individuo.
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029-La Decisión Fiscal en El Nuevo Código Procesal Penal

029-La Decisión Fiscal en El Nuevo Código Procesal Penal

forma oportuna, se produce el vacío de incongruencia. Esto puede ocurrir por ex- ceso (ultra petita), por defecto (citra o infra patita) o por exceso o defecto (ex- tra patita). En la primera, se conceda más de lo pedido, en la segunda, omitiendo injustificadamente pronunciarse sobre alguna de las cuestiones decisivas del de- bido, y el tercero, cuando se sale del tema litigioso para de esa manera, otorgar o denegar lo que nadie le ha pedido, y al propio tiempo no responder a lo que se le ha pedido. 6.5. Que, en el caso de autos la Sala de Mérito incurrió en un pronun- ciamiento extra patita, por cuanto fue más allá de lo deducido por la parte recu- rrente, vulnerando de esa manera el principio de congruencia recursal a que esta- ba obligado a cumplir. 6.6. Que, siendo así, en el caso de autos el tema planteado por el recurrente reviste interés casacional a criterio de este Supremo Tribunal, toda vez que al interponerse un recurso impugnatorio este debe ser atendido en función a los agravios invocados por quien lo interponga, precisándose que en el caso de autos la Sala Superior excedió su función revisora al entrever en los fun- damentos de la recurrida que los hechos investigados podrían configurarse den- tro de los alcances de lo contenido en los artículos trescientos setenta o trescien- tos setenta y dos del Código Penal; siendo ello el fundamento principal para re- vocar la resolución que declaró fundada la excepción de improcedencia de ac- ción, no habiéndose enmarcado la resolución materia de casación en los hechos que constituyen la presente investigación y la calificación jurídica invocada por el Ministerio Público, circunstancia que afecta el debido proceso y la tutela juris- diccional efectiva, mas si se tiene en cuenta que ninguno de los apelantes –parte agraviada ni Ministerio Público– fundamentaron como agravio una posible nue- va calificación del hecho denunciado los artículos trescientos setenta o trescien- tos setenta y dos del Código Penal. 6.7. Que, a mayor abundamiento, es de preci- sar que el numeral uno del artículo cuatrocientos nueve del Código procesal Pe- nal señala que la impugnación confiere del Tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nu- lidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante”.
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El nuevo Código Procesal Penal: los desafíos de la transculturación jurídica

El nuevo Código Procesal Penal: los desafíos de la transculturación jurídica

ayudarían a aliviar la carga de trabajo de los tribunales al reconocer un principio de no auto-incriminación que se constituirá en obstáculo al reconocimiento de los hechos a menos que se trate de casos de flagrancia absoluta. En términos generales, los dos procesos de reforma confirman el despunte de un nuevo derecho de la búsqueda y la administración de la prueba en materia penal que reposa en dos grandes principios que no aparecen en las disposiciones preliminares de ambos códigos, únicamente en el código francés, primero, el principio de proporcionalidad, y luego el control del juez. Las medidas las mas atentatorias a las libertades individuales deberían ser autorizadas mediante decisión, sea del juez de instrucción, sea en el caso de Francia, del juez de la libertad y de la detención, sea por los dos conjuntamente como es el caso de la colocación de micrófonos que requiere de la penetración en el domicilio fuera de las horas legales (artículo 706-97, numeral 2). La escena penal se encuentra de tal modo modificada y en este marco, el papel del ministerio público se encuentra reforzado.
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Procesos Especiales en el Nuevo Código Procesal Penal Peruano.docx

Procesos Especiales en el Nuevo Código Procesal Penal Peruano.docx

Este proceso especial prevé que los Jueces de Paz Letrados conocerán de los procesos procesos por por faltas faltas ante la denuncia del agraviado, el Juez si considera que es pertinente ordenará una ante la denuncia del agraviado, el Juez si considera que es pertinente ordenará una indagación previa policial, cuando se reciba dicho informe el Juez ordenará mediante el indagación previa policial, cuando se reciba dicho informe el Juez ordenará mediante el auto de citación a juicio, verificando: 1). Que los hechos constituyan falta, 2). Que la acción auto de citación a juicio, verificando: 1). Que los hechos constituyan falta, 2). Que la acción penal no haya prescrito y 3). Que existan fundamentos razonables de su perpetración y la penal no haya prescrito y 3). Que existan fundamentos razonables de su perpetración y la vinculaci
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La adhesión al recurso de apelación en el Nuevo Código Procesal Penal

La adhesión al recurso de apelación en el Nuevo Código Procesal Penal

Otra opinión respecto al plazo lo hace Eugenia Ariano, por lo cual también acude al Código Procesal Civil, donde señala que tiene oportunidades diferenciadas para la apelación «adhesiva» en razón del tipo de procedimiento seguido en la primera instancia. Así, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del art. 373 CPC, en los procesos cuya primera instancia se haya llevado bajo las reglas del procedimiento «de conocimiento» o «abreviado», el apelado puede adherirse a la apelación de su contrario ante el juez ad quem al momento de absolver el traslado de la apelación (es decir, dentro del plazo de diez días reconferido el «traslado»). En cambio, tratándose de las sentencias emitidas en los procedimientos «sumarísmos» y en los no contenciosos, a estar a que se le aplican las reglas de la apelación de autos (art. 558 y 756 CPC), la adhesión se debe producir ante el propio juez a quo (inc. 1 del art. 376 CPC), dentro de los tres días (se entiende) de notificado el concesorio de la apelación (Ariano Deho, Sobre los Poderes del Juez de Apelacion, pág. 6).
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Curso "Medidas de Corrección en el Nuevo Código Procesal Penal”

Curso "Medidas de Corrección en el Nuevo Código Procesal Penal”

“Toda obtención de fuentes de prueba- en este caso, el cuerpo del delito o elementos materiales del mismo: droga e instrumentos para su acondicionamiento- será excluida del acervo probatorio si se vulnera el contenido constitucionalmente garantizado de un acervo probatorio. La sanción procesal es la inutilización de la prueba obtenida de ese modo y la consiguiente prohibición de su valorización. Tratándose de la libertad domiciliaria o inviolabilidad del domicilio, se exige como requisito constitucionalmente inexorable el mandato escrito y motivado del Juez competente, salvo que se trate de un delito flagrante o se dé un supuesto de peligro inminente de su perpetración, o que el titular del derecho de exclusión, libre, informada y voluntariamente- sin una situación coactiva o clima coercitivo que lo limite-, autorice el ingreso de la autoridad al predio donde reside. (…) La sola referencia policial, sin pruebas que lo corrobore- atento a que ni siquiera se firmó el acta de incautación y el imputado y su padre niega la autorización- es insuficiente para liberar de la obtención de un mandamiento judicial. Cabe precisar que a la policía y al fiscal, en su caso, corresponde probar la utilización del titular del derecho de exclusión; no al imputado u ocupante de un inmueble que sirve de domicilio”. 167
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Vamos hacia un nuevo sistema procesal penal (Entrevista).

Vamos hacia un nuevo sistema procesal penal (Entrevista).

dos a juicio. Un proceso lleva hasta dos años para que una persona sea juzgada en el Tribunal Penal, y luego de la sentencia, entran los recursos de casa- ción. Sin embargo, analizando detenidamente, ha sido una ventaja que no haya funcionado este sis- tema, porque si éste marchara bien, ya hubiera colapsado la Corte Suprema de Justicia, pues la mayoría de sentencias condenatorias van a casa- ción a esta Corte.

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Tratamiento procesal de los inimputables en el nuevo código de procedimiento penal

Tratamiento procesal de los inimputables en el nuevo código de procedimiento penal

Por desgracia, la cuestión planteada no fue resuelta en forma clara y precisa por la Comisión redactora del nuevo Código de Pro<;edimiento Penal, que al parecer decidió dejar a la jurisprudencia y a la doctrina su definición. No estarnos de acuerdo con este procedimiento que, por lo demás, se podría aplicar a todos los problemas jurídicos. Quien debe resolver la cuestión directamente es el juez, y a él se le deben ofrecer claros y expresos instrumentos legales indispensables para facilitar su deci­ sión. La jurisprudencia es tarea a largo plazo y de esmerada elaboración para que se la invoque como inmediata solución del punto por dilucidar.
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016-El Interrogatorio y El Contrainterrogatorio en El Nuevo Código Procesal Penal

016-El Interrogatorio y El Contrainterrogatorio en El Nuevo Código Procesal Penal

fi scal al testigo presentado por la otra parte. Para un fi scal, resulta funda- mental desarrollar al máximo posible la prueba presentada que funda- menta la acusación. La mayoría de los juicios se ganan más con una bue- na defensa de la prueba propia, que con el ataque a la prueba presenta- da por la parte contraria. En el proceso penal, para el fi scal, esta afi rma- ción cobra mayor validez por el principio de presunción de inocencia. Un abogado defensor puede permitirse el lujo de no presentar una hipóte- sis propia y limitar su trabajo a atacar las tesis de la acusación. Sin em- bargo, un fi scal ha de probar todos y cada uno de los puntos de su acu- sación, incluso aquellos que aparentemente no vaya a discutir la defen- sa. Por ello, es sumamente importante para un fi scal, dominar a la perfec- ción las técnicas del interrogatorio a testigos y peritos, ya que, general- mente, son las principales vías de entrada de información al proceso. Un abogado o un fi scal actúan con el testimonio de su testigo como lo haría un director de cine respecto de un guión. Así como el director elige los planos, los gestos de los actores, la iluminación o la música para contar una historia, el fi scal elegirá de qué manera va a contar su historia el testi- go, en qué aspectos insistirá más y qué puntos de menor importancia se- rán omitidos. En resumen, el interrogatorio es un arte en el cual hay que contar una historia de la forma más ventajosa para los fi nes propuestos”. Al respecto, creemos que no solo el fi scal, porque interviene en un juicio oral, debe dominar las técnicas de interrogatorio, sino también los abo- gados y jueces, ya que el modelo acusatorio exige que todos los profe- sionales involucrados tengan un alto nivel de profesionalismo; por ejem- plo, el juez debe saberlo a fi n de declarar ha lugar o fundada o no ha lu- gar o infundada las objeciones. Asimismo, a efectos de evaluar si las par- tes cumplen con las reglas para la presentación e incorporación de la prueba en juicio. Los abogados también están obligados de lo contrario, están condenados a ser retirados o excluidos por los mismos clientes. Si no hay preparación profesional, mala suerte para ellos como profesiona- les, lo malo y perjudicial es que infl uye en los fi nes que persiguen el Có- digo y la reforma procesal penal.
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Proceso por aceptación de decreto: el nuevo monitorio penal

Proceso por aceptación de decreto: el nuevo monitorio penal

En consecuencia, autorizado judicialmente el decreto de propuesta y aceptado por el encausado, se le otorga el carácter de resolución firme con todos los efectos propios de una sentencia condenatoria y, por tanto, plena fuerza de cosa juzgada. Ahora bien, si el encausado no acepta la pena fijada por el Ministerio Fiscal, la causa proseguirá por el cauce que corresponda, eludiéndose este nuevo monitorio penal. Autores como c aStIlleJo consideran que se trata de un nuevo modelo de conformidad en fase de instrucción previsto única y exclusivamente para determinados delitos de escasa gravedad 4 , si bien no todo ilícito penal que recaiga en
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MÓDULO INSTRUCCIONAL PRINCIPIOS GENERALES EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL

MÓDULO INSTRUCCIONAL PRINCIPIOS GENERALES EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Este Tribunal se ha pronunciado reiteradamente tratando de precisar el significado y sentido de este derecho fundamental. Ya en la STC (Pleno) 93/1988, de 24 de mayo, recogiendo doctrina anterior, se indicaba que "el derecho reconocido en el art. 24.2 CE es al Juez ordinario -predeterminado por la ley-, y a este respecto ha de recordarse que este Tribunal ya ha tenido oportunidad de precisar el significado y alcance de esa remisión a la ley. Por una parte, en el sentido de que la predeterminación por ley significa la preexistencia de unos criterios, con carácter de generalidad, de atribución competencial, cuya aplicación a cada supuesto litigioso permita determinar cuál es el Juzgado o Tribunal llamado a conocer del caso, siendo la generalidad de los criterios legales la garantía de la inexistencia de jueces ad hoc (STC 101/1984, de 8 de noviembre, FJ 4; STC 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 8). Por otro lado, ... -la interpretación sistemática entre el art. 24.2 y el 117. 3, ambos de la Constitución, pone de manifiesto que la garantía de la independencia e imparcialidad de los jueces, que constituye el interés directo protegido por el derecho al juez ordinario predeterminado (STC 47/1983, de 31 de mayo, FJ 2, in fine), radica en la ley- (STC 101/1984, FJ 4)". Posteriormente, se ha precisado la relevancia de la infracción de las normas de reparto entre Secciones de una misma Audiencia Provincial respecto de una eventual vulneración de este derecho. En este sentido, la STC 170/2000, de 26 de junio (FJ 2), señala que "este Tribunal tiene declarado desde la STC 47/1983, que el derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la Ley reconocido en el art. 24.2 CE exige que - el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica, que ésta le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso
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Derecho Procesal Penal TEMA 6 (Estatuto jurídico de la víctima) TEMA VI

Derecho Procesal Penal TEMA 6 (Estatuto jurídico de la víctima) TEMA VI

El Estatuto de la víctima del delito se estructura en un Título preliminar, dedicado a las disposiciones generales; un Título I, que reconoce una serie de derechos extraprocesales, comunes a todas las víctimas, con independencia de que sean parte en un proceso penal o hayan decidido ejercer o no algún tipo de acción, e incluso con anterioridad a la iniciación del proceso penal; un Título II, que sistematiza los derechos de la víctima en cuanto a su participación en el proceso penal, independientemente de las medidas de protección de la víctima en el proceso, que son objeto del Título III, y un Título IV, finalmente, que recoge una serie de disposiciones comunes relativas a: a) Oficinas de Asistencia a las Víctimas; b) formación de operadores jurídicos y del personal al servicio de la Administración de Justicia en el trato a las víctimas, y otros aspectos [como c) la sensibilización y concienciación mediante campañas de información, d) la investigación y educación en materia de apoyo, protección y solidaridad con las víctimas, e) la cooperación con la sociedad civil y en el ámbito internacional, f) así como el fomento de la autorregulación por los medios de comunicación del tratamiento de informaciones que afecten a la dignidad de las víctimas].
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Ministerio Fiscal y reforma del proceso penal  Normas y principios

Ministerio Fiscal y reforma del proceso penal Normas y principios

La Fiscalía, por el contrario, como explicaremos más detenidamente en el último apartado de este trabajo, estando encargada de coadyuvar-mediante su actuación forense ante los Tribunales[r]

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Gaseta municipal de Barcelona. Any 078, núm. 32 (30 nov. 1991)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 078, núm. 32 (30 nov. 1991)

l'Alcaldia, els articles 7è i 9è de la Llei Especial de Barcelona, i l'article 21 de la Llei de Bases de Règim Local i els articles 45 i següents de la Llei Municipal de Règim Local de C[r]

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