PDF superior Protocolo y Cortes Generales

Protocolo y Cortes Generales

Protocolo y Cortes Generales

El ceremonial que aprobaron las Cortes Generales para esta sesión integraba claramente cambios muy destacados, sobre todo respecto a la colo- cación de las autoridades, quién recibía y saludaba a los Reyes y a la Familia Real, se daba un lugar destacado de los líderes políticos con representación parlamentaria, a los presidentes de las comunidades autónomas, entre otros. Los presidentes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial acompañaron a los Presidentes de la Cámaras a saludar a los Reyes y Familia Real a su llegada al Palacio del Congreso, aunque seguirían la solemne sesión desde las tribunas de invitados.
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La autonomía personal de las Cortes Generales

La autonomía personal de las Cortes Generales

El personal de las Cortes Generales tiene siempre a punto todo lo necesario para que los representantes de los ciudadanos cumplan las importantes funciones que la Constitución les atribuye. Presta el máximo asesoramiento jurídico y un sólido apoyo técnico y administrativo en la constitución y funcionamiento de los órganos rectores, Presidencia y Mesas, y de los funcionales, Pleno, Comisiones, Subcomisiones y Ponencias, para el cumplimiento de sus funciones legislativa, presupuestaria y de control, así como en la actividad internacional e institucional, incluido el protocolo parlamentario; dispone las salas y medios personales y materiales necesarios para celebrar las diferentes sesiones y reuniones, asegurando la transcripción y redacción de las primeras; los registros parlamentarios reciben los escritos de los miembros de la Cámara, del Gobierno, instituciones y ciudadanos, que siguen después los trámites correspondientes; se provee información y se garantiza la transparencia en unas casas con techo de cristal; se atiende la organización de los numerosos periodistas y medios de comunicación acreditados; se cuida del importante patrimonio bibliográfico, documental, patrimonial y artístico; se publican importantes obras y estudios, como los relacionados con el Parlamento y sus principales protagonistas en la historia; se organizan exposiciones; se difunde la imagen del Parlamento a través de iniciativas como el Aula Parlamentaria; se ocupa de la atención, vigilancia y seguridad en las distintas entradas y dentro de los recintos de los edificios parlamentarios; se guía y atiende al público en las tribunas; se asesora en la preparación y adjudicación de los distintos concursos públicos que permiten contar con los servicios de cafetería y restaurante, la vigilancia de la salud laboral, la agencia de viajes para los desplazamientos parlamentarios, los servicios bancarios, el Centro de Educación Infantil como una importante medida de conciliación familiar y laboral, o la limpieza y el mantenimiento de los edificios; se organizan el servicio médico, el garaje… y la lista es mucho más extensa.
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Las Cortes, el Gobierno y el Brexit: el papel de las Cortes Generales ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea

Las Cortes, el Gobierno y el Brexit: el papel de las Cortes Generales ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea

La CMUE, pues –inicialmente denominada “Comisión Mixta para las Comunidades Europeas”, y desde 1994, tras la reforma pro- ducida por la Ley 8/1994, “Comisión Mixta para la Unión Europea”–, es quien, en términos generales, se encarga de seguir la actuación del Gobierno en las relaciones de España con las CCEE, primero, y con la UE en la actualidad, y muy especialmente, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y de la reforma producida por la Ley 24/2009, de 22 de diciembre, es también la encargada de controlar el respeto del principio de subsidiariedad por parte de los proyectos normativos con rango de ley (“actos legislativos”, en la terminolo- gía del ordenamiento jurídico de la UE) que presente la Comisión Europea, y de ejercer las competencias que le corresponden a las Cortes Generales en este ámbito, en virtud del Protocolo nº 2, sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anejo a los Tratados. La actuación de la CMUE, sin embargo, no excluye la posibilidad de que tanto el control de la actuación del Gobierno en los asuntos relacionados con la UE, como el control del respecto del principio de subsidiariedad por parte de la UE, puedan ejercerse directamente por el pleno de cualquiera de las dos cámaras de las Cortes, que pueden avocar para sí esta potestad (art. 5.2 de la Ley 8/1994, tras la reforma producida por la Ley 24/2009), y –como veremos más adelante–, si bien la avocación del control de la aplica- ción del principio subsidiariedad por el pleno de las Cámaras nunca se ha producido, hasta ahora, sí se ha producido, y con frecuencia, la avocación del control de la actuación del Gobierno referida a los asuntos europeos.
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

El Protocolo de Kioto, como instrumento internacional destinado a luchar contra el cambio climático, representa un compromiso para nuestro país en orden a reducir las emisiones de gases que producen el efecto invernadero (GEI). Con el compromiso de alcanzar los objetivos de Kioto, la Unión Europea debe reducir conjuntamente sus emisiones en un 8% con respecto al nivel de 1990, durante el periodo 2008-2012. Este objetivo se reparte de manera diferente entre los Estados miembros. En este sentido, la Unión Europea ha puesto en marcha distintas estrategias y medidas para reforzar las políticas nacionales de reducción de emisiones y dotar de mayores mecanismos de coordinación a los países miembros. La Subcomisión considera que debe continuarse con esta política, en concreto, mediante el apoyo, en primer lugar, a las energías renovables y el fomento del ahorro y la eficiencia energética, así como la incentivación de las tecnologías de carbón limpio y sumideros de carbono, los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y la consolidación del mercado europeo de derechos de emisión de CO 2 creado por las Directivas 2003/87/CE y 2004/101/CE.
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Evolución y retos de la Administración Parlamentaria en las Cortes Generales

Evolución y retos de la Administración Parlamentaria en las Cortes Generales

de ellas en materia de personal, pero también relativas a otras tareas concretas de gestión, como servicios documentales, publicaciones o informática y tra- tamiento automatizado de datos) se han proyectado en ámbitos determinados, como el de la organización misma, el personal, la ejecución presupuestaria, la contratación y la representación y defensa en juicio, no por casualidad sino por tratarse de ámbitos medulares para la existencia misma de las Secretarías Generales como Administraciones propias del Congreso de los Diputados y el Senado (y de las Cortes Generales), ancladas en la piedra angular de la autonomía de las mismas. La actividad administrativa de las Cámaras no se agota, sin embargo, en tales ámbitos, existiendo otros relevantes como el de los bienes o el procedimiento administrativo, ajenos a fuentes jurídicas propias, y aun aquéllos no siempre se han abordado con visión sistemática, como ocurre sobre todo en el ámbito de la ejecución presupuestaria y contra- tación, favoreciendo estas carencias normativas la penetración del Derecho Administrativo en la ciudadela de las Cámaras, más allá del reenvío por parte de estas o de la interpretación y aplicación analógica, por la vía de la invasión directa, aprovechando la fuerza del Legislador, empujado por la burocracia gubernamental o por iniciativas de unos u otros grupos parlamentarios.
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Las Cortes Generales (Título III, Capítulo I)

Las Cortes Generales (Título III, Capítulo I)

Tengo para mí que el desiderátum de la propor- cionalidad pura como quintaesencia del sistema democrático es más bien hijo de la democracia de la identidad que de la teoría clásica de l[r]

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Cuarenta años de las elecciones a las Cortes Generales

Cuarenta años de las elecciones a las Cortes Generales

Junto a las dos fuerzas mayoritarias, suele señalarse que el sistema electoral español favorece la presencia de grupos políticos nacionalistas o regionalistas, a los que otorga una prima de escaños frente a partidos de im- plantación nacional, pero minoritarios. Esta afirmación dista de ser exacta. Es cierto que la división del territorio en circunscripciones en muchos casos muy pequeñas puede facilitar este proceso de fragmentación, primando a las fuerzas con implantación local. Sin embargo, eso tampoco es un resultado necesario del sistema. En muchos lugares, esas mismas circunscripciones favorecen, como acabamos de señalar, a los partidos mayoritarios naciona- les, facilitando la creación de mayorías de gobierno. Es, pues, el resultado de los votos emitidos y no el sistema electoral el que determina la aparición de partidos nacionales o nacionalistas. Por otra parte, en realidad estos últimos no tienen más escaños de los que les corresponden. Por tomar sólo un ejemplo en las últimas elecciones generales, el PNV obtuvo el 1,2% de los votos, con los que consiguió el 1,43% de los escaños; Bildu se quedó en un 0,57% de escaños (2), con un 0,77% de los votos; ERC consiguió 9 escaños (el 2,57% de los diputados totales), con un 2,63% de los votos; Coalición Canaria recibe el 0,29% de escaños (1), con un 0,33% de votos y CDC 8 escaños (el 2,29% de la Cámara), con el 2,01% de los votos. Como puede comprobarse, la asignación no presenta demasiadas distorsiones. La razón estriba en que lo que estas fuerzas pudieran obtener de más por su eventual sobrerrepresentación en el territorio en el que concurren, lo pierden por la infrarrepresentación de muchas de las provincias en las que obtienen escaños, singularmente Barcelona en el caso de partidos nacionalistas catalanes, pero también, aunque en menor medida, Vizcaya en el caso de los nacionalistas vascos.
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El Tribunal de Recursos contractuales de las Cortes Generales

El Tribunal de Recursos contractuales de las Cortes Generales

El Interventor de las Cortes Generales es el tercer miembro de este órgano. Ac- túa como Secretario en todos los recursos planteados en relación con los procedi- mientos de contratación llevados a cabo en el Congreso de los Diputados y en el Se- nado. La inclusión del Interventor en el Tribunal puede suscitar alguna duda de principio, en la medida en que quiebra la nítida distinción entre las funciones de ges- tión, fiscalización y revisión que ahora aparecen con la nueva regulación. En este sen- tido, parece más aconsejable haber incluido algún otro funcionario, debidamente cualificado y conocedor de la contratación administrativa pública.
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La función interventora en el Senado

La función interventora en el Senado

Por lo demás, en el caso del Senado el Presupuesto es fundamen- talmente un presupuesto de gastos de «personal» (capítulo I), con una proyección doble pues contempla las asignaciones de los Senadores y las remuneraciones de determinado personal, el laboral y eventual (las remuneraciones de los funcionarios de carrera de las Cortes Ge- nerales se consignan en el servicio presupuestario de éstas), «gas- tos corrientes en bienes y servicios» (capítulo II) y «transferencias» (subvenciones) a los grupos parlamentarios (capítulo IV).

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Parlamento y opinión pública: las percepciones y los niveles de apoyo de las Cortes Generales

Parlamento y opinión pública: las percepciones y los niveles de apoyo de las Cortes Generales

Parlamento y opini?n p?blica las percepciones y los niveles de apoyo de las Cortes Generales PARLAMENTO Y OPINI?N PUBLICA LAS PERCEPCIONES Y LOS NIVELES DE APOYO DE LAS CORTES GENERALES * Jos? Ram?n M[.]

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Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales: Control y responsabilidad

Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales: Control y responsabilidad

Y para todo ello, la publicidad es no solo innecesaria, sino pertur- badora. La dependencia respecto de los medios, y la atención obsesiva que prestan a éstos los miembros de la clase política, no hacen sino trasladar, a los propietarios de aquéllos o a los gestores de sus informativos, la función de control del Gobierno que corresponde institucionalmente al parlamento, porque los mensajes que los parlamentarios elaboran son luego desechados, fragmentados o reinterpretados por los expertos en comunicación de cada medio; en ocasiones, con el objetivo de incrementar la tirada o la cuota de audiencia; y, en las más, al servicio de una concreta opción ideológica (que puede ser la misma que la del parlamentario autor de la noticia, o la contraria). Por ilusorio que pueda parecer, creo que es necesario devolver al Parlamento el control efectivo del Gobierno; y eso pasa por dejar de convertir a las Cortes en un plató de televisión en el que solo se permite a los parlamentarios desempeñar un papel secundario, siempre condicionado al puro impacto de la noticia.
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La Justicia en la representación parlamentaria del Quinientos: las Cortes de Castilla y los Estados Generales

La Justicia en la representación parlamentaria del Quinientos: las Cortes de Castilla y los Estados Generales

Con especial rotundidad en coyunturas en las que el poder del soberano está en entredicho. En las Cortes de 1518, las primeras convocadas por el joven Carlos I y en las que tanto se cuestiona la presencia de extranjeros en el gobierno, los procuradores piden a Su Alteza “se acuerde que fue escogido e llamado por rey, cuya interpretación es regir bien. E el buen regir, continúan, es facer justicia, que es dar a cada uno lo que es suyo, e éste tal es verdadero rey, porque aunque en los reyes se hallen y tengan otras muchas fuerças, como son linaje, dignidad, potencia, honra, riqueza, deleites, pero ninguna destas es propia del rey,... si no sólo facer justicia y juicio... Pues muy poderoso señor, si esto es verdad, Vuestra Alteza, por hacer ésta reinar, la qual tiene propiedad que quando los súbditos duermen ella vela, e ansí Vuestra Alteza lo debe hacer, pues en verdad nuestro mercenario es, y por esta causa asaz sus súbditos le dan parte de sus frutos e ganancias suyas, e le sirven con sus personas todas las veces que son llamados, pues mire Vuestra Alteza si no es obligado por contrato callado a los tener e guardar justicia” 9 . Unos
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La Corona y las Cortes Generales: 40 años de monarquía parlamentaria

La Corona y las Cortes Generales: 40 años de monarquía parlamentaria

Respecto al supuesto de extinción de todas las líneas de sucesión antes citado, se atribuye a las Cortes Generales la búsqueda de una solución al contrario que gran parte de nuestro derecho histórico del XIX que seña- laba complejas fórmulas para estos supuestos, y en cierto sentido retoma una tradición que arranca del momento histórico central en la Historia de España del Compromiso de Caspe, cuando en 1412 las Cortes de Aragón decidieron unir en una misma dinastía de los Trastámara ambas Coronas, la de Castilla y la de Aragón. De esta forma el Constituyente quiso dejar claro que una decisión tan trascendente como la que se dilucida en caso de que no pueda procederse a una sucesión ordinaria, sólo pude corresponder a las Cortes Generales. Este fue el sistema de provisión empleado en 1870 para la elección parlamentaria de un monarca, resultando ganadora de la votación la candidatura de Amadeo de Saboya.
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LECCIÓN 4 EL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

LECCIÓN 4 EL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En efecto, la tesis sobre la que se construye toda la argumentación de la Sentencia es que el art. 134 C.E. -según una interpretación literal y un análisis sistemático de sus distintos apartados- se refiere únicamente a los Presupuestos Generales del Estado en tanto institución estatal, del cual "no pueden inferirse, sin más, reglas y principios de aplicación por vía analógica, a las instituciones autonómicas". Concretamente, y en lo que ahora importa, de la prohibición establecida en el art. 134.7 C.E. ("La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una Ley tributaria sustantiva así lo prevea") no puede inducirse -se afirma- un principio general de prohibición que sea aplicable a las Leyes de Presupuestos autonómicas o forales. La regulación de las fuentes normativas autonómicas, en este caso, ha de buscarse únicamente en los respectivos Estatutos de Autonomía y demás Leyes que integran "el bloque de la Constitucionalidad".
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La transformación digital de las Cortes Generales y la experiencia en el Senado

La transformación digital de las Cortes Generales y la experiencia en el Senado

Trasladando el concepto al proyecto de transformación digital, esto se traduce en el desarrollo de una serie de componentes de software de propósito general – horizontales – que no est[r]

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Cortes Generales y grupos parlamentarios

Cortes Generales y grupos parlamentarios

Así lo ha puesto de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2017 que resuelve un recurso de casación frente a una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias que estimaba parcialmente el recurso interpuesto por el Grupo Parlamentario Foro Asturias contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 30 de diciembre de 2013, que aprueba el Decreto 127/2013, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2013 durante el ejercicio 2014. En la misma el Tribunal Supremo aclara el sentido de la Sentencia de 2014 y confirma la legitimación del Grupo parlamentario Foro Asturias en esta jurisdicción: “Por otra parte la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de marzo de 2014 en la que apoya esta excepción a la admisibilidad del recurso, después de plantear ciertas dudas sobre la falta de capacidad para comparecer ante esta Jurisdicción, reconociendo que los Grupos parlamentarios carecen de personalidad jurídica y que no existe ninguna norma que les atribuye capacidad procesal para comparecer ante este Orden Jurisdiccional viene a concluir que esa capacidad procesal está en función del interés legítimo determinado por la obtención de una ventaja o por la eliminación de un perjuicio, con lo que se enlaza con la otra causa de inadmisibilidad del recurso por falta de legitimación “ad causam””.
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

La Ley contiene tres artículos, una disposición adi­ cional, una disposición derogatoria, y tres disposiciones finales. El primero de estos artículos contiene las modi­ ficaciones de la Ley de Sociedades de Capital antes señaladas y aquellas otras que se consideran indispensa­ bles para la adaptación del régimen legal a las previsio­ nes de la Directiva 2007/36/CE. Estas modificaciones se refieren a cuestiones muy concretas, como son el plazo para anunciar la segunda convocatoria de una junta general que no se hubiera celebrado en primera convo­ catoria y siempre que en el anuncio de esa primera con­ vocatoria no se hubiera previsto el día de celebración en segunda convocatoria (artículo 177.3); y algunas preci­ siones en el derecho de información de los accionistas en relación con las juntas generales (artículo 197).
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

Entre esos problemas, destaca la determinación del concepto de intermediario financiero. El Proyecto de Ley no se percata de que con esa equívoca expresión no sólo se refiere la Directiva a las entidades encargadas de los registros contables de las anotaciones en cuenta (que es el sistema legal obligatorio de representación de las acciones de las sociedades cotizadas) cuanto a aquellas entidades titulares fiduciarias de los accionis­ tas. En el sistema español vigente, el accionista no es la entidad encargada del registro, sino las personas que, en el registro, figuran como titulares de las acciones. Precisamente porque son accionistas tienen derecho de asistencia a las juntas generales y derecho de voto, que ejercitarán legitimados por medio del «certificado» que obligatoriamente tiene que emitir la entidad (artículo 12 LMV), sin que pueda ésta restringir o impedir el ejerci­ cio de esos derechos. Por el contrario, la Directiva con­ templa un supuesto, muy distinto, en el que frente a la sociedad el accionista es ese intermediario financiero, y no el cliente. Así resulta con claridad del apartado pri­ mero del citado artículo 13, en el que subyace la distin­ ción entre la titularidad formal de la acción —el inter­ mediario financiero es el accionista— y la titularidad material de la acción —que es la que ostenta el clien­ te—. La Directiva aspira, de un lado, a que, si se pre­ tende votar con esas acciones, la sociedad pueda cono­ cer la identidad del titular real, y, de otro, a solucionar algunos de los principales problemas que esa discor­ dancia entre titularidad formal y titularidad real puede plantear.
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

La Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de deter- minados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, tiene como finalidad facilitar y promover, en el ámbito de la Unión Europea, el ejercicio de los dere- chos de información y voto de los accionistas de las sociedades cotizadas. A través de las normas conteni- das en esta Directiva se aspira a garantizar que las jun- tas generales sean debidamente convocadas y que los documentos que deben presentarse a las mismas estén disponibles a tiempo para que todos los accionistas, con independencia de su lugar de residencia, puedan adoptar una decisión razonada en el momento de emitir el voto.
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

En cuanto a la eliminación de diferencias de régi­ men entre las sociedades anónimas y las limitadas pro­ cedentes de decisiones de política legislativa adoptadas en momentos y en leyes distintas, es preciso mencionar la unificación del contenido de determinadas disposi­ ciones. Así se efectúa en relación con la convocatoria de las juntas generales —en la línea anticipada por el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actua­ ciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo—; la admisibilidad también para las sociedades anónimas de la posibilidad de introducir en los estatutos causas de exclusión de accionistas; la unificación de las causas legales de disolución aplicando a todas las sociedades de capital la relativa a su inactividad; la generalización de la norma supletoria sobre conversión automática en liquidadores de los administradores de la sociedad; y la unificación del régimen jurídico de los liquidadores de sociedad cancelada.
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