PDF superior Régimen laboral en el sector público

Régimen laboral en el sector público

Régimen laboral en el sector público

La Constitución Política de la República, número 9 del Art. 11, señala “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatorias, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas . ... Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”, norma constitucional que guarda relación con el Código Orgánico de la Función Judicial, que se encuentra publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 544 del lunes 09 de marzo del 2009, que señala en el Art. 15 inciso tercero “Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, en virtud del recurso de revisión, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos en la forma señala en este Código”. O lo que indica el artículo 213 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, que señala:
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El régimen laboral en el sector público

El régimen laboral en el sector público

Respecto de la diferencia que existe entre del régimen laboral y el de la LOSEP, se deben hacer varias puntualizaciones en cuanto al proceso y el procedimiento de las reclamaciones, es decir que pese a ser todos los colaboradores del sector público servidores; al momento de ejercer sus derechos los deben hacer por vías distintas quienes son obreros lo harán ante un Juez de Trabajo mediante demanda laboral; y quienes estén bajo la LOSEP lo harán ante los Jueces de lo Contencioso Administrativo, materias totalmente diferentes en cuestión de términos, plazos, prescripciones, el procedimiento, la pretensión, etc.; claro el está que el organismo rector en materia laboral es el Ministerio de Relaciones Laborales, ente que mediante Resoluciones motivadas emite disposiciones tanto para el sector público como para el privado; se cita por ejemplo el hecho de que quienes pasaron de un régimen a otro conservan sus derechos adquiridos previamente tal es el caso de los días de vacaciones, en el caso de que un servidor hubiese estado amparado por la LOSEP y paso al Código de Trabajo mantiene su derecho a sus treinta días de vacaciones, en virtud de que la ley rige para lo venidero y no es retroactiva, lo expuesto se detalló ampliamente en el capítulo primero.
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Régimen laboral en el sector público

Régimen laboral en el sector público

6.2. RECOMENDACIONES Una vez que termine con mi trabajo de investigación del Régimen Laboral, pude constatar, que al momento de determinar cuáles son los sueldos o remuneraciones entre un trabajador y un empleado del sector privado y del sector público, pude apreciar que no existe una igualdad, ya que mientras un empleado que cumple una mismo trabajo en el sector privado como por ejemplo oficinista percibe un sueldo inferior a lo que recibe una oficinista en el sector público, así como este ejemplo existen en casi la mayorías de los cargo, partiendo de un planteamiento constitucional, sobre la igualdad ante la Ley, en este caso podemos observar que no existe tal, es cierto, que el Gobierno desde el año 2005, planteo la unificación salarial y homologación en el sector público, pero han trascurrido ya 6 años, dicho anhelo todavía no se puede cumplir, ya que existe organismo público donde todavía se mantiene los llamado sueldos dorados.
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El régimen laboral en el sector público

El régimen laboral en el sector público

INTRODUCCIÓN El servidor público, para el ejercicio de sus funciones públicas, está vinculado al aparato estatal mediante un régimen de Derecho Público. Los servidores estatales del Ecuador, actualmente se encuentran sometidos al régimen laboral que establece la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) publicada en el mes de noviembre del 2010. Esta situación reciente que se ha producido dentro del régimen laboral ecuatoriano, se presta para analizar las distintas formas que debería tener la contratación de personas dentro del sector público, con nuevos aspectos, como el de los contratos de desempeño, las evaluaciones, las calificaciones, el sistema de capacitación, y varios otros. El problema que se ha planteado radica en comprobar el efecto de la nueva normativa, la cual impone cambios en materia de políticas de recursos humanos y remuneraciones, así como el aspecto positivo que el nuevo instrumento jurídico se enmarca en los nuevos preceptos y principios constitucionales, que conciben a la administración pública como un servicio a la colectividad y del ingreso a un puesto público, el mismo que será efectuado mediante un concurso de merecimientos y oposición que evalúe al interesado.
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El régimen laboral aplicado en el periodo de transición del sector privado al sector público a través del análisis situacional de los empleados y trabajadores del Registro de la Propiedad de Quito.

El régimen laboral aplicado en el periodo de transición del sector privado al sector público a través del análisis situacional de los empleados y trabajadores del Registro de la Propiedad de Quito.

La administración pública no está legalmente facultada para asumir personal con un régimen laboral diferente al establecido en la LOSEP, tomando en cuenta que existen formas de ingreso para el sector público como es el nombramiento o por contrato, como se analizó en el capítulo I de este proyecto de investigación, y por disposición constitucional contenida en el artículo 229 se indica claramente que solo los obreros y obreras del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo, recordándose que se denomina obrero a la persona que realiza tareas físicas o materiales, no representa un esfuerzo intelectual, y este no es el caso del personal de Registro de la Propiedad privado. Se debe tomar en cuenta además, que para el sector público existe un subsistema de clasificación de puestos, establecido en el artículo 163 de la LOSEP en concordancia con el artículo 250 del Reglamento a la LOSEP en los que se indican que se reconocerá el tipo de trabajo, su dificultad, ámbito de acción, complejidad, nivel académico y responsabilidad así como los requisitos de aptitud y experiencia para el desempeño del cargo público debiendo respetarse los grados y grupos ocupacionales, los techos y pisos remunerativos en relación a las funciones a desarrollarse, eficiencia, profesionalización, capacitación y experiencia, garantizándose un trato homogéneo y uniforme en el servicio público. Conociendo la realidad de los trabajadores del ex registro privado, el Estado mal podría asumir a trabajadores como en el ejemplo mencionado en los procesos judiciales analizados, con cargo de certificador de gravámenes con un sueldo de $3.500 dólares mensuales, ya que está fuera de la esfera del sector público, a más de los casos de inhabilidades y prohibiciones para el ingreso.
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El incumplimiento al principio de irrenunciabilidad de derechos de los servidores de la Municipalidad de Chiclayo, pertenecientes al régimen laboral del sector público-periodo 2005-2009

El incumplimiento al principio de irrenunciabilidad de derechos de los servidores de la Municipalidad de Chiclayo, pertenecientes al régimen laboral del sector público-periodo 2005-2009

Al respecto, es preciso considerar que también tienen la condición de irrenunciables los derechos reconocidos por los tratados de Derechos Humanos, toda vez que estos constituyen el estándar mínimo de derechos que los Estados se obligan a garantizar a sus ciudadanos. Sin embargo durante el período comprendido entre los años 2005-2009, en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a los servidores empleados dentro del Régimen Laboral Público, se le han vendido recortando en forma sistemática dichos derechos, tal como se desarrolla a lo largo del presente estudio, en el acápite denominado Materialización del Incumplimiento al Principio de Irrenunciabilidad de Derechos de los Servidores de la Municipalidad de Chiclayo, pertenecientes al Régimen Laboral del Sector Público - periodo 2005-2009, aquí se reseñan los hechos que originaron el problema materia de estudio, tomando como fuente al semanario regional Expresión 1 , en su edición virtual nos relata paso a paso lo ocurrido con los trabajadores de la Comuna Chiclayana, cuando transcurría el mes de septiembre de 2003. Siguiendo la línea de lo manifestado existe jurisprudencia tanto a nivel del Tribunal Constitucional así como las resoluciones de indemnización y Amparos dictadas por el Poder Judicial quienes se han pronunciado al respecto, éstas se encuentran debidamente anexadas.
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Régimen laboral en el sector público

Régimen laboral en el sector público

desde la sociedad civil una nueva Constitución, que haga posible un pacto social y genere nuevos principios y normas que permitan mayor inclusión, equidad, participación y justicia social. Esta misma Asamblea Nacional a partir de su aceptación mediante consulta popular pretendía recoger el sentir ciudadano; miles de delegaciones la visitaron, para hacer conocer sus intereses y pretensiones. En el ámbito laboral, ante todo se buscaba terminar con figuras como la tercerización y la intermediación laboral, entendidas como expresiones mercantilistas de la mano de obra o nuevas formas de explotación, los trabajadores buscaban que sus conquistas se respeten y para ello generaron iniciativas, muchas de las cuales fueron atendidas, otras como veremos, no tuvieron tratamiento alguno y por ello hacía falta una investigación que redescubra muchos hechos que no han sido analizados con suficiencia. Conozco de la existencia de trabajos investigativos en torno al estudio de las relaciones laborales en el sector público, pero que enfoca el tema de la sindicalización, las utilidades, etc. Mi experiencia como Secretario Relator de la Asamblea Constituyente, permite un análisis desde otra óptica, si se quiere mucho más cercana a los hechos.
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Régimen laboral del sector público

Régimen laboral del sector público

Medidas de austeridad, racionalidad, disciplina en el gasto público y de ingresos de personal a aplicarse durante el Año Fiscal 2012 para las empresas y entidades bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE ................................... 483 • Decreto Supremo N° 263-2010-EF -

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LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO Lunes 11 de mayo de 2015

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO Lunes 11 de mayo de 2015

más de equidad; eso es por lo menos lo que me preocupa, principalmente a aque- llos que están en 276 y aquellos que están en CAS. Víctor Ferro Quería hacer un par de comentarios muy puntuales. Creo que existe un con- senso nacional de que el sistema de remuneraciones que hoy rige en el Perú en el sector público, es caótico, hay un desorden absoluto y tenemos reglamentaciones marcadamente diferenciadas según la entidad de que se trate, a pesar de que co- rrespondan a puestos análogos o semejantes. En consecuencia, el estado actual de cosas no debe subsistir. En esta materia, el rol del diálogo social juega un rol pre- ponderante, y esto qué implica: partimos de la base de que debe haber un proce- dimiento de negociación o consulta, y hago notar el artículo 7 del Convenio 151, que establece que “deben establecerse procedimientos de negociación o cuales- quiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públi- cos participar en la determinación de las condiciones de empleo” entonces, nego- ciación o cualesquiera otros métodos, establezcamos este diálogo nacional entre el Estado y los entes representativos del sector público para empezar a trazar el derrotero hacia un sistema nacional de remuneraciones del sector público y a par- tir de ello, una siguiente etapa será la negociación centralizada, pero hoy por hoy, con el sistema que hoy nos rige lo que tenemos es un desorden absoluto, con in- equidades marcadas, donde entidades que tienen –como mencionaba en mi prime- ra intervención– acceso al manejo de fondos, pueden permitirse remuneraciones notoriamente distintas de aquellas entidades que no lo tienen; este tema no debe subsistir, desde mi punto de vista; entonces, empecemos un diálogo que nos per- mita estructurar un sistema nacional de remuneraciones del Sector Público, vía el diálogo y la consulta entre los grandes interlocutores sociales.
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LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO Lima, 11 de mayo de 2015

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO Lima, 11 de mayo de 2015

En un primer momento, de rechazo; el ordenamiento jurídico no aceptaba la negociación colectiva de los empleados públicos. Se le consideraba un cuer- po extraño y por tanto el organismo –ordenamiento jurídico– se comporta como cualquiera ante los cuerpos extraños: lo rechaza inmediatamente. Que el emplea- dor –o el conjunto de empleadores en un sector determinado– tenga que pactar colectivamente las condiciones de trabajo ha costado mucho. El reconocimiento normativo de la negociación colectiva como derecho proclamado en general y to- davía más en los textos constitucionales ha sido –entre todas las instituciones de carácter colectivo del Derecho Laboral– particularmente problemático porque es realmente una institución central del sistema jurídico laboral y de lo que llama- ríamos un modelo democrático de ordenación jurídica de las relaciones de traba- jo. No hay duda alguna de lo costosa de la penetración de esta institución en el Sector Público, tanto es así que, en términos generales, todavía no está consoli- dada de forma terminante.
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LEGISLACIÓN LABORAL PARA EL SECTOR PÚBLICO

LEGISLACIÓN LABORAL PARA EL SECTOR PÚBLICO

OBJETIVO DEL CURSO Brindar a los participantes conocimiento técnico legal de la Legislación Laboral para el Sector Público las pautas y lineamientos que les permitan aproximarse a la multiplicidad de los regímenes laborales de carácter general y especial que actualmente existen en el ordenamiento jurídico peruano; distinguiendo cada régimen a partir de sus características y regulación.

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El régimen constitucional vigente de los servidores del sector público

El régimen constitucional vigente de los servidores del sector público

INDUBIO PRO OPERARIO O NORMA MAS FAVORABLE.- Este principio es el que mas claramente se refiere a la interpretación de las normas laborales hace referencia a que en caso de duda las leyes del trabajo deben interpretarse a favor de los trabajadores, con lo que se quiere que la interpretación laboral sea más acorde con el sentir de la norma, ratio legis. Según este principio, cuando una norma de Derecho laboral pueda dar lugar a más de una interpretación, se tomará aquella que resulte más ventajosa para el trabajador. Implica, por tanto, que el sentido y alcance de una norma debe interpretarse siempre a favor del trabajador, los conflictos originados entre los preceptos de 2 o más normas laborales se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador, apreciado en su conjunto. Para algunos tratadistas dentro de este principio estarían dos criterios, el primero se refiere a que si debemos escoger entre varías interpretaciones aplicaremos “Sentido mas favorable” y si se trata de escoger entre varias normas relacionadas con la misma materia se realizará la acumulación de aquellas y si finalmente esto no fuera posible se aplicará el precepto mas favorable al trabajador. 30
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Régimen jurídico del trabajador indefinido no fijo  en el sector público

Régimen jurídico del trabajador indefinido no fijo en el sector público

El Capítulo III es el más extenso, y constituye el núcleo central de la obra. El mismo lleva por título “La contratación laboral temporal en las Administraciones Públicas y los remedios frente a su desviada utilización. El Estatuto profesional del trabajador indefinido no fijo”. El Capítulo introduce el contexto sobre el que planea la figura del indefinido no fijo, a través del estudio de la temporalidad en el empleo público y de los abusos más frecuentes, señalando que, principalmente, se suceden en los contratos para obra o servicio determinado y en los contratos eventuales por circunstancias de la producción, por su imprecisa configuración legal. El autor aborda el estudio de la problemática, de plena actualidad, de los falsos asociados en las universidades públicas y de las anomalías en el empleo público temporal no asalariado. La obra denuncia que, si bien, el Derecho de la UE establece la obligación de los Estados miembros de adoptar medidas preventivas para evitar abusos en la contratación temporal, sin embargo, no contempla medida concreta alguna ni prevé sanciones específicas, correspondiendo esta facultad a los Estados miembros. Serán estos quienes establecerán las medidas oportunas, que deberán ser “proporcionadas y efectivas y lo suficientemente disuasorias para garantizar el Acuerdo Marco”. En nuestro país, el estudio refleja que se carece en algunos supuestos “de medidas que eviten el abuso de la contratación temporal de duración determinada o que tengan un efecto disuasorio de la misma”.
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Reforma del Estado, Reestructuración Laboral y Reconversión Sindical en el Sector Público

Reforma del Estado, Reestructuración Laboral y Reconversión Sindical en el Sector Público

Con el gobierno democrático de 1983-89 se inició una nueva etapa de la reorganización y reestructuración de las bases del poder sindical. Las normas y disposiciones establecidas por el régimen militar fueron derogadas y la vida interna de los sindicatos comenzó su consolidación institucional: se retomó el marco normativo anterior a la dictadura, se llamó a elecciones gremiales a fines de 1984, se normalizó la central sindical CGT y se promulgó la ley de Asociaciones Sindicales (#23551/87) (Palomino 1988). Sin embargo, entre 1983 y 1989, a pesar del afianzamiento de su rol político, la relación de los sindicatos con el gobierno de Alfonsin fue dificultosa y en un permanente tono conflictivo. Los cuestionamientos a la política económica y a la negociación de la deuda externa, así como la demanda continua de aumentos salariales se tradujeron en doce paros generales organizados durante el gobierno radical.
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La precarización laboral del contratado como detonante de discriminación en el sector público

La precarización laboral del contratado como detonante de discriminación en el sector público

a) El personal será afectado exclusivamente a la realización de activi- dades de carácter transitorio o estacional, que resulten necesarias para complementar el ejercicio de las acciones y competencias asignadas a cada jurisdicción o entidad descentralizada. Las actividades de carácter transitorio estarán referidas a la prestación de servicios, asesoramien- to técnico especializado, coordinación y desarrollo integral de progra- mas de trabajo y/o proyectos especiales o para atender incrementos no permanentes de tareas. (…) Las actividades de carácter estacional res- ponden a tareas que se realizan periódicamente y sólo en determinada época del año. En estos casos el personal puede ser incorporado a una planta transitoria con designación a término, cuyas características se- rán reguladas por la autoridad de aplicación. (…) d) El personal sujeto al régimen de contrataciones y el incorporado a plantas transitorias, ca- recen de estabilidad y su contrato puede ser rescindido o la designación en la planta transitoria cancelada en cualquier momento.
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Fuentes de regulación e instrumentos de organización del trabajo en el empleo público de régimen laboral

Fuentes de regulación e instrumentos de organización del trabajo en el empleo público de régimen laboral

diversos convenios del sector antes de la entrada en vigor del EBEP, sino que ha fijado como consecuencia inexorable su reincorporación 144 . La doctrina ha destacado que el artículo 96.2 del EBEP es una norma de Derecho necesario absoluto, por lo que no cabe que la negociación colectiva altere dicho régimen jurídico y otorgue la opción entre la readmisión o la indemnización al trabajador 145 . Por tanto, tras la entrada en vigor del EBEP todas las clausulas convencionales que otorgaban la capacidad de elección al trabajador estarán viciadas por una nulidad sobrevenida. Sin embargo, existen pronunciamientos del Tribunal Supremo discrepantes, y que parecen acercarse más a una postura contraria, y entender que el artículo 96.2 del EBEP es disponible para la negociación colectiva. En concreto, la STS 2 de febrero de 2009 146 estableció que el artículo 96.2 del EBEP «es una regla de carácter general que queda sin efecto cuando un convenio colectivo dispone lo contrario, al remitirse el propio EBEP en su artículo 7 a la legislación laboral en general».
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LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO

LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO

• Conocer en qué consiste el funcionamiento electrónico del sector público. • Describir y delimitar la estructura y organización de la Administración del Estado. • Definir el sector público institucional. • Describir los requisitos, características y régimen jurídico de cada uno de los entes que forman el sector público institucional estatal.

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LA REGULACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL EN EL PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO

LA REGULACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL EN EL PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO

Quizá los autores del Proyecto no han querido expresar una idea semejante. Pero es difícil adivinar la razón de la confusión. Quizá han considerado que una sociedad o del sector público ejerce una potestad administrativa cuando adjudica un contrato del sector público, pues tal adjudicación está sujeta a principios y requisitos de proce- dimiento propios del Derecho público. O bien que lo mismo sucede si una sociedad o fundación pública otorga ayu- das o subvenciones con cargo a sus presupuestos o actuando como entidad colaboradora de la Administración. O han entendido que ejercen algún tipo de potestad pública cuando colaboran con una Administración como medio propio o servicio técnico de la misma. Pero en todos estos casos es impropio decir que ejercen potestades admi- nistrativas. Lo que sucede es que a ese tipo de actividades, de por sí privadas, ya que puede realizarlas también un particular o empresa privada, se les aplican ciertas garantías de derecho público cuando se ejercen por entidades del sector público y con recursos públicos: transparencia, igualdad y no discriminación, motivación o justificación de la decisiones, a veces incluso una posibilidad de recurso o reclamación ante la Administración de tutela. Pero no es lo mismo tener que respetar ciertas garantías de derecho público en sus relaciones con los particulares que ejercer potestades públicas, lo que significa que se sitúan en posición de supremacía. Pues en todos esos casos a que nos hemos referido y otros semejantes, como en el de las encomiendas de gestión a medios propios, las entidades de derecho privado no dictan actos administrativos, ni se someten al régimen general de recursos. Hay quizá algún caso en que es así, por razones históricas y pragmáticas, como el de la relación jurídica que mantiene la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos con aquellos de sus empleados que, en virtud de pacto sindical, han man- tenido su status de funcionarios públicos que tenían antes de que el antiguo organismo público del mismo nombre se transformara en sociedad mercantil. Pero esta singular situación, a extinguir con el paso del tiempo, no justifica que se admita una posibilidad general y de contornos imprecisos de atribuir por ley potestades administrativas a entidades que no han sido pensadas ni creadas para ejercerlas. Esperemos que, de ver la luz como Ley, el texto actual del Proyecto se aclare y se matice también en este punto.
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La regulación autonómica del empleo público de régimen laboral

La regulación autonómica del empleo público de régimen laboral

Sin embargo, existe una contradicción entre los artículos 121.3 y 122.3 de la Ley de empleo público de Galicia y lo dispuesto en el artículo 49 –apartados a) y b)- del EBEP. Esto es así porque, mientras que la Ley de empleo público de Galicia considera que para los casos de disfrute simultáneo de dichos permisos por ambos progenitores, la suma de la duración de ambos períodos no deberá exceder los límites establecidos en dichos artículos, o lo que es lo mismo, las dieciocho semanas estipuladas con carácter general (o de las que correspondan para los casos de discapacidad del menor adoptado o acogido y por parto, adopción o acogimiento múltiple), el EBEP fija el límite para la suma de dichos períodos en dieciséis semanas con carácter general (o las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto, adopción, o acogimiento múltiples). En definitiva, dicha regulación autonómica vulnera lo dispuesto en la norma estatal, pues en estos casos no se trata del establecimiento de condiciones mínimas que pueden mejorar las CCAA para el personal a su servicio dentro de sus facultades organizativas. Se da lugar así a un conflicto constitucional de competencias en el que la norma estatal prevalecería sobre la autonómica, por la competencia exclusiva del Estado para legislar en materia laboral. Seguramente no cabe llegar a la misma conclusión, también en el ámbito de la Ley de empleo público de Galicia, para el caso del permiso de veintinueve días para el otro progenitor –el que no sea titular del permiso por maternidad- por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo (art. 124.1), cuando en el EBEP la duración de dicho permiso será de cuatro semanas (art. 49.c) EBEP). Como ya se ha mencionado, en este caso se trataría de una mejora en el ámbito autonómico sobre el periodo que determina la legislación básica estatal, y por ello, no sería contrario a la distribución constitucional de competencias siempre que su aplicación se limite a los empleados públicos, y en el bien entendido de que nunca supone un coste adicional para el sistema de Seguridad Social. A la postre, bien sea por acuerdo, bien sea por decisión unilateral, el empleador puede mejorar los derechos de conciliación previstos legalmente en beneficio de sus trabajadores.
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1.1. Régimen aplicable a los contratos del sector público.

1.1. Régimen aplicable a los contratos del sector público.

2.- Sólo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado cuando previamente se haya puesto de manifiesto, en la forma prevista en el artículo 118, que otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la satisfacción de las finalidades públicas. 3.- El contratista colaborador de la Administración puede asumir, en los términos previstos en el contrato, la dirección de las obras que sean necesarias, así como realizar, total o parcialmente, los proyectos para su ejecución y contratar los servicios precisos.

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