PDF superior Régimen laboral en el sector público

Régimen laboral en el sector público

Régimen laboral en el sector público

La Constitución Política de la República, número 9 del Art. 11, señala “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatorias, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas . ... Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”, norma constitucional que guarda relación con el Código Orgánico de la Función Judicial, que se encuentra publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 544 del lunes 09 de marzo del 2009, que señala en el Art. 15 inciso tercero “Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, en virtud del recurso de revisión, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos en la forma señala en este Código”. O lo que indica el artículo 213 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, que señala: “los funcionarios y personal de servicio de las administraciones públicas que hubieren incurrido en dolo o culpa que generaron daño resarcido por ésta a los particulares responderán por lo indemnizado, siempre que se hubiere efectuado el pago al o a los particulares por parte de aquella; todo ello, independiente de las acciones penales, civiles o administrativas a las que haya lugar.”
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Régimen laboral en el sector público

Régimen laboral en el sector público

La Mesa Constituyente de Trabajo, o Mesa Constituyente 6, no trato el tema de las relaciones laborales en el sector público, 8 ; ni en el informe para primer debate, ni en el informe para segundo debate (informes de mayoría), y recién en el debate del Pleno de la Asamblea, se incluye la determinación de quienes estarían sujetos a las normas del servicio público y quienes al Código de Trabajo, y esto por iniciativa de los Asambleístas : Sergio Chacón, Mauro Andino y Roberto Ponce (acta 42 de la Asamblea Constituyente). El A. Francisco Cisneros, denuncia alteración de los textos de la Mesa Constituyente 6 (acta 46 de la Asamblea Constituyente), insisten en la inclusión ilegal de los profesionales, quienes estarían sujetos a la Ley de Servicio Público. El Asambleísta Cesar Rhon, a nombre de su bloque pide una investigación. El Asambleísta Holger Chavez, desarrolla la necesidad de que la nueva Constitución determine un principio en torno al régimen laboral en el sector público (Acta 46 de la Asamblea Constituyente), lo que generó aún más controversia en el debate, de tal suerte que el Asambleísta Constituyente León Roldos, pidió la reconsideración de los textos aprobados en materia de trabajo, pues “no se podía incluir textos que no habían sido aprobados por la Mesa Constituyente respectiva”, reconsideración que no prosperó, por no contar con los votos suficientes. El pedido apuntaba a demostrar que la inclusión de la palabra “...profesionales...”; por cuanto no había sido tratada ni por la Mesa Constituyente, ni se había verificado el pronunciamiento de ningún asambleísta en el Pleno en torno a su inclusión; pero que al final, los profesionales fueron agregados dentro de las normas que regulan la relación laboral de los servidores públicos. En la sesión del pleno 49, el Asambleísta León Roldos
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El régimen laboral en el sector público

El régimen laboral en el sector público

Respecto de la diferencia que existe entre del régimen laboral y el de la LOSEP, se deben hacer varias puntualizaciones en cuanto al proceso y el procedimiento de las reclamaciones, es decir que pese a ser todos los colaboradores del sector público servidores; al momento de ejercer sus derechos los deben hacer por vías distintas quienes son obreros lo harán ante un Juez de Trabajo mediante demanda laboral; y quienes estén bajo la LOSEP lo harán ante los Jueces de lo Contencioso Administrativo, materias totalmente diferentes en cuestión de términos, plazos, prescripciones, el procedimiento, la pretensión, etc.; claro el está que el organismo rector en materia laboral es el Ministerio de Relaciones Laborales, ente que mediante Resoluciones motivadas emite disposiciones tanto para el sector público como para el privado; se cita por ejemplo el hecho de que quienes pasaron de un régimen a otro conservan sus derechos adquiridos previamente tal es el caso de los días de vacaciones, en el caso de que un servidor hubiese estado amparado por la LOSEP y paso al Código de Trabajo mantiene su derecho a sus treinta días de vacaciones, en virtud de que la ley rige para lo venidero y no es retroactiva, lo expuesto se detalló ampliamente en el capítulo primero.
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El régimen laboral en el sector público

El régimen laboral en el sector público

El servidor público, para el ejercicio de sus funciones públicas, está vinculado al aparato estatal mediante un régimen de Derecho Público. Los servidores estatales del Ecuador, actualmente se encuentran sometidos al régimen laboral que establece la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) publicada en el mes de noviembre del 2010. Esta situación reciente que se ha producido dentro del régimen laboral ecuatoriano, se presta para analizar las distintas formas que debería tener la contratación de personas dentro del sector público, con nuevos aspectos, como el de los contratos de desempeño, las evaluaciones, las calificaciones, el sistema de capacitación, y varios otros. El problema que se ha planteado radica en comprobar el efecto de la nueva normativa, la cual impone cambios en materia de políticas de recursos humanos y remuneraciones, así como el aspecto positivo que el nuevo instrumento jurídico se enmarca en los nuevos preceptos y principios constitucionales, que conciben a la administración pública como un servicio a la colectividad y del ingreso a un puesto público, el mismo que será efectuado mediante un concurso de merecimientos y oposición que evalúe al interesado.
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Régimen laboral en el sector público

Régimen laboral en el sector público

Una vez que termine con mi trabajo de investigación del Régimen Laboral, pude constatar, que al momento de determinar cuáles son los sueldos o remuneraciones entre un trabajador y un empleado del sector privado y del sector público, pude apreciar que no existe una igualdad, ya que mientras un empleado que cumple una mismo trabajo en el sector privado como por ejemplo oficinista percibe un sueldo inferior a lo que recibe una oficinista en el sector público, así como este ejemplo existen en casi la mayorías de los cargo, partiendo de un planteamiento constitucional, sobre la igualdad ante la Ley, en este caso podemos observar que no existe tal, es cierto, que el Gobierno desde el año 2005, planteo la unificación salarial y homologación en el sector público, pero han trascurrido ya 6 años, dicho anhelo todavía no se puede cumplir, ya que existe organismo público donde todavía se mantiene los llamado sueldos dorados.
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El régimen laboral aplicado en el periodo de transición del sector privado al sector público a través del análisis situacional de los empleados y trabajadores del Registro de la Propiedad de Quito.

El régimen laboral aplicado en el periodo de transición del sector privado al sector público a través del análisis situacional de los empleados y trabajadores del Registro de la Propiedad de Quito.

La administración pública no está legalmente facultada para asumir personal con un régimen laboral diferente al establecido en la LOSEP, tomando en cuenta que existen formas de ingreso para el sector público como es el nombramiento o por contrato, como se analizó en el capítulo I de este proyecto de investigación, y por disposición constitucional contenida en el artículo 229 se indica claramente que solo los obreros y obreras del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo, recordándose que se denomina obrero a la persona que realiza tareas físicas o materiales, no representa un esfuerzo intelectual, y este no es el caso del personal de Registro de la Propiedad privado. Se debe tomar en cuenta además, que para el sector público existe un subsistema de clasificación de puestos, establecido en el artículo 163 de la LOSEP en concordancia con el artículo 250 del Reglamento a la LOSEP en los que se indican que se reconocerá el tipo de trabajo, su dificultad, ámbito de acción, complejidad, nivel académico y responsabilidad así como los requisitos de aptitud y experiencia para el desempeño del cargo público debiendo respetarse los grados y grupos ocupacionales, los techos y pisos remunerativos en relación a las funciones a desarrollarse, eficiencia, profesionalización, capacitación y experiencia, garantizándose un trato homogéneo y uniforme en el servicio público. Conociendo la realidad de los trabajadores del ex registro privado, el Estado mal podría asumir a trabajadores como en el ejemplo mencionado en los procesos judiciales analizados, con cargo de certificador de gravámenes con un sueldo de $3.500 dólares mensuales, ya que está fuera de la esfera del sector público, a más de los casos de inhabilidades y prohibiciones para el ingreso.
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Régimen laboral en las empresas públicas periodo de transición de las sociedades mercantiles del sector eléctrico en empresas públicas.

Régimen laboral en las empresas públicas periodo de transición de las sociedades mercantiles del sector eléctrico en empresas públicas.

Dentro del Capítulo Séptimo de nuestro texto Constitucional, de manera particular en la sección tercera titulada “Servidoras y Servidores Públicos”, el Art.229 define a éstos como “...todas las personas que en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La Ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de sus servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo” 57 ; vale recordar que ésta disposición es parte del capítulo intitulado de la Administración Pública y la citada norma se refiere al sector público, haciendo relación a las instituciones detalladas en el Art.225 del texto constitucional.
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LA REGULACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL EN EL PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO

LA REGULACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL EN EL PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO

Mientras que el Proyecto de Ley acumula cautelas para el caso de creación de nuevos entes, facilita en cambio su fusión, sea para formar un organismo nuevo o para ser absorbido por otro ya existente (art. 94). Esta fusión, que debe ser de organismos públicos del mismo tipo o naturaleza, puede llevarse a cabo siempre por norma regla- mentaria, aunque ello suponga modificar la ley de creación, algo que la LOFAGE contempla solo en ciertos casos. La mayor novedad, en cualquier caso, es que la norma de fusión debe ir acompañada de un plan de redimensiona- miento de estructuras, inmuebles, personal y recursos, que demuestre el ahorro que se conseguirá con la fusión. El objetivo es, pues, también en este caso la reducción del gasto público. El plan de redimensionamiento puede incluir la integración en un fondo sin personalidad jurídica (un “fondo malo”, diríamos) de las obligaciones, bie- nes y derechos liquidables de los organismos que se extinguen con la fusión y están en situación de desequilibrio financiero. Dicho plan debe ser informado preceptivamente por la IGAE y aprobado por los organismos que se fusionan, si se integran en uno nuevo, o por el organismo absorbente. Por supuesto, en caso de fusión se aplican las mismas reglas que en el supuesto de transformación en materia de personal: posible integración de personal en la Administración General del Estado; reconocimiento de los derechos y deberes que correspondan al personal integrado según la legislación aplicable, rechazo expreso de la funcionarización de personal laboral, no incremen- to de la masa salarial. La fusión que el Proyecto contempla tiene, pues, por objetivo prioritario conseguir un ahorro del gasto público y no una mejora en la organización o prestación de los servicios de los entes fusionados.
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Homologación jurídica laboral de los trabajadores del  sector público y privado.

Homologación jurídica laboral de los trabajadores del sector público y privado.

En cuanto al recurso humano, tanto el prestigio como estatus administrativo, se mide por el rango de sus servidores, por su capacidad intelectiva, su prestancia profesional, su calidad humana, don de gentes, y eficacia y eficiencia en su gestión, parámetros medibles de conformidad a los reglamentos administrativos, y evaluables de conformidad al resultado de la gestión administrativa, de tal manera que este recurso humano, está inmerso en los parámetros que miden desde su ingreso, hasta su renuncia, suspensión o destitución, en cualquiera de las formas, el servidor público, en su delación con el Estado, adquiere vida administrativa propia, la misma que debe precautelar, y cuidar, por las serios resultados que pueden devenirse de la falta de atención a su trabajo, el éxito no está en ingresar a la función pública, pues con ello, se cubren solamente ciertas expectativas, el éxito está en cumplir la función, con conocimiento de causa, y delimitando el campo ocupacional o profesional, a las verdaderas razones del cargo que se ocupa, ya que el salirse de la gestión real que debe cumplir el servidor, trastoca toda la organización administrativa.
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Informe sobre el proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (121/154)

Informe sobre el proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (121/154)

la cuestión de su estructura formal, pues si bien se les atribuye perso- nalidad jurídica, también se dice que son creados por convenios entre Administraciones publicas y participantes en el mismo, dotándose de unos Estatutos. Esta forma no es propia de una Administración Públi- ca, ni siquiera indirecta, y las referencias legales suponen una estricta diferencia entre los consorcios y las Administraciones Públicas. Por ello y de entrada no se pone un límite preciso a la intervención del sector privado en los mismos, lo que vuelve inestable su frontera con otras figuras, como los convenios, lo que podría determinar un uso de la figura para una actividad en la que no concurra ningún elemento de interés público. La existencia de un consorcio supone, previamente a su creación, la definición de una necesidad de carácter público que requiera la cooperación y solamente si no se puede cumplir por téc- nicas de colaboración y cooperación que no requieran la creación de otra entidad administrativa. Si bien las técnicas citadas han planteado siempre el problema del respeto a la autonomía, garantizada en la Constitución o en las leyes, la exclusión del principio de la jerarquía, como otro medio de garantizar la eficacia de la acción administrativa, impone que las técnicas de cooperación y colaboración se deban interpretar como tales técnicas, y como otro modo de manifestarse la coordinación sin el control jerárquico.
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La estabilidad laboral y el contrato de servicios ocasionales en el sector público.

La estabilidad laboral y el contrato de servicios ocasionales en el sector público.

La responsabilidad que implica ejercer un cargo público puede derivarse en administrativa, civil y penal, al respecto la Constitución en su artículo 233 manifiesta: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas”. Es decir que toda función que se ejerza bajo potestad constitucional se debe ejercer con responsabilidad, siempre conscientes de las consecuencias de los actos administrativos emitidos.
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TítuloO despedimento colectivo no sector público 
Especial atención ao ámbito local

TítuloO despedimento colectivo no sector público Especial atención ao ámbito local

A reforma laboral levada a cabo polo Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, posteriormente tramitado como proxecto de lei e que viu a luz como Lei 3/2012, do 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral, así como polo Real decreto 1483/2012, do 29 de outubro, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos en materia de despedimento colectivo e de suspensión de contratos e redución de xornada, veu cubrir un baleiro legal canto á posibilidade de aplicar o despedimento colectivo no ámbito do sector público, sobre a cal existían disparidade de criterios na xurisprudencia, ao pasar a regulalo de xeito expreso. Circunscrito ao ámbito de aplicación do ET, e por tanto, ao persoal laboral ao servizo das entidades que conforman o sector público, a reforma laboral diferencia entre o sector público en sentido amplo, e dentro deste as administracións públicas (e iso referido tanto ao Estado como ás comunidades autónomas e a Administración local) por referencia a unha norma allea ao ámbito laboral como é a LCSP (artigo 3.1, sector público; artigo 3.2, administracións públicas), co obxecto de delimitar a concorrencia das causas económicas, organizativas, técnicas ou de produción xustificadoras da decisión extintiva colectiva por parte dos empresarios.
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ESTRÉS LABORAL EN LOS DOCENTES DEL CIRCUITO 03 DISTRITO 13D11 DE LA ZONA 04 DE EDUCACIÓN Y ESTRESORES PSICOSOCIALES PREVALENTES

ESTRÉS LABORAL EN LOS DOCENTES DEL CIRCUITO 03 DISTRITO 13D11 DE LA ZONA 04 DE EDUCACIÓN Y ESTRESORES PSICOSOCIALES PREVALENTES

Uno de los problemas por los que atraviesan los trabajadores de las empresas de manera general tanto en el sector público como privado, es el estrés laboral y las dificultades en la salud física y mental que este genera; el propósito del artículo consistió en identificar el nivel de estrés laboral de los docentes del Circuito 03 del Distrito 13D11 de la zona 04 de Educación y los estresores psicosociales que impactan su desempeño; para el desarrollo de la investigación se utilizó el enfoque cuali–cuantitativo, de tipo descriptiva y correlacional, se utilizó el Cuestionario de Estrés Laboral y el test de clima laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aplicado a 153 docentes, 25 autoridades de 17 Instituciones Educativas regentadas por el Distrito. Los resultados revelan que los docentes que laboran en las diversas instituciones educativas presentan un nivel de estrés considerable; además el clima laboral es poco favorable e impide que las acciones se desarrollen de manera satisfactoria, ya que la comunicación y participación son afectadas por la estructura piramidal de las organizaciones, generando entre otros síntomas ansiedad, apatía, resistencia al cambio; considerados como factores psicosociales que alertan la generación de patologías laborales y por ende incidencia en el desempeño de todos los involucrados tanto a nivel individual como grupal y organizacional y en consecuencia en la calidad de la educación.
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Asesoramiento laboral a los trabajadores mediante servicio de asistencia jurídica laboral gratuita en el sector público del cantón Santa Elena

Asesoramiento laboral a los trabajadores mediante servicio de asistencia jurídica laboral gratuita en el sector público del cantón Santa Elena

El trabajo es un derecho tal como lo estable el Art. 33 de la actual Constitución de la República del Ecuador (R. O. N 449, 20 OCT 2008) manifestando: ―El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía‖. Los conflictos laborales en el Ecuador son muy comunes, por la falta de difusión de los derechos. Además el CT. En el artículo 4. Irrenunciabilidad de derechos, entonces es necesario establecer lineamientos entre los obreros y patronos para que exista mutuo respeto a los deberes y derechos, siendo así que la gran mayoría de trabajadores desconoce de los derechos que el estado a través de la Constitución y el Código de Trabajo le reconocen. Entonces para alcanzar el objetivo de realizar un diseño el asesoramiento jurídico laboral sobre los derechos y garantías, establecidas en la Constitución y el Código del Trabajo de los trabajadores del sector público, para garantizar la eficacia de sus derechos mediante asistencia jurídica laboral gratuita fortaleciendo esta propuesta, en base a la política pública está el Objetivo 6 que expresa: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. Pág.38 PNDBV. 2009. El sumario metodológico incluyó: el histórico- lógico, deductivo e inductivo, sistemático, sociológico; y los tipos de investigación: descriptiva, cualitativa, acción de participación mediante encuestas; bibliografía y documental. El estudio comienza con el marco de referencia, urgiendo en el Código del Trabajo debido a que es muy puntual en cuanto a las prohibiciones que está sujeto el trabajador, las mismas que debe cumplir obligatoriamente, debido a que si incurre en una prohibición, puede ser objeto del planteamiento de una acción legal que afecta directamente la relación laboral, además delimitando el campo de acción del objeto de conocimiento. En base a la información procesada y sistematizada, sugiriendo la asesoría jurídica laboral en donde se brinde orientación laboral y buscando soluciones a conflictos laborales que se presenten en la institución, esto permitiría hacer efectivo el respeto a los derechos de los trabajadores tal como lo dispone la Ley.
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Influencia de factores socioculturales en el desempeño laboral de docentes en colegios de San Juan de Lurigancho

Influencia de factores socioculturales en el desempeño laboral de docentes en colegios de San Juan de Lurigancho

La presente investigación busca medir la influencia de los factores socioculturales en el desempeño laboral de los docentes de los colegios del sector público en San Juan de Lurigancho, en el año 2019. Por tal razón, se establecieron como variables tentativas la edad, los años de experiencia, el compañerismo y el clima laboral. El método para la investigación será de máxima verosimilitud, el tipo de investigación es cuantitativa y con un diseño correlacional causal, con la finalidad de analizar y medir los efectos marginales que dichas variables en el desempeño laboral de los docentes de los colegios del sector público. Los resultados indican que el modelo Probit expresa de mejor manera los parametros de las variables y demostraron que la variable experiencia laboral no es significativa con relación al desempeño laboral; asimismo, las variables edad, compañerismo y clima laboral presentan una relación directa con el desempeño laboral. Por tal razón, se concluyó que la variable con mayor influencia es el clima laboral de los docentes de los colegios del sector público de San Juan de Lurigancho en el 2019.
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Servicios Energéticos: El contrato. Aspectos jurídicos.

Servicios Energéticos: El contrato. Aspectos jurídicos.

En cambio, la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público sólo ordena la absorción de régimen para las reglas relativas a la adjudicación, pero no a las del fondo del contrato:.. ~ crece[r]

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La inconstitucionalidad del contrato administrativo de servicios   CAS

La inconstitucionalidad del contrato administrativo de servicios CAS

Ello originó la inclusión en el sector publico de un régimen laboral privado, estableciendo diferencias en los derechos laborales, pero no con fines de proteger al trabajador, sino evitar mayores costos al Estado, así como superar problemas en el manejo de personas, que pensamos que podría solucionarse con una mejor política y legislación laboral, que responda a criterios técnicos y no subjetivos, con proyección en el tiempo y no para soluciones temporales; debiendo tener en consideración especialmente que no se están manejando recursos económicos ni bienes, sino seres humanos que tienen derecho al respeto como personas y de su dignidad, y a la protección de sus derechos laborales y derecho a su bienestar conforme a un Estado Social; no es un imposible considerando que de acuerdo a las normas y tratados internacionales que más han desarrollado la protección de los trabajadores, solo exigen a los Estados el cumplimiento de los mínimos, así como la progresión y no retroceso sobre lo ya reconocido.
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El régimen disciplinario aplicable a los empleados y obreros de las empresas publicas

El régimen disciplinario aplicable a los empleados y obreros de las empresas publicas

El Eco. Mario Sánchez Padrón formula recurso de casación de la sentencia pronunciada por la Primera Sala de la Corte Superior de Quito, manifestando que se ha quebrantado el Art. 128 de la Constitución del Estado al considerar al demandante como servidor sujeto del Código del Trabajo y no como funcionario público; que así mismo se ha violado preceptos legales, al ventilarse en la esfera laboral una cuestión totalmente ajena a dicha materia. La Sala de lo Social y Laboral observa que, el actor en ningún momento ha ejercido funciones de dirección, representación, mando o jefatura, que es la excepción que establece la norma constitucional citada, pues, la regla general es que, las entidades del Estado deben normar las relaciones de sus servidores, de acuerdo con el Código del Trabajo. En tal virtud, estima que la sentencia impugnada se encuentra apegada a derecho lo que desestima el recurso de casación. SALA DE LO SOCILA Y LABORAL. Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI No. 2 página 334. (Quito, 1 de Junio de 1994) (LEXIS, 2009)
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Impuesto de Industria y Comercio

Impuesto de Industria y Comercio

PRIMA DE NAVIDAD: Pago a que tienen derecho los servidores Públicos de acuerdo a las normas legales que regulan el régimen salarial y Prestacional del sector público y según lo contratado para los trabajadores oficiales, equivalente a un mes de salario más las doceavas partes de los demás factores integrantes del mismo, o liquidada proporcionalmente al tiempo laborado pagadera con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el año de su causación.

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“El Contrato Administrativo de Servicios y su Incidencia en la Labor Administrativa del Trabajador del sector Salud”

“El Contrato Administrativo de Servicios y su Incidencia en la Labor Administrativa del Trabajador del sector Salud”

Para NEVES (2010), respecto a este principio nos explica que el ordenamiento laboral está compuesto básicamente por normas imperativas que otorgan beneficios a los trabajadores. Por esa razón, existe un constante riesgo de que el empleador intente evadir su cumplimiento, con o sin la concurrencia de la voluntad formal del trabajador, que, en estos casos, es irrelevante. Algunas veces, el incumplimiento de las normas es directo y otras indirecto. Es directo cuando, por ejemplo, se omite pagar un beneficio laboral. Es indirecto, en cambio, cuando hay un ocultamiento de la vulneración. Se califica a una situación o relación jurídica de un modo que no guarda conformidad con su naturaleza, provocando el sometimiento a un régimen jurídico que no es el pertinente.
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