Top PDF Reglamento (CE) N 1205/2008 de la Comisin de 3 de diciembre de 2008, por el que se ejecuta la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los metadatos

Reglamento (CE) N 1205/2008 de la Comisin de 3 de diciembre de 2008, por el que se ejecuta la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los metadatos

Reglamento (CE) N 1205/2008 de la Comisin de 3 de diciembre de 2008, por el que se ejecuta la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los metadatos

(2) Asimismo, es necesaria la definición de un conjunto de elementos de metadatos que permitan identificar y clasi­ ficar el recurso de información para el que se haya creado el metadato, y determinar su localización geográfica y su referencia temporal, así como la calidad y validez de los metadatos, la conformidad con las normas de aplicación sobre la interoperabilidad de los servicios y conjuntos de datos espaciales, las restricciones de acceso y uso, y la organización responsable del recurso. También son nece­ sarios elementos de metadatos relacionados con el regis­ tro de metadatos mismo a fin de controlar que los me­ tadatos creados se mantengan al día, y para identificar la organización responsable de la creación y el manteni­ miento de los metadatos. Este es el conjunto de elemen­ tos de metadatos mínimo que se requiere para el cum­ plimiento de la Directiva 2007/2/CE y no excluye la posibilidad de que las organizaciones documenten los recursos de información de manera más amplia con ele­ mentos complementarios derivados de las normas inter­
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de 5 de noviembre para transponer parcialmente la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, Directiva

de 5 de noviembre para transponer parcialmente la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, Directiva

previamente reconocido por esta Administración y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas. Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el apartado anterior reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la citada sede electrónica.

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Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

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El acto propuesto se refiere a un asunto s pertinente para el Espacio Económico Europeo (EEE) y, por tanto, debe hacerse extensivo a su territorio. • Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información Los Estados miembros tienen la obligación de establecer las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adecuarse a la presente Directiva en un plazo de 12 meses a partir de su adopción. Los Estados miembros deberán notificar a la Comisión las disposiciones que incorporen para lograr el cumplimiento de la presente Directiva, así como cualquier otra disposición legislativa importante adoptada en el ámbito a que se refiere la presente Directiva. La Comisión realizará un seguimiento de la aplicación de la Directiva propuesta y, de conformidad con las directrices para la mejora de la legislación y en un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de transposición, deberá llevar a cabo una evaluación de la Directiva y presentar las conclusiones más importantes ante el Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité Económico y Social Europeo, acompañadas, en su caso, por propuestas de modificación de la Directiva. Además, realizará una evaluación del Reglamento [...]. La Comisión también realizará un seguimiento de la disponibilidad en formatos accesibles, dentro de la Unión, de obras y otras prestaciones protegidas distintos de los recogidos en la presente Directiva, así como de la disponibilidad de obras y otras prestaciones en formatos accesibles para personas con otras discapacidades. La Comisión presentará el informe a este respecto en un plazo de dos años a partir de la transposición de la Directiva propuesta. Dicho informe deberá incluir una evaluación sobre si debería estudiarse la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la presente Directiva en virtud de las conclusiones.
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Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

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En las definiciones de las infracciones penales recogidas en los artículos 3, 4 y 5 (acceso ilegal a los sistemas de información, intromisión ilegal en los sistemas de información e intromisión ilegal en los datos), la Directiva contiene una disposición que, en el proceso de incorporación de la Directiva al ordenamiento interno, permite tipificar como infracciones penales «sólo los casos que no sean de menor gravedad». Este elemento de flexibilidad pretende permitir a los Estados miembros no regular los supuestos que in abstracto podrían entrar en la definición básica, pero que no se consideran perjudiciales para los intereses jurídicos protegidos, como los actos cometidos por jóvenes que intentan demostrar sus conocimientos de tecnología informática. Ahora bien, esta posibilidad de limitar el alcance de la tipificación no debería llevar a la introducción de elementos constitutivos de infracción adicionales a los ya incluidos en la Directiva, porque en tal caso sólo se regularían las infracciones cometidas con circunstancias agravantes. En el proceso de transposición, los Estados miembros deben abstenerse de añadir elementos constitutivos adicionales a las infracciones penales básicas, como la intención especial de obtener ganancias ilícitas del delito o la presencia de un efecto específico como causar un daño considerable.
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Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

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un determinado instrumento (en lo sucesivo, «recargo») han generado una extraordinaria heterogeneidad en el mercado de pagos de la Unión y constituyen una fuente de confusión para los consumidores, en particular en el comercio electrónico y en el contexto transfronterizo. Comerciantes radicados en Estados miembros en los que se autoriza el recargo ofrecen productos y servicios en Estados miembros en los que está prohibido y, aún así, aplican el recargo al consumidor. Por otra parte, la clara necesidad de revisar las prácticas en materia de recargo se ve corroborada por el hecho de que el Reglamento (UE) nº xxx/yyyy establece disposiciones con respecto a las tasas multilaterales de intercambio aplicables en los pagos con tarjeta. Dado que las tasas de intercambio son el principal factor de encarecimiento de la mayoría de los pagos con tarjeta y puesto que los recargos se limitan en la práctica a los pagos con tarjeta, las disposiciones aplicables a las tasas de intercambio deben ir acompañadas de una revisión de las normas aplicables a los recargos. A fin de favorecer la transparencia de costes y el uso de los instrumentos de pago más eficientes, los Estados miembros y los proveedores de servicios de pago no deben oponerse a que el beneficiario exija al ordenante un recargo por el uso de un determinado instrumento de pago, con la debida sujeción a lo establecido en la Directiva 2011/83/UE. No obstante, el derecho del beneficiario a exigir un recargo solo debe existir cuando se trate de instrumentos de pago en relación con los cuales no se hayan regulado tasas de intercambio. Se estima que esto actuará como mecanismo inductor del uso de los medios de pago más baratos.
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 opción 4: «29.º régimen» que se aplica paralelamente a los regímenes nacionales. La opción 1 (no normativa) no se consideró eficaz para alcanzar los objetivos, al no haber ninguna garantía de que los Estados miembros se atengan a las buenas prácticas. La opción 3 (armonización completa) permitiría probablemente alcanzar los objetivos, pero podría perturbar mercados ya existentes que funcionan correctamente. La opción 4 («29.º régimen», consistente en un régimen plenamente integrado al que los emisores podrían acogerse con carácter voluntario como alternativa a las disposiciones legales nacionales sobre los bonos garantizados, y que no obliga a modificar las normativas nacionales vigentes) depende de su aceptación por el sector para ser eficaz. Las consultas llevan a pensar que esa aceptación es improbable, lo que socavaría las posibilidades de lograr los objetivos fijados. Asimismo, un régimen paralelo contribuiría a una mayor fragmentación y a una duplicación de los costes. La opción elegida es la opción 2 (armonización mínima basada en los regímenes nacionales), que se basa en las recomendaciones del informe de la ABE de 2016, con algunas pequeñas salvedades (en consonancia con lo solicitado insistentemente por las partes interesadas durante las consultas, algunas disposiciones son menos detalladas de lo que se proponía en el informe a fin de dejar más margen para proteger los sistemas nacionales que funcionan correctamente). Las salvedades no afectan a las características estructurales fundamentales de los bonos garantizados ni a su supervisión. La opción elegida permite alcanzar la mayoría de los objetivos de la iniciativa a un coste razonable. Establece asimismo un equilibrio entre la flexibilidad necesaria para dar cabida a las especificidades de los Estados miembros y la uniformidad que requiere la coherencia a escala de la Unión. Será con toda probabilidad la más eficaz para la consecución de los objetivos, y al mismo tiempo será eficiente y reducirá al mínimo las perturbaciones y los costes de transición. Es también una de las opciones más ambiciosas en términos de regulación y la que cuenta con el mayor apoyo entre las partes interesadas.
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3. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, y en el artículo 9, apartado 2, de la Decisión marco 2009/315/JAI del Consejo relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros 11 , los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, con el fin de aplicar eficazmente la medida de inhabilitación temporal o permanente de la persona para ejercer actividades que impliquen contactos regulares con niños y, en particular, en la medida en que el Estado miembro requirente supedite el acceso a determinadas actividades a condiciones que garanticen que los candidatos no hayan sido condenados por ninguno de los delitos mencionados en los artículos 3 a 7 de la presente Directiva, la información sobre las inhabilitaciones derivadas de una condena por un delito mencionado en los artículos 3 a 7 de la presente Directiva sea transmitida previa petición según lo previsto en el artículo 6 de la Decisión marco, por la autoridad central del Estado miembro de nacionalidad de la persona, y que los datos personales relativos a la inhabilitación a que se refiere el artículo 7, apartados 2 y 4, de dicha Decisión marco puedan utilizarse en todo caso para ese fin.
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(1) La Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas 7 adopta un enfoque común para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, que supone una amenaza para la salud, la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos de la Unión, así como para la economía legal, la estabilidad y la seguridad de los Estados miembros. Establece unas normas comunes mínimas sobre la definición de los delitos de tráfico de drogas y las sanciones aplicables, a fin de evitar problemas que entorpezcan la cooperación entre las autoridades judiciales y los servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros cuando el delito o los delitos en cuestión no tienen la misma consideración penal en el país requirente y en el país requerido.
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Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de

19) Cuando la obligación de efectuar una evaluación de los efectos sobre el medio ambiente se derive a la vez de la presente Directiva y de otras normas legislativas comunitarias, como la Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, la Directiva 92/43/CEE, o la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y con objeto de evitar duplicaciones, los Estados miembros podrán disponer procedimientos coordinados o conjuntos que cumplan los requisitos de la correspondiente legislación comunitaria.
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DIRECTIVA 2001/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 3 de diciembre de 2001 relativa a la seguridad general de los productos

DIRECTIVA 2001/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 3 de diciembre de 2001 relativa a la seguridad general de los productos

2. Cada tres años, a partir del 15 de enero de 2004, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva. En particular, ese informe tratará de la seguridad de los productos de consumo y en concreto de la mejora de su trazabilidad, del funcionamiento de la vigilancia del mercado, del trabajo de normalización, del funcionamiento del sistema RAPEX y de las medidas comunitarias adoptadas con arreglo al artículo 13. Para ello, la Comisión evaluará los aspectos más pertinentes, en especial los procedimientos, sistemas y prácticas que se apliquen en los Estados miembros, a la vista de los requisitos establecidos en la presente Directiva y en las demás normas comunitarias sobre seguridad de los productos. Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión toda la asis- tencia y la información necesarias para que lleve a cabo sus evaluaciones y prepare los informes.
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DIRECTIVA 2002/92/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 9 DE DICIEMBRE DE 2002 SOBRE LA MEDIACIÓN EN LOS SEGUROS

DIRECTIVA 2002/92/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 9 DE DICIEMBRE DE 2002 SOBRE LA MEDIACIÓN EN LOS SEGUROS

23. Sin perjuicio del derecho de los clien- tes de emprender acciones judiciales ante los tribunales de justicia, los Estados miembros deben incitar a los organismos públicos o pri- vados creados a fin de resolver los conflictos al margen de los tribunales a cooperar en la resolución de los conflictos transfronterizos. Por ejemplo, esta cooperación podría permitir a los consumidores dirigir a los órganos extra- judiciales del Estado miembro de su propio país de residencia las denuncias sobre inter- mediarios de seguros establecidos en otros Estados miembros. La creación de la red FIN- NET ofrece una mayor ayuda a los consumi- dores cuando utilizan servicios transfronteri- zos. En las disposiciones relativas a los proce- dimientos se debe tener en cuenta la Recomendación 98/257/CE de la comisión, de 30 de marzo de 1998, relativa a los princi- pios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo 2 .
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Mientras que, en general, la legislación de la UE se aplica en las aguas territoriales y en la zona económica exclusiva de los Estados miembros de la UE, la Directiva 2009/73/CE 1 (en lo sucesivo, la «Directiva sobre el gas») no establece de manera explícita un marco legal aplicable a los gasoductos con destino y procedencia en terceros países. Como resultado de ello, según un análisis jurídico, se ha concluido que las normas que se aplican a los gasoductos que conectan dos o más Estados miembros, que entran en el ámbito de aplicación de la definición de «interconector», no son aplicables a los gasoductos que entran en el territorio de la UE. Ahora bien, existe la práctica de aplicar respecto a terceros países los principios esenciales del marco regulador establecido por la Directiva sobre el gas, entre otras cosas mediante acuerdos internacionales relativos a gasoductos que entran en el territorio de la Unión Europea. Se considera que, por tanto, resulta necesaria la acción legislativa para definir y precisar de manera explícita y coherente el marco regulador aplicable a todos los gasoductos con destino y procedencia en terceros países.
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En las definiciones de las infracciones penales recogidas en los artículos 3, 4 y 5 (acceso ilegal a los sistemas de información, intromisión ilegal en los sistemas de información e intromisión ilegal en los datos), la Directiva contiene una disposición que, en el proceso de incorporación de la Directiva al ordenamiento interno, permite tipificar como infracciones penales «sólo los casos que no sean de menor gravedad». Este elemento de flexibilidad pretende permitir a los Estados miembros no regular los supuestos que in abstracto podrían entrar en la definición básica, pero que no se consideran perjudiciales para los intereses jurídicos protegidos, como los actos cometidos por jóvenes que intentan demostrar sus conocimientos de tecnología informática. Ahora bien, esta posibilidad de limitar el alcance de la tipificación no debería llevar a la introducción de elementos constitutivos de infracción adicionales a los ya incluidos en la Directiva, porque en tal caso sólo se regularían las infracciones cometidas con circunstancias agravantes. En el proceso de transposición, los Estados miembros deben abstenerse de añadir elementos constitutivos adicionales a las infracciones penales básicas, como la intención especial de obtener ganancias ilícitas del delito o la presencia de un efecto específico como causar un daño considerable.
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Estas normas se basan en los mismos principios que los artículos 5 y 6 de la Directiva 90/314/CEE, pero se presentan de una manera más sistemática, aportando ciertas clarificaciones y cubriendo algunas lagunas. El artículo 11 establece la obligación de subsanar la falta de conformidad y de ofrecer alternativas adecuadas para la continuación del viaje combinado si una parte significativa de los servicios no puede prestarse según lo acordado en el contrato. Se aclara que esta última obligación se aplica también cuando el regreso del viajero al lugar de partida no se ha efectuado según lo acordado. Sin embargo, cuando sea imposible garantizar el retorno puntual del viajero debido a circunstancias extraordinarias e inevitables, la obligación del organizador de asumir el coste de la estancia prolongada se limita a 100 EUR por noche y tres noches por viajero, conforme a la propuesta de modificación del Reglamento (CE) nº 261/2004.
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2. BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD 2.1. Base jurídica La presente propuesta de Directiva modifica una Directiva en vigor, la DRRB, y su base jurídica es la misma que la de dicha Directiva, esto es, el artículo 114 del TFUE. Esta disposición permite la adopción de medidas para la aproximación de las disposiciones nacionales que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. La propuesta armoniza las legislaciones nacionales en materia de reestructuración y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, en particular por lo que respecta a su capacidad de absorción de pérdidas y recapitalización en caso de resolución, en la medida necesaria para garantizar que los Estados miembros y los bancos de la Unión dispongan de los mismos instrumentos y la misma capacidad para hacer frente a las quiebras bancarias, en consonancia con las normas internacionales acordadas (norma TLAC).
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Basándose en la forma en que se presentan los servicios de viaje al viajero, las combinaciones que cumplan cualquiera de los criterios alternativos establecidos en el artículo 3, apartado 2, se considerarán viajes combinados con las correspondientes consecuencias jurídicas en materia de requisitos de información, responsabilidad y protección contra la insolvencia. Las combinaciones en las que los minoristas, a través de procesos de reserva conexos, facilitan la adquisición de servicios de viaje adicionales de manera específica o en las que el viajero celebra contratos con cada uno de los proveedores de servicios y no están presentes las características definitorias del viaje combinado, por ejemplo, un precio a tanto alzado o global, se definen como «servicios asistidos de viaje». Los minoristas cuyo negocio consiste en facilitar la adquisición de «servicios asistidos de viaje» están obligados a explicar claramente a los viajeros que solo los proveedores de cada servicio son responsables de su prestación. Además, a fin de garantizar un nivel de protección adicional a escala de la Unión, en comparación con la derivada de las normas sobre los derechos de los pasajeros o del acervo en materia de defensa de los consumidores, a los viajeros que adquieran más de un servicio de viaje a través de minoristas, conviene disponer que estos últimos deberán garantizar, en caso de insolvencia propia o de cualquiera de los proveedores de servicios, el reembolso a los viajeros de sus pagos anticipados y, si es necesario, su repatriación.
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De los cinco agentes carcinógenos considerados en esta propuesta, dos sustancias (ácido arsénico y sus sales y MOCA 23 ) se incluyen en el anexo XIV del Reglamento REACH 24 y, por lo tanto, están sujetas a la obtención de una autorización previa a su comercialización o su uso. El cadmio se ha identificado como sustancia extremadamente preocupante (SEP) y se ha incluido en la lista de las posibles sustancias que podrían ser incluidas en el anexo XIV del Reglamento REACH a la que se hace referencia en el artículo 59, apartado 1, de dicho Reglamento. El berilio y el formaldehído actualmente no están identificados como SEP ni sujetos a restricciones de conformidad con el Reglamento REACH. No obstante, en lo que respecta al formaldehído, los servicios de la Comisión han solicitado a la ECHA que elabore un expediente del anexo XV, con vistas a una posible restricción del formaldehído y los liberadores de formaldehído en mezclas y artículos para el uso del consumidor. Paralelamente a la elaboración de este expediente del anexo XV, se solicita a la ECHA que recopile la información existente para evaluar la posible exposición al formaldehído y a los liberadores de formaldehído en el lugar de trabajo, incluidos los usos industriales y profesionales 25 . La Directiva y el Reglamento REACH son complementarios. La Directiva marco, que tiene carácter de norma general en el ámbito de aplicación de la Directiva, establece que no afecta a las disposiciones nacionales y de la UE, existentes o futuras, que sean más favorables para la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. El Reglamento REACH, por su parte, establece que no afecta a la aplicación de la legislación de protección de los trabajadores, incluida la Directiva.
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desembocar en un aumento global de la producción de envases. (8) Las disposiciones de la presente Directiva guardan coherencia con la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos» 8 y contribuirán a las medidas de lucha contra el vertido de desechos que se emprendan en virtud de la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina) 9 .
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2.1.3. Asesoramiento externo En 2008, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) emitió un dictamen sobre la clonación. Se centraba en los clones de animales y su progenie y los productos obtenidos a partir de estos animales. Dicho dictamen fue actualizado mediante tres declaraciones, en 2009, 2010 y 2012 11 . Sobre la base de los datos disponibles, la EFSA consideró que se planteaban problemas de bienestar animal relacionados con la salud de las madres de alquiler (portadoras de los clones) y los propios clones. Las madres de alquiler padecen, en particular, disfunciones placentarias que contribuyen a un elevado número de abortos. Esta es una de las causas de la baja eficacia de la técnica (6-15 % en el caso de los bovinos y 6 % en el de los porcinos) y de la necesidad de implantar clones de embriones en varias madres para obtener un clon. Además, las anomalías de los clones y unas camadas inusualmente grandes dan lugar a partos difíciles y muertes neonatales. La elevada tasa de mortalidad es una característica de la técnica de la clonación. En cambio, la EFSA ha afirmado reiteradamente que la clonación no influye en la seguridad de la carne y la leche de los clones.
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b) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: «3. A más tardar el 30 de junio de cada año, los Estados miembros presentarán un informe de los datos nacionales relativos a la calidad de los combustibles correspondientes al año civil precedente. La Comisión establecerá un formato común para la presentación de un resumen de los datos nacionales relativos a la calidad de los combustibles mediante un acto de ejecución adoptado de conformidad con el procedimiento consultivo mencionado en el artículo 11, apartado 3. El primer informe se presentará a más tardar el 30 de junio de 2002. A partir del 1 de enero de 2004, el formato de este informe será coherente con el descrito en la norma europea pertinente. Además, los Estados miembros notificarán el volumen total de gasolina y combustibles diésel comercializados en su territorio y el volumen de gasolina sin plomo y de combustibles diésel comercializados con un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg. Asimismo, notificarán anualmente la disponibilidad, atendiendo a una distribución geográfica adecuadamente equilibrada, de la gasolina y los combustibles diésel con un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg que se comercialicen en su territorio.».
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