PDF superior Responsabilidad del Estado por actuaciones del ministerio público

Responsabilidad del Estado por actuaciones del ministerio público

Responsabilidad del Estado por actuaciones del ministerio público

Dicha pretensión punitiva cuando es encausada por el órgano a quien se encomienda la persecución penal se denomina Acción Penal Pública, la cual es expresión del principio de oficialidad, según el cual “el proceso, su objeto, los actos procesales y la sentencia no están subordinados al poder de disposición de los sujetos en relación a la tutela de sus propios derechos e intereses legítimos, si no que dependen de que [el interés público de perseguir hechos constitutivos de delito] se ponga de manifiesto al tribunal y se haga valer ante situaciones previstas en la ley” (Ossorio y Oval, 1978a, p.239). De este modo, éste principio se encuentra asociado a la idea de monopolio estatal en el ejercicio de la acción penal 6 , lo que no excluye la posibilidad de que el ofendido promueva la persecución penal o que intervenga como parte, ya que este principio más bien se explica como una superación de aquellos sistemas acusatorios históricos que sólo contemplaban la acción popular y la acción privada como únicas formas de inicio de la persecución penal 7 . Así, ésta acción pasa a transformarse en una potestad propia del Estado moderno producto de la necesidad de restablecer y mantener la seguridad y paz social cuando ella ha sido quebrantada. Es
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Responsabilidad del ministerio público, frente al comercio de combustible de contrabando en el Distrito de Desaguadero

Responsabilidad del ministerio público, frente al comercio de combustible de contrabando en el Distrito de Desaguadero

La investigación jurídica presentada, trata sobre la responsabilidad del Ministerio Público frente al delito de peligro común ocasionado por el comercio ambulatorio de combustible (gasolina y petróleo) de contrabando, proveniente de la República de Bolivia, en distrito de Desaguadero, Provincia Chucuito, Departamento de Puno. Como se evidencia públicamente, pese al gran riesgo que corren las personas circundantes a estos lugares donde se expende este producto ilegal. La indiferencia y negligencia del Ministerio Público encargada de combatir y perseguir este tipo delitos al parecer no predicen el grave riesgo que corre la población aledaña, pues, están expuestas a sufrir estragos de grandes magnitudes de producirse la explosión o incendio en cualquiera de los lugares o centros comerciales que expenden este producto. Las consecuencias serían devastadoras, dado que, en los mismos establecimientos donde se vende combustible (gasolina y petróleo) también se observa la venta de balones de gas y fósforo. Es decir, son verdaderas “bombas de tiempo”. Del trabajo de campo realizado en las instalaciones del Ministerio Público, se puede apreciar contundentemente el desconocimiento de esta ilegal venta de combustible de contrabando. Asimismo, la respuesta mayoritaria confirma que no se han realizado campañas preventivas para erradicar el almacenamiento y la venta de este producto ilegal. De acuerdo a la norma, el Ministerio Público es el representante del Estado encargado de perseguir el delito y velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin embargo, el Ministerio Público no cumple la labor específica, como es la de combatir esta ilegal venta de combustible de contrabando en el distrito de Desaguadero, Provincia de Chucuito, Departamento de Puno.
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Las actuaciones de policía judicial y la responsabilidad patrimonial del estado

Las actuaciones de policía judicial y la responsabilidad patrimonial del estado

Cuando se le informa a la policía judicial, que debe desplazarse al lugar de los hechos, la ley lo exhorta a que debe hacerlo en el menor tiempo posible, para no perder la evidencia física y los EMP, aunado a un examen minucioso, el cual debe optar dependiendo de aspectos como la naturaleza del hecho, condiciones del lugar, el tipo de método que debe adoptar para la búsqueda de elementos que le permitan esclarecer los hechos, entre otros, en donde se pueden referenciar métodos como por ejemplo: Método espiral, Método Lineal, Método Radial, Método de Búsqueda por Sectores o Cuadrantes, Método de Búsqueda por Zonas, Método de Búsqueda Punto a Punto y por Cuadriculas y Rejillas. Para ahondar más al respecto, se puede consultar la obra de Perdomo & Mora (2012), titulada Principios que orientan las actuaciones de Policía Judicial en el Sistema Penal Acusatorio.
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Qué hacer con la investigación penal y con el ministerio público

Qué hacer con la investigación penal y con el ministerio público

cuerpos para evitar su descubrimiento), es muy probable que hubiera podido conseguir sentencias de condena en relación a aquellos individuos colocados en los estamentos bajos y medios de la cadena de mandos que hubieran intervenido directamente en cada uno de estos hechos. Hubiera sido mucho más difícil, en cambio, demostrar la existencia de un genocidio cometido contra la población Bosnia de Srebrenica y la responsabilidad de los jerarcas políticos y militares serbio-bosnios (incluyendo sus líderes máximos, Radovan Karadzic y Ratko Mladic) por ese crimen. Dividir la investigación penal en compartimientos estancos, impidiendo el flujo de información, su análisis cruzado y la identificación de aquellos actores, organizaciones, patrones de conducta y/o modus operandi, etc., que atraviesan los distintos hechos bajo investigación, es la mejor receta para asegurar la impunidad de los poderosos. Otro punto importante: el proceso de unificación de investigaciones no puede ser jamás el calvario que es hoy en día, con distintos órganos judiciales disputando entre ellos quién hace qué y una cámara de apelaciones decidiendo meses después cuál es la solución correcta. En verdad, determinar si se deben unificar investigaciones que hasta el momento corrían por cuerdas separadas es una cuestión relativamente simple que debería quedar zanjada en una reunión no excesivamente prolongada en el despacho de quien coordine los equipos de fiscales. Por supuesto, tampoco puede ser un proceso automatizado, y cuestiones tales como el impacto potencial de la unificación en la velocidad de la investigación o en la posibilidad de llegar a juicio en un plazo razonable deben ser debidamente analizadas. Una vez tomada la decisión de unificar vienen las decisiones operativas consecuentes: quiénes integran el equipo que va a llevar adelante la nueva investigación, quién lo va a liderar, cuál es método más eficiente para unificar las bases de datos existentes, etc. Esto último tampoco puede ser un proceso prolongado.
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Estudio comparativo entre la averiguación previa y la etapa de investigación en los códigos de procedimientos penales para el estado de Sonora

Estudio comparativo entre la averiguación previa y la etapa de investigación en los códigos de procedimientos penales para el estado de Sonora

Dicho artículo podemos interpretarlo con ayuda de los autores mencionados con antelación, en que las actuaciones, es decir, las Diligencias practicadas durante y después de la Averiguación Previa, pueden realizarse a cualquier hora sin importar el día, señalando en dicha Diligencia la hora y fecha en que se practicase, lo cual viene siendo de suma importancia, ya que muchas veces se tiene detenido, y corre el término siendo éste de cuarenta y ocho horas cuando es infraganti, y poder acreditar el sector corporal y probable responsabilidad del sujeto inculpado, para posteriormente consignarlo ante el Juez.
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NUEVOS PERFILES DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL DERECHO ARGENTINO

NUEVOS PERFILES DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL DERECHO ARGENTINO

Lo expuesto se halla en consonancia con el pensamiento del jurista español Pantaleón Prieto, quien criticando la solución del derecho de su país al equiparar los efectos de responsabilidad de la Administración por el funcionamiento normal y anormal de los servicios públicos, proponía que “la responsabilidad por «funcionamiento normal de los servicios públicos» debe conectarse estrictamente con el principio de igualdad ante las cargas públicas (deducible del art. 31.1 CE) y restringirse a los que propongo llamar «daños cuasiexpropiatorios o de sacrificio», entendiendo por tales aquellos que son (producto indeseado, pero) consecuencia inmediata o directa de actuaciones administrativas lícitas de las que los daños aparecen como secuela connatural, como realización de un potencial dañoso intrínseco a la actuación administrativa en cuestión ; siendo también necesario, obvio es, que los daños de que se trate representen para quien los padece un sacrificio individualizado que no le sea exigible soportar” 11 .
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descargarlo directamente desde la web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad haciendo click aquí.

descargarlo directamente desde la web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad haciendo click aquí.

En España, el MSPS en su responsabilidad de mejorar la calidad del sistema sanitario en su conjunto, como marca la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS (22) , ha considerado que la seguridad del paciente es un componente clave de la calidad, situada en el centro de la política sanitaria. Así se refleja en la estrategia número ocho del PC-SNS 92 , cuyo objetivo es mejorar la seguridad del paciente atendido en los centros sanitarios del SNS a través de distintas actuaciones, entre las que se encuentran: promover y desarrollar el conocimiento y la cultura de seguridad entre profesionales y pacientes; diseñar y establecer sistemas de información y notificación de EA para el aprendizaje; e implantar prácticas seguras recomendadas en los centros del SNS. Esta estrategia se basa en las recomendaciones de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente de la OMS y de otros organismos internacionales 93 .
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EL MINISTERIO PÚBLICO

EL MINISTERIO PÚBLICO

Con el comunicado que se realiza al órgano jurisdiccional se inicia la representación de los intereses del Estado lesionados por medio de un hecho punible. Es necesario aclarar que si bien la víctima de un hecho es el primer interesado en encontrar justicia en un ilícito, al dar intervención al Ministerio Público éste asume la titularidad de la persecución penal y la responsabilidad de impulsar la denuncia ante un proceso penal. Esto se debe a un fundamento de política criminal que deposita el interés estatal por sobre el particular. Los hechos punibles cometidos contra la vida, la integridad física, la libertad, el pa- trimonio, los intereses difusos, los derechos de niños y adolescentes y de los pueblos indígenas son de especial interés en el seguimiento por parte del Estado, puesto que una de las principales garantías constitucionales otorgadas a todos los ciudadanos nacionales y extranjeros que habitan el territorio de la República es el de brindarles seguridad personal y jurídica.
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Responsabilidad del estado por fallas en el servicio

Responsabilidad del estado por fallas en el servicio

Queda claro el carácter de responsabilidad extracontractual del estado, toda vez que compromete actuaciones antijurídicas por parte de sus agentes, con un claro desconociendo de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que hace parte del bloque de constitucionalidad puesto que Colombia ha suscrito los tratados internacionales sobre esta materia, es así como lo estipula la declaración de los derechos humanos consagrados en el derecho internacional humanitario, en la declaración universal de los derechos humanos, en la declaración Americana de los derechos y deberes del Hombre, como también lo dispuesto en pacto internacional de los derechos civiles y políticos y la convención Americana de derechos humanos, que protegen al ser humano independiente de su condición social económica, de nacionalidad, de sexo, de raza, de religión, etc. Nacen especialmente contra la arbitrariedad de los estados exigiendo el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas que encuentran en su territorio dentro de un marco democrático y del imperio del derecho.
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CODIGO DE ETICA DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO PÚBLICO

CODIGO DE ETICA DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 3. Los servidores del Ministerio Público ejercerán su cargo con diligencia, es decir, imprimirán celeridad a los asuntos que estén conociendo, evitando retardos innecesarios y vigilarán que cada uno de los intervinientes en los procedimientos internos, ejecuten sus actuaciones dentro de plazos prudenciales.

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El Ministerio Público de Guatemala

El Ministerio Público de Guatemala

aunque “desgraciadamente” y aún a sabiendas de que la investigación en su ciudad arrojaría parecidos resultados, no estaban en condiciones de iniciar tal investigación ya que los recursos humanos de su fiscalía estaban ya ocupados en otros importantes asuntos, en el segundo caso, las dificultades de seguir una línea homogénea y eficaz en la lucha contra la criminalidad son puestas de manifiesto por un procurador-jefe de una ciudad de dimensiones medias. La más que débil jerarquía interna que rige en cada órgano del Ministerio público italiano impide una adecuada coordinación sobre la actuación de los distintos sustitutos del procurador-jefe, en el supuesto que comentamos , tres de los cinco sustitutos con que cuenta la Fiscalía en cuestión estaban, por iniciativa propia dirigiendo una investigación que les obligaba a emplear muchas horas en escuchar los resultados de las intervenciones telefónicas ordenadas por el Juez, sin que resultara posible una razonable distribución del trabajo ni menos aún una coordinada selección de preferencias en la investigación criminal. Finalmente, el autor recuerda la impunidad con que se desarrollaban, durante un período especialmente conflictivo, frecuentes ocupaciones estudiantiles en los locales del instituto universitario que él mismo dirigía. Sus requerimientos ante la fiscalía obtuvieron por respuesta la siguiente contestación: “¿te imaginas lo que sucedería si tomásemos la iniciativa e hiciésemos intervenir a las fuerzas del orden?; no podemos asumir la responsabilidad de provocar nosotros una revolución estudiantil en una situación ya bastante tensa como la que tenemos”.La evidencia de esta manifestación puramente discrecional en el ejercicio de la acción penal ha venido dividiendo a la doctrina italiana a la hora de buscar
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Gravitación de la presencia material del Estado Nacional argentino a comienzos del siglo XX: El caso de la construcción del Puerto de Paraná. – Revista El Topo - Sociología Cultural y Urbana ISSN: 0719-3335

Gravitación de la presencia material del Estado Nacional argentino a comienzos del siglo XX: El caso de la construcción del Puerto de Paraná. – Revista El Topo - Sociología Cultural y Urbana ISSN: 0719-3335

otorga al saber profesional en sus propias decisiones y las del presidente Roca. En efecto, puede constatarse a través de los informes ministeriales y la prensa que las preocupaciones fundamentales del gobierno para cuya solución se re- currió a la experticia de la ciencia fueron el mapeo de los ríos y su dragado para alcanzar las profundidades requeridas por las embarcaciones de ultramar. Asi- mismo que los estudios previos estuvieron a cargo de profesionales formados en el país y que ya contaban con reconocida actuación o la tendrían en años poste- riores dentro del propio ministerio. A comienzos de 1903 llegó a la ciudad el In- geniero Enrique J. Ducós , presidiendo un equipo para realizar sondajes de las aguas en busca de la mejor ubicación para el nuevo puerto. En el mes de Julio del mismo año el Ingeniero cordobés Agustín González , subsecretario del Ministro de Obras Públicas de la Nación e Ingeniero Jefe de las Obras de Salubridad de la Capital, se hizo presente para inspeccionar los estudios emprendidos por Ducós y aquellos referidos a las redes de cloacas y aguas corrientes previstas simultá- neamente para la ciudad. El 1° de Octubre el Director General de Obras Hidráu- licas, ingeniero E.M. Lange, firmó el llamado a Licitación pública para las obras portuarias, exceptuando los trabajos que el estado decidió reservarse para sí. Finalmente, será Eduardo Huergo , Ingeniero jefe de la Comisión del Río Paraná, el encargado de efectuar las reformas al proyecto original cuando, en 1905, la obra emprendida demostró no poder resistir la creciente del Paraná, que alcanzó la altura de 7,44 m frente a las costas de la ciudad, estableciendo una nueva cota histórica.
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Memoria anual de las publicaciones oficiales editadas por la Administración General del Estado

Memoria anual de las publicaciones oficiales editadas por la Administración General del Estado

Durante el año 2016, la actividad editorial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha desarrollado a través de las unidades editoras Centro de Publicaciones-Secretaría General Técnica (que, además de realizar su actividad editora propia, ha coordinado a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y a la Delegación del Gobierno para la Vio- lencia de Género, unidades que, sin tener la consideración de unidades editoras, editan a través de su propio presupuesto), la Agencia Española de Medica- mentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Agencia Española de Con- sumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), el Real Patronato sobre Discapacidad, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO), el Instituto de la Juventud (INJUVE), el Consejo de la Juventud de España (CJE), y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).
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GUERRA DEL PUEBLO EJÉRCITO DEL PUEBLO

GUERRA DEL PUEBLO EJÉRCITO DEL PUEBLO

El problema que se planteaba entonces al Cuerpo Expedicionario Francés era saber si le sería fácil volver al norte de Vietnam por la fuerza. Indudablemente no, ya que nuestras fuerzas er[r]

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El franquismo y la construcción del Estado de Bienestar en España: la protección social del Estado (1939-1986)

El franquismo y la construcción del Estado de Bienestar en España: la protección social del Estado (1939-1986)

El desarrollo de la ciudadanía social y su materialización en estados wel- fare nos conduce a reflexionar sobre un cambio de paradigma en la concep- ción liberal, capitalista y meritocrática de las relaciones sociales según el cual se reconoce que son el azar y la propia sociedad los responsables de la pobre- za, del infortunio de sus miembros, o de los riesgos que acompañan su cotidia- neidad, algunos de los cuales pueden ser previstos y, en consecuencia, repa- rados o reducidos. Frente a la responsabilidad individual, aparece la respon- sabilidad comunitaria, la colectivización del riesgo y la promoción del bien colectivo. Paradójicamente, una parte esencial de este pensamiento lo debe- mos a pensadores liberales, de modo que resulta complicado “hablar de teorías del bienestar socialistas o liberales como si se trataran de versiones impermea - bles, pues son el resultado de la interrelación dinámica de puntos de vista antagónicos y complementarios” (Freeden, 2013: 33). El viejo utilitarismo evolucionó aceptando que la libertad, gran indicador del desarrollo humano, engendraba situaciones indeseables que lastraban el pleno desarrollo del poten- cial individual y de la sociedad en su conjunto. Y asumiendo también que los individuos pertenecen indefectiblemente a la comunidad, el Estado debía ga ran - tizar pues el acceso colectivo de los individuos a los excedentes económicos y sociales que permitieran contrarrestar los efectos del infortunio, la edad, la en - fermedad o el paro.
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FINANCIACIÓNDELASCONFESIONESRELIGIOSAS Asunto 392 Alujer 393 Fernández y Caballero García contra España

FINANCIACIÓNDELASCONFESIONESRELIGIOSAS Asunto 392 Alujer 393 Fernández y Caballero García contra España

De
otro
lado,
no
se
aprecia
ninguna
discriminación
fundada
en
la
religión
que
vulnere
el
derecho
a
 la
igualdad
ante
la
Ley
(artículo
14
de
la
Constitución),
ya
que
la
previsión
de
dicha[r]

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Avance informativo IF.2018

Avance informativo IF.2018

De acuerdo con el Real Decreto-Ley 11/2005, el CCINIF las funciones principales del CCINIF son canalizar de forma centralizada y poner a disposición del conjunto de las administraciones públicas competentes, en tiempo real, toda la información de que dispongan las distintas administraciones públicas en relación con la evolución del riesgo de incendios forestales, los medios materiales, técnicos y personales disponibles en cada momento y los incendios forestales, una vez que se produzcan. La información de los siniestros en los que intervienen medios estatales del MAPA se actualiza tres veces al día en la página web del Ministerio. Diariamente se publican el mapa de riesgo para los siguientes dos días y las intervenciones de los medios del Ministerio en los incendios forestales sucedidos el día anterior.
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS UNIVERSIDAD KONSTANZ Bogotá, 2016

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS UNIVERSIDAD KONSTANZ Bogotá, 2016

En segundo lugar, debe decirse que el error jurisdiccional no puede ser analizado únicamente desde una perspectiva orgánica como parece pretenderlo la norma bajo examen. Por el contrario, la posible comisión de una falla por parte del administrador de justicia que conlleve la responsabilidad patrimonial del Estado, debe ser estudiada desde una perspectiva funcional, esto es, bajo el entendido de que al juez, por mandato de la Carta Política, se le otorga una autonomía y una libertad para interpretar los hechos que se someten a su conocimiento y, asimismo, aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico (Art. 228 C.P.). Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas -según los criterios que establezca la ley-, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta Corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una “vía de hecho”. (Negrillas y subrayas ajenas al texto)
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El acusador popular: enfoque legal y jurisprudencial

El acusador popular: enfoque legal y jurisprudencial

Cuando se trate de procedimientos ordinarios, el acusador popular podrá presentar escrito de calificación provisional (arts. 649 y ss LECrim) y plantear artículos de previo pronunciamiento (arts. 666 y ss LECrim). Los mismos trámites podrá presentar cuando el procedimiento sea abreviado, con la salvedad de que en este caso la terminología se sustituye por escrito de acusación y cuestiones previas. Como señala PÉREZ GIL, la lógica induce a pensar que el actor popular solo puede plantear como artículo de previo pronunciamiento la declinatoria de jurisdicción y falta de autorización administrativa para procesar, ya que el resto de casos (cosa juzgada, prescripción y amnistía o indulto) lo más oportuno desde la perspectiva del interés público es desistir de la acción penal. Sin embargo la práctica revela que esto no es así debido al interés particular que subyace en el acusador popular y que no se identifica con el interés público que en principio debería presidir su acusación 93 .
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Análisis y valoración del estado actual del parte de lesiones

Análisis y valoración del estado actual del parte de lesiones

4. Responsabilidad legal del Parte de lesiones. Cuando el médico extiende el Parte de lesiones, la exposición se realizará con términos precisos y se re­ ferirá a los hechos observados, pues el facultativo, por su profesión y por Ley, está obligado a decir siempre la verdad en cuantos asuntos intervenga19• Ahora bien, cuando un médico expone los hechos observados y formula sus conclusiones, podrá equivocarse obede­ ciendo a una lógica consecuencia derivada de la ob­ servación y una razonable interpretación científica; ni aquí ni en otros aspectos de la deontología profesio­ nal los condena la Ley. Pero los Códigos sí contem­ plan castigos para aquellos que acusan ignorancia in­ coherente e inexcusable, negligencia manifiesta o des­ virtuación de los hechos a propósito. Ante la posible responsabilidad en la emisión de un Parte de lesiones se pueden formular tres hipótesis20.
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