PDF superior Sanciones pecuniarias en la contratación estatal

Sanciones pecuniarias en la contratación estatal

Sanciones pecuniarias en la contratación estatal

i. Para la aplicación de las multas con resolución motivada, sin la misma, o para la declaración de incumplimiento y exigencia de la cláusula penal, no existió por parte de la entidad aplicación alguna al Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, donde se estableció que el debido proceso sería un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales, por lo tanto, no hubo oportunidad del contratista para presentar descargos, solicitar pruebas, obtener la práctica de las mismas, presentar recursos contra los actos o providencias que fueron inexistentes, o para realizar cualquier acto tendiente a la protección a de este derecho fundamental. Tampoco se dio cumplimiento a las normas del Banco Mundial que permitían la aplicación de multas únicamente al vencimiento del plazo contractual. De acuerdo a lo expuesto, queremos concluir que si bien es necesario dotar a la administración pública de prerrogativas que le permitan una fácil y adecuada consecución de sus fines, en algunos casos, ese poder otorgado puede constituirse en un arma de doble filo que puede incluso perjudicar o entorpecer la gestión estatal, junto con un evidente detrimento de los intereses particulares que tampoco deben desecharse o desprotegerse. Ahora bien, respecto a las cláusulas de sanción pecuniaria, lo único claro es que a pesar de las actuales disposiciones seguimos ante una indefinición de un procedimiento idóneo en este tema, donde en algunas oportunidades como el caso expuesto, la potestad sancionatoria otorgada a la administración ante estas figuras se traduce en arbitrariedad, ineficacia en la consecución de los intereses generales y violación desmedida de los derechos de los colaboradores de la administración en su práctica contractual.
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Estrategias de eficiencia para el índice de gobierno abierto   IGA, en el ejercicio de control a la contratación estatal

Estrategias de eficiencia para el índice de gobierno abierto IGA, en el ejercicio de control a la contratación estatal

El Índice de Gobierno Abierto, como herramienta sistémica de lucha contra la corrupción, desde el 2009 ha realizado el seguimiento al cumplimiento normativo en alcaldías y gobernaciones del país, en el marco de la Función Preventiva. El índice en su estructura consta de veinticuatro (24) indicadores, el cual evalúa sus ítems con un puntaje de 0 a 100, en el cual se refleja el nivel de cumplimiento de la norma que soporta cada uno de los indicadores. Esto visto como una herramienta de prevención, ya que sus resultados sirven de orientación a la PGN para la promoción de acciones preventivas de manera articulada con las entidades que son sujeto de control, con el objetivo de minimizar riesgo y los actos de corrupción, que conllevan a posibles investigaciones y sanciones disciplinarias, lo que permite la revisión y acercamiento de las entidades a cada indicador generado por el IGA y es conocer el comportamiento de la entidad en las diferentes áreas y así mismo realizar el seguimiento a la gestión a través de las oficinas de control interno.
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Diseño de un manual de procedimientos tributario para prevenir el riesgo de sanciones pecuniarias para personas naturales en la ciudad de Guayaquil

Diseño de un manual de procedimientos tributario para prevenir el riesgo de sanciones pecuniarias para personas naturales en la ciudad de Guayaquil

En la siguiente entrevista observamos un contribuyente que maneja de manera apropiada la declaración de impuestos, puesto que tiene la contratación de un experto en el área para poder realizar sus pagos y declaraciones mensuales, sin embargo, tiene poco conocimiento de las leyes y reglamentos que actualmente se encuentra vigente. Respecto a las sanciones pecuniarias conoce muy poco, por los pagos que le ha tocado realizar por la omisión de las obligaciones tributarias, piensa que la elaboración de un manual ayudara de manera efectiva a la realización de sus declaraciones y presentación de tributos de manera adecuada sin requerir de la contratación de un externo, y sobre la información que imparten los funcionarios del ente regulador indica que la falta de conocimiento o capacitación hace que la atención a los usuarios no sea correcta.
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Contratación estatal

Contratación estatal

[Es] oportuno destacar que a partir del fundamento constitucional al que se ha hecho mención, el mismo aparece expresamente contenido en el artículo 28 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ―Ley 80 de 1993― que, al hacer referencia a los criterios de interpretación de las reglas contractuales, dispone: “En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimien- tos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos”. El valor ético de la con- fianza como fundamento del contrato administrativo adquiere relevancia particular porque contribuye a humanizar las relaciones entre la Administración y el adminis- trado. Dada la supremacía jurídica de la Administración Pública es necesario que su conducta se someta a los dictados éticos de la buena fe; por ejemplo, en los contratos administrativos, que es el objeto de esta tutela, en los que el derecho le confiere a la Administración una posición de potentior personae, que se manifiesta no sólo en la atribución de las potestades de modificarlo, terminarlo o interpretarlo mediante el ejercicio de la decisión unilateral y ejecutoria, sino también en otros poderes y privi- legios, tales como el de control y dirección, el de imponer sanciones, etc. 24
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Principios de la contratación estatal en Colombia

Principios de la contratación estatal en Colombia

Ya que pudimos observar que en los diferentes modos de selección en algunos de estos es determinante el factor del precio en otros la necesidad o urgencia y de su calidad, este principio será base para cualquier contratación ya sea en una etapa pre contractual o contractual; el principio de transparencia debe desarrollarse al transcurso de toda la etapa contractual, en cual deberán ir ligados principios como el de publicidad, imparcialidad y moralidad, si vemos desde su etapa de publicación el proceso de contratación tiene que contar con trasparencia para que los participantes puedan ofertar con igualdad de condiciones para que nada interfiera con su posterior ejecución.
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El silencio administrativo en la contratación estatal

El silencio administrativo en la contratación estatal

reclamaciones y/o aclaraciones y/o cualquier tipo de petición, directamente derivada del contrato que los vincula; peticiones ante las cuales en caso de fenecimiento del plazo que posee el Estado para responder como Contratante, se daría aplicación al silencio administrativo, por lo tanto es menester conocer la procedencia la funcionalidad, las consecuencias y de más características que el legislador le concedió a esta figura en la Contratación Estatal y así dar una respuesta concreta y acertada al problema de investigación establecido, determinando entonces: ¿La aplicación de la figura del Silencio Administrativo, constituye una garantía para los Contratistas Estatales ante la inactividad de la administración en su calidad de Contratante?, o en su lugar ¿Esta figura es una garantía para la administración ante la tardía o inoportuna o inexistente actuación en la
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La constitucionalidad del cobro de las consignaciones correspondientes a las sanciones pecuniarias en garantía del resultado del procedimiento administrativo en el Distrito Metropolitano de Quito

La constitucionalidad del cobro de las consignaciones correspondientes a las sanciones pecuniarias en garantía del resultado del procedimiento administrativo en el Distrito Metropolitano de Quito

La Constitución de la República del Ecuador establece el principio de descentralización, como aquella transferencia de funciones de la administración central a las entidades locales, estas trasferencia es acompañada con una personalidad jurídica propia. La Constitución de la República del Ecuador, determina que constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales, y estos gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y se rigen por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. Es decir, son las instituciones que conforman la organización territorial del Estado Ecuatoriano. El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones integradas: Función Legislativa, Normativa y Fiscalización, por lo que el COOTAD otorga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) una potestad sancionadora, teniendo de esta manera la autoridad para juzgar y hacer cumplir las sanciones que establece la normativa que les regula, dicha potestad deben seguir un procedimiento administrativo regulado a través de actos normativos como la Ordenanza Metropolitana No. 0321. En virtud de la inobservancia de los derechos establecidos en la Constitución del artículo 27 de la Ordenanza Metropolitana No. 0321 considerando que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales debido al atropello de los derechos como el derecho al debido proceso, derecho de las personas a la defensa, derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita tomando en cuenta que los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley, todos estos derechos son y serán plenamente justiciables, por lo que se deberá realizar la reforma de la Ordenanza No. 0321.
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Planeación y su connotación en la contratación estatal en Colombia

Planeación y su connotación en la contratación estatal en Colombia

Si entramos en discusión frente a esta inquietud, podemos decir, que la falencia presente en la planeación es la constante confusión que surge entre los contratantes, contratistas y otras personas intervinientes en esta actividad administrativa del estado; al ceñirse a un marco legal estatal vigente de contratación, mezclan el hecho de realizar unos estudios previos, diseños de proyecto, análisis de presupuesto, realización de planos y demás actividades necesarias para dar por terminada la carpeta precontractual sin tener en cuenta la definición de planeación, la diferencia sistemática y categórica de plan, planeación y planificación, teniendo estos tres términos gran influencia en las etapas de un correcto contrato de obra.
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Contratación estatal comparada con Argentina

Contratación estatal comparada con Argentina

La entidad estatal ejerce el control de la actividad contractual a través de su interlo- cutor válido, que es el supervisor o interventor, quien debe ostentar instrucciones precisas para la comunicación permanente con la entidad, para que ésta pueda tomar las medidas preventivas y correctivas en caso de desarrollo anormal del contrato. El ejercicio del control es de mayor facilidad en aquellos contratos en que la ley permite que contengan cláusulas excepcionales al derecho común. En los demás, si bien la labor se dificulta, no por ello es imposible, pues siempre se podrá acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, al arbitramento si se ha pactado la cláusula compromisoria, o, de no poderse solucionar la dificultad, podrá hacer efectivas las garantías de cumplimiento.
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Elementos y presupuestos de la contratación estatal

Elementos y presupuestos de la contratación estatal

ralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la in- mediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condicio- nes particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcio- nales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial. Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilaterales, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el contratista, según lo previsto en el artículo 77 de esta ley. 2. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpre- tación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de ca- ducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra.
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Herramienta para verificación de requisitos en contratación estatal

Herramienta para verificación de requisitos en contratación estatal

En Colombia la ley 80 la que rige la contratación en entidades públicas como alcaldías, gobernación y entes descentralizados, de allí se despliegan varios artículos específicos para cada tema contractual. En muchas entidades se adopta de esta ley los artículos con los cuales la entidad se identifica y requiere para las contrataciones y la gran mayoría de entidades se enriquecen de esta ley extrayendo lo que van a usar y realizan sus manuales de contratación ajustado para simplificar o resumir dicho manual, otros entes simplemente trabajan su contratación con la ley 80 y algunos que tienen capital mixto realizan sus manuales de
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Crisis en los procesos de selección en la contratación estatal

Crisis en los procesos de selección en la contratación estatal

Conforme a lo anterior se debe adelantar un estudio encaminado a determinar cuales son los problemas que se presentan dentro del estatuto de la contratación estatal, para así enfocarnos a determinar cuales serían las posibles respuestas a los problemas identificados. Esto a fin de demostrar por qué es necesario que la entidad pública escoja al contratista basado en criterios objetivos de selección, dejando de lado consideracionescaprichosas o subjetivas, para que así predomine siempre el interés publico y lograr una correcta escogencia del contratista en los procesos deselección, que logre los cometidos estatales vinculados con la administración y por consiguiente satisfacer el interés público que ha debidotenerse en su celebración.
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PhD, SONIA PATRICIA CORTES ZAMBRANO

PhD, SONIA PATRICIA CORTES ZAMBRANO

 Institucionalizar y fomentar la especialidad del profesional en contratación pública, cuya formación deberá ser técnica y moral, de esta forma se dejara de improvisar con los cargos de confianza en el manejo de tan delicada gestión, reduciendo de esta forma la ineficiencia y la tendencia a aceptar sobornos. La elección de los funcionarios del área de contratación, debe ser en todos los casos una elección técnica y por méritos, no debe ser una elección de confianza como sucede cada vez que entra una nueva gestión a las entidades del Estado, siendo lo primero en copar las áreas de contratos con su personal de confianza, para asegurar sus intereses personales sobre el interés público.
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De las Garantías en Materia de Contratación Estatal 2012

De las Garantías en Materia de Contratación Estatal 2012

No es posible concluir que “(…) la declaratoria de caducidad únicamente habrá lugar ante el fracaso de otras medidas de apremio o coercitivas, ello porque no existe norma legal alguna que haya establecido tal condición o exigido tal prerrequisito para que la actividad estatal pudiera ejercer la potestad excepcional, cuando a ella hay lugar (…) (…) Además, porque no es posible establecer con precisión – dada la inexistencia de norma alguna al respecto -; cuáles serán esas medidas, de apremio o coercitivas, que hipotéticamente la entidad deberá agotar antes de iniciar la actuación administrativa encaminada a declarar la caducidad del contrato: ¿llamados de atención? ¿Regaños?, ¿Reuniones?, ¿multas?, ¿Todas las anteriores o solo algunas de ellas? Y finalmente en el supuesto de que pudiera esclarecerse cuales serían aquellas otras medidas coercitivas o de apremio que deberían agotarse previamente antes de iniciar el procedimiento administrativo encaminado a declarar la caducidad del contrato obviamente habría que preguntar de nuevo ¿cuantas medidas de apremio o coercitivas se requerirían?, ¿Un llamado de atención y una multa?, ¿O dos llamados de atención y una multa?, ¿O 2 multas?, ¿3 multas? ¿o 17 multas?; ¿O 5 regaños, y 2 reuniones? Si las normas no han establecido ni consagrado esta clase de requisitos ¡ cual sería entonces el fundamento para exigirlos y como sustentar, sin invadir la órbita del legislador cuantos deber án cum plirse en cada caso? (…) (…) Lo ciert o es que la Ley no ha
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Panorama actual del arbitraje en la contratación estatal

Panorama actual del arbitraje en la contratación estatal

Por otro lado, otra de las cuestiones relevantes del arbitraje en contratación estatal es conocer si este deber ser ad hoc o institucional. La principal diferencia entre los dos tipos antes mencionados radica en que en el ad hoc son las propias partes y en su defecto los árbitros designados quienes establecen las reglas aplicables a las actuaciones arbitrales, encargándose también de la organización del mismo y su administración. La prestación del servicio secretarial debe recaer en personas que también sean designadas por las partes o en su defecto por los árbitros.
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El estatuto anticorrupción en la contratación estatal

El estatuto anticorrupción en la contratación estatal

Infortunadamente esta problemática ha sido abordada y tratada solo desde dos puntos de vista: el jurídica y la política, que han demostrado ser ineficaces para, por lo menos, disminuir los altos índices de corrupción que registra el país a escala mundial y que le ubican en un deshonroso lugar en el orbe, puesto setenta y nueve en la actualidad, además con una calificación muy pobre (de 3.5 sobre 10). En lo que tiene que ver con el tema jurídico, las soluciones propuestas van desde la creación de nuevos tipos penales y/o de circunstancias agravantes a los punibles existentes, a la elevación de las penas de los tipos atentatorios contra la administración pública, en materia penal. Asimismo, la adición e implementación de requisitos exiguos en la contratación y en la vigilancia de los mismos por parte de organismos de control y de veedurías ciudadanas, en el ámbito administrativo, que no atacan la raíz del problema sino que se advierten como paños de agua tibia en procura de algún rédito mediático.
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Las vigencias futuras en la contratación estatal

Las vigencias futuras en la contratación estatal

Ello cobra particular importancia en un Estado social de derecho ya que es a través de la contratación estatal que se pone en funcionamiento el aparto estatal, se desarrollan los fines del Estado y se materializan algunos derechos fundamentales. Al parecer, la dirección de apoyo fiscal del ministerio de hacienda contempló la posibilita de que esta figura se aplicara para las entidades territoriales, tal como se desprende de la lectura de la Circular externa 07 del 20 de febrero de 2007 cuyo apartes mas relevantes se transcriben a continuación:

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Carga impositiva en pymes : el rol del Contador Público en la gestión

Carga impositiva en pymes : el rol del Contador Público en la gestión

ARTICULO 11. — Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro ardid o engaño, simulare el pago total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, sean obligaciones propias o de terceros.

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1102040202 FONDO LOCAL DE SALUD

1102040202 FONDO LOCAL DE SALUD

Corresponde a los gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para que presten servicios calificados o profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con el personal de planta. Incluye la remuneración del personal que se vincule en forma ocasional, para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a los servidores públicos en caso de licencias o vacaciones.

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Análisis jurídico por la aplicación  del art. 385, num 3, inc 2 del COIP

Análisis jurídico por la aplicación del art. 385, num 3, inc 2 del COIP

1.- Una vez realizado la presente Reforma se ha podido deducir que se debería tomar en cuenta muchos de los factores que inciden para el cometimiento de una infracción y en lo posterior se pueda realizar una reforma en cuanto a las contravenciones de tránsito para que se evite vulnerar derechos y principios constitucionales tomando como referencia el hecho de que la pena aplicada sea en base a la reincidencia es decir siendo la privación de libertad la última de las sanciones y de esta manera no se aplique a una contravención tres penas, ya que si bien es cierto una persona no puede ser sancionada dos veces por la misma razón, en el caso de las contravenciones de transito no son dos veces sino tres perjudicando laboral y económicamente a las personas que han sido perjudicadas por este tipo de sanción.
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