PDF superior Segundo Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación

Segundo Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación

Segundo Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación

Los Órganos Ejecutivo y Legislativo, desde sus respectivas competencias, además de la imperiosa obligación que les asiste respecto a elaborar y respaldar una Política Nacional sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, deben también establecer marcos de políticas de apoyo y protección hacia los sectores más vulnerables de los procesos de apertura comercial, la desregulación de la economía y del sesgo anti-agropecuario como producto de los Tratados de Libre Comercio. Es fundamental revertir la lógica del lucro y el negocio predominante en las políticas económicas y agropecuarias, que obvian el respeto al medio ambiente, a la diversidad y los derechos humanos. Los Órganos Ejecutivo y Legislativo, desde sus respectivas competencias, deben crear marcos de políticas agrícolas y alimentarias que protejan de los estragos generados por la liberalización del comercio mundial; prioricen la producción agrícola local destinada a la alimentación de la población antes que destinarla a la exportación; promuevan y recuperen las prácticas y tecnologías tradicionales, que aseguren la conservación de la biodiversidad; y desarrollen la capacidad de autoabastecimiento de los alimentos.
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El derecho a la alimentación como derecho humano

El derecho a la alimentación como derecho humano

En los materiales elaborados por los relatores especiales sobre el derecho a la alimentación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se define como “El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la po- blación a que pertenece el consumidor y que garantice El hambre y la desnutrición no se deben en modo alguno a la fatalidad ni a una maldición de la naturaleza; se deben al hombre. El que muere de hambre es víctima de un asesinato: la desnutrición crónica grave, el hambre persistente implican una violación del derecho fundamental a la vida. Esta tragedia silenciosa tiene lugar diariamente en un planeta agobiado por la riqueza.
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El Derecho a la Alimentación en Guatemala: Informe Final Misión Internacional de Verificación

El Derecho a la Alimentación en Guatemala: Informe Final Misión Internacional de Verificación

No obstante, hace falta la inclusión de varios principios de derechos humanos que deben guiar también la acción de asistencia alimentaria en el marco de la obligación de provisión directa: debe garantizarse la participación de las comunidades en la decisión sobre la alimentación adecuada, y debe garantizarse también el principio de la transparencia. En el caso de las comunidades de San Mateo Ixtatán, se ha constatado que la población rechaza ayuda alimentaria que contiene substancias transgénicas. Sin embargo, la Misión sólo lo descubrió por un estudio propio de la municipalidad. El derecho a la información sobre el alimento que se consume, el derecho a decidir qué alimento se considera culturalmente adecuado, y por lo tanto también la decisión de rechazar ayuda alimentaria que contenga substancias transgénicas, debe ser respetada. Además, el principio de precaución está contemplado en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala. Por lo tanto, la carga de prueba sobre la inocuidad de alimentos otorgados en el marco de programas gubernamentales no recae sobre la gente de las comunidades, sino sobre el Estado mismo o sobre la empresa que provea el alimento. Mientras que no pueda probar que el producto no es dañino para la salud, lo que en el caso de los alimentos con transgénicos aún es una controversia científica a nivel mundial, es imperante no incluir productos transgénicos en estos programas gubernamentales, sino utilizar estos programas y los recursos relacionados para fomentar la producción local campesina.
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El derecho a la alimentación

El derecho a la alimentación

más de seis millones de niños pequeños morirán de hambre para fines del 2004. El hambre matará a más gente que todas las guerras libradas el año en curso. Sin em- bargo, ¿dónde se lucha contra el hambre? En el último informe, El estado de la in- seguridad alimentaria en el mundo, 2003, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) informa acerca de “una marcha atrás en la lucha contra el hambre”. El número de personas que padecen desnutrición en forma permanente y grave ha aumentado a 842 millones de 840 millones en el últi- mo informe. A pesar del progreso logrado a comienzos del decenio de 1990, el nú- mero de víctimas de malnutrición crónica aumentó en 18 millones entre 1995 y 1997 y entre 1999 y 2001. A pesar del importante progreso reciente que se ha logra- do en 19 países, en la actualidad la tendencia general es de retroceso, en vez de un logro progresivo del derecho a la alimentación. Varios países muy poblados han co- menzado a empeorar, incluidas la India, Indonesia, Nigeria, el Pakistán y el Sudán. El progreso en China es lento. En el informe de la FAO se advierte que “el objetivo de la Cumbre de reducir el número de las personas desnutridas a la mitad para el año 2015 parece estar cada vez más remoto”. El hambre no ha disminuido sino que ha aumentado desde 1996. Esto constituye una mofa de las promesas hechas por los gobiernos en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en 1996 y 2002, así como de las promesas contenidas en los objetivos de desarrollo del Milenio. 3. El hambre no es inevitable, ni es aceptable. Vivimos en un mundo cada vez más rico y con plena capacidad de erradicar el hambre. No hay secretos respecto de cómo erradicarlo, no hay necesidad de contar con nuevas tecnologías, simplemente es necesario lograr un compromiso político para poner a prueba políticas existentes que enriquecen a los ricos y empobrecen a los pobres. Llegó la hora de reconocer plenamente el derecho a la alimentación como un derecho humano que merece ser ejercido plenamente, como cualquier otro derecho humano. No se puede aceptar que el derecho a la erradicación del hambre ni el derecho a la alimentación apropiada sean considerados simplemente “aspiraciones” en lugar de derechos humanos reales que los gobiernos están obligados a respetar y a hacer valer.
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El derecho a la alimentación

El derecho a la alimentación

54. En Haití, una plataforma nacional de organizaciones de la sociedad civil fue una importante fuerza impulsora de la aprobación, en marzo de 2010, del Plan Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional elaborado por el Consejo Nacional de la Seguridad Alimentaria. En Nepal, la organización no gubernamental Pro Public desempeñó un papel fundamental en la causa sobre el derecho a la alimentación remitida al Tribunal Supremo, ya mencionada en el párrafo 18. El Comité de Asistencia para la Rehabilitación de Bangladesh, una conocida organización no gubernamental, también ha desempeñado un papel fundamental en la ampliación de la red de protección social contra el hambre. En la República Dominicana y en el Paraguay, las organizaciones de la sociedad civil están apoyando activamente la aprobación de leyes de seguridad alimentaria y nutrición. 55. Los agentes de la sociedad civil pueden establecer sus propios métodos originales de vigilancia, como en el Brasil, donde establecieron el cargo de Relator Nacional para los Derechos Humanos relacionados con la Tierra, el Territorio y la Alimentación, cuya legitimidad le permite ser interlocutor con las autoridades. Un número cada vez mayor de organizaciones de la sociedad civil, como FIAN International, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, Rights and Democracy, el Centro de Derechos Económicos y Sociales o el Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación, ha elaborado informes de evaluación de la aplicación de los informes sobre el derecho a la alimentación en los distintos países.
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Informe sobre avances en el derecho a la alimentación en Colombia

Informe sobre avances en el derecho a la alimentación en Colombia

La Constitución Política establece el derecho a la alimentación equilibrada como un derecho fundamental de los niños/as (artículo 44), la protección a la mujer en embarazo (artículo 43) y, en cuanto protección especial a la producción alimentaria y mecanismos para lograrlo, la Constitución establece en los artículos 64, 65, 66, 78, y 81 los deberes del Estado en esta materia. El artículo 93 de la Constitución, se integra al bloque de constitucionalidad de los derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación y el derecho correlativo al agua. La ley 1098 de 2006, “por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, en su artículo 41, numeral 14, establece como obligaciones del Estado: Reducir la morbilidad y la mortalidad infantil, prevenir y erradicar la desnutrición, especialmente en los menores de cinco años. y en el numeral 15: Asegurar los servicios de salud y subsidio alimentario definidos en la legislación del sistema de seguridad social en salud para mujeres gestantes y lactantes, familias en situación de debilidad manifiesta y niños, niñas y adolescentes. No obstante, el derecho a la Alimentación no es agotado en la Constitución Política Colombiana, de acuerdo a la definición dada por declaración Universal de los derechos Humanos, las directrices Voluntarias y asumido por los compromisos internacionales, como el derecho de toda persona a disponer y acceder a una alimentación adecuada y a ser protegida contra el hambre.
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Informe Alternativo del Derecho a la Alimentación en Guatemala Monitoreo de las Directrices Voluntarias para el Derecho a la Alimentación 2010

Informe Alternativo del Derecho a la Alimentación en Guatemala Monitoreo de las Directrices Voluntarias para el Derecho a la Alimentación 2010

Años antes de la aprobación de las directrices voluntarias de parte de la FAO, la carta pasto- ral “El Clamor por la Tierra” presentada por la Conferencia Episcopal de Guatemala, denun- ció las condiciones de las grandes mayorías excluidas en el campo que viven en pobreza, pobreza extrema y sin seguridad sobre los medios de producción rural. A la vez “El Clamor por la Tierra” anunció la necesidad de cambios y fundamentó la creación y el desempeño de las Pastorales de la Tierra con su opción para los pobres. En anteriores Informes Alterna- tivos sobre el Derecho a la Alimentación se abordaron: la problemática de pobreza y de la concentración de la tierra. En el presente artículo se analiza la implementación de políticas públicas de dos instituciones centrales para el tema agrario, la Secretaría de Asuntos Agra- rios (SAA) y el Fondo de Tierras (FONTIERRAS) desde la experiencia y acompañamiento a organizaciones campesinas e indígenas del Occidente. Ambas fueron creadas a fin de poder cumplir las obligaciones de Estado de facilitar el acceso a medios de producción y de resolver conflictos e inseguridad jurídica sobre estos. A la vez, en el artículo se aborda el tema de la conflictividad agraria y ambiental a partir de algunos casos ejemplares que están siendo acompañados por la Pastoral de la Tierra Interdiocesana, cuyo análisis se con- centra en la región Occidente del territorio nacional.
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Informe Alternativo del Derecho a la Alimentación en Guatemala. Monitoreo de las Directrices Voluntarias para el Derecho a la Alimentación 2011.

Informe Alternativo del Derecho a la Alimentación en Guatemala. Monitoreo de las Directrices Voluntarias para el Derecho a la Alimentación 2011.

Es así como la Dependencia Alimentaria en la que se encuentra Guatemala ha abierto la puerta a intereses comerciales cuyo interés es aprovechar los recursos nacionales a su favor, entre ellos la tierra y el agua. La captura de los Estados para abrir ventanas a estos intereses foráneos, tanto de forma jurídico-legal como mediante acciones de hecho, se constituye en una nueva modali- dad que garantiza el avance de los agronegocios: empresas extractivas, megaproyectos y nuevos mega-monocultivos para agrocombustibles, vulnerando la Soberanía Alimentaria de los pueblos. La realización del Derecho a la Alimentación es posible en tanto se mantenga el equilibrio entre las condiciones naturales y sociopolíticas de cada país. En la medida que exista voluntad por superar los problemas que condicionan una situación de vulnerabilidad esto se traduce en posi- bilidades para desarrollar capacidades, mediante la institucionalización de las acciones estatales. Una situación de desequilibrio implicará que un sector de la población se vea obligado a “so- portar” la pesada carga de mantener un sistema desigual, algo recurrente en la mayoría de los países. En términos generales los Estados tienen obligación de desarrollar acciones de carácter integral, no solamente ante situaciones de riesgo o como prevención a la vulnerabilidad, lo que implica además abordar problemáticas económicas y comerciales que tienen un impacto en las posibilidades de consumo de toda una población. Estas acciones no son elegibles para los Es- tados que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC; son obligaciones ante cuyo incumplimiento o evasión se derivan implicaciones judiciales. Sin embargo en muchos casos a pesar que las condiciones naturales de los países son favorables para el sostenimiento de los sistemas agroalimentarios nacionales, existen poblaciones margina- das históricamente que tienen el riesgo de caer en una situación de hambre y desnutrición, tal es el caso de Guatemala. En este sentido es claro que la ruta para la realización del Derecho a la Alimentación de la población guatemalteca es superar estos obstáculos políticos que mantienen a la mayoría de la población marginada de las posibilidades del desarrollo.
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Informe sobre avances en el derecho a la alimentación en México

Informe sobre avances en el derecho a la alimentación en México

2. Se constata un considerable grado de inserción de los derechos Económicos, Sociales y Culturales (dESC) en la legislación mexicana, entre los cuales destacan el derecho a la salud y el derecho a la educación. No obstante, el derecho a la alimentación no goza de tal consolidación institucional, careciendo de un real reconocimiento en el marco legal. El estado de los dESC en el país se caracteriza por un avance en cuanto a su vigencia y cumplimiento, aunque simultáneamente es posible evidenciar temas relevantes que están pendientes, principalmente en lo referido a las existentes y notorias brechas sociales. Los sistemas laborales, de salud y educacional siguen mostrando enormes diferencias en cuanto a su calidad y eficiencia entre grupos socioeconómicos altos y los más vulnerables. Se haya aún pendiente un sistema de protección social que incorpore la seguridad alimentaria para toda la población y, en especial, para los grupos excluidos.
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Informe sobre los progresos y desafíos en la implementación del Derecho a la Alimentación en Perú

Informe sobre los progresos y desafíos en la implementación del Derecho a la Alimentación en Perú

De manera general, se considera que el “Derecho a la Alimentación se está consolidando poco a poco en América Latina y el Caribe como el marco legal y conceptual alrededor del cual se debe articular el combate al hambre a nivel nacional. El derecho a la alimentación es un dere- cho universal, para todos los ciudadanos, y que conlleva el derecho a tener una alimentación adecuada, tanto en cantidad como en calidad, que esté libre de riesgos e incertidumbre y que pueda ser conseguida por cada persona gracias a su propio esfuerzo y no a la caridad del Esta- do o de terceras personas. Una de las formas concretas en las que se está manifestando este derecho en algunos países es a través de la promulgación de Leyes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que establezcan el marco regulatorio que conforma el sistema nacional de SAN y asignen un mínimo presupuestario a la operativización de dicho sistema. El objetivo de una política de alimentación nacional en el marco de los derechos humanos consiste en garantizar a todos los ciudadanos de un país ese derecho a una alimentación adecuada en cantidad y ca- lidad.” 1 El Informe-país debe dar cuenta de la situación de la seguridad alimentaria, presentar un análisis de los avances para hacer operativo el DA, así como una recopilación de las prin- cipales violaciones al mismo; finalizando con unas recomendaciones prácticas a nivel legal, institucional y operativo sobre cómo avanzar progresivamente en la realización de este dere- cho. El esquema solicitado para el documento, según los términos del acuerdo, fue el siguien- te:
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Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador

Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador

Es innegable que la situación actual del país nos obliga a establecer prioridades y a comportarnos con austeridad. Pero esto en modo alguno implica dejar de invertir en los derechos fundamentales de la población. Más bien deben ser los sectores más afortunados de la sociedad quienes deben solidarizarse con el país. Es absolutamente necesario avanzar en la discusión de un proyecto de nación, dentro del cual el derecho a la alimentación debe guardar una posición estratégica. La generación de un consenso nacional en materia fiscal y social, con políticas de Estado claras, coherentes y transparentes; debe servir como punto de partida para la construcción de un país más justo y que avance con paso firme hacia la generación de mejores condiciones de vida para sus habitantes. Una meta como esta implica ir mucho más allá de la implementación de acciones de carácter asistencialista y bajo una visión de corto plazo. La lucha contra el hambre, contra la desnutrición y contra la pobreza no puede estar sujeta a los vaivenes políticos y electorales. En este sentido, nuestro llamado como institución es a promover la solidaridad y la cohesión social. Nuestro llamado es también a situar el énfasis en la generación de capacidades y oportunidades para que la población pueda acceder a un nivel de vida digno. Por todo lo expresado, tengo la firme convicción de que los resultados de este esfuerzo investigativo, y el debate que se entable a partir de los mismos, será importante para que afrontemos nuestra misión de construir un mejor El Salvador bajo una visión de país compartida por todos y todas.
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Informe sobre el progreso en la implementación del Derecho a la Alimentación en Bolivia

Informe sobre el progreso en la implementación del Derecho a la Alimentación en Bolivia

. En el mes de julio/2007, AIPE junto a FIAN International y Agro Acción Alemana organizaron el seminario “Validación de la Herramienta de Monitoreo de Políticas Públicas sobre el Derecho a la Alimentación” que tenía el objetivo de fortalecer y unificar los conocimientos sobre el derecho a la alimentación en general; aclarar los conceptos sobre el monitoreo basado en derechos humanos y su utilidad; afianzar los conocimientos sobre las directrices voluntarias del derecho a la alimentación y sobre esta base incluirlos en el proceso de diseño de una herramienta de monitoreo del derecho a la alimentación, demostrando la utilidad de la misma; discutir con los participantes la pertinencia de la utilización de la herramienta de monitoreo preparada por el FIAN y conocer sus aportes sobre la misma en orden a su adecuación a las necesidades y condiciones reales de las organizaciones de la sociedad civil en las diversas regiones; y ejercitar a los participantes en la utilización de la herramienta de monitoreo para la elaboración de informes alternativos a ser presentados ante entidades internacionales y regionales de derechos humanos.
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Hambre y vulneración del derecho a la alimentación en Colombia. Segundo Informe sobre la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia

Hambre y vulneración del derecho a la alimentación en Colombia. Segundo Informe sobre la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia

Las consecuencias de esto son más que notorias a los ojos de quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos (DDHH). Por un lado, un Estado y unos gobiernos dedicados casi que exclusivamente a contener con su asistencialismo la bomba de tiempo social que incuba el hambre de sus gobernados. Por el otro, unos titulares del derecho que desconocen que lo son y ven en el asistencialismo un favor divino o el talante misericordioso de los gobernantes de turno. Ahora bien, la alimentación vista desde una perspectiva de derechos humanos aporta una mirada completamente diferente en la medida que involucra no solamente el tema de su adecuación nutricional, sino que implícitamente reconoce que es fruto de un proceso que no se circunscribe únicamente a su aprovechamiento biológico en el organismo. Como puede apreciarse en el esquema No. 3, al hablar de la alimentación como proceso debemos también hacer mención a las dinámicas productivas de los alimentos, sus mecanismos sociales de transacción, las distintas maneras en que se transforman, las formas de uso y consumo, los circuitos económicos, sociales y culturales que el proceso involucra y, por supuesto, las relaciones de poder, los conflictos, las
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Derecho a la Alimentación

Derecho a la Alimentación

Declaración Universal de Derechos Humanos en el art. 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

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Informe sobre avances en el derecho a la alimentación en República Dominicana

Informe sobre avances en el derecho a la alimentación en República Dominicana

En el país hay una preocupación legítima, tanto del gobierno como de la sociedad en general, por la crítica situación en la que vive el 23% de la población dominicana que padece hambre y se encuentra imposibilitada de obtener el sustento para vivir dignamente (FAO, 2008). tal problemática ha propiciado diversas estrategias, unas auspiciadas por el Estado, otras por la sociedad civil o incluso algunas se han gestionado en conjunto, tratando de optimizar recursos o elaborando medidas estratégicas de solución. Si bien el problema del hambre y el desarrollo del derecho a una alimentación adecuada poseen elementos centrales en común, es de suma importancia identificar las variables nacionales que lo sustentan. En este sentido se hace necesario realizar una evaluación, aunque no exhaustiva, sobre el estado del derecho humano a la alimentación en República Dominicana, partiendo de la base que éste se relaciona con un tipo de economía y un modelo de desarrollo excluyente, que no respeta la integridad de los derechos humanos.
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Informe Alternativo del Derecho a la Alimentación en Guatemala.

Informe Alternativo del Derecho a la Alimentación en Guatemala.

posterga el mejoramiento de las condiciones de vida, a cambio de un mínimo de servicios y asistencia alimentaria; en tanto que evade el abordaje de las problemáticas estructurales que provocan el hambre y la pobreza, con el argu- mento de que solamente podrán ser aborda- dos en futuras administraciones; en tanto que promueve procesos que mediatizan a los Mo- vimientos Sociales a través de diálogos secto- riales que son constantemente obstaculizados. La experiencia que trae la administración Colom para adecuarse al Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional so- lamente puede interpretarse como de DES- CONOCIMIENTO, en el sentido de negarse a respetar el marco jurídico e institucional que se plantea para favorecer sus propias propuestas que tendrían cabida en el mis- mo. Situación que el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación Olivier De Schutter plantea: “Todos estos programas, y el programa de transferencias moneta- rias condicionadas Mi Familia Progresa en particular, podrían ser objeto de mejoras si en ellos se integraran los principios de derechos humanos, a saber: 1) si se basan en un mapeo más idóneo de la vulnerabili- dad e inseguridad alimentaria, de manera que se identifi que mejor a los grupos meta hasta que se logre la cobertura universal; 2) si se identifi ca claramente a los benefi - ciarios y así se garantiza que quienes cum- plan con los requisitos y quedan excluidos puedan reclamar; 3) si se informa mejor a los benefi ciarios acerca de los derechos que tienen con arreglo al programa; 4) si se desarrollan mecanismos a través de los cuales los benefi ciarios puedan participar en el diseño, la ejecución y la evaluación del programa”. 18
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Informe sobre avances en el derecho a la alimentación en Panamá

Informe sobre avances en el derecho a la alimentación en Panamá

La figura de la Defensoría del Pueblo es útil para profundizar la vigilancia del cumplimiento del Derecho a la Alimentación en la población y hacer más expedito el camino para su exigibilidad y justiciabilidad. Considerando la gravedad de la subnutrición en el país, especialmente entre los grupos más vulnerables (indígenas, población rural, mujeres y niños), sugerimos que la Defensoría se encargue de dar seguimiento a la realización de este derecho, y pueda preparar un informe de seguimiento anual, para informar al Gobierno y al Congreso sobre los avances en la materia. En cuanto a las políticas de disponibilidad y acceso a los alimentos, más que pensar en la agro exportación como solución al tema de la pobreza, y por consiguiente el apoyo a los grandes productores, el Gobierno podría re-orientar sus políticas a hacia los pequeños y medianos productores, que son los que pagan la crisis abandonando al campo y malvendiendo sus tierras ahora que ya están tituladas. En este sentido, se podrían considerar los siguientes ejes:
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Informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación

Informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación

Decide que la participación en el Consejo estará abierta a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas; al elegir a los miembros del Consejo, los Estados Miembros deberán tener [r]

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Primer Informe del Derecho Humano a la Alimentación

Primer Informe del Derecho Humano a la Alimentación

La Observación General No. 12 señala que los elementos constitutivos o contenido básico del DA son la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficiente, así como su accesibilidad en formas que sean sostenibles y que no dificulten el disfrute de otros derechos (CDESC, 1999, párraf. 8). Complementariamente, al hablar de la disponibilidad, se hace explícito que debe lograrse buscando satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales de los individuos de tal forma que garanticen su crecimiento, desarrollo, actividades cotidianas y demás necesidades fisiológicas. Si a esto último agregamos que tales condiciones se hacen reales en la medida en que el ambiente físico que rodea a la(s) persona(s) determina una adecuada alimentación (en aspectos como la higiene al preparar los alimentos, el contar o no con información nutricional o de prácticas alimentarias
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Informe sobre los avances y desafíos en la implementación del Derecho a la Alimentación en Ecuador

Informe sobre los avances y desafíos en la implementación del Derecho a la Alimentación en Ecuador

indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos no ocasionados por catástrofes, caso fortuito o fuerza mayor, y las sanciones por la violación de estos derechos. Las personas que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la prestación del servicio, así como por las condiciones del producto que ofrezcan, de acuerdo con la publicidad efectuada y la descripción de su etiqueta. El Estado auspiciará la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios, y adoptará medidas para el cumplimiento de sus objetivos” Los artículos 93 y 94 reconocen los derechos de hábeas corpus y de hábeas data. Por su parte el artículo 95 reconoce el derecho de amparo al establecer que “Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública, que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente, y que, de modo inminente, amenace con causar un daño grave. También podrá interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos o actúen por delegación o concesión de una autoridad pública”.
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