PDF superior SENTENCIA. Lima, veintiséis de abril de dos mil veintidós

Lima, veintidós de abril de dos mil diecinueve

Lima, veintidós de abril de dos mil diecinueve

Chira. Además, identificó a Lou Lanse Muñoz Ramírez como “Lanse”, quien le disparó al otro agraviado cuando yacía en el suelo. Sexto. El móvil no fue patrimonial, pues los procesados no se llevaron la moto en la que se trasladaban los agraviados ni los interceptaron para sustraerles sus pertenencias (acta de hallazgo y registro vehicular a foja 54) . Al respecto, el agraviado John Cristopher Sandoval López explicó a nivel judicial que él no tenía problemas con los procesados, pero sabía que Luis Enrique Toribio Chira había sido testigo del homicidio de Callán Ramos por parte de Jonathan Gian Vargas Baluarte (foja 323) . Aunque se absolvió a Vargas Baluarte por el delito de homicidio en agravio de Guillermo Eduardo Callán Ramos, existen datos objetivos que afianzan la explicación del testigo sobreviviente: Guillermo Eduardo Callán Ramos fue asesinado el treinta de enero de dos mil quince, se abrió un proceso contra los recurrentes Jhonatan Gian Vargas Baluarte y Lou Lanse Muñoz Ramírez, todos los testigos referenciales declararon que la fuente de información fue Luis Enrique Toribio Chira y al momento de los hechos la investigación contra los recurrentes no había concluido.
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CONSIDERANDO: Lima, veintiséis de abril de dos mil diez.-

CONSIDERANDO: Lima, veintiséis de abril de dos mil diez.-

presupuesto subjetivo del mismo porque el encausado cuestionó la sentencia de primera instancia y, sin duda, la sentencia de vista lo agravia al desestimar su pretensión impugnativa absolutoria. TERCERO.- Que, sin embargo, el apartado dos, literal b), del artículo cuatrocientos veintisiete del nuevo Código Procesal Penal establece una restricción del ámbito objetivo del recurso en relación con la cuantía de la pena, puesto que si se trata de sentencias, como la presente, se requiere que el delito imputado más grave tenga señalado en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor a seis años; que el delito objeto del presente proceso penal es actos contra el pudor, que está conminado con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de nueve años –inciso dos del artículo ciento setenta y seis “A” del Código Penal-; que, en consecuencia, el delito incriminado no alcanza el criterio de summa poena estatuido en la norma procesal, por lo que en principio escapa a la competencia casacional de este Tribunal Supremo.
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SENTENCIA DE CASACIÓN. Lima, dieciséis de febrero de dos mil veintidós

SENTENCIA DE CASACIÓN. Lima, dieciséis de febrero de dos mil veintidós

INFUNDADA la casación interpuesta por la defensa del sentenciado Rommel Fernando Arce Gutiérrez, por la causal prevista en el numeral 4 del artículo 429 del NCPP — de[r]

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Ciudad de México, a veintiséis de abril de dos mil diecisiete. SENTENCIA ÍNDICE

Ciudad de México, a veintiséis de abril de dos mil diecisiete. SENTENCIA ÍNDICE

Por otra parte, en la sentencia SUP-REC-193/2015 fue objeto de estudio la validez de que se fije un tope al financiamiento de fuente privada para las candidaturas independientes. 22 La Sala Superior señaló que una candidatura que supera la etapa de registro debe regirse por un marco normativo que permita una competencia en igualdad de armas con las candidaturas de partidos políticos, es decir, deben tener las mismas posibilidades de contender y tener éxito en las campañas electorales en que participen. En consecuencia, dicha autoridad judicial consideró que es posible predicar una igualdad sustantiva entre ambos tipos de candidaturas, pues son perfectamente compatibles los supuestos de derecho en los cuales se encuentran, lo que implica que los independientes deben recibir, cuando menos, el mismo
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- - - SENTENCIA DEFINITIVA.- EN HERMOSILLO, SONORA A VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS

- - - SENTENCIA DEFINITIVA.- EN HERMOSILLO, SONORA A VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS

- - - SENTENCIA DEFINITIVA.- EN HERMOSILLO, SONORA A VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V I S T O S para resolver los autos originales del expediente número XXX/XXXX, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por ACTOR, por conducto de sus endosatarios en procuración, en contra de DEMANDADA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.- Por escrito presentado ante la oficialía de partes común a los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles de este Distrito Judicial, el día diez de febrero de dos mil quince, y remitido el mismo día a este juzgado, comparecieron los endosatarios en procuración de ACTOR, y con tal personería demandaron en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a DEMANDADA, por el pago y cumplimiento de las siguientes prestaciones: 1).- El pago de la cantidad de
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SENTENCIA Nº 96/18. En Murcia, a veintiséis de Abril de dos mil dieciocho.

SENTENCIA Nº 96/18. En Murcia, a veintiséis de Abril de dos mil dieciocho.

exclusivamente a la calidad y circunstancias del puesto de trabajo al que se les asigna". Siguiendo la misma línea argumental, la STS de 22- 12-1994, tras proclamar que los datos a tener en cuenta para la fijación de un complemento retributivo específico integran conceptos jurídicos indeterminados que, aun teniendo naturaleza reglada, permiten un amplio margen de apreciación a la Administración, distingue dos momentos en relación a tal concepto retributivo: a).-actuaciones que preceden y tienden a la determinación del complemento específico, en las que la Administración ha de atender exclusivamente al contenido del puesto según los parámetros objetivos que han servido para definirlo, para aplicarle los criterios de valoración que haya adoptado a efectos retributivos; y b).- actuaciones de comprobación, fijado ya el complemento, que puede realizar la propia Administración, o de control, a desarrollar por los Tribunales de Justicia, para determinar si la asignación del complemento ha sido o no legalmente procedente, tarea en la que resulta plenamente admisible comparar el contenido de varios puestos para comprobar si el complemento específico asignado a los mismos es o no coherente con aquel contenido previamente fijado.
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Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veinte (2020) SENTENCIA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veinte (2020) SENTENCIA

El legislador ha expedido leyes con el objeto de garantizar el derecho a la educación de las personas en situación de discapacidad, entre las que se destacan: (i) la Ley 115 de 1994, q[r]

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Lima, veintiséis de noviembre de dos mil veinte

Lima, veintiséis de noviembre de dos mil veinte

TERCERO. En el presente caso, las relaciones internacionales sobre extradición entre las repúblicas del Perú y Ecuador se encuentran reguladas en el Tratado de Extradición suscrito por ambos países el cuatro de abril de dos mil uno, ratificado por el Decreto Supremo número noventa y nueve-dos mil uno-RE y vigente desde el doce de diciembre de dos mil dos. Según este Tratado procede la extradición por el delito sancionado en la legislación de los Estados con pena privativa de la libertad cuya duración máxima sea superior a un año o una pena más grave (artículo 2.1).
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Lima, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis

Lima, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis

escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil quince, que corre en fojas seiscientos setenta y cinco a seiscientos ochenta, contra la Sentencia de Vista de fecha treinta de julio de dos mil quince, que corre en fojas seiscientos veintisiete a seiscientos treinta y tres, que revocó la Sentencia apelada de fecha veintiocho de enero de dos mil trece, que corre en fojas quinientos ochenta y uno a quinientos noventa y seis, en el extremo que desestima la pretensión de indemnización por despido arbitrario, y reformándola declararon fundado, confirmándola en lo demás que contiene; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, Óscar Elmer Polo Alcántara, sobre reintegro de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario.
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Lima, veintiséis de octubre de dos mil veinte

Lima, veintiséis de octubre de dos mil veinte

Undécimo. Finalmente, los hechos han sido tipificados en el artículo 176-A, primer párrafo, numeral 1, del Código Penal, modificado por Ley número 28704, del cinco de abril de dos mil seis. El margen de conminación punitivo era no menor de siete ni mayor de diez años. A J UAN J OSÉ G ODINES A SENSIO se le impuso una sanción dentro del marco abstracto de punición, lo que está justificado. A su favor, no se verifica causal alguna de disminución de la punibilidad o regla de reducción por bonificación procesal, por lo que no cabe efectuar rebajas punitivas adicionales.
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Lima, veintiséis de octubre de dos mil dieciséis

Lima, veintiséis de octubre de dos mil dieciséis

Sexto: Para efectos de analizar la causal declarada procedente, se debe tener presente que el tema en controversia, conforme se verifica del recurso de casación y lo actuado por las instancias de mérito, está relacionado a la competencia de los Juzgados Especializados de Trabajo, al amparo de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es, si los Juzgados, en mención, son competentes para conocer pretensiones que versen sobre indemnización por daños y perjuicios de naturaleza extracontractual; o por el contrario, deben ventilarse en vía de un proceso civil, como ha determinado el Colegiado Superior al revocar la Sentencia emitida en primera instancia, y reformando declarar la incompetencia y nulo todo lo actuado.
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Lima, veintidós de julio de dos mil diecinueve

Lima, veintidós de julio de dos mil diecinueve

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 2.2. José Luis More Rodríguez, la imputación en su contra se sustenta en la investigación preliminar contenida en los Atestados Policiales N.° 068, 069, 074, 077, 078 y 079, todos del 2008, de los que fluye que el 2 de noviembre de 2007, mediante documentación presentada por Humberto Bazetti Carbajal, gestionó la inmatriculación en los Registros Públicos de Lima de varios vehículos, amparado en la sentencia del 10 de setiembre de 2007, emitida por el Segundo Juzgado Mixto de San Juan de Miraflores en el Expediente N.° 338-2007, que supuestamente declaró fundada su demanda de prescripción adquisitiva de dominio de varios vehículos, entre ellos: i) el ómnibus marca Toyota, modelo coaster, año 2001, de placa de rodaje VG9-174 1 . El 2 de enero de 2008, Janeth Arriaga Estacio, vendió dicho vehículo a Basilia Pérez Marcos, por cuarenta y cuatro mil dólares estadounidenses, mediante el contrato de crédito con garantía ante la Notaría Higa Nakamura; ii) el ómnibus marca Toyota, modelo coaster, año 2001, de placa de rodaje VG9-174, fue el condenado Jorge Luis Rojas Huamán, quien lo vendió inicialmente a Hugo Cabrera Ventura, por la suma de treinta mil dólares estadounidenses.
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Lima, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho.

Lima, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho.

17 Pública, mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil dieciséis, que corre en fojas trescientos sesenta y cinco a trescientos sesenta y nueve, contra la Sentencia de Vista de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, que corre en fojas trescientos cincuenta y siete a trescientos sesenta y uno, que confirmó la Sentencia apelada de fecha trece de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos doce a trescientos diecisiete (vuelta), que declaró fundada en parte la demanda; en el proceso ordinario laboral, seguido por el demandante, Julio César García Sánchez, sobre reintegro de beneficios económicos por cumplimiento de convenio colectivo
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Lima, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.

Lima, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.

dos mil dieciséis, que corre en fojas doscientos treinta y uno a doscientos cuarenta y uno; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha diez de mayo de dos mil dieciséis, que corre en fojas doscientos veintitrés a doscientos veintiocho; y actuando en sede se instancia: CONFIRMARON la Sentencia apelada de fecha ocho de junio de dos mil quince, que corre en fojas ciento cuarenta y dos a ciento cuarenta y nueve, que declaró fundada la demanda; en consecuencia, ordenaron que la demandada cumpla con reponer al actor en su puesto de trabajo, con el mismo nivel remunerativo, y en ejecución de sentencia se liquiden las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha de despido hasta la reposición efectiva; más intereses legales, con costas y costos del proceso; ORDENARON la publicación de la presente sentencia en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido con la demandada, Empresa Regional de Servicio
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Lima, veintidós de febrero de dos mil dieciocho

Lima, veintidós de febrero de dos mil dieciocho

con el uso de arma blanca, además que el único que recurrió fue la parte acusada, debe mantenerse. DECISIÓN Por estos fundamentos, declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia del once de agosto de dos mil diecisiete –fojas doscientos uno-, que condenó a Humberto Sotomayor Marttini como autor de la comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado en grado de tentativa, en perjuicio de Katerine Rosa Cotillo Flores, a nueve años de pena privativa de libertad, y fijó quinientos soles por concepto de reparación civil que deberá abonar a favor de la agraviada; con lo demás que al respecto contiene; y los devolvieron.
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Lima, veintidós de septiembre de dos mil veinte

Lima, veintidós de septiembre de dos mil veinte

Lima, veintidós de septiembre de dos mil veinte VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica de los encausados Jesús Lorenzo García Estrada, Raúl Alfredo Núñez Valdez, Judith Jesús Núñez Valdez y Richard Manuel Pereira Núñez (vía queja excepcional) contra la Sentencia de vista del veintisiete de junio de dos mil diecisiete, la cual confirmó la de primera instancia, mediante la cual fueron condenados como autores del delito de estelionato, en perjuicio de Rosa María Francisca Comitre viuda de Hernández; y, como tal, se les impuso dos años de pena privativa de la libertad cuya ejecución quedó suspendida y fijó en veinte mil soles el monto que por concepto de reparación civil deberán pagar, solidariamente, a favor de la parte agraviada. Oídos los informes orales.
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Lima, veintidós de octubre de dos mil veintiuno

Lima, veintidós de octubre de dos mil veintiuno

NO HABER NULIDAD en la sentencia de vista contenida en la Resolución número 215, del doce de abril de dos mil diecisiete ( foja 526 ), emitida por la Segunda Sala Penal[r]

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Lima, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete

Lima, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete

c) Sentencia de segunda instancia: El Colegiado de la Sala Laboral – Sede Periférica I, mediante Sentencia de Vista de fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, confirmó la Sentencia emitida en primera instancia que declaró fundada la demanda, al argumentar que la falta grave impuesta por la parte demandada, sobre la reiterada paralización intempestiva de labores,, constituye un hecho no ocurrido en el presente, por cuanto según se aprecia de autos y de los hechos imputados por la demandada, se tiene que si bien el actor realizó una paralización intempestiva de labores, esto se hizo únicamente el día once de junio de dos mil quince, es decir, no ha sido reiterada como falsamente señaló la demandada. En consecuencia, se le atribuye una falta no prevista legalmente en relación al hecho suscitado, vulnerando el principio de tipicidad.
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Lima, veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.-

Lima, veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.-

Décimo Segundo.- Respecto a la obligación del pago de la Renta Vitalicia por enfermedad profesional, del informe se aprecia que la enfermedad del demandante fue diagnosticada el dieciséis de abril de dos mil ocho, fecha de la contingencia, en la que ya estaba vigente la Ley N.° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud 1 , y su Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, aprobado por Decreto Supremo N.º 009-97-SA; apreciándose de la documentación obrante de fojas 96 a 97, que la Compañía Volcan S.A.A., efectuó las aportaciones para el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo a la Oficina de Normalización Previsional, hasta el 31 de enero de 2009, lo cual también se verifica de la información que corre en el expediente administrativo, de fojas 142 a 144, y a partir del uno de febrero de dos mil nueve hasta el tres de noviembre de dos mil diez a MAPFRE; en tal sentido, si bien el actor cesó en sus actividades el tres de noviembre de dos mil diez, también es que para efectos de determinar quien es el obligado al pago de la renta vitalicia, debe tomarse en cuenta la fecha de contingencia, esto es el dieciséis de abril de dos mil ocho, fecha en que la empleadora Compañía Volcán realizaba aportes por Seguro Complementario de Riesgos a la Oficina de Normalización Previsional; en tal sentido, habiendo la Sala Superior, desarrollado un análisis pormenorizado de las normas denunciadas aplicadas al caso concreto y habiendo valorado los medios probatorios, que llevaron a confirmar la sentencia de primera instancia que declaró fundada la
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SENTENCIA Nº 627/2013. En la Villa de Madrid, a veintiséis de abril de dos mil trece.

SENTENCIA Nº 627/2013. En la Villa de Madrid, a veintiséis de abril de dos mil trece.

PRIMERO.- La Procuradora Doña María Jesús Ruiz Esteban, actuando en representación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC- CCOO), interpone recurso con[r]

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