PDF superior La tensión vivida en el Congreso de los Diputados durante el gobierno del Frente Popular

La tensión vivida en el Congreso de los Diputados durante el gobierno del Frente Popular

La tensión vivida en el Congreso de los Diputados durante el gobierno del Frente Popular

El Sr. Presidente da el turno de palabra ahora al Sr. Rodríguez de Viguri: “(…) esta ley roza la Constitución, sin tener el amparo de la ley de Defensa de la República, y le dais un carácter permanente; (…) vamos a ver ahora la situación en que se encuentran esos retirados. El decreto del Sr. Azaña, elevado a ley después por las Cortes Constituyentes, respondía a una verdadera necesidad: que nuestras escalas de oficiales eran superiores a las necesidades del Ejército, es indiscutible; nadie que se haya acercado un poco al problema militar español podrá negar que ha existido siempre un exceso de oficialidad, y que ninguna de las medidas que para amortizarla adoptó el Parlamento pudo llevarse a ejecución (…) El Sr. Azaña se encontraba, además, con un gran problema: había venido un régimen nuevo, en las filas del Ejército había hombres que habían servido con toda lealtad al régimen caído, casi todos lo habían hecho; (…) era el propio Sr. Azaña el que quería que salieran de las filas del Ejército los que no estuvieran en condiciones de servirle (…)¡Y ahora nos asombramos de que la mayor parte de esos oficiales no comulguen dentro de las ideas de la actual Constitución! Yo lo deploro, pero hay que reconocer que eso era lo que sabía el Sr. Azaña, y eso es lo que quería el autor de la ley, que salieran del ejército esos señores, los que podían tener una adhesión profunda al régimen monárquico. Pero, además, os digo, yo que conozco esa profesión, que no es verdad, y que el Sr. Fernández Bolaños me parece que exagera un poco cuando afirmaba que la mayor parte de esos individuos, que casi todos ellos, profesan esas ideas;(…). He pasado la vista por el salón hace un momento, y había cuatro oficiales retirados de la ley Azaña; de ellos, dos militan en los partidos más avanzados de la política española; uno es el Sr. Fernández Bolaños, afiliado al partido socialista, que trabaja dignamente por los ideales que le han llevado a formar parte del mismo, y no ha sido inquietado jamás en su papel de propagandista de militante del partido socialista por ningún gobierno de ideas contrarias, que han podido también adoptar una medida análoga a ésta; figura otro, un afiliado a Izquierda Republicana, tal vez de los que se distinguen más por su adhesión personal al Sr. Azaña, el Sr. Muñoz. ¿Por qué, pues – y aquí están cuatro, presentes, de los varios millares de oficiales retirados que existen, y de los cuatro dos son de esa ideología-, hemos de creer que entre los que se encuentran fuera de aquí no estén más que monárquicos o monarquizantes? Yo digo que es una pequeña minoría. (El Sr. Muñoz: Contra esa minoría hay que ir) Pues tomad medidas contra la minoría, pero no contra una clase en general (…) ¿Qué obligación mayor tienen los retirados de Guerra que no tengan los retirados civiles? Y ahora os digo: ¿Qué obligación mayor tienen los retirados de Guerra que los oficiales en activo? Pues bien; en esa ley se establece una notoria desigualdad.
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EL CONTROL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS AL GOBIERNO Y LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

EL CONTROL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS AL GOBIERNO Y LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

a) La declaración del estado de alarma, sea cual sea su causa, sin distinciones, no puede interrumpir el funcionamiento normal de los órganos constitucionales del estado. En un escenario público de restricción de derechos y libertades fundamentales el funcionamiento de estos poderes constitucionales son el contrapeso necesario frente a la concentración de competencias y facultades en el Gobierno de la Nación. La ausencia de controles por los órganos constitucionales competentes podría derivar en una ruptura de la “división de poderes” de futuro incierto e inquietante. En este sentido, el control judicial frente a los actos y acuerdos del Gobierno es la garantía de protección de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos ex art. 24 de la CE, mientras que, el control político por la minoría parlamentaria de los actos y acuerdos del Gobierno es la garantía de nuestro Estado democrático puesto que es el cauce idóneo para el debate público y exigencia de la responsabilidad política del Gobierno y sus agentes.
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

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Es ya un terreno común de todos los que tienen algu- na relación con Radiotelevisión Española la imperiosa necesidad de acometer una profunda reforma del ente público. El presidente del Gobierno hizo alusión a ello en su intervención ante el Pleno de esta Cámara con motivo del debate de investidura, ofreciendo un pacto a las fuerzas políticas para definir el nuevo modelo públi- co audiovisual en España. Además, el nuevo director general ya se ha manifestado con una claridad meridia- na en esa misma dirección. En sus breves palabras durante el acto de toma de posesión hizo referencia a ello y con la previsible amplitud lo ha vuelto a reiterar en este acto. Una y otra referencia hacen que la senci- llez del planteamiento a la hora de afrontar esta compa- recencia sea aún mayor para el Grupo Parlamentario Popular porque la coincidencia en ese sentido es total. Desde nuestro punto de vista, en el Parlamento y en el debate público sobre la materia ya se dispone de docu- mentos, opiniones y textos suficientes como para no tener que consumir más tiempo en la evacuación de comparecencias, en la recepción de estudios o en la redacción teórica de la reforma, y sí, en cambio, es el momento de avanzar decididamente para pasar de las musas al teatro, para pasar, en definitiva, a una acción política y legislativa que desemboque, en un plazo razonable de tiempo, en la consecución de un objetivo mayoritariamente compartido y beneficioso para los ciudadanos. Queremos reiterar hoy la disposición for- mal del Grupo Parlamentario Popular para establecer la premisa básica de un acuerdo político y social para reformar Radiotelevisión Española. No es posible, a nuestro juicio, abordar la reforma de espaldas a la
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Disposición adicional primera. Transmisión de información sobre contratos de arrendamiento de vivienda. Con la finalidad de definir, proponer y ejecutar la política del Gobierno relativa al acceso a la vivienda, el Ministerio de Fomento podrá articular instrumentos de colaboración que le permitan obtener información acerca de la localización de las viviendas, de los contratos de arrendamiento sobre las mismas de los que se tenga constancia a través de los Registradores de la Propiedad, de los registros administrativos de contratos de arrendamiento o de depósitos de fianzas de las Comunidades Autónomas y del Consejo General del Notariado, así como de aquellos datos de carácter estadístico que consten en la Administración Tributaria derivados del acceso a beneficios fiscales de arrendadores y arrendatarios. En ningún caso, dicha información contendrá datos de carácter personal protegidos por la legislación en materia de protección de datos.
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Desde el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados entendemos que es necesaria una reforma en profundidad del «sector energético español» con la intencionalidad de establecer medidas que contribuyan a mejorar su competitividad y garantizar la seguridad de suministro del mismo y con la idea de que implique el menor impacto posible tanto económico como ambiental para los consumidores, distribuidores y productores. Resulta preciso el disponer de un conjunto integrado y armónico de propuestas y medidas regulatorias con las que mejorar la estructura y funcionamiento de los mercados energéticos para que contribuyan de forma más eficaz a la consecución de los objetivos básicos de la política energética: seguridad del suministro, competitividad de los precios finales a los consumidores y sostenibilidad medioambiental.
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En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

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Además, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros docentes, los alumn[r]

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Además, eso ha dado lugar a otro proceso, en lo que no me voy a entrar para nada; el proceso del señor Gómez de Liaño es su proceso, está sub iudice, él tendrá su defensa —parece que ha elegido ya una— y le deseo la mejor. No vamos a entrar en el caso Gómez de Liaño, vamos a entrar en lo que hay detrás, en que el fiscal general da unas ins- trucciones que no se cumplen, en que el fiscal propio sigue allí manteniéndolas erre que erre, pese a todo. Si el fiscal hubiera tenido otra actuación, el resultado no habría ése, si en el caso Sogecable se hubiera dicho que no se veía delito, que no se tomaran medidas cautelares, no se habría visto esa enemistad manifiesta, apoyada desde la Fiscalía, y quizás el propio juez no habría tenido ese amparo que le da el apoyo del fiscal, aunque lo habría podido hacer con inde- pendencia de lo que opinara el ministerio fiscal. Y cuando él también se ha visto perjudicado, porque hay tres delitos de prevaricación, parece como si eso hubiera consolidado que el ministerio fiscal se sintiera también agredido, cuan- do lo que ha habido es una clarísima infracción por lo que se ha visto desde la fiscalía que era la actitud a mantener. ¿Y qué ha pasado? Que ahora mismo se está apoyando, y no porque se apoye un recurso sub iudice; es que a mí me parece que usted ya no es una persona capaz ni siquiera de dirigir la intervención ni anunciarla ni ser imparcial en el caso del señor Gómez de Liaño. ¿Por qué? Porque se ha intentado ocultar los papeles y se ha dicho que antes de saber lo que decía el señor Gómez de Liaño, le apoyaba. Tenemos aquí al compañero que le va a defender, que hará un recurso estupendo. Lo que estamos viendo es que usted, antes que nada, dice: Yo le apoyaré diga lo que diga. ¿Cómo lo va a apoyar diga lo que diga? Tendrá que saber si dice legalidades, si habla de principios. Como se ha dicho así, nos empieza a preocupar el nivel de instrucciones que hay en estos momentos. A mi me parece que es una situa- ción que está definiendo un comportamiento que no le legi- tima. Y lo digo con todo el respeto. A mi me preocupa, como ciudadana de este país, representante de los ciudada- nos y miembro también del cuerpo legislativo de este país, que usted sea el fiscal del Gobierno y que no sea el fiscal del Estado, el fiscal de la legalidad, el fiscal de la seguridad jurídica, el fiscal de la imparcialidad. Yeso no se hace ocul- tando papeles, eso no se hace diciendo: Diga lo que diga éste, le voy a apoyar; esto no se hace diciendo que el señor Gordillo es muy libre de hablar; eso no se hace diciendo: a poco que te descuides, voy a nombrar a Gordillo, porque en todo eso hay una falta de imparcialidad que está vetando la actuación del ministerio fiscal, no para este caso, sino para el que ya está archivado.
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De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
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Los Estados, al establecer el modelo legal de seguridad privada, lo perfilan como la forma en la que los agentes privados contribuyen a la minoración de posibles riesgos asociados a su actividad industrial o mercantil, obtienen seguridad adicional más allá de la que provee la seguridad pública o satisfacen sus necesidades de información profesional con la investigación de asuntos de su legítimo interés. En esta óptica, la existencia de la seguridad privada se configura como una medida de anticipación y prevención frente a posibles riesgos, peligros o delitos. La consideración de la seguridad privada como una actividad con entidad propia, pero a la vez como parte integrante de la seguridad pública, es hoy un hecho innegable.
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Con la finalidad de definir, proponer y ejecutar la política del Gobierno relativa al acceso a la vivienda, el Ministerio de Fomento podrá articular instrumentos de colaboración que le permitan obtener información acerca de los contratos de arrendamiento de vivienda de los que se tenga constancia tanto por parte de los Registradores de la Propiedad, como de los registros administrativos de contratos de arrendamiento o de depósitos de fianzas de las Comunidades Autónomas, y de aquellos que consten en la Administración Tributaria derivados del acceso a beneficios fiscales de arrendadores y arrendatarios. En ningún caso, dicha información contendrá datos de carácter personal protegidos por la legislación en materia de protección de datos.
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3. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como las entidades dominantes de grupos de entidades aseguradoras, comunicarán a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el nombramiento así como todo cambio en la identidad de las personas que ejerzan la dirección efectiva de la entidad o del grupo, bajo cualquier título, y quienes desempeñen las funciones que integren el sistema de gobierno de la entidad, junto con toda la información necesaria para evaluar si las personas que, en su caso, se hayan nombrado, cumplen las exigencias de honorabilidad y aptitud. Igualmente informarán a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuando alguna de las personas contempladas en los apartados anteriores haya sido sustituida por no cumplir ya los requisitos de honorabilidad y aptitud. Dichas comunicaciones se realizarán en un plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el momento del nombramiento.
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a) Pérdida, en su caso, a propuesta del funcionario actuante de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y de forma proporcional al número de trabajadores afectados por la infracci[r]

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Empiezo relatando lo que se refiere al primer objeti- vo que es el de inserción de Guinea Ecuatorial en el entorno internacional. En este sentido y respecto a la plena inserción de Guinea en el entorno internacional, el Gobierno considera que Malabo debe, por una parte, asumir todo el acervo jurídico de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y, por otra, continuar impulsando el proceso de normalización política del país. El Gobierno español ha instado al de Guinea Ecuatorial a ratificar todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que aún no es parte, someterse a los mecanismo de supervisión que la comunidad establece y facilitar la labor del represen- tante especial para Guinea Ecuatorial de la Comisión de Derechos Humanos en Naciones Unidas, el señor Gustavo Gallón, de nacionalidad colombiana. En res- puesta el Gobierno guineano ha manifestado ya su dis- posición a ratificar la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Acuerdo internacional sobre la eliminación de todas las formas discriminación racial. Ha activado asimismo el centro de derechos humanos de Malabo y acaba de recibir la visita del representante especial para Guinea Ecuatorial de la Comisión de Derechos Humanos, el señor Gallón, quien ha manifestado su satisfacción por la actitud abierta y dialogante de sus interlocutores y ha reconocido que, a pesar de la persistencia de serias deficiencias, se aprecian ciertas mejoras en materia penitenciaria y en el ámbito de la libertad de expresión. Asimismo, el Gobierno español continúa sensibilizan- do al Gobierno guineano para que impulse el proceso democratizador, centrándose en la necesidad de mejo- rar la situación de los partidos políticos. En este ámbi- to, me permito llamar la atención de SS.SS. sobre la existencia de hechos que denotan una evolución positi- va y que se pueden interpretar como una prueba de la voluntad del Gobierno guineano de ir impulsando todo este proceso. Entre estos hechos positivos cabría desta- car los siguientes: la reciente firma en septiembre de este año por parte de todos los partidos, tanto los que están en el Gobierno como en la oposición, de la segun- da revisión del Pacto nacional firmado en el año 1993 entre el Gobierno y los partidos políticos legalizados en Guinea Ecuatorial; la cesión del palacio de congre- sos de Bata y la financiación ofrecida por el Gobierno guineano al partido CPDS (Convergencia para la Democracia Social), uno de los principales partidos de la oposición para la celebración de su congreso nacio- nal en febrero de este año; el otorgamiento de una sub- vención del Gobierno para las actividades de los parti- dos políticos guineanos; el compromiso manifestado por el Gobierno guineano a todas las fuerzas políticas del país de estudiar la legalización de nuevos partidos
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3. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como las entidades dominantes de grupos de entidades aseguradoras, comunicarán a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el nombramiento así como todo cambio en la identidad de las personas que ejerzan la dirección efectiva de la entidad o del grupo, bajo cualquier título, y quienes desempeñen las funciones que integren el sistema de gobierno de la entidad, junto con toda la información necesaria para evaluar si las personas que, en su caso, se hayan nombrado, cumplen las exigencias de honorabilidad y aptitud. Igualmente informarán a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuando alguna de las personas contempladas en los apartados anteriores haya sido sustituida por no cumplir ya los requisitos de honorabilidad y aptitud. Dichas comunicaciones se realizarán en un plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el momento del nombramiento.
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En este sentido, y al hilo de similares conside- raciones en el ámbito europeo, la recomendación segunda contenida en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del 25 de enero de 2011, planteaba la conveniencia de estudiar, para su posterior análisis y valoración por la Comisión de dicho Pacto, la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el cómputo de las coti- zaciones a la Seguridad Social, siendo aconsejable que se tengan en cuenta los efectos que dichos índices han tenido sobre la sostenibilidad del sis- tema de pensiones de los países de nuestro entorno.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 1 de septiembre de 2014 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. don Josep Antoni Duran i Lleida, con efectos de 1 de septiembre de 2014, de doña Rosaura Férriz Pacheco, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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Disposición adicional única. Transmisión de información sobre contratos de arrendamiento de vivienda. Con la finalidad de definir, proponer y ejecutar la política del Gobierno relativa al acceso a la vivienda, el Ministerio de Fomento podrá articular instrumentos de colaboración que le permitan obtener información acerca de la localización de las viviendas, de los contratos de arrendamiento sobre las mismas de los que se tenga constancia a través de los Registradores de la Propiedad, de los registros administrativos de contratos de arrendamiento o de depósitos de fianzas de las Comunidades Autónomas y del Consejo General del Notariado, así como de aquellos datos de carácter estadístico que consten en la Administración Tributaria derivados del acceso a beneficios fiscales de arrendadores y arrendatarios. En ningún caso, dicha información contendrá datos de carácter personal protegidos por la legislación en materia de protección de datos.
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D. __________________________________________________________________ , con DNI n° ____________ , vecino de _____________________________ provincia de ___________________ , con domicilio en la calle ________________________ , n° _____ , Código postal ________ , (en el caso de actuar en representación: como apoderado de ____________________________________ , con CIF. ____________ y domicilio en __________________________ , calle __________________________ , n° _____ , Código postal _______ ), se compromete a cumplimentar el CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO CENTRAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, de conformidad con los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, por un importe total, incluido IVA, de _______________________________________________ (expresar la cantidad en letra) euros.
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El empleo es el mejor instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades de los españoles. No sólo es fuente de crecimiento y de prosperidad, sino que contribuye decisivamente a la participación plena de cada ciudadano en la sociedad. Por eso, uno de los ejes centrales de la política del Gobierno en la pasada Legislatura fue promover medidas que impulsasen un empleo estable y de calidad.

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