Top PDF Trascendencia política de las elecciones municipales

Pese al éxito que tuvo el modelo de desarrollo sustentado en un Estado social de derecho, sobre la base de una estructura política centralista, lo cierto es que ya a partir de la década de los años 60 empiezan a darse algunas señales que generan inquietudes, pues la demanda por servicios públicos se incrementaba y la posibilidad de seguir brindándolos desde el Gobierno central, de forma eficiente y masiva en todo el territorio, se debilitaba. Estas señales no sólo se daban en Costa Rica, sino que eran parte de una realidad internacional, en la cual la Revolución cubana y algunos movimientos insurreccionales en otros países de Latinoamérica hicieron que en los Estados Unidos se promoviera una estrategia de desarrollo -la Alianza para el Progreso-, procurando un desarrollo rural (local) en nuestros países, como una forma de luchar contra los desequilibrios territoriales existentes y, además, procurando debilitar así tales movimientos “revolucionarios”. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida por sus siglas en inglés USAID, promovió políticas y facilitó recursos económicos para ayudar a mejorar esa situación, argumentando un sano interés social y solidario, pero que en definitiva tenía una gran carga política.

Sin embargo, el sistema de cuotas de género ha sido insuficiente y limitado para garantizar una participación justa en los espacios de representación política, pues, haciendo un comparativo entre las tres elecciones, a pesar de que en 2012, 32,63% de las candidaturas las ocupan mujeres, no podemos pensar en procesos igualitarios cuando advertimos la manera en que se posicionan estas en los diferen- tes cargos de elección en la organización de los cabildos municipales. Ya habíamos señalado de la diferenciación entre propietarios y suplentes, siendo los primeros los que ejercen el poder local, mientras que los segundos son ciudadanos que podrían, en caso de faltar el propietario, ejercer el puesto en el ayuntamiento. En ese sentido podemos anotar que son más los varones quienes ocupan puestos de elección como propietarios que las mujeres, en una relación 6,47 a 1, en tanto que como suplentes por cada varón participan 5 mujeres (ver cuadro 3).

En coherencia con el marco constitucional vigente, de conformidad con el Art. 128 de la Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades de centros poblados son creadas por la municipalidad provincial dentro de cuyo territorio se encuentran. Según dicha norma la municipalidad provincial determina la delimitación territorial, el régimen de organización interior, las funciones que se le deleguen, los recursos que se le asignen, y las atribuciones administrativas y económico–tributarias de las municipalidades de centros poblados. De acuerdo a dicha regulación resulta evidente que las municipalidades de centros poblados dependen política, económica y administrativamente de la municipalidad provincial que las crea; por tanto, no tienen ningún tipo de autonomía.

El documento que ahora presentamos tiene varias virtudes. Por un lado, nos acerca con datos duros (nombres, direcciones, número de integrantes, alianzas) a un universo de organizaciones cuya existencia no se suele considerar real (la dis- cusión sobre su carácter efectivo es otra cosa). Las decenas de grupos políticos que existían o se crearon para participar en estos procesos son parte de un actuar político que no debe de ser ignorado en la reconstrucción de nuestro pasado inmediato. Como estos, cientos de organizaciones en todo el país latían a lo largo de cada coyuntura electoral —muchas veces más allá de ellas— y daban cuerpo a la acción y la presencia política de ciudadanos interesados en definir o ser parte de algún tipo de representación. Esto no lo debemos pasar por alto tan fácilmente.

Si bien este propósito no es incompatible con el régimen municipal y más bien pudo articularse de manera más adecuada, desde el marco jurídico e institucional, al gobierno local, en la práctica, fruto de la centralización política histórica reproducida en el país; usualmente esta entidad se ha vinculado con una amplia gama de entes de la Administración Pública Nacional, entre ellos departamentos y direcciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y del Ministerio de Educación Pública. Incluso se desarrolló por muchos años una relación de dependencia política con los diputados a la Asamblea Legislativa, mediante el manejo discrecional que aquellos hacían de transferencias del erario nacional, denominadas “Partidas Específicas”.

El dilema sobre la participación versus la representación constituye uno de los puntos más debatidos en la teoría política. Defensores de una u otra posición han enfatizado las bondades de cada instituto, subrayando en el primer caso, la importancia de la inclusión de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, y en el segundo, resaltando la necesidad de elegir a quien- de acuerdo con nuestras preferencias y afinidades ideológicas, políticas, creencias, valores- consideremos el más apto para que nos represente en dichos procesos decisorios. Lo anterior, dado que resulta difícil que todos y cada uno de los ciudadanos participen directa y activamente, en esa toma de decisiones. 1

En nuestro país, actualmente contamos con 481 distritos (TSE, 2016), aunque se efectuarán las elecciones municipales solamente en 480, debido a que no se tomará en cuenta la Isla del Coco, al carecer esta de población permanente 9 . Así, estaremos eligiendo 1888 concejales propietarios y 1888 concejales suplentes. Cada distrito debe tener un concejo y, de acuerdo con el artículo 55 del Código Municipal (Ley n.° 7794 del 30 de abril de 1998), “Los Concejos de Distrito estarán integrados por cinco miembros propietarios; uno de ellos será el síndico propietario referido en el artículo 172 de la Constitución Política y cinco suplentes de los cuales uno será el síndico suplente establecido en el referido artículo constitucional”. Sus funciones están reguladas en el artículo 57 del Código Municipal.

La legislación electoral en Costa Rica permite que partidos nacionales, provinciales y municipales compitan por escaños a escala local. La inscripción de partidos la efectúa el Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones. Al respecto, la tendencia identificada en elecciones municipales anteriores, relacionada con el incremento en el número de partidos políticos que participan, se profundizó en 2016. En los comicios analizados participaron un total de 59 partidos políticos, 12 más que en la elección del 2010. De esas 59 agrupaciones 43 corresponden a partidos municipales. Con las elecciones municipales de 2016 se ratifica la tendencia creciente en la participación de partidos locales en las elecciones municipales, e incluso la consolidación de algunos de estos partidos. Estos partidos únicamente pueden postular candidatos a cargos municipales. De este modo, la vida política municipal se muestra cada vez más dinámica y variada, con una oferta electoral amplia que permite a los electores elegir más allá de los partidos a escala nacional o provincial que también inscriben sus candidaturas a nivel local.

Un primer aspecto que hay que reconocer, es la cultura política del costarricense a nivel general. En los últimos 50 años y a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1949, precedida históricamente por una guerra civil, el comportamiento electoral mostró una estabilidad relativa que ha permitido mantener la convivencia democrática y la alternabilidad en el poder. Sin embargo, en los últimos años y a raíz de un innegable desencanto con la clase política, se han incrementado los niveles de abstencionismo electoral generalizado y ha mutado la tendencia bipartidista de gobierno que propulsaba el electorado. 22 Producto de la guerra civil apuntada y del alejamiento de los sectores políticos “vencidos”, en la elección de 1948 tan sólo vota el 53 % del padrón electoral y hasta 1958, se ubica en más del 30%. En los años sesentas y setentas, dichos niveles de abstencionismo se redujeron, oscilando entre un 16% al 20.1%. En los años ochentas, se presentó una crisis económica e institucional en el país, producto del agotamiento del modelo de desarrollo vigente y algunos apuntan el inicio de un estancamiento en el crecimiento económico que se manifestó con fuerza en las gestiones de bienestar social impulsadas hasta entonces por el Estado. La factura de “los hijos de la crisis de los ochentas” no se cobra hasta finales de los noventas, en que estos engrosan el padrón electoral. A la disconformidad de este grupo de jóvenes votantes, se añade el desencanto que en general el pueblo costarricense vive a raíz de ciertos escándalos políticos protagonizados por representantes de los partidos mayoritarios, mismos que se incrementan a partir del nuevo milenio. De esa forma, en las votaciones de 1998, el nivel de abstencionismo es de 30.01% y en el año 2002 este llega a un aproximado de 32%, siendo que por primera vez en la historia patria no se logra superar el 40% de mayoría electoral y es necesaria una segunda ronda para elegir al Presidente de la República. 23

en cuanto a los decretos y el control de la magistratura cabe señalar tres episodios clave, a saber, (1) el llamado “decretazo” del 9 de enero de 2010, (2) una oleada de destituciones de alcaldes y funcionarios municipales durante junio del mismo año y (3) la decisión del 30 de septiembre de la corte suprema de Justicia –reunida sin el quórum necesario y de forma irregular– de modificar el artículo 147 de la constitución, en el que se prohibía la reelección inmediata del presidente, con lo que se daba vía libre a la reelección de Ortega. el “decretazo” supuso la prórroga de los mandatos de 22 funcionarios del gobierno cuyos periodos habían vencido o estaban por vencer, incluyendo magistrados del consejo supremo electoral (¡que aún en 2012 permanecían en el cargo!) y de la corte suprema de Justicia, si bien dicha decisión debía tomarse en la asamblea nacional con una mayoría cualificada del 60% de los votos. el impacto de dicho decreto fue de gran trascendencia, ya que supuso que el FsLn continuara manteniendo el control de las instituciones clave para organizar y fiscalizar los comicios nacionales de 2011 y los municipales de 2012. respecto de la destitución, por supuestas irregularidades, de alcaldes, vicealcaldes y concejales de varios municipios, supuso una muestra del poder que ha ido concentrando la figura de Ortega para neutralizar (o eliminar) los pocos resortes institucionales que tiene la oposición. La destitución de estos alcaldes díscolos supuso el control casi total del FsLn en las municipalidades, a pesar de que en las elecciones de 2008 había conquistado más del 82% del poder local. Y, finalmente, la decisión de la corte suprema de Justicia allanó el camino para que Ortega fuera uno más de los presidentes latinoamericanos que consiguieron renovar su mandato a pesar de la existencia de disposiciones constitucionales contrarias a ello.

** El caso de Orizaba ha sido comentado cons- tantemente en la prensa regional.. racruzana, a partir de las recientes elecciones, apunta, sin lugar a dudas, a la diversificación de las[r]

Datos Elecciones Autonómicas y Municipales.[r]

Datos Elecciones Autonómicas y Municipales.[r]

Buscando evitar este riesgo y no sin alguna osadía solamente justificable en el contexto que preside las discusiones sobre el tema en nuestro país, intento en estas líneas decir algo e[r]

Los católicos derechistas se entregan a la lucha política a partir de asociaciones como Acción Nacional (1931, Ángel Herrera) y Acción Popular (1932), dirigida por José Mª Gil Robles: monárquico, acata la legalidad republicana porque la forma de gobierno es sólo un medio para conquistar sus fines (sus principios son “religión, patria, familia, propiedad, orden y trabajo”). En 1933, su partido se convierte en la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas)

Pese a las derrotas llamativas de la derecha en París^ y Lyon, sus resultados globales son bastante buenos, tanto en municipios de menos de 3.500 habitantes como en los de más.. Poco p[r]

Ayuntamiento de Gijón Datos Elecciones Generales, Autonómicas y Municipales... Ayuntamiento de Gijón AÑO..[r]

El cambio de sistema de partidos que se produjo en la convocatoria parlamentaria de 1982 modificó también profundamente el mapa político local y, desde entonces, las elecciones municipal[r]

Ayuntamiento de Gijón Datos Elecciones Municipales.. XIXÓN SÍ PUEDE.[r]

Las  elecciones  locales  de  abril  de  1979  suponían  para  Fuerza  Nueva  un  momento  importante para  incrementar  o  consolidar  los  buenos  resultados  de  las  elecciones  ocurridas  un  mes  antes.  Desplegaron  una  gran  campaña  electoral  estando  presentes  sobre  todo  en  aquellas  ciudades  y  capitales  de  provincia  dónde  habían  recogido más apoyos.  En el caso de Córdoba, FN solo presentará candidatura en la  capital  la  cual  estuvo  encabezada  por  el  ex  concejal  Juan  Millán  Álvarez 39 ,  presentándose  como    «...los  únicos  con  capacidad  de  evitar  que  el  marxismo  y  el  capitalismo  destruyan  el  Ayuntamiento  como  lo  han  hecho  con  la  clase  obrera    y  la  familia»,  para  ello  la  dirección  necesitaría  de  «…hombres  eficaces,  luchadores  enraizados en  la vida ciudadana y no intelectuales teóricos que no ven más allá de su  mesa  de  trabajo  o  de  su  tertulia  inoperante» 40 .    Rechazaban  contundentemente  el  «voto útil» preconizado por la UCD.