PDF superior El Tribunal Constitucional Ecuatoriano como legislador negativo y los derechos humanos

El Tribunal Constitucional Ecuatoriano como legislador negativo y los derechos humanos

El Tribunal Constitucional Ecuatoriano como legislador negativo y los derechos humanos

En múltiples ocasiones, el Tribunal Constitucional español en su jurisprudencia, ha abordado los principios de razonabilidad y proporcionabilidad, especialmente en casos de igualdad ante la ley, así: “para que las diferenciaciones normativas puedan considerarse no discriminatorias resulta indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, cuya exigencia debe aplicarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo estar presente por ello una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida...además, no cabe duda que el criterio objetivo y general de fijar el límite de la gratuidad plena (en la administración de justicia) en el doble del salario mínimo interprofesional es plenamente razonable y proporcional al fin perseguidos, y también la vocación a la generalidad que su propia estructura interna impone a las leyes viene protegida en nuestra ley fundamental por el principio de igualdad en la ley, establecido en su artículo 14; pero este principio no prohíbe al legislador contemplar la necesidad o la conveniencia de diferenciar situaciones distintas o darles un tratamiento diverso, porque la esencia de la igualdad, consiste, no en proscribir diferenciaciones o singularizaciones, sino en evitar que éstas carezcan de justificación objetivamente
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El derecho a ser informado de la acusación en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional Español - e-spacio

El derecho a ser informado de la acusación en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional Español - e-spacio

181/1998 pone en evidencia que «el reconocimiento que el artículo 24 de la Constitución realiza de los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefen- sión, a ser informado de la acusación y a un proceso con todas las garantías supone, conjuntamente considerados, que en todo proceso penal el acusado ha de conocer la acusación contra él formulada para poder defenderse de ma- nera contradictoria frente a ella, y que el pronunciamiento del Juez o Tribu- nal ha de efectuarse precisamente sobre los términos del debate, tal y como han sido formulados en las pretensiones de la acusación y defensa; lo cual sig- nifica, entre otras cosas que ha de existir siempre una correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia» 43 .
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GLOBALIZACION Y DERECHOS HUMANOS: UN SALDO NEGATIVO PARA LA HUMANIDAD

GLOBALIZACION Y DERECHOS HUMANOS: UN SALDO NEGATIVO PARA LA HUMANIDAD

Las transgresiones de derechos tienen una resonancia menor en el marco de los sistemas democráticos cuando se trata de derechos personales, civiles y políticos, destinados a proteger la libertad e integridad física y moral de la per- sona asegurando su seguridad, igualdad ante la ley y participación en los asun- tos públicos –como el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, el derecho a un juicio justo ante un tribunal imparcial o las li- bertades de pensamiento, opinión y expresión–. No obstante, la supremacía de los actores y estructuras económicos que actúan sólo en función de la lógica del lucro privado, impide progresar hacia formas más elaboradas de demo- cracia, al tiempo que se retrocede en las actuales.
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Derecho de extranjería y jurisprudencias del tribunal constitucional, el tribunal europeo de derechos humanos y el tribunal de justicia de la unión europea (2011-2012)

Derecho de extranjería y jurisprudencias del tribunal constitucional, el tribunal europeo de derechos humanos y el tribunal de justicia de la unión europea (2011-2012)

en el Reino Unido entre 1998 y 2003 (más de 5 años), permaneció desempleada durante un año, pero continuó residiendo en el Reino Unido en posesión de una tarjeta de residencia expedida por las autoridades de ese país. Puesto que, durante el período en que estuvo desempleada, la Sra. Dias no tenía derecho a residir en el territorio del Reino Unido en virtud de la normativa de la UE aplicable, el TJUE llegaba a la conclusión de que ese período de residencia no podía con- siderarse un período de residencia legal, y ello a pesar de que la Sra. Dias contaba con un título de residencia válido expedido por las propias autoridades internas. Para justificar esa afirmación, el TJUE señalaba que, según su jurisprudencia constante, la expedición de una autorización de residencia a un nacional de un Estado miembro no debe considerarse un acto constitutivo de derechos, sino un acto de reconocimiento de los mismos, de modo que la mera obtención de esa autorización no podía interpretarse como un acto de reconocimiento de derechos en favor de la Sra. Dias. Curiosamente, esa jurisprudencia ha sido utilizada tradicionalmente por el TJUE en beneficio de los ciudadanos de la UE, cuya residencia ha sido considerada legal si cumplía los requisitos previstos por la normativa UE, aún cuando no contaran con la autorización expedida por las autoridades competentes. En el caso presente, el juego de la presunción es a la inversa: puesto que la autorización de residencia no atribuye nuevos derechos, sino que los reconoce, no cabe utilizarla si no se ostentaba el derecho a residir en virtud de la normativa de la UE.
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Apuntes jurisprudenciales sobre el principio acusatorio y su aplicación por el tribunal constitucional y el tribunal europeo de derechos humanos

Apuntes jurisprudenciales sobre el principio acusatorio y su aplicación por el tribunal constitucional y el tribunal europeo de derechos humanos

Una vez analizada la interpretación del principio acusatorio como garantía constitucional hemos de concluir señalando dos aspectos que ya hemos tenido ocasión de apuntar en el texto. Por un lado, nos parece muy óptimo el que el TC haya hecho una interpretación del principio acusatorio en supuestos en los que no quedaba muy claro con la doctrina anterior si se atentaba o no. Deja claro que el juez se ve compelido de forma inexorable por la acusación formulada por las partes, de forma tal que en ningún caso podrá imponer una pena superior a la solicitada por éstas. Aun cuando forme parte de la graduación de la pena del tipo penal que se esté aplicando.
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Derecho de extranjería y jurisprudencias del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

Derecho de extranjería y jurisprudencias del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

El TC resuelve ambos motivos de impugnación de forma casi pareja. En relación con la libertad sindical, estudia el contenido del derecho reconocido en el artículo 28.1 CE de acuerdo con diversos tratados internacionales, en concreto, según los artículos 23 DUDN, 22 PIDCP, 8 PI- DESC, 11.1 CEDH, 2 del Convenio núm. 87 de la OIT, y 1 del Convenio núm. 98 de la OIT. Todos estos preceptos señalan como titulares de la libertad sindical a todos los trabajadores o a todas las personas. Sobre esta base, el TC considera que los titulares de la libertad sindical no serían únicamente aquellos que pueden ser considera- dos legalmente como “trabajadores” por estar sujetos a una relación laboral, sino cualquiera que pueda conside- rarse trabajador en sentido material. Y se concluye que puede considerase trabajador a cualquiera que “preste sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona”, sin distinción alguna en relación con la situación regular o irregular de su contratación. Teniendo en cuenta esta definición, se afirma que los extranjeros irregulares también son “trabajadores” y, como tales, titulares de la libertad sindical, independientemente de su situación jurídica en nuestro país. A pesar de esa titularidad, cier- tamente el legislador orgánico podrá prever limitaciones al ejercicio de este derecho por los extranjeros más allá de los condicionantes impuestos a los españoles, pero siempre que éstos no supongan de hecho la exclusión total del ejercicio del derecho para ciertas categorías de 12 Según el FJ 17 de la STC 236/2007, de 7 de noviembre, en relación con
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Derecho de extranjería y jurisprudencias del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Derecho de extranjería y jurisprudencias del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

artículo 20 del Tratado de funcionamiento de la UE y, por tanto, de la condición de ciudadano de la UE del hijo. En el caso Ruiz Zambrano, el TJUE se enfrentaba a la denegación del derecho a residir y trabajar de un ciudadano colombiano, que, tras la denegación de su solicitud de asilo por parte de las autoridades belgas, intentó regularizar su situación en ese país en varias ocasio- nes. Durante el proceso, el Sr. Ruiz Zambrano y su esposa, también de nacionalidad colom- biana, tuvieron dos hijos que adquirieron la nacionalidad belga y, por tanto, la condición de ciudadanos de la UE. Se planteaba así si el Sr. Ruiz Zambrano y su esposa podían adquirir un derecho a residir y trabajar en Bélgica como progenitores de un ciudadano de la UE. Ante tal cuestión, el TJUE señalaba que ese derecho no puede derivarse de los previsto en la Direc- tiva 2004/38/CE, en la medida en que esa normativa solo resulta aplicable a los casos que tengan alguna dimensión transnacional, esto es, a aquellos casos en los que el ciudadano de la UE haya ejercido su libertad de circulación y residencia; lo que no ocurría en el caso obje- to de estudio en la medida en que los hijos del Sr. Ruiz Zambrano eran nacionales belgas, residían en ese país y nunca se habían establecido en otro Estado miembro. A pesar de que la situación era puramente interna y, por tanto, podía debatirse la aplicabilidad del Derecho de la UE, el TJUE tenía en cuenta que los hijos del Sr. Ruiz Zambrano eran ciudadanos de la UE y deducía de esa condición el derecho de sus progenitores a residir y trabajar en Bélgica, justifi cando el reconocimiento de ese derecho en la imposibilidad de que los hijos del Sr. Ruiz Zambrano disfrutaran de los derechos que les confiere la condición de ciudadanos de la UE si no se reconocía el derecho de residencia y trabajo al progenitor, en la medida en que se verían abocados a abandonar el territorio de la UE junto al padre. Un caso innovador, en el que la jurisprudencia del TJUE impone ciertos límites relevantes a la regulación de las situa- ciones puramente internas y que tendrá, sin duda, profundas implicaciones en materia de extranjería, en la medida en que todos los padres de niños que hayan adquirido la nacionali- dad de un Estado miembro podrán invocar la jurisprudencia Ruiz Zambrano para exigir el
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Derecho de extranjería y jurisprudencias del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2012-2013)

Derecho de extranjería y jurisprudencias del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2012-2013)

Por otra parte, también resulta de especial trascendencia la Sentencia El-Masri contra Macedo- nia, de 13 de diciembre de 2012, en la que el TEDH tuvo la posibilidad de pronunciarse acerca de los denominados «vuelos de la CIA» (Fabbrini, 2013). El Tribunal de Estrasburgo condena a la República de Macedonia por haber vulnerado los artículos 3, 5, 8 y 13 del CEDH al detener y entregar a Estados Unidos al ciudadano alemán Khalid El-Masri, sospechoso de terrorismo. Lo más relevante de la sentencia en nuestra materia hace referencia a la responsabilidad del Estado macedonio por la transferencia de custodia del detenido a las autoridades de un Estado no parte del CEDH (Estados Unidos), a pesar del riesgo de recibir un trato contrario al artículo 3 del Convenio. La responsabilidad del Estado macedonio se fundamenta en que sus agentes habían facilitado activamente el trato degradante al entregar al recurrente a los agentes de la CIA fuera de los cauces legales establecidos y sin tomar ninguna medida para evitar la tortura. Asimismo, Macedonia también es responsable de las condiciones de detención a las que fue sometido el recurrente en Afganistán por parte de las citadas autoridades estadounidenses porque conocían o deberían haber conocido el riesgo del recurrente de sufrir un trato contrario al artículo 3 del CEDH. En lo que se refiere a la vulneración del artículo 3 del CEDH, la Sentencia El-Masri reitera la ya consolidada línea jurisprudencial del TEDH, de acuerdo a la cual que un Estado parte traslade a un individuo a un Estado en el que se considera verosímil pueda recibir torturas o tratos inhumanos o degradantes supone la vulneración por el Estado parte del artícu- lo 3 del Convenio. La novedad, en este caso, hace referencia a la aplicación a una vía de hecho como es la entrega secreta fuera de los cauces legales.
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Efectos de las Sentencias Interpretativas del Tribunal Constitucional en la Administración de Justicia y Defensa de los Derechos Humanos

Efectos de las Sentencias Interpretativas del Tribunal Constitucional en la Administración de Justicia y Defensa de los Derechos Humanos

La forma y entretelones que envolvió el presente caso, hizo de la sentencia altamente cuestionable, dado que se apartó del objeto propio de un proceso constitucional de hábeas corpus que es la libertad individual, pasando a discutir cuestiones relacionadas a la capacidad mental del beneficiario del proceso, materia que es propia del proceso civil de interdicción, como también se discute las relaciones paterno- filiales, para luego terminar resolviendo invocando un derecho por parte de los demandantes a ver a su padre sin restricción alguna y sin la presencia de terceros. Algo que nos llama la atención en este caso, es la celeridad de cómo fue resuelto, transcurriendo tan solo ocho meses entre la admisión a trámite de la causa por parte del Poder Judicial, el 06 de noviembre de 2007 para luego llegar al TC y obtener pronunciamiento el 04 de junio de 2008. Ello nos lleva a admirar la efectividad de los plazos cuando realmente se desea aplicar la literalidad del Código.
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España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Por su parte, el incidente de nulidad de actuaciones, regulado en el art.241 LOPJ 143 , es una vía excepcional a disposición de quienes habiendo sido parte en el procedimiento, o habiendo debido serlo, hubiesen sufrido indefensión por defectos de forma o incongruencia con el fallo, siempre que la sentencia sea firme y (en el primer caso) a condición de que la denuncia de tales efectos no hubiese sido posible. En este sentido es un instrumento a través del cual los órganos jurisdiccionales pueden corregir defectos o vicios procesales que afecten a garantías constitucionales o derechos fundamentales 144 . Esta vía fue la utilizadas por las partes en los casos Barberá y Ruiz- Mateos para solicitar la nulidad de las actuaciones con los resultados que se explicaron anteriormente. Este incidente de nulidad fue planteado recientemente de nuevo en el ámbito del caso Perote Pellón en el que el demandante pretendía que la nulidad de las sentencias de instancia y de la Sala de lo Militar del TS en casación se decretase en ejecución de la sentencia del TEDH que estimó vulnerado su derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial. Por Auto de 9 de diciembre de 2002 la Sala de lo Militar del TS desestimó la petición del recurrente y, por tanto, la vía del art.241 LOPJ elegida por el Sr.Perote para deshacer el principio de cosa juzgada y conseguir, así, la retroacción del procedimiento. La argumentación seguida en este Auto lleva a M.REVENGA SÁNCHEZ 145 a afirmar con rotundidad “que el incidente nunca podrá servir como cauce para la reparación de un derecho cuya vulneración haya sido declarada por el TEDH”. Según la Sala de lo Militar, la afirmación del TEDH de que la constatación de la violación del art.6,1 no implicaba necesariamente que la condena del demandante estuviese mal fundada o que el Tribunal no podría especular acerca de cuál habría sido el resultado del procedimiento si la vulneración no se hubiese dado, no son fácilmente conciliables con el concepto constitucional de indefensión. Además, el requisito del art.240.3 LOPJ (ante de la reforma 2003) relativo a la imposibilidad de haber denunciado el defecto en fase ordinaria, falta manifiestamente en el caso discutido. Este último argumento lleva a este profesor a tal afirmación, habida cuenta de que al TEDH se llega previo agotamiento de los recursos internos y le resulta difícil concebir cómo satisfacer este requisito de la imposibilidad de denuncia para así poder intentar la ejecución de la sentencia del TEDH por esta vía del incidente de nulidad.
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Orientación: Derecho Constitucional y Derechos Humanos

Orientación: Derecho Constitucional y Derechos Humanos

Este seminario de jurisprudencia constitucional repasa críticamente la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación con el derecho internacional. El seminario se concentra en la jurisprudencia reciente del tribunal tanto en cuestiones generales vinculadas a la aplicación del derecho internacional, como el reconocimiento de las fuentes de las obligaciones internacionales del Estado, o los problemas de jerarquía normativa, como en aplicaciones concretas en ciertos ámbitos especialmente regulados por el derecho internacional.

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Reforma Constitucional y Derechos Humanos

Reforma Constitucional y Derechos Humanos

Creo que es importante advertir que la garantía de los derechos humanos o fundamentales trasciende al ámbito jurisdiccional. La garantía efectiva de los derechos requiere de una acción concertada a cargo de la legislatura, la administración pública y la judicatura. Ello por no mencionar a otras instancias de garantía que han surgido en diferentes países en los últimos años (ombudsman, órganos de transparencia, etcétera). Estas instancias de garantías especializadas -ya sean administrativas o no jurisdiccionales- se han convertido en instrumentos poderosos de protección de los derechos que sugiero explorar en un proceso constituyente como el que se propone. En el caso mexicano, por ejemplo, existe un Instituto Electoral encargado de la organización de las elecciones y de la salvaguarda de los derechos político-electorales (para lo que, además, existe un tribunal especializado); un Instituto Federal de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales; una Comisión Na- cional de los Derechos Humanos y un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que tienen a su cargo fundamentalmente, la garantía específica de derechos humanos. Cabe advertir que la mayoría de estas instancias se replican en el ámbito de las 32 entidades federativas que integran a la república mexicana.
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Viking y Laval en el contexto del pluralismo constitucional y la posibilidad de diálogo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Viking y Laval en el contexto del pluralismo constitucional y la posibilidad de diálogo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Tanto en Viking como en Laval, el Tribunal utiliza esta doctrina de la eficacia horizontal, amparada en su previa jurisprudencia expansiva, de forma cuanto menos discutible. En los casos anteriores eran reglamentos semipúblicos y colectivos los que directa o indirectamente impedían la plena realización de las libertades económi- cas. Sin embargo, en estos dos casos, la libertad de establecimiento (Viking), y la de prestación de servicios (Laval), no se ven amenazadas por una regulación colectiva de un determinado sector, sino por el ejercicio de un derecho fundamental como es la huelga, que tiene por objetivo, eso sí, llegar a adoptar tales regulaciones, pero que en sí mismo considerado debería considerarse limitación justificada a las libertades económicas. Además, como indica Cabrera Rodríguez, los casos anteriores que le sirven al Tribunal como parámetro interpretativo, nada tienen que ver con las prerro- gativas propias de los sindicatos, “consistentes en negociar con los empresarios o con la patronal la adopción de acuerdos en los que se establezcan condiciones laborales recíprocamente pactadas y que en ningún caso estarían en condiciones de imponer unilateralmente al empresario”. 54
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EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ECUATORIANO

EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ECUATORIANO

La motivación de una sentencia consiste en sustentar cada parte de ella, esto es, en su parte expositiva: todos los fundamentos de hechos que son los supuestos antecedentes que originaron la supuesta violación de los derechos humanos y los referentes al proceso ante la Comisión IDH; en su parte considerativa: todos los fundamentos jurídicos en los cuales basa su decisión, como así lo es la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos ratificados por el Estado parte; y, finalmente, la parte resolutiva, la cual contendrá la decisión de la Corte de aceptar total o parcialmente la denuncia o desecharla, de tal manera que si la acepta deberá establecer los puntos que debe acatar el Estado sancionado para reparar los daños ocasionados por las violaciones a los DDHH.
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La interpretación de los derechos fundamentales por parte del Tribunal Constitucional

La interpretación de los derechos fundamentales por parte del Tribunal Constitucional

Creemos que las clásicas justificaciones de que el derecho contiene normas generales que hay que aplicar a un caso concreto o la afirmación de que el derecho está integrado por normas y que, como tales, tienen que ser interpretadas para ser aplicadas, no aportan por sí solas, una solución definitiva a la pregunta que venimos planteando. Tampoco porque exista un mandato del legislador que establezca la obligación inexcusable que tienen los jueces y tribunales de resolver todo asunto de que conozcan, sería motivo suficiente que colmara nuestra disquisición. Si bien a lo largo de las líneas siguientes abordaremos lo que cada una de estas razones aporta, adelantamos nuestra posición sosteniendo que estas razones, y otras que se pudieran esgrimir, no son triviales y que si se consideran como compartimentos estancos no se logra dar una respuesta satisfactoria al problema. Solamente cuando todas y cada una de estas respuestas apuntan a un motivo que va más allá de la mera praxis jurídica o del mandato legislativo, cobran verdadero sentido. En concreto, entendemos que no deberían perder de vista que la realización de un derecho lo más justo posible debe ser el motor de su actividad. Es, por tanto, la luz de la justicia, la que da sentido esta tarea. Hay quien incluso va más allá de estas palabras señalando que “la razón por la que hay que interpretar es el respeto moral que debemos al objeto de la interpretación, es decir, al derecho y a sus fuentes” 23 . En efecto, esta afirmación condensa y, quizás, completa nuestra posición porque no sólo mira al resultado de lo interpretado – un derecho lo más justo posible- sino que pone en el propio derecho –lo interpretado- la semilla de lo más justo posible y, por tanto, presupone un elemento moral integrado en lo que se va a interpretar. Como resultado de ello es posible hablar de una buena interpretación, en la medida en que el intérprete sea capaz de darnos una visión de lo que ha interpretado de forma que en ella se refleje el espejo de los valores y principios a los que sirve 24 .
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La Corte Constitucional colombiana como legislador en sentido negativo y su relación con el activismo judicial

La Corte Constitucional colombiana como legislador en sentido negativo y su relación con el activismo judicial

Dentro del concepto tradicional de Estado de derecho, los jueces entendían que su misión consistía en aplicar las reglas y principios enunciados por los códigos y las leyes; la Constitución se expresaba mediante la ley, suprimiendo así la necesidad de interpretar directamente el texto superior, por ello, los niveles de constitucionalización del conflicto común eran muy vagos. Contemporáneamente en el contexto Colombiano, después de la expedición de la Constitución Política de 1991 se generó un cambio de paradigma, pues, la Corte Constitucional por medio de su jurisprudencia, aparece como creadora consciente de sus reglas constitucionales y actúa como un tribunal facultado para anular normas, es decir, no actúa como un simple aplicador pasivo de los textos superiores. Ante dicho evento se ha afirmado que el Tribunal Constitucional actúa como un legislador negativo pues al declarar la inconstitucionalidad de una norma o un cuerpo legal se le expulsa del ordenamiento jurídico positivo tal o tales disposiciones; en otras palabras, dichas normas ya no son aplicables, se eliminan de la vida jurídica, de la vigencia legal. Dicha situación posee una
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Litigación en jurisdicciones especiales: Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia UE

Litigación en jurisdicciones especiales: Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia UE

Permite al alumno adquirir un conocimiento exhaustivo de la litigación ante la jurisdicción europea y comunitaria, tanto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El alumno aprenderá a actuar profesionalmente, tanto desde una vertiente material como sustancialmente procesal, en litigios ante ambas jurisdicciones, conociendo los diferentes requisitos y estrategias que exigen cada una de las fases de los procesos que se ventilan ante ambos Tribunales.

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La sala constitucional como legislador positivo

La sala constitucional como legislador positivo

Derecho nació, de acuerdo a la historia y a la doctrina jurídica occidental, como una fórmula de compromiso que implicaba aunar un amplio grupo de derechos fundamentales con una serie de garantías formales y materiales, todo ello dentro de una Constitución que consagrara la división de poderes y los principios de legitimidad y legalidad. Tendente, esta suma de ideas, a evitar las arbitrariedades eventualmente provenientes de las instituciones estatales. Es así que la primacía de un grupo central de normas que caracterizan a la Constitución como ordenamiento superior descansa en (i) su carácter de expresión directa de la voluntad general y (ii) en su enunciación de los derechos humanos fundamentales y de las libertades ciudadanas. El ―principio democrático‖, expresado en la idea de la soberanía popular, es una respuesta jurídica al problema de la legitimación política, tanto en el plano material como formal. En el plano material, porque (a) establece la legitimación constitucional del derecho fundamental a la participación política de los ciudadanos, (b) obliga a las instituciones estatales a respetar los derechos fundamentales y (c) establece el reconocimiento social a la diversidad de iniciativas y valores de todos los individuos; y en el plano formal, porque representa a la vez una fórmula de articulación racional del proceso político y, de nuevo, una limitación expresa al poder estatal -sea éste una manifestación de la función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral o municipal-. El principio de soberanía popular se manifiesta como la principal condición limitante de la actuación de las instituciones estatales y está dirigido a asegurar que cualquier ejercicio del poder por parte de cualquier órgano del Estado respete su previa legitimación popular y el criterio del pueblo, externado por el poder constituyente originario. Es en lo anteriormente dicho que se fundamenta la trascendencia jurídico-política de haber insertado en la Constitución a los derechos fundamentales, los que a su vez constituyen un fuerte y esencial componente para la configuración del Estado de Derecho.‖
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Litigación en jurisdicciones especiales: Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia UE

Litigación en jurisdicciones especiales: Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia UE

Permite al alumno adquirir un conocimiento exhaustivo de la litigación ante la jurisdicción europea y comunitaria, tanto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El alumno aprenderá a actuar profesionalmente, tanto desde una vertiente material como sustancialmente procesal, en litigios ante ambas jurisdicciones, conociendo los diferentes requisitos y estrategias que exigen cada una de las fases de los procesos que se ventilan ante ambos Tribunales.

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Litigación en jurisdicciones especiales: Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia UE

Litigación en jurisdicciones especiales: Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia UE

Permite al alumno adquirir un conocimiento exhaustivo de la litigación ante la jurisdicción europea y comunitaria, tanto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El alumno aprenderá a actuar profesionalmente, tanto desde una vertiente material como sustancialmente procesal, en litigios ante ambas jurisdicciones, conociendo los diferentes requisitos y estrategias que exigen cada una de las fases de los procesos que se ventilan ante ambos Tribunales.

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