PDF superior La valoración de la prueba en el proceso penal

La valoración de la prueba en el proceso penal

La valoración de la prueba en el proceso penal

Tanto Sanjurjo Ríos y Cortés (2013) estiman que la valoración de la prueba es la actividad procesal donde el juez determina cuál es el valor que ha de conceder o atribuir a los medios probatorios, así como la influencia de éstos de cara a su decisión final; explicado de otra forma, hasta qué punto entiende que los hechos controvertidos objeto de actividad probatoria por parte de los litigantes han quedado probados y cuáles, por el contrario, permanecen en el plano de la duda o, en el peor de los casos, deben ser declarados como inciertos. De igual forma se apoyan en la explicación de Ordoño Artes, quien considera que en la valoración radica la mayor dificultad del problema que plantea la prueba. Siendo la operación más compleja y delicada a desarrollar por el juez, pues de ella depende la decisión del objeto del proceso. Y de Muñoz Sabaté quien expresa que la apreciación de la prueba, es un proceso pensante, que se inscribe dentro de un proceso mental más amplio representado por el llamado proceso de sentencia en su integridad. Es el último paso del juicio lógico que efectúa el juez en su sentencia.
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Dictamen Jurídico sobre la valoración de la prueba en un proceso ante el Tribunal del Jurado.

Dictamen Jurídico sobre la valoración de la prueba en un proceso ante el Tribunal del Jurado.

Sería conveniente establecer legalmente con mayor precisión, la valoración de la prueba por parte del juzgador. En el art. 348 de la LEC se establece que «el tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica», en la LECrim no encontramos ninguna regla a la que atenernos por lo que sería recomendable acudir a la prescripción que hace la LEC; esto no obsta para que deba regularse en mayor profundidad como debe valorarse la prueba por el Juez. El Tribunal, a la hora de dictar sentencia, no está vinculado por el dictamen pericial, sino que deberá valorarlo de acuerdo con «las reglas de la sana crítica», es decir, el juez tendrá la libertad de valoración, pero debe tener en cuenta el resto de las pruebas practicadas en el proceso y hacer una valoración conjunta de todas ellas. Además de estas normas generales, algunos principios particulares determinan la importancia y el valor de la prueba científica: la cualificación
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La Importancia de la Prueba Indiciaria en el Proceso Penal

La Importancia de la Prueba Indiciaria en el Proceso Penal

“Presunciones e indicios en el proceso penal”, en: Revista General de Legislación y Jurisprudencia, nº 176 (julio-agosto 1944), pp. 537 y 538, que en el Derecho romano no existía una doctrina legal al respecto, aunque su uso se confirma por determinados principios y por la práctica judicial. Fue la Iglesia la que asignó gran importancia a los indicios dentro del sistema de pruebas legales, llegando a sistematizarlos, de forma que estableció una clasificación que dotaba al juez de una valoración predeterminada, según su calidad. En el siglo XVI se adquirió una mejor noción del tema, aunque resulta curiosa, a decir del autor, la “tabla indiciaria de todas las acciones humana posibles”, elaborada por Francisco CASONIUS, quien los dividía en ocho grupos: en relación a la persona, causa del delito, hecho anterior al delito, hechos coetáneos, hechos posteriores, hechos que no pueden ser atribuidos al inculpado, valoración de las manifestaciones del imputado y valoración del silencio, incluso ante el tormento.
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Las sentencias casatorias de la Corte Suprema y la valoración racional de la prueba en el proceso penal

Las sentencias casatorias de la Corte Suprema y la valoración racional de la prueba en el proceso penal

En el razonamiento judicial para arribar a las convicciones probatorias, los hechos objeto de probanza constituyen las razones que sustentan el argumento. El argumento debe, a su vez, estar revestido de las garantías que provienen de la sana crítica, esto es, las máximas de la experiencia, la lógica, las presunciones y diversos tipos o formas de enunciados generales. Además, la información que proviene de las pruebas que se incorporan, fundamentan las garantías del razonamiento probatorio. Ahora bien, parece razonable que la nota de incertidumbre que caracteriza la toma de decisiones en el ámbito de la prueba judicial, conduce a la relativización de la confirmación del valor de verdad en el proceso. Ello es así, pues queda claro que la valoración de la prueba, permite otorgar a cada una de las hipótesis de un proceso penal, un determinado grado de confirmación que nunca será igual a la certeza absoluta. En todo caso, la averiguación de la verdad, como se debate en el ámbito del proceso penal, es el objetivo fundamental de la actividad probatoria en el proceso penal. Como señalamos, la valoración probatoria concede a las hipótesis que se debaten en el proceso, un grado de confirmación que en ningún caso es igual a la certeza absoluta. Entonces, habrá que entender que la finalidad de la prueba en el proceso penal, es la verdad relativa. Ésta constituye un necesario ideal regulativo que orienta la actividad probatoria y la comprobación de los hechos. Esta relatividad se hace patente por ejemplo cuando la introducción de los medios probatorios para su valoración, se guía por el principio de aportación de parte, esto es, son presentados u ofrecidos por las partes procesales, que tienen, cómo no, un determinado interés -jurídico tutelado- para que la decisión judicial le sea favorable.
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Correcta valoración de la prueba y la motivación en la administración de justicia penal

Correcta valoración de la prueba y la motivación en la administración de justicia penal

La valoración en conjunto de todas las pruebas producidas dentro del proceso, como ya lo señalamos debe obligatoriamente constar en la motivación de la sentencia, lo cual justificará la decisión tomada por el Juez de instancia respecto de las pretensiones de las partes. Siendo importante señalar en éste punto que en nuestro sistema de justicia, gran parte de los jueces de primera instancia únicamente enuncian las pruebas, sin que lleguen a valorarlas, escudándose en la sana critica. Sus argumentos en algunas ocasiones son aceptados por los jueces de instancia superior, en razón de que la reglas de la sana critica no se hallan consignadas en ningún precepto legal concreto y taxativo, por lo que se vuelve difícil cuestionar el fallo del Juez de instancia inferior, cuando este ha valorado una determinada prueba, lo cual trae consigo la falta de motivación de las sentencias,
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Paradigmas de la prueba testimonial en el proceso penal

Paradigmas de la prueba testimonial en el proceso penal

La resolución judicial será favorable para la parte que haya probado los hechos que sustentan sus posiciones o pretensiones en el proceso, debiendo el juez tener por ciertos los hechos admitidos y los controvertidos que hayan resultado debidamente acreditados mediante la actividad probatoria de manera que aunque la prueba no presenta especialidades dignas de relieve conviene plantear dos particularidades: 1. El principio acusatorio impide al juez la búsqueda de las pruebas de forma que el juzgador no podrá ordenar de oficio diligencias que intenten atestiguar o contradecir lo sentado y afirmado por las partes. 2. Los hechos que requieren de pruebas son los que integran el tipo de infracción penal en la norma sustantiva, dado que en el proceso penal la admisión de los hechos no los dispensan de la prueba, consecuencia ésta derivada de la indisponibilidad de la acción penal y del ius puniendi de modo que en la acusación las partes se obligan con la carga de la prueba, es decir, el acusador debe probar todas y cada una de las circunstancias fácticas que configuran el delito porque de no lograrlo la sentencia que se dicte será de no culpabilidad para el acusado.
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La prueba científica de ADN en el proceso penal

La prueba científica de ADN en el proceso penal

Dicho esto, no queremos dar a entender que la cualidad de la prueba científica, de contar con estándares objetivos y científicos que permiten aproximarnos en un grado de probabilidad muy cercano a la certeza, constituye una desventaja para el juzgador; por el contrario, consideramos que son las concepciones erróneas sobre su infalibilidad y que propugnan la exclusión del ejercicio de control y valoración por parte del juez, las que generan ciertamente efectos contra epistemológicos. En ese sentido, coincidimos con Taruffo (2010) cuando afirma que: “La tarea del juez consiste en controlar la validez científica y la corrección del método que el perito ha aplicado, esto es, en verificar el fundamento racional y epistémico de lo que el perito ha hecho” (p. 259).
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El delito de corrupción y su prueba en el proceso penal

El delito de corrupción y su prueba en el proceso penal

En relación con lo anteriormente desarrollado, debemos decir que hay ciertos derechos y garantías que no resultan relevantes a la hora de preguntarse acerca de la validez de este tipo de pruebas en los delitos de corrupción. Por ejemplo, la llamada libertad probatoria que, en palabras de Roxin: “El esclarecimiento de los hechos punibles no sujeto a límite alguno entrañaría el peligro de destruir muchos valores colectivos e indivi- duales, por ello, la averiguación de la verdad no es un valor absoluto en el derecho penal, antes bien, el propio proceso penal está impregnado por las jerarquías éticas y jurídicas de nuestro Estado…”. 6 Es por ello, que autores como Bertoni entienden que el llamado principio de libertad probatoria se encuentra vacío de significado, ya que hay libertad probatoria siempre y cuando no se afecten otros valores jurídicamente reconocidos. Este tipo de prueba son documentos por medios no regulados, y quizás sea esta la cuestión que genera la controversia, porque en materia procesal, el Esta- do solo puede hacer aquello que le está expresamente permitido mientras que el ciudadano cuenta con una mayor libertad de acción para producir prueba siempre y cuando, como ya se dijo, no se afecten otros derechos reconocidos. El punto no es la prueba en sí, lo que importa es la forma de obtención de esa prueba. Ello será lo que torne jurídicamente aceptable o no su posterior valoración. Continuando con aquellos derechos y garantías que no significan inconveniente alguno, podemos mencionar el derecho a la privacidad, puntualmente la inquietud se presenta con la expectativa de privacidad que tenemos las personas.
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La pericia documentológica como prueba en el proceso penal

La pericia documentológica como prueba en el proceso penal

Debemos mencionar también que la prueba pericial dentro de un proceso penal, puede ser definitiva, cuanto más si se trata de una pericia documentológica, por el carácter de ciencia que esta posee, es por ello que consideramos de vital importancia conocer su aplicación dentro de nuestra legislación y mucho más en la actualidad que la elaboración de estudios de esta naturaleza requieren el apoyo de tecnología avanzada que sirve sin lugar a dudas para fundamentar de mejor manera la labor del perito.

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La carga de la prueba en el proceso penal

La carga de la prueba en el proceso penal

La valoración de las pruebas es el proceso por el cual se contrastan las afirmaciones de los hechos realizadas por las partes a través de los medios de prueba, formándose, así, la convicción del Juez sobre los hechos que se juzgan 223 . El sistema de valoración utilizado es el denominado de la “sana crítica”, el cual implica una valoración racional de la prueba, esto es, recurrir a criterios objetivos y lógicos basados en la propia experiencia 224 . Además, la jurisprudencia viene exigiendo la motivación de las sentencias 225 lo que impone al Tribunal la obligación de justificar las razones que le llevan a tomar la decisión de cara a posibilitar el control de la racionalidad de la declaración de culpabilidad o de la inocencia del acusado 226 . Precisamente, se dice que la valoración de la prueba es una garantía del derecho a la presunción de inocencia, pues en caso de que haya una arbitrariedad en la motivación de la sentencia, es posible acudir en casación al TS. El recurso de casación estará fundamentado en una infracción de la presunción de inocencia, donde realizarán tres juicios: juicio sobre la prueba, juicio sobre la suficiencia y juicio sobre la motivación y su razonabilidad 227 .
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La prueba testimonial en el proceso penal peruano

La prueba testimonial en el proceso penal peruano

reglas de preferencia: la declaración de un testigo viejo tenía mayor valor que la de un joven; la declaración de un rico tenía más valor que la declaración de un pobre; la del hombre tenía mayor valor que la declaración de la mujer (Tambini, 1996, p. 286). Por otro lado, también se superó el sistema de la íntima convicción, mediante el cual el juez podía resolver la causa penal basándose en su leal saber y entender, sin motivar su sentencia ni siendo objeto de posterior escrutinio, como consecuencia lógica y directa. En este sentido, la libre valoración de la prueba implica que el juzgador no puede llegar a un juicio de culpabilidad fundándose en cualquier elemento incriminatorio, con independencia de su fiabilidad, según las reglas de la lógica y la razón (Moreno y Cortés, 2005, p. 386). Así, tomando como referencia el modelo español, mediante la STS del 29 de enero de 1988 de España, se deja sentado que la estimación en conciencia no ha de entenderse como un inabordable criterio íntimo y personal del juzgador, sino como una apreciación lógica de la prueba, no exenta de directrices de rango objetivo, que aboque a una historificación de los hechos en adecuado ensamblaje con ese acervo de datos acreditativos o reveladores.
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La prueba pericial en el proceso penal en el ejercicio de acción penal pública y su valoración por parte del juzgador

La prueba pericial en el proceso penal en el ejercicio de acción penal pública y su valoración por parte del juzgador

El tratadista antes indicado al referirse de la prueba pericial manifiesta: ´´La prueba pericial, al igual que el resto de la actividad probatoria, debe efectuarse bajo el principio de contradicción, en el que los sujetos procesales tienen la posibilidad de acatar el contenido y eficacia del informe pericial mediante el examen y contra examen´´. (Vaca Nieto, 2011, pág. 106). El mismo tratadista al referirse de la valoración de la prueba dice: ´´La valoración de la prueba constituye una operación mental de gran importancia, exclusiva del Juez de Garantías, que se la realiza en todo proceso y, más aún, en el proceso penal, puesto que de ella depende que el Tribunal de Garantías Penales llegue o no a la certeza para llegar a la convicción que le permitirá determinar si una persona es culpable o inocente´´. (Vaca Nieto, 2011, pág. 154) El Tratadista Ricardo Vaca en su obra ´´Manual de Derecho Procesal Penal ´´ publicada en el año 2009, hace énfasis esta vez sobre la acción en el derecho procesal penal hace un estudio sobre los principios básicos, la acción en el derecho procesal penal, la clasificación de la acción penal, el ejercicio de la acción penal, conversión de la acción penal de pública a privada, las características de la acción penal y las causas de extinción de la acción penal dando un enfoque claro de que para seguir una acción penal se debe conocer previamente la clase de acción y los pasos a continuar conforme al trámite establecido por la ley.
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La admisión y valoración de la prueba en el procedimiento penal abreviado.

La admisión y valoración de la prueba en el procedimiento penal abreviado.

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo evidenciar la necesidad de la valoración de la prueba para la determinación de la responsabilidad del imputado en el procedimiento abreviado. Realizando un estudio exegético de dicho procedimiento, revisando antecedentes, trámite y la finalidad para la cual fue implementada en nuestra legislación penal; teniendo a la celeridad del proceso judicial como el motor de desarrollo del mismo, mediante el cual permite administrar justicia de manera rápida y dirigida a ciertos delitos considerados leves que no provocan mayor conmoción social. Con lo cual evidenciamos la vulneración de ciertos principios y garantías del imputado, como son el derecho a la no autoincriminación, los principios de inocencia, igualdad y contradicción, mismos que no se ejercen por la supresión de la etapa de prueba. Ésta última es considerada indispensable en todo proceso judicial, pues únicamente a través de ella el órgano juzgador conoce la verdad de los hechos y garantiza la emisión de un fallo justo y apegado a la realidad.
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Valoración de prueba ilícita en casos de delitos de corrupción de funcionarios en el proceso penal Peruano

Valoración de prueba ilícita en casos de delitos de corrupción de funcionarios en el proceso penal Peruano

Dirección General de los estudios de Postgrado, Área de Derecho, en el cual plantea que el principio de la legalidad de las pruebas consiste en que sólo pueden practicarse y ser incorporadas al proceso aquellos medios de prueba cuya obtención se haya realizado con sujeción a las reglas que la ley establece, lo que implica el cumplimiento de las formalidades esenciales establecidas para la obtención de las evidencias y para hacerlas valer ante el juzgador, a los fines de formar su convicción, o sea que sería ilícita una prueba ilegalmente lograda, como ilegalmente incorporada. Es por ello que la presente investigación tuvo objetivo general: Analizar las incidencias de la prueba ilícita en el proceso penal venezolano, basándose para ello en una investigación de tipo descriptivo – monográfico. Concluyendo en que la prueba que se ha obtenida de forma ilícita y que pretenda ser incorporada como medio probatorio en un proceso carecerá de todo valor probatorio y deberá ser desechada por el juzgador.
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Taller La Prueba en el Proceso Penal

Taller La Prueba en el Proceso Penal

6. Ambos recogen supuestos de razonable imposibilidad material de concurrencia al Juicio Oral, empero, esto no debe conllevar a afirmar- erróneamente- que se trate de un cambio o una sustitución del régimen jurídico de la prueba pericial- el régimen sigue siendo el mismo para la prueba pericial-; pues, lo que ha regulado el CPP en el artículo 383.1 c), es un nuevo supuesto de ofrecimiento y admisibilidad de la prueba, que es el del dictamen o informe pericial, el mismo que, exclusivamente, bajo los mencionados supuestos normativos, sigue el régimen de la prueba documental. Por consiguiente, se les instruye a los Fiscales que, únicamente, deben ofrecer al dictamen o informe pericial para que se actúe bajo el régimen jurídico de la prueba documental, cuando se presente alguno de los señalados supuestos de imposibilidad material de concurrencia del perito al juicio oral”. La Directiva sobre ofrecimiento y la actuación de la prueba pericial por parte del Ministerio Público publicada en el Diario El Peruano el 15 de agosto de 2012 es de aplicación obligatoria para todos los Fiscales. La tercera conclusión es que si la prueba científica incide sobre la decisión a tomarse en la sentencia, su admisión y valoración requiere necesariamente su actuación probatoria, sin la cual no puede determinarse su verosimilitud para acreditar los hechos. Un ejemplo de ello lo tenemos en el RN N° 882-201-Lima Norte de fecha 15 de diciembre de 2014, fundamento jurídico cuarto:
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La prueba en el proceso penal peruano

La prueba en el proceso penal peruano

“(…) que si se asume la concepción o “teoría de la ponderación de los intereses en conflicto”, es de puntualizar como sustento inicial de esa línea teórica que ante un incumplimiento de un requisito de producción de un elemento probatorio -ausencia de flagrancia delictiva en el caso de un allanamiento o entra y registro- no necesariamente sigue una prohibición de valoración, pues en esos casos, sin perjuicio de reconocer que en la generalidad de los mismos la regla de exclusión tendrá plena operatividad, es de tener en cuenta, de un lado, el peso de la infracción de procedimiento incurrida- en este caso- la inviolabilidad domiciliaria-, su importancia para la esfera jurídicamente protegida del afectado y la consideración de que la verdad no debe ser investigada a cualquier precio, cuanto, por otro lado, los intereses de una efectiva persecución penal- que no merme la confianza ciudadana en el proceso penal y la propia justicia, de suerte que en casos singularmente graves y excepcionales es posible reconocer validez de valoración a una fuente de prueba obtenida en esas circunstancias cuando, al final de cuentas, la vulneración denunciada, en el caso concreto, importe una afectación de menor entidad frente la gravedad del delito objeto de acreditación (…)”; por otro lado, se sostiene en la referida ejecutoria que: “(…) con anterioridad los factores que determinaron la incursión domiciliara -lugar y tiempo de ejecución- y, en especial, las diligencias de seguimiento previo y las ya obtenidas en l propia investigación hacen aplicable la doctrina del denominado “caso probable” plasmada, por ejemplo, en la sentencia recaída en el asunto Souza contra Estados Unidos resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos (mil novecientos ochenta y cuatro), en cuya virtud se atenúa la regla de exclusión cuando una prueba se obtenga sin orden judicial siempre que se acredite que en el momento del registro ya existían indicios suficientes para que el juez la hubiera emitido de haberla solicitado (…)” 76 .
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Ciencia y proceso: la prueba del ADN en el proceso penal español

Ciencia y proceso: la prueba del ADN en el proceso penal español

científica véase el epígrafe “El mito de la ciencia”, de la presente obra. Nótese además en este sentido, la gran cantidad de trabajos, estudios y proyectos que en la actualidad se están realizando en universidades e institutos de investigación destinados a analizar el impacto de la prueba científica y su mayor fiabilidad respecto al resto de pruebas, siendo buen ejemplo de ello la investigación llevada a cabo en la Universidad Carlos III de Madrid a raíz del proyecto de investigación “La Conviccion Del Tribunal En La Identificacion Del Imputado: Prueba Cientifica Versus Prueba Testifical” que tiene por objeto comprobar la realidad empírica actual en materia de uso y consideración de la prueba científica en el proceso penal. En el marco de este proyecto se ha realizado un amplio análisis jurisprudencial destinado a calcular el peso de la prueba científica en la convicción de los órganos judiciales penales a la hora de realizar el juicio histórico sobre los hechos; se ha llevado acabo sobre las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Madrid durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, en relación a delitos contra la vida, la integridad física, la libertad e indemnidad sexual y la salud pública, cuyos resultados se encuentran pendientes de publicación.
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El proceso penal, la prueba y la relación con la tecnología en la actualidad

El proceso penal, la prueba y la relación con la tecnología en la actualidad

En la base de esta operación puede haber asunciones implícitas de tipo muy general, determinados por el contexto cultural en el que opera el sujeto y por las estructuras de las que se sirve para determinar e interpretar los hechos. Está claro que estos presupuestos coincidan y relativizan la valoración de la prueba en el contexto procesal, del mismo modo que en cualquier otro contexto los respectivos fondos de conocimientos y las teorías aceptadas condicionan la definición, la selección y valoración de los “hechos”. Sin embargo, la discusión de estas asunciones tan generales puede ser omitida aquí. Resultando suficiente recordar que aquellas existen, dado que no son típicamente especificas del juez en cuanto sujeto que valora pruebas sino que afectan más bien, en función de los niveles, al conocimiento en general o al conocimiento científico.
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La discrecionaliad judicial en dos enfoques reglados de la valoración de la prueba penal

La discrecionaliad judicial en dos enfoques reglados de la valoración de la prueba penal

ejemplo, que el razonamiento judicial actual responde a la estructura de un silogismo lógico, en donde la libertad de decisión es casi ausente, entonces no es necesario elaborar criterios que otorguen racionalidad a la decisión ya cubiertos por la estructura de este tipo de razo- namiento. Así, se esconden bajo un entramado lógico aspectos claramente discrecionales que no pueden ser sometidos a control. Por esto último es necesario reconocer la discre- cionalidad judicial en materia de valoración de la prueba sin temor. De esta forma se puede ofrecer a ella criterios de racionalidad que impidan que la decisión judicial se transforme en una arbitrariedad. Asimismo, ello puede facilitar la posibilidad de existencia de criterios racionales, intersubjetivamente controlables, con los cuales se pueda operar judicialmente, que vayan allá de los enunciados bivalentes de la lógica formal.
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Prueba prohibida y valoración de las grabaciones audiovisuales en el proceso penal

Prueba prohibida y valoración de las grabaciones audiovisuales en el proceso penal

sible que en otros casos, y así parece desprender- se de la existencia otros vídeos, cuyo contenido parcial sólo conozco por referencias en los me- dios de comunicación, a través de las cintas gra- badas puedan constatarse otros delitos más gra- ves cometidos por dicho sujeto, y que las mismas puedan utilizarse, si se cumplen los requisitos de autenticación, contradicción y presentación en el juicio oral, como prueba en el proceso penal que en su día pueda llevarse a cabo contra el citado asesor presidencial por estos delitos, además de por el delito de grabación ilegal masiva; pero no me parece tan claro que puedan utilizarse contra los que fueron víctimas de estas grabaciones ile- gales. No cabe duda de que la corrupción es un fenómeno que se da con frecuencia en muchos países incluso con una gran tradición democráti- ca y con fama de honradez en sus gobernantes. El “caso Kohl” en Alemania, el “caso Jupée” en Francia, los procesos contra Berlusconi en Italia, los casos “Naseiro”, “Filesa”, “Ayuntamiento de Burgos”, etc., en España, han puesto de relieve lo preocupante que puede ser este fenómeno cuan- do alcanza a los más altos puestos de la política y se utiliza frecuentemente como medio de fi- nanciación ilegal de los partidos políticos. Pero un análisis de este problema nos llevaría más le- jos de lo que era el objeto de este trabajo: demostrar una vez más que la lucha contra la cri- minalidad, contra cualquier tipo de criminali- dad, no puede llevarse a cabo a toda costa o a cualquier precio, con desprecio o merma de de- rechos fundamentales cuya salvaguarda y garan- tía constituyen la esencia del Estado de Derecho. Que ello puede conducir a decisiones jurispru- denciales discutibles o, por lo menos, difíciles de entender por el que no está avezado en las reglas de exclusión de la prueba obtenida con vulnera- ción de derechos fundamentales, lo demuestra el caso siguiente:
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