Durante el trimestre se siguieron produciendo, entre otros, abusos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y de las FFAA durante el desarrollo de sus funciones.
En el continente africano, diversas organizaciones locales e internacionales de defensa de los derechos humanos acusaron a las fuerzas de seguridad chadianas de perpetrar numerosos arrestos arbitrarios de opositores políticos al gobierno durante el estado de emergencia impuesto el 14 de febrero por el gobierno del Chad a pesar de que el derecho internacional garantiza la inviolabilidad de una serie de derechos en este tipo de situaciones. Paralelamente, en Camerún las movilizaciones por la huelga del sector de transportes se convirtieron en manifestaciones contra el gobierno y la fuerte represión policial provocó más de 17 muertos en una semana de enfrentamientos en la capital. El gobierno de Gabón prohibió temporalmente las actividades de 20 ONG por supuesta interferencia en asuntos políticos. Respecto a Kenya, es de destacar los abusos cometidos, la impunidad generalizada y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las manifestaciones que ocasionaron cientos de muertos a raíz de las elecciones presidenciales.1 También cabe destacar las violaciones de derechos humanos perpetradas por la policía en Nigeria y la impunidad de la que gozan los responsables. A este respecto, Manfred Nowak, relator especial de la ONU sobre la tortura, denunció en un informe que la tortura forma parte intrínseca del modus operandi de los servicios de mantenimiento del orden. 2
1 Véase apartado de tensiones.
2 Manfred Nowak, Informe del Relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Misión a Nigeria. A/HCR/7/3/Add.4 de 22 de noviembre de 2007.
En Zimbabwe, el gobierno hostigó e intimidó de forma persistente a personas consideradas opositores al presidente Mugabe llegando a detener en marzo a unas 50 personas, dirigentes del MDC y líderes de la sociedad civil. Algunas de estas personas fueron torturadas. La policía acostumbra a detener y maltratar a personas que defienden los derechos humanos y activistas del MDC que participan en protestas pacíficas. Las personas detenidas sufren con frecuencia malos tratos y no tienen acceso a asistencia letrada, alimentos ni medicinas. Finalmente, en RD Congo, las organizaciones de derechos humanos condenaron la muerte de 16 personas en una cárcel de Mbuji-Mayi así como las deficientes condiciones de la mayor parte de presidios del país. El relator especial de la ONU sobre la tortura, Manfred Nowak, anunció que el gobierno de Guinea
Ecuatorial solicitó que se aplazara su visita prevista para el mes de febrero hasta el mes de abril.
Como punto positivo del trimestre en el continente africano, cabe mencionar que el nuevo gobierno de Somalia se comprometió a poner fin al acoso a periodistas en este país y a restaurar la libertad de prensa. Según la Coalición Somalí para la Libertad de Expresión, en el año 2007 murieron como mínimo ocho periodistas, cinco fueron heridos y se arrestó a otros 42, cuatro de los cuales se encuentran aún detenidos.
¿Qué es la libertad de expresión?
La libertad de expresión es un derecho humano de importancia capital puesto que es el derecho que permite la defensa, el goce y la promoción de otros derechos reprimidos. Es por esta razón también que éste es uno de los derechos más socavado por regímenes represores. Es igualmente un derecho que está muy vinculado a otros muchos, cómo por ejemplo la libertad de pensamiento, de conciencia o de religión y a veces es difícil desligarlo de estas otras manifestaciones de violaciones de derechos humanos.
El derecho a la libertad de expresión está recogido en numerosos tratados internacionales y regionales vinculantes para los Estados parte. La Declaración Universal de Derechos Humanos lo define en su artículo 19 como un derecho con tres componentes: a) ‘el derecho a la libertad de expresión y de opinión’, es decir, el derecho a respetar la opinión de cualquier persona, b) el derecho a recibir información y opiniones y c) el derecho a difundirlas por cualquier tipo de medio (con las únicas limitaciones de preservar la ley, las “libertades de los otros” y las “justas exigencias morales” de todo Estado democrático). Según este artículo, todo el mundo tiene derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones sin injerencias, aún cuando en la práctica los textos legales de muchos países incorporan límites para frenar, por ejemplo, la incitación a la violencia, la calumnia o la difamación. Por su parte, la jurisprudencia dictada por los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos ofrece un marco ideal para comprender los estándares de respeto y garantía a la protección de este derecho. En este contexto es la Convención Americana de Derechos Humanos la que perfila garantías más amplias para reducir al mínimo las restricciones a la libre circulación de ideas y opiniones. Finalmente, el Sistema Europeo a través de su Corte, así como el Sistema Universal, por la vía del Relator sobre libertad de opinión y de expresión y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han realizado varias aportaciones primordiales que nutren la doctrina sobre las garantías a este derecho.
Respecto a la situación de los derechos humanos en el continente americano, este mismo Relator confirmó la existencia de casos de tortura en la base militar estadounidense de la isla británica de Diego García entre los años 2002 y 2003, una denuncia que EEUU siempre ha rechazado. En
Colombia las embajadas de ocho países (Suecia, España, Canadá, Noruega, Venezuela, Ecuador,
Bolivia y Argentina) y un grupo de 27 instituciones defensoras de los derechos humanos elevaron ante la Defensoría del Pueblo de Colombia y del gobierno, su voz de preocupación y protesta por el asesinato de 10 sindicalistas y las amenazas contra opositores al gobierno en los tres primeros meses de este año. Por su parte, Philip Alston, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, expresó su preocupación por que la Ley reguladora de la conmutación de la pena para los condenados a muerte en Guatemala viole el derecho internacional de los derechos humanos y conlleve restablecer la pena de muerte de forma encubierta. Cabe mencionar finalmente que en Perú cuatro personas murieron y otras 150 fueron detenidas durante los enfrentamientos entre la policía y varios colectivos de campesinos que protestaban en varias provincias del país contra la política agraria del gobierno.
En el continente asiático, es de destacar la violenta represión de las autoridades chinas contra las reivindicaciones de la comunidad tibetana en el Tíbet. Estos disturbios son los más graves de los últimos 20 años. El gobierno tibetano en el exilio declaró que 140 personas habían muerto y que unas 660 habían sido detenidas desde que el pasado 10 de marzo se iniciaran las protestas. Según Naciones Unidas, también habrían sido detenidas en Nepal unas 475 personas como consecuencia de la represión de manifestaciones de mismo signo. Ante esta situación, Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, expresó su inquietud por el aumento de las tensiones entre manifestantes tibetanos y las FFAA en este país así como en China y en la India.3 Otra cuestión a destacar en India, fue la advertencia del relator especial de Naciones Unidas sobre libertad de religión y creencias, Asma Jahangir, que alertó de que el país se enfrenta actualmente a un riesgo real de erupción de violencia comunitaria de raíces religiosas ante el persistente clima de impunidad que envuelve esta cuestión.
En el sudeste asiático, cabe destacar igualmente que ACNUR y varias organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por la deportación desde Tailandia a Laos de 12 personas refugiadas de etnia hmong donde no estarían garantizadas sus condiciones de seguridad. Tales organizaciones temen que en los próximos meses 8.000 personas más puedan verse afectadas por nuevas deportaciones por lo que este hecho constituyó otra señal de alerta en este continente. Otro hecho especialmente destacable fue la tercera visita del enviado especial del secretario general, Ibrahim Gambari, a Myanmar desde la represión de la Junta contra las protestas organizadas por monjes budistas el mes de agosto y septiembre 2007. Durante su visita se reunió con la líder del NLD, Aung San Suu Kyi, que continúa en arresto domiciliario, además de con diversos líderes de grupos étnicos y con el órgano creado por la Junta para redactar el proyecto de nueva constitución que será presentada a referéndum en mayo. El objetivo del viaje de Gambari era solicitar a la Junta que reformara su proyecto de Constitución para que permitiera la participación de Suu Kyi en las próximas elecciones, además de pedir la liberación de los presos políticos y la supervisión del referéndum constitucional por parte de observadores internacionales. Todas estas peticiones fueron desestimadas por la Junta por segunda vez consecutiva. Paralelamente, la Junta restringió aún más el trabajo de las ONG internacionales en el país y a partir de ahora sólo podrán llevar a cabo sus actividades si cuentan con la supervisión de al menos un miembro del departamento de salud.
En Asia central, se produjeron diversos hechos positivos con respecto a las libertades fundamentales. Uzbekistán reabrió las cárceles a las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja, después de que éstas se prohibieran tras los sucesos de Andijan en mayo de 2005, cuando cientos de manifestantes murieron por disparos de las fuerzas de seguridad.Y, paralelamente, los grupos de derechos humanos acogieron con agrado una nueva e inesperada amnistía. El presidente de Turkmenistán, Gurbanguly Berdymukhammedov, anunció también una nueva amnistía que no incluía, sin embargo, a los disidentes y defensores de los derechos humanos más conocidos del país.
En la región del Cáucaso, Miklos Haraszti, representante de la OSCE para los medios de comunicación, declaró que los casos recientes de encarcelamiento de periodistas independientes en Azerbaiyán por motivos ajenos a su profesión forman parte de un plan preconcebido para reprimir las voces críticas. Por su parte, el presidente de Armenia levantó el estado de emergencia decretado el 1 de marzo y el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, manifestó su preocupación por los malos tratos sufridos por opositores mientras permanecían detenidos en custodia. Otro punto de atención durante el trimestre fue Georgia, donde más de cuarenta presos presentaron una demanda de indemnización por malos tratos e intimidación y por las dos muertes acaecidas en cárceles del país. La Alta Comisionada, Louise Arbour, realizó una visita de tres días a este país y señaló que, si bien se habían producido algunos avances, era preciso que las personas detenidas tuvieran acceso a los servicios médicos y que se solucionara el hacinamiento en las cárceles.
3 Véase capítulo de tensiones.
Respecto a la grave situación de los derechos humanos en Rusia las organizaciones de derechos humanos denunciaron que el gobierno restringió drásticamente la libertad de expresión y de asociación durante el período previo a las elecciones parlamentarias. Por su parte Human Rights Watch denunció que la nueva legislación otorga amplios poderes al Estado para interferir en la labor de las ONG ya que concede el control de las ONG al Servicio de Registros. Respecto a
Chechenia, la ONG rusa Memorial constató a principios de este año una mejora en materia de
derechos humanos con una reducción significativa de secuestros.
Por último, cabe destacar que Louise Arbour declaró que algunas cláusulas de la Carta Árabe de
Derechos Humanos no se ajustan a la normativa internacional como, por ejemplo, la aplicación
de la pena de muerte a menores, el trato que depara a las mujeres y a los no nacionales y el comparar el sionismo con el racismo. La Carta Árabe entró en vigor a principios de año después de que siete países ratificasen dicho texto. En Europa entró en vigor la Convención sobre la
Acción contra el Tráfico de Personas del Consejo de Europa, centrada en la protección a las
víctimas, así como en la prevención del tráfico humano y en lograr que los responsables de este tipo de violación sean procesados.