CAPÍTULO III LA CULTURA CIUDADANA
3.4 ACCIONES O EXPERIENCIAS QUE HAN PROMOVIDO LA
Aun cuando no se cuenta con una política pública global de cultura ciudadana en Colombia, se han dado acciones o experiencias que de manera particular,
han promovido la cultura ciudadana (Ver Anexo C Acciones o experiencias de
cultura ciudadana).
Estas experiencias demuestran el interés del Estado, de la empresa privada y de la comunidad, por ofrecer soluciones y alternativas para reducir la violencia, el vandalismo, la incultura y la indisciplina social y generar cultura ciudadana. Sin embargo, en algunas ocasiones estas acciones no tienen la continuidad ni el impacto esperado. Además, no se conocen sus resultados, como producto de evaluaciones sistemáticas y confiables y, por tanto, no se replican en otros contextos para evaluar su efectividad. Las experiencias exitosas que demuestren su impacto en la cultura ciudadana, deben llevarse a otros lugares, respetando las peculiaridades particulares, hasta convertirse en un propósito nacional e incluso pueden servir como referente para otros países que tienen problemáticas comunes.
Con base en el análisis expuesto en el presente capítulo, se concluye que la cultura ciudadana, entendida como el conjunto de actitudes, costumbres, acciones, conceptos, definiciones, reglas y normas, compartidas por los individuos de una comunidad, para garantizar la convivencia, la seguridad y, por tanto, el bienestar de la comunidad, comprende la ética, (desde la ética civil), la urbanidad (el respeto a los demás) y el civismo (respeto a lo público). En consecuencia, sin ética, sin urbanidad y sin civismo, no es posible la cultura ciudadana. Aquí se confirma el enfoque de Mockus, quien planteó que es necesario un cambio cultural que fortalezca la ley, la moral y la cultura. En este contexto, se requiere que las autoridades encargadas de la convivencia ciudadana, diseñen e implementen una metodología (pedagogía pública social) para moldear comportamientos, sin vulnerar ni conculcar derechos y libertades,
con el fin de encontrar formas de entendimiento en los espacios públicos y privados.
La pedagogía pública social, es el ejercicio de llevarle a la comunidad, de manera informal, en sus diferentes segmentos sociales, el contenido normativo, ético y cívico de la convivencia pacífica, como elemento cultural y estratégico de la seguridad ciudadana. En este sentido, las expresiones de intolerancia y violencia cotidianas, que afectan la convivencia y seguridad ciudadanas, evidencian la ausencia de cultura ciudadana, no solo en Bogotá, sino en Colombia. La cultura ciudadana es una expresión de vida que se debe aprender desde el hogar, para entender que el respeto es el eje fundamental de todas las formas de asociatividad, por simples que sean. Es urgente construir una política permanente de cultura ciudadana, que promueva el respeto a los demás y el respeto a lo público, como un bien común.
En este orden de ideas, la familia y la escuela, son portadoras y reproductoras de violencia o de paz. Frente a esta problemática, el gobierno nacional no ha diseñado e implementado una política pública para generar cultura ciudadana, que lleve a sus habitantes a respetar las normas y resolver los conflictos por vías pacíficas. Esta política debe estar enfocada a generar una pedagogía pública que les enseñe a los individuos a ser buenos ciudadanos, aprovechando todos los espacios de socialización como la familia, la escuela, el barrio, el trabajo y en general la comunidad.
Para implementar la cultura ciudadana como una política pública, es indispensable pensar en una pedagogía donde se comprometan de manera corresponsable, los tres actores más importantes de una sociedad, que son: la familia (padres e hijos), los profesores y los vecinos y el Estado. Desde el Estado, los gobernadores, alcaldes y Policía Nacional, tiene la responsabilidad de conservar el orden público y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.
Esta pedagogía debe impactar positivamente la incultura, el vandalismo y la indisciplina social, como factores facilitadores y propiciadores de violencia, intranquilidad e inseguridad. Se necesitan modelos inclusivos, que involucren a la familia, la escuela y a todas las formas sociales, para que haya apropiación masiva de los comportamientos que afectan la convivencia (diagnostico) y se propongan las formas de cómo transformar las actitudes y las conductas negativas que los representan (política pública), reforzando los valores y las capacidades éticas como roles sociales de la convivencia y la seguridad ciudadanas. Si bien es cierto existen muchos esfuerzos de campañas de cultura ciudadana, estas no pasan de ser eso, es decir, de unos ejercicios aislados, algunos con temporalidad extendida otros efímeros, que no hacen parte de una política pública de cultura ciudadana, por tanto, carecen de evaluación lo que dificulta saber si se lograron los objetivos o no. Para corregir este vacío de planeación estratégica se debe implementar la política pública de cultura ciudadana que articule todos los espacios sociales y territoriales, cada uno con sus propias particularidades, pero con los mismos propósitos, la convivencia y la seguridad ciudadanas.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con fundamento en la información recogida y analizada en el presente estudio, se plantean las siguientes conclusiones y recomendaciones:
Se concluye que la hipótesis planteada se probó, por cuanto en el ejercicio de investigación se demostró que la cultura ciudadana es un eje transversal de la convivencia y la seguridad ciudadanas, teniendo en cuenta que hace referencia al conjunto de hechos, actitudes, comportamientos, creencias y capacidades que promueven la buena convivencia, lo que, directamente, genera espacios de seguridad ciudadana, ya que un comportamiento incivil, de indisciplina o de incultura, que inicialmente se pueden interpretar como una contravención, que hasta ahí puede causar intranquilidad, puede terminar siendo una conducta delictiva, lo que afecta proporcionalmente, según la gravedad del hecho, la seguridad ciudadana. Si no hay hechos que alteren la convivencia, éste estado de tranquilidad, es consecuencia de uno de seguridad.
Si planteamos el concepto en positivo, significa que, con cultura ciudadana, donde prevalecen los valores, la ética, la urbanidad y la cívica, como componentes sociales generadores de respeto, acatamiento de las normas de convivencia y obedecimiento a la ley, se construye convivencia y seguridad ciudadanas, por cuanto las dos van ligadas, debido a que sin la una no se llega a la otra. Esto determina que la cultura ciudadana es un eje transversal que concomitantemente genera espacios de convivencia y seguridad ciudadana.
Dentro de la investigación, se determinó que las riñas y la intolerancia si son hechos que alteran la tranquilidad, por cuanto afectan intereses jurídicos tutelados tanto por las normas de convivencia, como por la ley. De acuerdo a las investigaciones que se relacionaron dentro del contenido de este trabajo, se tiene que las riñas causan más muertes que el mismo conflicto interno, 6 de cada 10 personas manifestaron en la encuesta nacional que estuvieron involucrados en una riña por diferentes motivos (El Tiempo, 2014); esto permite concluir que las riñas son un factor que altera la seguridad ciudadana,
teniendo en cuenta que afectan la vida o la integridad de las personas y constituyen el segundo factor que más genera homicidios, después del sicariato.
La intolerancia, como está documentado y soportado dentro de la investigación, es un factor generador de violencia, que por lo general, conduce a las riñas y estas tienen como consecuencia, la afectación grave a la integridad y la vida de las personas. Se puede concluir que la intolerancia si afecta la tranquilidad, como componente de la convivencia y seguridad ciudadanas.
Está demostrado que la tranquilidad como componente de la convivencia y la seguridad ciudadanas, si se afecta por hechos de riñas o de intolerancia, ya que estas tienen la capacidad de alterar las condiciones necesarias para la convivencia pacífica, que son las que le corresponden a los estados de tranquilidad.
El punto de partida son los conceptos de convivencia y seguridad. La convivencia, se define como vivir en armonía con el otro, tanto en el ámbito privado como en el público, lo cual exige el respeto por los derechos y las libertades de los demás, para lograr la paz y la tranquilidad, en una comunidad. La seguridad es un concepto muy ligado al de convivencia. En este sentido, se concibe la seguridad ciudadana como la capacidad del Estado, con la cooperación de la ciudadanía, de lograr condiciones de tranquilidad y convivencia pacífica en la comunidad. Por tanto, podría afirmarse que si no hay seguridad, no hay convivencia y si no hay convivencia, no hay seguridad.
Los problemas de convivencia y seguridad, son comunes en las diferentes regiones del mundo. La violencia está presente en todas las culturas, en unas con mayor impacto que en otras. Colombia también padece esta violencia, que se vuelve más compleja por el conflicto interno que sufre, desde hace aproximadamente cincuenta años. Con base en el análisis realizado de los casos de violencia e indisciplina social, se identificaron los siguientes factores que afectan la convivencia y seguridad ciudadana:
La intolerancia o cultura de la violencia, que se expresa mediante la violencia interpersonal, la violencia intrafamiliar y la violencia escolar.
El alcohol y las drogas prohibidas asociados a una buena parte de las situaciones de violencia, de vandalismo e incultura.
El bajo nivel de denuncia y la impunidad.
La pobreza y la falta de oportunidades.
La educación sin valores.
El narcotráfico y los grupos armados ilegales.
La corrupción y la cultura de la trampa.
La laxitud y la obsolescencia de las normas de policía.
La cultura machista.
La aplicación de la justicia por propia mano, ante la escasa acción de las autoridades, la justicia y el vacío estatal.
La falta de compromiso de la comunidad, en la aplicación de la sanción social, ante los hechos que afectan la convivencia y la seguridad ciudadanas.
El irrespeto a las normas y la indisciplina social.
La ausencia de articulación y continuidad de las estrategias o programas de convivencia y seguridad ciudadana.
La ausencia de política pública en cultura ciudadana.
Estos factores evidencian que los problemas de convivencia y seguridad ciudadanas, son multicausales y multidimensionales. Es decir, que un único componente, no explica la existencia de la violencia, la indisciplina social y la incultura y que se afectan varios aspectos de la vida en comunidad, lo que dificulta y hace complejo su análisis y, por tanto, las soluciones deben ser integrales y pluriagenciales, de tal manera que obedezcan a la planeación estratégica y no al capricho de la autoridad de turno.
A pesar de que el Gobierno Nacional cuenta con una Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, además de Planes Integrales de Seguridad y Convivencia, a nivel local, la violencia, la indisciplina social, la
incultura y la criminalidad, siguen afectando a la comunidad. Son fenómenos recurrentes que con el tiempo se van volviendo más letales, lo que exige de las autoridades y de la comunidad, intervención inmediata, a través de un componente de cultura ciudadana y de modernizar las herramientas legales, para que respondan a las nuevas expresiones de violencia e indisciplina social.
Las expresiones de intolerancia, incultura y violencia cotidiana, que afectan la convivencia y seguridad ciudadanas, evidencian la ausencia de cultura ciudadana, en Colombia, incluso, en otras culturas y países. La cultura ciudadana, es una expresión de vida que se debe aprender desde el hogar, para entender que el respeto es el eje fundamental de todas las formas de asociatividad, por simples que sean. En este sentido, la familia y la escuela, son portadoras y reproductoras de violencia o de paz.
La cultura ciudadana es un medio pedagógico que bien diseñado, impacta positivamente la incultura y la indisciplina social, como factores facilitadores y propiciadores de violencia. Se necesitan modelos inclusivos, que involucren a la familia, la escuela y a todas las formas sociales, para que haya apropiación masiva de comportamientos éticos, de urbanidad y de civismo.
La cultura ciudadana, es entonces el eje transversal de la seguridad y la convivencia ciudadanas, por cuanto es un medio para recuperar y reconstruir la urbanidad, como expresión de los buenos modales, el civismo, que significa el culto por la patria y la institucionalidad, además de la ética pública, donde impere el acatamiento a las normas legales, morales y de convivencia.
Frente a esta problemática, el gobierno nacional no ha diseñado e implementado una política pública para generar cultura ciudadana, que lleve a sus habitantes a respetar las normas y resolver los conflictos por vías pacíficas. Esta política debe estar enfocada a generar una pedagogía pública que enseñe a los individuos a ser buenos ciudadanos, aprovechando todos los espacios de socialización, como la familia, la escuela, el barrio, el trabajo y en general, en la comunidad. La violencia se aprende de generación en generación, pero
también se desaprende en la familia, en la escuela y en el trabajo, por medio de la pedagogía de la convivencia.
Desde esta perspectiva, para implementar la cultura ciudadana como una política pública, se hace indispensable pensar en una pedagogía donde se comprometan de manera corresponsable, los actores más importantes de la sociedad: la familia (padres e hijos), los profesores y los vecinos y el Estado. La pedagogía pública social, es el ejercicio de llevarle a la comunidad, de manera informal, a sus diferentes segmentos sociales, el contenido normativo, ético, cívico, de las buenas costumbres y de la convivencia pacífica, como elemento estratégico de la seguridad ciudadana.
A pesar de que no existe en Colombia, una política pública de cultura ciudadana, se han desarrollado desarticuladamente, numerosas acciones y campañas para promoverla, de las cuales se enuncian algunas de ellas, realizadas en los últimos años: Programa de cultura ciudadana de Mockus, Yo le juego limpio a Colombia, Campaña contra el miedo, Por la seguridad de niños en la vía, Movilidad y educación, Barras futboleras apuestan por la paz, Levantaron 40 lonas de basura, Programa ‘Convivencia y paz’, Día sin carro, Alerta roja contra el matoneo en el colegio, Pacto de los motociclistas por Bogotá, Programa de lucha contra la corrupción, Festival al parque en el sur, Campaña de cultura ‘cebras por la vida’, Coreografías para la paz, Cien actividades por la cultura ciudadana, Dona una bici, Las quebradas ya no están solas, Jóvenes limpiarán la Plaza España, Jornada para la tenencia de mascotas, Vecinos ayudaron a salvar 17 cauchos sabaneros de Bogotá, Enfrentando el matoneo, Sin homicidios en 200 días, En Puente Aranda basura cero, Comunidad se une para transformar los barrios, Con danza sana a sus estudiantes, Marcha por la vida y la memoria, Un trabajo de la comunidad para mejorar la seguridad, Revitalizan ronda del Rio San Francisco, Rehabilitar los andenes con la siembra de 600 hiedras, Hinchas de millos enseñan a reciclar, La semilla que salva jóvenes en Barraquilla, La ´hora calabaza`, Usted creyó en los pandilleros, Bogotá como vamos, El arte, un arma contra la guerra, Cero
muertes violentas, Barranquilla: música por 0 muertes violentas en 24 horas, La
y el consumo de alcohol y otras drogas y Programa de Competencias Ciudadanas.
Estos esfuerzos desarticulados, si bien generan motivaciones en la comunidad, no tienen la capacidad de impactar profundamente la conciencia colectiva para crear un cambio cultural; sin embargo, son acciones positivas de las que se debe tomar lo mejor, para crear un banco de datos que aporte información esencial en la construcción de la política pública a nivel nacional. Por otra parte, no hay planeación de largo plazo en el desarrollo de las iniciativas de cultura ciudadana, pues solamente obedecen a momentos circunstanciales, sin seguimiento y evaluación, lo que las convierte en campañas momentáneas, sin objetivos claros, que en cambio de impactar la cultura, causan desconfianza e incredulidad en la comunidad.
Estas acciones y experiencias demuestran que existe algún interés del Estado, de la empresa privada y de la comunidad, por ofrecer soluciones y alternativas para reducir la violencia y generar cultura ciudadana. Sin embargo, en algunas ocasiones estas acciones no tienen la continuidad ni el impacto esperado. Además, no se conocen sus resultados, como producto de evaluaciones sistemáticas y confiables. Son acciones dispersas que no son replicadas en otros contextos y no han sido evaluados sus logros, lo que demuestra que las ideas o esfuerzos en cultura ciudadana, si bien son copiosos en algunos entes territoriales, se desarrollan de manera desarticulada entre estos y el gobierno nacional, siendo este último el responsable constitucional de proveer y mantener las condiciones necesarias para la convivencia pacífica y aquellos, los encargados de mantener el orden público, entendido este como la eliminación de cualquier motivo o condición que altere la tranquilidad, la seguridad, la moralidad, la ecología y el ornato públicos.
Lo anterior, permite afirmar que si los mandatarios de los poderes locales, departamentales y del nivel nacional, no aúnan esfuerzos, los factores que afectan la convivencia y la seguridad ciudadanas, seguirán gravitando de manera creciente, alejando la posibilidad de construir cultura ciudadana, a
partir de la pedagogía pública social y a través de una política pública articulada.
Con fundamento en las anteriores conclusiones, se plantean las siguientes recomendaciones:
Diseñar, implementar y evaluar una política pública de cultura ciudadana, que incluya a los niños y a los jóvenes, como sus principales promotores. Para ello, se requiere pensar en una pedagogía donde se comprometan de manera corresponsable, los actores más importantes de la sociedad: la familia (padres e hijos), los profesores y los vecinos y el Estado.
La política pública de cultura ciudadana, debe partir de una pedagogía pública social para modificar comportamientos, sin vulnerar derechos y libertades ciudadanas. A partir de diagnósticos locales donde se identifiquen los factores asociados a los problemas de inseguridad y convivencia ciudadanas, deben proponerse las estrategias, los planes y las acciones pertinentes, para que a través de la pedagogía publica social, se articule la sociedad, desde la familia y los demás escenarios sociales, como el barrio, las instituciones educativas, los espacios públicos y los espacios laborales, aprovechando el deporte y el arte, como medios de difusión masiva de las normas de seguridad y convivencia.
Para comprometer a las instituciones educativas en este propósito, debe establecerse de manera obligatoria, la capacitación de los docentes sobre metodologías para la solución pacífica de conflictos y en general, sobre normas de convivencia, pues ellos también son responsables de enseñar a los niños y jóvenes, a ser buenos ciudadanos.
La pedagogía debe llevarse a la comunidad, a través de mercadeo social, es decir, entrando en contacto directo con las personas o por medio de los líderes sociales o naturales, para que a partir del núcleo social, que es la familia, en forma de espiral, se abarquen los demás espacios relacionales, con el fin de construir una red social en buenas prácticas de convivencia pacífica, para fortalecer la seguridad ciudadana. Mediante foros, mesas redondas, talleres, y
actividades lúdicas, según el contexto social, desarrollar una pedagogía para facilitar la comprensión del mensaje por parte de la comunidad y lograr cambios de comportamiento y de actitudes.
En consecuencia, es necesario generar una estrategia de mercadeo pedagógico, para llevar la convivencia a los hogares y a todos los espacios sociales, con el propósito de comprometer, desde la familia hasta el último eslabón de la sociedad, en la formación y en el cumplimiento de la ética, la urbanidad y el civismo, como formas de convivencia pacífica.
En términos generales, se debe crear conciencia en la comunidad, sobre su participación en los asuntos que la afecten, para que se convierta en actor principal de las políticas públicas que diseñen las autoridades, desde el aporte de información, el seguimiento de la política y la exigencia de resultados.