La sociedad salvadoreña está marcada por la desigualdad y la exclusión, por ello el PQD 2014-2019 asume como una de sus grandes apuestas consolidar el Sistema de Protección Social universal (SPSu), que parte del reconocimiento igualitario de los derechos de todas las personas e implica el impulso de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la convivencia. Por lo tanto, el desafío es acelerar el tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente, que solo puede ser construida con la participación del Estado, la sociedad y los actores económicos.
objetiVo 5 acelerar el tránsito hacia una sociedad
equitativa e incluyente Fortalecimiento del pilar contributivo y no contributivo de protección social Fortalecimiento de los programas de erradicación integral de la exclusión y la pobreza Avance en la garantía de los derechos de los grupos poblacionales
efectos de la crisis económica mundial y a otros factores como el aumento de pre-cios de la canasta básica y el impacto de fenómenos climáticos, lo que evidencia la alta vulnerabilidad socioeconómica.
Asimismo, la diferencia en las tasas de pobreza entre las personas de la zona rural y de la zona urbana ha disminuido. En el 2000, la incidencia de pobreza rural y ur-bana era de 59.2 % y de 34.3 %, respectiva-mente, mientras que en el 2013 fue de 41.7 % en el área rural, y de 30.6 % en el área urbana. Sin embargo, dados los acelerados procesos de urbanización, en la actualidad existe un mayor número absoluto de ho-gares y de personas en situación de pobre-za en las zonas urbanas que en las rurales (diGestyc, 2013). Además, un amplio contin-gente de la población es vulnerable al ries-go de pobreza durante la vejez: se estima que apenas el 18 % de la población adul-ta mayor tiene acceso a alguna pensión en El Salvador, en contraste con el 63.5 % promedio en América Latina (IMDH, 2014; Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales [cedlas], 2014).
Por otro lado, las mujeres representan el 53 % de la población (diGestyc, 2013), pero continúan estando rezagadas en va-rios indicadores de desarrollo: 13.7 % de quienes tienen diez años de edad y más son analfabetas (en comparación al 7.3 % de los hombres), y su escolaridad prome-dio es de 5.3 años (en contraste a los 6.8 años de los hombres). Las mujeres
tam-S
ituaCiónaCtualEn el pasado, la política social en El Salvador fue percibida de forma residual como una manera de compensar los efec-tos negativos de la política económica y totalmente desvinculada de la misma. El primer Gobierno del cambio dio un giro a esta visión al reconocer la política social como un mecanismo para garantizar los derechos económicos, sociales y cultura-les de la población, y en consecuencia, como un instrumento para avanzar en la construcción de una sociedad más equi-tativa, incluyente, segura y solidaria.
El presente Gobierno profundizará los cambios en la política social, a fin de continuar con los esfuerzos para erradi-car la pobreza, la desigualdad social y de género, la exclusión social y la vulnera-bilidad, problemas que por su magnitud continúan restringiendo las perspectivas del buen vivir para importantes segmen-tos de la población del país e inciden de forma adversa en la dinámica económica.
Entre el 2000 y el 2013, la proporción de personas en situación de pobreza se redujo en casi diez puntos porcentuales: de 44.6 % a 34.8 %. Del total de personas en esa situación, el 52.6 % eran mujeres y el 47.4 % hombres (diGestyc, 2013). La disminución, sin embargo, no ha sido constante y han existido períodos (2008 y 2011) en los que la pobreza ha alcanza-do niveles cercanos al 47 %, debialcanza-do a los
que han estado tradicionalmente exclui-das del accionar de la política pública y que en el PQD 2014-2019 han sido iden-tificadas como poblaciones prioritarias.
otro reto de una política social para la inclusión y la protección social en El Sal-vador es la sostenibilidad financiera. En este contexto, cobra especial relevancia el marco institucional referido a la protección social en el país, y en especial sus meca-nismos de financiamiento en sus distintas modalidades. Por ejemplo, los recursos del sistema de pensiones deben orientarse a actividades productivas generadoras de empleo que coadyuven a mejorar la capa-cidad productiva del país, y que permitan garantizar pensiones dignas.
Con la finalidad de universalizar la protección social, la política social debe-rá combinar mecanismos contributivos, semi contributivos y no contributivos5.
5. La protección social puede ser de carácter con-tributivo si depende parcial o totalmente de aportes de los trabajadores y trabajadoras y de los empleado-res y empleadoras (como es el caso de la cobertura de riesgos de salud, invalidez, vejez y muerte por parte de instituciones tales como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada [Ipsfa], el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos [Inpep] o las Administradoras de Fondos de Pensiones [AFP]). En cambio, la protec-ción social es no contributiva, cuando la prestaprotec-ción de los beneficios se da a través de servicios sociales o en el marco de programas sociales (como Comunidades Solidarias, el Programa de Salud y Alimentación Escolar
bién enfrentan mayores barreras de acce-so a los mercados laborales y financieros, lo cual redunda en niveles superiores de subempleo e informalidad en este sec-tor de la población. A lo anterior hay que agregar que son ellas quienes asumen en mayor medida la carga del trabajo do-méstico y de cuidado no remunerado, pues en promedio emplean 5.35 horas diarias en comparación con las 2.44 horas de los hombres en este tipo de activida-des (Minec, diGestyc y FPNu, 2012)
La desigualdad entre hombres y mu-jeres también se expresa en diferencias en la propiedad de activos: del total de personas productoras agropecuarias que poseen las tierras que trabajan, solo 12 % son mujeres (diGestyc, 2012); por su parte, solo el 26 % de las pequeñas y medianas empresas son propiedad de mujeres.
otro de los principales retos en tor-no a la política social continúa siendo la planificación, articulación e integración de sus distintos componentes de protec-ción, inclusión y desarrollo a nivel nacio-nal y territorial, de tal manera que se ase-gure la debida y oportuna inversión de recursos para desplegar las capacidades de las personas (con especial énfasis en la primera infancia), prevenir los riesgos, atender las necesidades de las personas a lo largo del ciclo de vida y velar por el cumplimiento de los derechos de toda la población, prestando especial conside-ración a los derechos de las poblaciones
Se esperaría que mientras mejor desem-peño tengan los mercados laborales y el sistema previsional los niveles de forma-lización del empleo sean mayores; las co-berturas en términos poblacionales y de beneficios provenientes de la seguridad social sean más amplias; y la carga finan-ciera que deberá absorber el Estado para cubrir ciertas necesidades y riesgos pre-visionales de la población sea menor.
En El Salvador, sin embargo, la seguri-dad social cubre a una pequeña porción de la fuerza laboral: a agosto del 2014, solo el 28.8 % de la población económi-camente activa cotizó al régimen de salud del Instituto Salvadoreño del Seguro So-cial, mientras que a octubre solo un 24.5 % cotizó al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) (SSF, 2014), lo cual de-muestra una excesiva demanda de aten-ción y protecaten-ción en manos del Estado salvadoreño, que dispone de limitadas capacidades financieras e institucionales. De lo anterior se desprende un último de-safío para la política social: fortalecer su vinculación con otras áreas de la política pública, como la económica-productiva y la fiscal, a fin de activar círculos virtuo-sos de crecimiento económico con traba-jo decente y ampliar los espacios fiscales para extender las coberturas de la protec-ción social con recursos propios.
recursos generales del Estado y que se centran, funda-mentalmente, en atender a personas en situación de
l
íneaS deaCCiónE.5.1. Fortalecimiento del pilar contributivo y no contributivo de protección social
L.5.1.1. Ampliar la cobertura de la seguridad social contributiva a personas trabajadoras en situación de exclusión, garantizando criterios de equidad e igualdad.
L.5.1.2. Impulsar un proceso concertado de reforma del sistema de pensiones que garantice progresivamente cobertura universal (especialmente a los sectores excluidos), sea equitativo, brinde protección solidaria colectiva e individual y tenga sostenibilidad financiera.
L.5.1.3. Impulsar, tomando como base el principio de progresi-vidad y solidaridad, reformas al sistema de cotización del Instituto Salvadoreño del Seguro Social que fortalezcan sus ingresos y me-joren su cobertura y calidad.
L.5.1.4. Promover un régimen especial de cotización para resi-dentes en el exterior, que permita que sus familiares en el país ten-gan cobertura de seguridad social.
L.5.1.5. Consolidar los programas de protección social (pilar no contributivo) de manera que estén focalizados y sean sostenibles.
E.5.2. Fortalecimiento de los programas de erradicación integral de la exclusión y la pobreza
L.5.2.1. Garantizar la sostenibilidad financiera y el fortalecimien-to de la eficiencia y eficacia del Programa Comunidades Solida-rias como plataforma para brindar atención integral y erradicar la pobreza.
L.5.2.2. Fortalecer el vínculo del Programa Comunidades Solida-rias con la estrategia de desarrollo económico del país.
E.5.3. Avance en la garantía de los derechos de los grupos poblacionales prioritarios
L.5.3.1 Consolidar la institucionalidad y las estrategias especiali-zadas para garantizar los derechos de las mujeres.
L.5.3.2. Fortalecer los servicios integrales de atención a la niñez, adolescencia y juventud.
L.5.3.3. Fortalecer la atención integral e integrada para el desa-rrollo de la primera infancia.
L.5.3.4. Actualizar e implementar el marco legal e institucional para brindar atención integral a las personas adultas mayores.
L.5.3.5. Fortalecer y ampliar la atención integral para las perso-nas con discapacidad.
L.5.3.6. Fortalecer la provisión de servicios y atención integral a las personas lisiadas de guerra.
L.5.3.7. Desarrollar e implementar el sistema nacional de pro-tección a la niñez y adolescencia, personas adultas mayores, perso-nas con discapacidad y persoperso-nas dependientes.
L.5.3.8. Promover los derechos y atender las necesidades de los pueblos originarios, población LGBTI y veteranos y veteranas del conflicto armado.