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Actividades antirreligiosas previas al 18 de julio de

El siglo XIX en España

No son frecuentes los cambios bruscos en la Historia. Cada período tiene afianzadas sus raíces en el anterior y prepara al que le sigue. La evolución histórica es una constante y no permite ruptura tajante entre el pasado y el presente del humano quehacer.

Refiriéndonos a la actividad antirreligiosa anterior al día 18 de julio de 1936 en España, nadie podrá exigimos muchas y apretadas páginas para demostrar que la explosión antirreligiosa del Frente Popular español fue el capítulo final de un largo y devastador proceso histórico en la descristianización de nuestra patria.

En estas páginas pretendo, tan sólo, indicar algunos antecedentes, no con pretensiones exhaustivas del tema. Solamente como telón de fondo, para comprender mejor lo referente a la diócesis de Ávila. Todo ello muy brevemente. No se trata de exponer las causas. Ni de ir describiendo los efectos. Intento recordar las fechas más significativas en el desarrollo de la persecución religiosa en épocas que últimamente nos han precedido.

Sin el afán de ir a recoger aguas muy lejos, sí podernos descubrir en el siglo XIX un poderoso punto de arranque en la progresiva descristianización de nuestro suelo, aunque en algunos

momentos se produjera alguna meritoria reacción de las fuerzas católicas.

Todo el siglo XIX fue para nosotros un conglomerado de fechas, que van indicando el descenso del termómetro nacional en no pocos aspectos. Tantas constituciones promulgadas, tantos parlamentos disueltos, tan frecuentes pronunciamientos militares y tan crueles guerras civiles son un síntoma de la inestabilidad nacional.

Fútiles y peregrinos pretextos ocasionaron fuertes medidas persecutorias contra la Iglesia en España, teniendo como desenlace la consabida matanza de eclesiásticos. Sacerdotes, religiosos y monjas conocieron, en el sobrecogedor ambiente de su sangre vertida, torturas y brutalidades mil.

Turbia y agitada, en verdad, la historia eclesiástica de España en la centuria decimonónica. Sucesión, apenas interrumpida, de persecución religiosa en los múltiples cambios de gobierno. Toda una serie de rupturas y reanudaciones diplomáticas con Roma. Aquel anticlericalismo, abierto unas veces y solapado otras; las tenebrosas maquinaciones de la influyente e importada masonería; aquel obrerismo, con excesivo espíritu y actividad revolucionaria, iban preparando los tiempos de la república española, con su intensa y clara actuación persecutoria contra la Iglesia católica.

En aquel ambiente tan enrarecido, bastaba que alguien ideara una calumnia, por muy peregrina y absurda que fuera, para que una parte del pueblo, un tanto irresponsable, se lanzara, ávido de sangre, contra todo lo que tuviera carácter religioso. Así sucedió con la patraña burda del envenenamiento de las fuentes por los frailes, a quienes se consideró causantes del cólera. El populacho embravecido fue el material ejecutor del llamado «pecado de

sangre», aquel día negro del 17 de julio de 1834. Un centenar de frailes fueron asesinados impunemente en la capital de la nación.

El devastador eco de tan espeluznante matanza fue repercutiendo en otras capitales, originando parecidos atropellos contra la Iglesia. España caminaba vertiginosamente por el sendero del mal, salpicándose de sangre inocente de ministros del Señor.

Llegaría, pocos años después, el «gran robo del siglo», iniciado en 1835. La catastrófica desamortización de los bienes eclesiásticos, realizada principalmente por el ministro Mendizábal, causó un grave daño a las benéficas actividades de la Iglesia en los campos de la cultura y de la asistencia social. Ningún provecho económico sacó la hacienda pública. Mediante precios irrisorios pasaron fructíferas haciendas y valiosas obras de arte desde las llamadas «manos muertas», legítimas y caritativas, a manos «demasiado vivas». El erario público no aumentó su riqueza y sí tuvo que cargar el Estado con las muchas obras de beneficencia, antes en manos de la eficiente y maternal iglesia de España.

Innumerables y valiosas obras de nuestro rico patrimonio histórico, documental y artístico, creado con esfuerzo y custodiado con diligente cuidado por la Iglesia católica, sufrieron irreparables deterioros. En no pocas ocasiones fueron destruidas y en otras muchas pasaron a manos de particulares, quienes no demostraron la suficiente sensibilidad artística capaz de conservarlas hasta nuestros días. Se unían, ahí, el anticlericalismo español y la pérdida o deterioro de gran parte de nuestra anterior riqueza artística y documental, como causa y efecto.

eclesiástica. El papa Gregorio XVI, en su especial encíclica, sintetizó la universal repulsa del mundo católico contra tales medidas gubernativas en España.

Con Bravo Murillo y, antes, con Narváez, reaparece la normalidad religiosa durante algunos años. Fue un paréntesis de bonanza, aprovechando para la firma del concordato de 1851, vigente hasta el de 1953.

No duraría mucho la calma. El oleaje revolucionario, llevando en sus entrañas una gran dosis antirreligiosa, crecía más y más, especialmente cuando vuelve desde Inglaterra el general Espartero. Vejámenes sin cuento y tétricos incendios de iglesias y conventos iluminan con resplandores de barbarie la geografía española, al amparo de radicales y extremistas disposiciones del Gobierno.

Cuando en 1873 queda instaurada la Primera República, se da un paso en firme por el camino de la descristianización. Se amansarían un poco las turbulentas aguas al ser restaurada la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII, en el año 1874.

Llegado ya el siglo XX, el triste experimento de la Semana Trágica de Barcelona (julio de 1909) produjo el incendio de unos cincuenta templos y conventos.

Años después, el día 4 de julio de 1923, caía asesinado en Zaragoza el cardenal Soldevila.

Alguna consistencia religiosa adquiere nuestra patria mientras Alfonso XIII se sintió apoyado por el firme brazo de don Miguel Primo de Rivera. La enérgica actitud y enraizado sentido católico del marqués de Estella, fueron capaces de proporcionar a España algunos años de consolidación religiosa y prestigio político, social y

económico. Fue un consolador paréntesis de bonanza, después de atormentadas etapas.

La Guerra Civil española

Sabido es de todos que la cruel Guerra Civil española (1936- 1939) fue realmente una persecución religiosa contra la Iglesia católica, aunque tuviera también otros aspectos. Y en elevado grado. Por ejemplo, políticos y sociales, con toda la importancia que tienen también los dos últimos. Hubo miles de sacerdotes, religiosos y monjas asesinados «en odio a la fe». Hubo también miles de templos quemados, destrozados, profanados. Y el número de imágenes religiosas destrozadas fue inmensamente más elevado. Podemos hablar del martirio de personas eclesiásticas y del «martirio de las cosas».

Es cierto que tan amplia e intensa persecución religiosa, extendida por casi todo el territorio nacional, fue previamente preparada y sostenida durante años por el más virulento marxismo ateo y activamente eficiente contra todo lo sagrado. Socialismo, sindicalismo, anarquismo y comunismo fueron preparando y cal- deando el ambiente también en España contra toda manifestación religiosa, especialmente contra la Iglesia católica, y muy en concreto, contra sus sagrados ministros.

La propaganda atea, beligerante, cínica y calumniosa gozaba de poderosos medios de difusión entre el pueblo español. No era fácil resistir a su poderoso embate.

Ya Lerroux había dicho a sus «jóvenes bárbaros» de Barcelona que había que destruir la Iglesia.

—Entrad a saco —les gritaba— en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura; destruid sus templos; acabad con sus dioses; alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie. No os detengáis ni ante los sepulcros, ni ante los altares. No hay nada sagrado en la tierra. El pueblo es esclavo de la Iglesia. Hay que destruir la Iglesia. Luchad, matad, morid.

La Segunda República

Esta actividad antirreligiosa y anticlerical aumentó en España desde el año 1931 con la constitución del Gobierno republicano, en el que la extrema izquierda ocupó los puestos clave en la vida nacional.

Por todos los medios, el poder gubernativo excitaba a las masas contra la Iglesia católica. Ya en marzo de 1931 fueron incendiadas varias iglesias y casas de religiosos. En Madrid, en Valencia, en Alicante, en Sevilla, en Málaga, en Córdoba y en otras ciudades.

Tales atropellos, si es que no eran provocados o instigados por las autoridades gubernativas, al menos no eran reprimidos. Con su cínica pasividad iba creciendo la agresión a todo lo religioso. No se apagaban los incendios provocados. No se reparaban los destrozos voluntariamente causados en los templos.

Una bien organizada propaganda por todos los medios posibles iba atacando con insospechadas e inverosímiles calumnias a sacerdotes y a religiosos.

En el año 1931, desde los primeros meses, el ambiente general en España era fuertemente anticlerical y antirreligioso. El laicismo, cada día más virulento, iba llegando al poder. Fue

tomando cuerpo una legislación laicista. Y se iba tolerando cualquier manifestación callejera y violenta de armados grupos revolucionarios.

Del sentimiento anticlerical y teórico de algunos intelectuales se bajó al más burdo y simple de la masa popular. Y de aquí se pasó al antirreligioso en no pocas ocasiones. Junto con los oradores y demagogos, actuaron los tribunos de la plebe, responsables directos de disturbios callejeros y de atentados a las personas.

También desde el mundo de las letras se iban fomentando esta actitud contra la Iglesia, en periódicos, revistas, obras teatrales y escritos diversos. Por este medio se hacía llegar a los ambientes populares, entre obscenidades, blasfemias, chabacanadas y todo género de libertinaje, imágenes estereotipadas y falsas de una Iglesia española, presentada como única responsable de todos los males de la sociedad y, consiguientemente, merecedora de los mayores castigos.

Esta fobia anticristiana y anticlerical estalló, beligerante, a partir del día 14 de abril de 1931, principio de la Segunda República española.

Fueron surgiendo publicaciones y casas editoriales al servicio del más furibundo ataque contra la religión y contra la Iglesia católica. Libros y periódicos minaban e iban apagando la fe cristiana en el pueblo sencillo, en cuya cabeza iban metiendo ideas anticatólicas. Contra la religión, contra el Papa, contra los sacerdotes.

Cuando el día 14 de abril de 1931 empieza en España la Segunda República, queda iniciada la etapa más agresiva, hasta

No es mi intención hacer, ahora, detallada historia de aquellas elecciones municipales. Ni de las que, entre no pocos atropellos, serían celebradas, años después, en febrero de 1936. Bástenos recordar que constituyeron dos nuevas escaladas en el desarrollo de la persecución sangrienta contra la Iglesia en tierras españolas.

A finales de abril de ese año 1931, el entonces primado de España, cardenal Segura, daba la voz de alerta, a los pocos días de la etapa republicana. «El orden social está en peligro; los derechos de la religión están amenazados. Es deber imprescindible de todos unirnos para defenderla y salvarla».

La llamada «Biblioteca de los sin Dios» publicó títulos muy significativos. Por ejemplo: Jesús no fue cristiano; Jesucristo, mala

persona; Los apóstoles y sus concubinas y Origen nefando de los conventos. Todo un alarde de sinceridad.

Entre los periódicos más revolucionarios contra la Iglesia católica sobresalieron los siguientes: La traca, El Frailazo, El

diluvio, El ateo y tantos otros. Estaban inspirados en el peor gusto,

pero llegaban a las masas populares; atacaban a Dios, a Jesucristo, a la Iglesia; ridiculizaban al Papa y a los sacerdotes. La autoridad civil no ponía control a tales invectivas. No en pocas ocasiones, incluso, era el poder público quien inspiraba tales publicaciones. La legislación laicista y beligerante, junto con los tumultos de la calle, iban descristianizando el pueblo español.

Y esto, a pesar de que la Iglesia en España había adoptado, desde el primer momento de la proclamación de la Segunda República, una actitud de acatamiento sincero e, incluso, de abierta colaboración en defensa de los intereses superiores de España. En el periódico católico El Debate, pudo ser leído en aquellos días:

«La República es la forma de gobierno establecido en España; en consecuencia, nuestro deber es acatarla».

La mayoría de los obispos recomendaron sensatez y cordura a los sacerdotes, prohibiéndoles intervenir en asuntos políticos. Y en esta misma línea actuó la Santa Sede. Por medio del nuncio Tedeschini llegaron desde el Vaticano claras instrucciones a los obispos, pidiéndoles que mostraran el máximo respeto hacia el Gobierno republicano para asegurar el orden y el bien común.

A pesar de esto, poco después del día 14 de abril de 1931, fecha de la proclamación de la Segunda República, fueron surgiendo dificultades en las relaciones entre Gobierno y Episcopado. Cierto que hubo algunos obispos que se mostraron un tanto críticos ante los graves atropellos que iba sufriendo la Iglesia en España. Dentro del Gobierno republicano no fue idéntica su actitud ante el problema religioso. Junto a ministros moderados había otros muy radicales y en extremo anticlericales. Y triunfaron estos últimos.

Ya en el mismo mes de mayo de 1931, durante los primeros días de la Segunda República, se constituyó la Liga Anticlerical Revolucionaria. Llegan muy pronto la expropiación de bienes religiosos, la expulsión de los jesuitas y de otras órdenes religiosas. Crece la lucha anticlerical y la propaganda atea. Se van organizando comités revolucionarios y antirreligiosos.

Durante los días 11, 12 y 13 de mayo del mismo año 1931 se produjeron en varias capitales españolas violentas manifestaciones de furibundo anticlericalismo con asaltos, saqueos e incendios de iglesias, monasterios y conventos. Y no hubo reacción por parte de las fuerzas del orden, ni de los bomberos. Más de un centenar de

edificios religiosos quedaron, en gran parte o completamente, des- truidos. Tampoco intervino la autoridad judicial.

Parece ser que algún ministro dijo ante tales desmanes: «Todos los conventos de España no valen la vida de un republicano». Y, cuando en Málaga estaban ardiendo el palacio episcopal y la residencia de los jesuitas, el gobernador militar ordenó la retirada de la fuerza pública, que intentaba dominar el incendio. La misma autoridad militar envió al ministro de la Guerra el siguiente telegrama: «Hoy ha comenzado quema de conventos. Mañana continuará».

El nuevo ministro de Gobernación, don Miguel Maura, recibió del alcalde de un pueblo este telegrama: «Proclamada la república. Diga qué hacemos con el cura».

Los violentos ataques a la Iglesia católica, iniciados a los pocos días de la proclamación de la Segunda República, continuaron más intensa y extensamente durante los meses siguientes. Todo ello iba haciendo imposible la respetuosa relación entre Iglesia y República españolas.

Una ola cruel de insensato vandalismo iba apoderándose del territorio nacional. Nada consigue el enérgico escrito que el día 3 de junio de 1931 elevó al Gobierno el cardenal Pedro Segura, en nombre de todos los metropolitanos de España. Tan valiente actitud ocasionaría al Primado el forzoso destierro y la renuncia a la sede toledana, con el consiguiente canje de notas entre la nunciatura y el Gobierno, cuyas relaciones iban siendo cada día más tirantes.

Mediante ley se suprimió el voto de obediencia al Papa. Todas las órdenes religiosas quedaron sujetas a una ley especial, que impedía su normal desarrollo y actividad. Sus bienes quedaron

nacionalizados. Con eficaces normas legales, emanadas del Gobierno republicano, quedaba, de hecho, abolida la religión cató- lica en España. No es necesario, ni hay tiempo ahora para concretar muchos de estos pormenores.

La Gaceta se encargaba de ir promulgando frecuentes disposiciones antirreligiosas. Secularización de cementerios; establecimiento del divorcio y matrimonio civil; arranque de todo signo religioso en las escuelas; limitación del culto católico y sumisión a la autoridad civil; secularización de todos los bienes eclesiásticos; inspección meticulosa y dura sobre las órdenes religiosas, etc.

Cuando el Episcopado español dirige su carta colectiva a los obispos de todo el mundo, ya «que el pensamiento de un gran sector de opinión extranjera está disociado en la realidad de los hechos ocurridos en nuestro país», habla del quinquenio que precedió a la Guerra Civil. Esta carta colectiva tiene la fecha de 1 de julio de 1937.

He aquí algunas frases en tal documento contenidas:

La constitución y las leyes laicas, que desarrollaron su espíritu, fueron un ataque violento y continuado a la conciencia nacional. Anulados los derechos de Dios y vejada la Iglesia, quedaba nuestra sociedad enervada en el orden legal, en lo que tiene de más sustantivo la vida social, que es la religión.

Sigue hablando de «los incendios de los templos en Madrid y provincias», en mayo de 1931. Fue un «quinquenio de continuos atropellos de los súbditos españoles en el orden religioso».

radiomensaje de Navidad, en 1932, dirigido a la Iglesia católica y al mundo entero, hace especial y dolorida mención de las tristísimas e inicuas condiciones en las que se encontraba España.

Hemos hablado de nuestras penas y no podemos menos de poner en relieve aquellas que por su duración y gravedad han resultado más dolorosas y se hacen todavía más acerbas por las tristísimas condiciones que ponen a la santa religión, a sus fieles y a la jerarquía, en España, Méjico y Rusia.

También el mismo pontífice Pío XI habló en su radiomensaje de «los ejemplos de heroica fidelidad y constancia..., de parte de obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y aun simples fieles, en las naciones ya nombradas, página espléndida que la Iglesia de Dios viene a juntar a las gloriosas y edificantes de su historia».

Muy bien conocían los obispos chilenos la situación de la Iglesia en España durante aquel año 1932, cuando, en su mensaje al Episcopado español, con fecha 15 de noviembre de ese mismo año, expresaban su «más sentida protesta por los ultrajes inferidos en estos últimos tiempos a la Iglesia española, de tan rancias y gloriosas tradiciones».

Y, al enumerar las vejaciones contra la Iglesia en España, indican los obispos chilenos, entre otras cosas, las siguientes:

...disolución violenta de la Compañía de Jesús, la abolición de la enseñanza religiosa, secularización de cementerios, implantación del divorcio, ...expulsión del crucifijo de las escuelas y demás leyes atentatorias a los sagrados derechos de la Iglesia, ...vejaciones que han repercutido más dolorosamente en el corazón de estas repúblicas, hijas de España.

El cardenal Vidal i Barraquer, arzobispo de Tarragona, en nombre del Episcopado español, con fecha 22 de diciembre el mismo año 1932, agradecía a los obispos de Chile la:

condolencia por los graves males que afligen a nuestra Iglesia, haciendo coro a las innumerables protestas de adhesión y solidaridad con nuestros sufrimientos, que de todo el mundo cristiano hemos recibido, empezando por el padre común, el romano Pontífice...

Ha sido dura la prueba para nosotros, nacidos en este país eminentemente cristiano, amamantados y educados en el espíritu de la Iglesia, cuya saludable y vivificadora savia penetraba y sostenía las principales instituciones y ha informado los más grandes y trascendentales acontecimientos de nuestra historia.

Podríamos recordar más testimonios y datos. Los hay en abundancia. Y son muy expresivos. Muy claros y muy significativos. Pero, no es necesario. No es el objeto de este trabajo. Por otra parte, nos alargaríamos demasiado.

Los primeros meses de 1936

Con las elecciones del día 16 de febrero de 1936 se afianza en España el Frente Popular. Y con ello se incrementa la prensa antirreligiosa. Durante los cinco meses de Gobierno del Frente Popular (16 de febrero al 18 de julio de 1936) varios centenares de iglesias fueron incendiadas y saqueadas. Otros templos quedaron incautados por las autoridades civiles. Varias decenas de sacerdotes fueron amenazados y obligados a salir de sus respectivas parroquias. Otros fueron expulsados de forma violenta.

Algunas casas parroquiales quedaron saqueadas. Otras pasaron a manos de la autoridad civil del municipio.

Se obstaculizaba y, a veces, se impedía la celebración de

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