En la presentación que del Programa de Patrimonio Cultural de la Cooperación Española (PPCCE) efectúa la AECI, puede extraerse lo siguiente:
“Los proyectos que se realizan son a solicitud de las instituciones públicas implicadas en la gestión del patrimonio... Deben cumplir unos requisitos míni- mos: Definición, cronograma y presupuesto y el compromiso de una aporta- ción local de al menos el 50% de la financiación. Los proyectos deben ser prio- ritarios para los gobiernos correspondientes y como tales deben estar contemplados en las respectivas Comisiones Mixtas de Cooperación”6.
El equipo evaluador comparte plenamente los criterios expuestos en dicha presentación, pero sin embargo debe atestiguar que la realidad, al menos en la totalidad de los casos conocidos, que es superior a los tres proyectos ana- lizados en detalle, dista mucho de ajustarse a lo reflejado en la citada presen- tación.
En el caso de la República Dominicana, de las tres fases del proyecto de ilumi- nación tan sólo la primera de ellas tenía un presupuesto en el que la contraparte se comprometía a participar en el 50% del financiamiento del proyecto. En las
otras dos fases, en los proyectos de las Escuelas-Taller y en el del Convento de San Francisco, los aportes comprometidos de la contraparte no alcanzan más de la tercera parte. Sin embargo, tal y como describe el equipo evaluador de este proyecto, los compromisos no son cumplidos:
“Según información proporcionada por empresas participantes en esta financiación, existen problemas de gestión cuando una sola obra es finan- ciada por varios agentes. Las subvenciones de la Cooperación Española, una vez aprobadas, se transfieren a las instituciones locales de contraparte donde suelen llegar puntual y eficazmente, la obra se inicia y se va ejecu- tando mientras dura el dinero de la financiación Española, cuando agotado éste, la obra debe continuar con el dinero comprometido por las institucio- nes locales, nunca aparece y la obra sufre las consecuencias. A partir de ese momento comienzan los atrasos ocasionados por la ausencia del aporte local comprometido”.
En el caso de El Cairo, la participación local prevista era muy inferior, un 11,75% del presupuesto, que si bien se aportó íntegramente dista mucho de acercarse al 50% expresado en la referida presentación del Programa.
En el Caso del Valle del Colca, ni el Acuerdo de Bases, ni el Convenio por el que se regulan las relaciones entre el INC y la AECI, establecían un presu- puesto para la participación de la contraparte, que debería articularse con los protocolos anuales a firmar entre las partes.
En dichos protocolos anuales se establece la participación de la AECI, del INC, del Arzobispado y de los municipios (estos últimos en materiales dispo- nibles en sus términos municipales, piedra, grava, madera, etc). El conjunto de estos aportes “teóricos” locales pueden oscilar de unos años a otros entre el 25% y el 35%. Pero lo grave es el reiterado incumplimiento de aportes por parte del INC. Así, las cifras acordadas y las aportadas para los últimos años son las siguientes:
2000 2002
Acordados Aportados Acordados Aportados Aportes del INC 40.000 US$ 1.100 US$ 20.000 US$ 870 US$
El incumplimiento de los compromisos financieros es próximo a un incum- plimiento total en el caso del INC, Institución Contraparte del Programa y es también marcado en el caso del Arzobispado de Arequipa, en donde los apor- tes, siempre menores a los presupuestados, se efectúan, en todo caso en espe- cie, valorando sin demasiado rigor, los aportes de determinados técnicos o gas- tos relacionados que se repiten año tras año.
Es evidente que la adecuación del proyecto con las prioridades de las ins- tituciones de la contraparte, deberían concretarse en un cumplimiento riguro- so de las obligaciones contractuales de cada parte y nada mejor para probarlo que cumplir con las obligaciones financieras.
Pero al menos, sería de esperar una buena aceptación de las contrapartes de los trabajos realizados, sobre todo en aquellos casos en los que se incum- plen los respectivos compromisos. Ello sin embargo no siempre es así.
De las actuaciones en Santo Domingo y en El Cairo, no se han escucha- do quejas y antes, al contrario, ha habido palabras laudatorias para los tra- bajos efectuados y de agradecimiento a la Cooperación Española. En el caso el Perú, las circunstancias son distintas. A pesar de estar articulados los pro- yectos en Actas de la Comisión Mixta y el Comité paritario de seguimiento en relación con el gobierno peruano, el acuerdo de Bases, el Convenio y los Protocolos anuales en relación con el INC, éste considera que no existe una mecánica fluida, lo que le impide “firmar libremente”. Es un asunto funda- mentalmente de “procedimiento de iniciativa” en el enunciado de la coope- ración.
La acumulación de problemas y “agravios” derivados por el INC hasta la fecha señalan un camino muy negativo en la consistencia del proyecto; son una muestra los comentarios del INC sobre la iglesia de Lari, la plaza de la Cruz de Coporaque y la Capilla Miserere de la Casona de San Marcos. Y tiene entre otros efectos la casi paralización de las Escuelas-Taller de Lima y Cuzco7.
Todo lo anterior hace plantearse, en este caso concreto, serias dudas sobre la adecuación del proyecto a las prioridades de las entidades contraparte y en consecuencia sobre la propia pertinencia del proyecto.
Del otro lado, se pone de manifiesto, al menos en este caso concreto, el relativo poder de inducción del donante en las Comisiones Mixtas y el que aunque un determinado proyecto se incluya en las misma, ello no es garan- tía de que el mismo sea prioritario para la institución pública implicada en su gestión.
3.2. Eficiencia
De acuerdo con la Metodología de evaluación de la Cooperación Española, la eficiencia de una intervención de desarrollo es “una medida del logro de los resultados en relación con los recursos que se consumen; esto es, la búsqueda de una combinación óptima de recursos financieros, materiales, técnicos, naturales y humanos para maximizar los resultados”8.