Adjudicaciones de Reservas y titulación como Resguardos A la puerta de reivindicaciones

Nos hemos intentado aproximar hasta acá al interés del proyecto político nacional por integrar esos territorios de frontera a la margen civilizatoria y a las fuentes de poder económico. Aquí intentaremos analizar cómo se instrumentalizaban mecanismos de control poblacional y territorial, desde el estado central, como estrategia de expansión de la frontera agrícola y el avance colonizador con el ideal de la tierra como fuente de progreso y desarrollo económico extractivo, intensivo y expansivo. Pero también cómo las estrategias de control pueden virar en reivindicaciones políticas locales y colectivas.

La existencia de grandes haciendas ganaderas, el avance colonizador empresarial guiado por políticas de estado para la ocupación de tierras baldías, la expansión de las redes de poder político centradas en las élites terratenientes regionales y las presiones por el uso y la estructura de tenencia de la tierra en los andes, se convirtieron en arquetipos que legitimaban los instrumentos de intervención y control de esos sujetos móviles y territorios heterogéneos “escapados” del dominio nacional, que poseían, a su vez, enormes riquezas en las sabanas. Al son de un bramido cimarrón que lloraba con el recuerdo de la siringa, el latifundismo se erguía como forma dominante de tenencia de la tierra en la zona oriental de Colombia, llegando a fincas hasta de 80.000 has con un número reducido de cabezas de ganado por hectárea. Tal como lo plantea Calle (2017):

En algunas zonas cuya valorización era inminente, como en las cercanías de la carretera entre Puerto Gaitán y Santa Rita, en el bajo río Vichada, ganaderos de Bogotá y Villavicencio acapararon inmensas extensiones sabaneras como “lotes de engorde”, con el objetivo de parcelar y revender posteriormente, y asegurar el terreno para llenarlo poco a poco de ganado. Había fincas hasta de 80.000 ha con unas pocas cabezas de ganado y con una familia contratada para cuidar e impedir la entrada al predio (Baquero 1981, citado de Calle).

Este sistema de tenencia de la tierra se veía igualmente favorecido con la inversión en infraestructura vial y la creación de programas de apoyo a la colonización en la década de 1960 a partir del fomento de créditos a la producción agropecuaria (Calle (2017), CNMH (2016)), por ejemplo, con el “proyecto Meta: apoyo a la colonización y crédito supervisado” (Calle, 2017) pues eran programas políticos que seguían con el interés de ampliar la frontera pese a los conflictos internos que se estaban desarrollando y sobre los cuales el estado central debía, también, adjudicarse la responsabilidad.

Sin embargo, paralelo a dichos programas, aparecía un obstáculo para la expansión jurídica de la propiedad y el sistema de tenencia en “tierras de nadie”: la ley 135 de 1961, la cual establecía la prohibición de adjudicación de baldíos en tierras donde los indígenas estuviesen asentados. Los intereses de las élites terratenientes estaban limitados y alimentados tanto por algunas restricciones jurídicas como por esos sujetos “salvajes”, que para el año 1960 representaban a un número considerable de habitantes en los llanos orientales. Existían en el Meta: Salivas (260), Piapocos (166) Guahibos (365), Cuibas (800) Chiricoas (200) Macaguanes (220) Maporales (300). En Arauca: Guahibos (1200) e Iguanitos (200); y en el Vichada: Guahibos (3200) Cuibas (6000), Piaroas (80) y Piapocos (50) (División de asuntos indígenas, 1960).

Pese al apoyo y restricciones políticas, este sistema de tenencia de la tierra generaba conflictos interétnicos cada vez más fuertes en el llano profundo, no sólo por los procesos de expulsión-migración de colonos hacia suelos infértiles y/o territorios ancestrales, sino por las presiones en la territorialidad indígena, ya que su estructura de vida se desarrollaba desde el territorio extenso, la movilidad y los Momowi.

De manera que las territorialidades indígenas se fueron convirtiendo en una amenaza permanente para la prosperidad de la ganadería de la región, y en general, un obstáculo para la colonización (Gómez,1991. Pag. 279). Dicho de otro modo, su transitar nómada, así como sus prácticas de caza y recolección, en territorios que ya habían sido asignados como propiedad privada aparecían como un obstáculo para la expansión de la estructura productiva ganadera y extractiva en la frontera agrícola oriental y, también, para el asentamiento de colonos expulsados.

Las presiones de hacendados, colonos y entrantes explotadores de hidrocarburos por la tierra, iban arrinconando a las comunidades indígenas a porciones cada vez más ínfimas en el espacio. Ocasionando que algunas comunidades desarrollaran un proceso acelerado de sedentarización y transformación de sus sistemas de construcción y patrones de subsistencia, tal es el caso de la comunidad guahibo. No obstante, muchas comunidades indígenas se resistían a ello y mantenían su flujo móvil:

“A pesar de que la Ley 135 prohibió la adjudicación de baldíos “ocupados por indígenas”, los grandes terratenientes quisieron expandir sus propiedades y fueron empujándolos,

mediante el ejercicio de la violencia, hacia regiones más alejadas. Los Sikuanis terminaron por ceder y acostumbrarse a la presencia de los colonos en sus territorios” (Calle, 2017).

Las estructuras de territorialidad y los mecanismos de resistencia, en la mayoría de casos, fueron controlados mediante dispositivos de violencia (Masacre de la Rubiera (1967), Masacre de Planas (1968)) y ordenamiento espacial. ¿A qué hago referencia con el ordenamiento espacial como dispositivo de control?

En la época del 60-80, se impulsó un proyecto de constitución de Reservas, auspiciado por el entonces Incora. Consistía, entonces, en unos espacios demarcados como territorios colectivos que representaban la asignación de derechos de propiedad sobre la tierra de corte jurídico, libre de expropiaciones y despojos, para las comunidades indígenas. El siguiente cuadro, muestra la adjudicación de reservas y resguardos para las comunidades indígenas en los llanos orientales desde 1966 a 1985.

GRAFICO No. 1 RESGUARDOS Y RESERVAS DE LOS LLANOS ORIENTALES 1966-1985

Tomado De: Gómez (1991). Indios, Colonos Y Conflictos. Una Historia Regional De Los Llanos Orientales (1870-1970)

No obstante, este proyecto de constitución de reservas, posteriormente convertidos en Resguardos, podía también leerse desde otra óptica: como instrumentalización de control

57

poblacional. Es decir, la adjudicación de reservas, demarcando y cercando el territorio, podía ser leída como una forma de reorganización territorial para controlar (Herrera Ángel, 2002) los desplazamientos y administrar las comunidades indígenas de los llanos orientales que escapaban del dominio nacional: “La zonificación constituye una de las nociones básicas de la planificación moderna, de acuerdo con la cual es posible racionalizar las actividades y comportamientos sociales a partir de la fragmentación y jerarquización del espacio y del tiempo donde dichas actividades y comportamientos tienen lugar” (Serje, 2005).

Recordemos, nuevamente, el diálogo que ya había traído a colación en el primer apartado:

“claro, ¡a nosotros que éramos los salvajes y seres sin alma nos debían encerrar en reservas!” (Diálogo con un compañero de la comunidad Sikuani, 2016)

Su desplazamiento, no sólo era un obstáculo para las grandes haciendas ganaderas sino también para el cuerpo productivo entrante con Colombian Cities Service, Petroleum Corporation, Texas Petroleum Company. Así, los llanos orientales, como un espacio económico proyectivo desde el estado central, necesitaba de un ordenamiento territorial en el que pudiese tener control sobre los recursos y riquezas territoriales. Arguyendo, entonces, que la variedad en los modelos de ordenamiento espacial y territorial dependía directamente del control del territorio (Gutiérrez, 2003)

Sin embargo, estas medidas políticas encarnaron una estrategia de lucha para las comunidades indígenas quienes apropiaron la figura territorial externa de Reserva, posteriormente, Resguardo, como mecanismo de preservación de sí en los territorios. Convirtiéndose, entonces, en un frente de abanderamiento y reivindicación política ante las dinámicas de despojo, asesinato y arrinconamiento que estaban ocasionando las élites latifundistas regionales en alianza con cuerpos militares, colonos y finqueros llegados.

“En este caso, los encerramientos y legalizaciones se hicieron “en favor” de los pueblos indígenas, pero tal política de control de tierras implicó una territorialización definida desde el Estado, que ofreció una protección relativa a las tierras indígenas de la colonización, a la vez que consolidó el control de los territorios indígenas y sus poblaciones. La construcción e instrumentalización de estas políticas fueron impugnadas y negadas por los colonos porque interferían con sus intereses, y los pueblos indígenas se encontraron entre las presiones de los colonos que querían despojarlos de sus tierras y su administración estatal. En esta encrucijada, los sikuanis optaron por aceptar y apropiar la política de reservas porque, como me manifestó

58

alguna vez uno de sus mayores, “era la única opción que nos quedaba” (registro diario de campo). “(Calle, 2017)

De acuerdo con ello, “en el año 1967, la división de asuntos indígenas del Ministerio de Gobierno solicitó al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria la creación de varias zonas de reserva, con destino a las comunidades indígenas guahibo que habitan parte de las denominadas LLANURAS ORIENTALES, entre los ríos GUARROJO y PLANAS, en jurisdicción de los municipios de PUERTO LOPEZ Y SAN MARTIN, en el META y en el corregimiento de SAN JOSE DE OCUNE, en la comisaría del Vichada” (Resolución 205 de 1968).

Creando para Puerto Gaitán varias reservas, entre ellas: Reserva de Vencedor Piriri, Guanito o La Esperanza y Matanegra o Cagua (Resolución 022 de 1980); Corozal y Tapaojo (Resolución 060 de 1975); El Tigre (Resolución 014 de 1975); San Rafael, Abaribá e Ibibi (Resolución 98 de 1974) y Corocito, Yopalito y Walabo (Resolución 100 de 1974).

Mapa No. 4 Resguardos indígenas del municipio de Puerto Gaitán.

Tomada de: Vicepresidencia de la Republica (2010) Cartografía social indígena del departamento del Meta.

Si bien, se realizaron en la región orinocense visitas técnicas previas a la delimitación de linderos por parte de funcionarios del Incora y la División de Asuntos Indígenas, muchos presentaron inconformidad, en épocas posteriores, frente a la determinación de cercamientos

59

y limitación de terrenos, sin tener en cuenta las nociones territoriales y la estructura sociocultural de las comunidades indígenas. Como lo expresa Calle (2017)

Este fue el caso de Abalibá, como denunció el capitán indígena Rafael Macabare a algunos de los miembros del Comité Pro Defensa del Indio a principios de la década de los setenta. Según él, los funcionarios del Incora ubicaron la sede de la comunidad a la orilla de la carretera sin considerar las necesidades de los nativos que preferían estar cerca de fuentes de agua, como caños y morichales, y de las zonas de bosque de galería o montes para la siembra de sus conucos (Pérez 1971). Esto nos ayuda a entender que la territorialización se hizo desde el Estado y sin tener en cuenta las nociones sobre el territorio de las comunidades indígenas de la zona. (Calle, 2017) Hoy en día, comunidades Sikuani, Sáliba, Piapoco y Cubeos de los resguardos constituidos en Puerto Gaitán le han exigido al gobierno la ampliación, restitución y recuperación de territorios ancestrales al no poseer tierras suficientes para garantizar su reproducción como pueblos milenarios. Un tema altamente discutido en el congreso de la organización UNUMA realizado en el año 2016 y sobre el cual se han adelantado derechos de petición dirigidos a la Agencia Nacional de Tierras, antes Incoder, en lo que respecta al resguardo más cercano a la cabecera municipal: Wacoyo.

Por maniobras y locaciones del azar terminé en el congreso de la organización UNUMA que recoge diferentes resguardos del departamento del Meta y, para el caso específico, del municipio de Pto. Gaitán. Me encuentro sentada con Sálibas, Sikuani, Piapoco, Cubeos de las familias Guahibo y Caribe que hacen parte de la Región de la Orinoquia Colombiana. El congreso tenía como centralidad tratar el tema de los planes de vida, terminé por casualidad, en la mesa de planes de vida y economía propia; en ella se planteaba el cómo va a trabajar la organización UNUMA con los nueve resguardos, cuál es la visión para proyectar a la vida y a futuro (...) se discutían temas como el territorio en donde se planteaba la necesidad de mirar qué hay dentro del territorio, qué hay alrededor de nosotros y qué se necesita: ampliación, devolución, restitución, saneamiento. Resaltando que se debía exigir ampliación del territorio y restitución de sitios sagrados (Diario de Campo, 2016).

Esta recapitulación conduce a sugerir que, si bien la apropiación aparecía como mecanismo de defensa para los pueblos indígenas de los llanos, también forjaba tensiones con sus

60

prácticas territoriales; insistiendo, por ejemplo, en la transmutación de las particularidades organizativas en donde se incorporaba la noción de propiedad sobre la tierra y las condiciones de sedentarización, al mismo tiempo que se acentuaba el deseo de producción de la territorialidad y soberanía indígena como una realidad distópica y poco funcional para los intereses por parte del Estado y los poderes locales, tanto políticos como económicos en torno a la relación tierra-capital.

El cercamiento definitivo de los territorios de los llanos orientales y el control y administración de una población “racialmente inferior” posibilitaba la expansión de la frontera agrícola con la actividad ganadera mediante los procesos de colonización espontánea y dirigida, así como del entrante aparato extractivo de hidrocarburos en los años 70.

Sirviéndose de la creación de un dispositivo de control, aparentemente inexistente a raíz del supuesto abandono estatal, quien moldeó procesos de ocupación y ordenamiento territorial para facilitar la incursión del capital bajo el ideal de la tierra como fuente de progreso y desarrollo económico extractivo, intensivo y expansivo.

Es oportuno ahora señalar que la realización del dispositivo de control Estatal, con las políticas de adjudicación de Reservas y Resguardos a comunidades indígenas, representó una amenaza para hacendados y colonos, pues veían que sus intereses de posesión y expansión de tierras y explotación social estaban arrebiatados38_{. Intensificando los conflictos} interétnicos, recrudeciendo los dispositivos de violencia y exasperando la expansión de poderes políticos de facto que redefinieron el rumbo de alianzas, conflictos y negociaciones de acuerdo a los planes instrumentalizados de inserción dentro de los territorios.