La amazonía y la territorialización de tierras indígenas en el Ecuador

Las primeras incursiones coloniales españolas sobre la amazonía se hicieron desde el siglo dieciséis, poco después de la conquista de Quito en 1534. Dichas incursiones fueron motivadas por la obsesión del mito del Dorado y la Canela y se efectuaron con varias expediciones dirigidas hacia el oriente ingresando por la región de los Quijos. Francisco de Orellana y Gonzalo Pizarro incursionaron

entre 1540 y 1542. En la misma época otros exponentes recorrían la región de Macas, Quizna y Pacamoros, el río Marañon y el río Pastaza.

En el primer siglo de conquista, el marco administrativo sobre la amazonía fue diseñado por los españoles en un proceso en que se sometió a diversas sociedades indígenas, para controlar y configurar la amazonía como territorio colonial, y en este proceso hubo una relación de competencia y complementaridad entre la corona, la iglesia y los colonizadores entre los siglos dieciséis y diecisiete. Comenzó un proceso de fundaciones en el norte amazónico en la llamada Gobernación de los Quijos, Sumaco y la Canela creada en 1561 (Muratorio, 1987:18). Asimismo, se formaron primeros establecimientos misioneros en Baeza, Ávila, Archidona y en el centro amazónico se estableció la misión dominica creando el pueblo de Canelos (Fontaine, 2003:258). Los franciscanos por su parte tomaron el eje del río Putumayo y fundaron establecimientos en Mococa y Sucumbíos.

Las encomiendas y misiones fueron las formas en que se objetivó la gestión, la administración y control coloniales del espacio de la alta amazonía. Desde fines del siglo dieciséis se organizó el sistema de Encomiendas, en las que se dividía a los indígenas en grupos al servicio de un encomendero encargado de evangelizar, proteger y quien al mismo tiempo era servido y se le pagaba tributo en oro, pita o alimentos (Fontaine, 2003:258). Este sistema perpetuó el establecimiento de las misiones, que se expandieron de Quijos a Macas. Se llevaba a indígenas desde regiones alejadas para convertirles en tributarios coloniales. La penetración jesuita empezó en 1605 por los ríos Aguarico, Napo y Marañón estableciéndose misiones en la provincia de Mainas dividida en varias encomiendas. Los dominicos por su parte fundaron las misiones de Canelos y Andoas a principios del siglo diecisiete, en la región del Alto Bobonaza y del Alto Pastaza. Los jesuitas abrieron otras más entre los ríos Huallaga, Marañón, Curaray y Bobonaza (Ibidem, 2003:259). Se introdujo un sistema jerárquico instaurado por los misioneros, en que se nominaban gobernadores, alcaldes, tenientes y capitanes quienes se aprovechaban de la labor indígena para la agricultura y la construcción de infraestructura.

Entre los siglos diecisiete y dieciocho los intentos de agrupar a la población indígena generaron un grave descenso demográfico, ocasionado por el despliegue de enfermedades virales, así mismo hubo resistencia de parte de diversas sociedades indígenas, rebeliones y fugas, por lo que los primeros establecimientos misioneros tuvieron limitados resultados en términos de organización socioeconómica. Los misioneros ofrecían regalos, hachas, herramientas metálicas y al no bastar apelaban a la fuerza armada para evitar deserciones.

Mapa: Etnias en la Alta Amazonía.Siglo XVI (Fuente: Taylor, Anne Christine,2002). P.231.

En la era republicana, el gobierno ecuatoriano fue negligente con su oriente amazónico a lo largo del siglo diecinueve y esto continuó hasta la segunda década del siglo veinte. Al proclamarse la República del Ecuador en 1830, se dejó la amazonía al margen y se centró la realización del Estado nacional en dos regiones, costa y sierra. El oriente ni siquiera aparecía en las primeras constituciones del país y hasta 1861 se lo menciona como provincia liminar, cuyo estatuto se tendría que definir por ley especial cuando alcanzara el “progreso de civilización” como las otras (Fontaine, 2003:261). No llegaba hasta la amazonía la administración estatal y era la amazonía una especie de limbo para la incursión de buscadores de oro, comerciantes y aventureros. Los procesos de colonización no eran importantes, a no ser por ocupaciones puntuales de parte de haciendas cañeras o extractivas que funcionaban con formas de patronazgo.

En la primera mitad del siglo diecinueve se produjeron cambios motivados por la intensificación de los intercambios comerciales y se dio un desplazamiento de la colonización antes centrada en el norte en Quijos, para dirigirse posteriormente hacia el sur amazónico, en Gualaquiza.

En el sur se concentró la explotación de la cascarilla, la que produjo una sobreexplotación de los bosques. La actividad de la recolección de la cascarilla decayó hacia 1860, resurgió y decayó nuevamente a fines del diecinueve. La actividad afectó el alto valle del Río Upano y el río Cuyes. En torno a esta actividad el Estado adjudicaba territorios a grandes propietarios como si fueran áreas baldías y de esta forma se comenzaron a asentar propiedades colonas en la zona. A fines del siglo diecinueve en el sur los indígenas también se dedicaron a la extracción de la cascarilla y del caucho, los cambiaban por escopetas y manufacturas comercializadas por mestizos.

Hacia fines del diecinueve durante la época de la extracción cauchera se formaron algunas haciendas en el norte amazónico para proveer mano de obra hacia las zonas caucheras que se concentraron en la amazonía colombiana, en el sur de la amazonía ecuatoriana y en la amazonía peruana, siendo Iquitos el centro de intercambio comercial62. La región del norte se relacionó con la sierra ecuatoriana a través del comercio del caucho y con Iquitos en el Perú, a través del bajo río Napo y del río Putumayo.

En la segunda mitad del siglo veinte hubo un nuevo despliegue de participación de la iglesia en el proceso colonizador. En el norte amazónico del Ecuador, el estado delegó a las misiones católicas entre los años veinte y treinta la administración civil de estas regiones. A los jesuitas se les asignó el papel de representación del Estado en Napo, en el norte, mientras que en la amazonía centro en el Puyo desde 1877 tomaron posesión los dominicos. Asimismo, en el norte se fue afincando la producción ganadera y de caña de azúcar en zonas bajas cercanas a Archidona, para posteriormente iniciarse el cultivo de naranjilla.

En 1899, durante el gobierno liberal de Alfaro (1895-1911) el estado expidió la Ley Especial del Oriente que puso término a los repartos forzosos, al trabajo de carga indígena sin contrato previo, se les exoneró de la contribución territorial, pero en la práctica se impulsaron nuevas formas de explotación. Se organizó el “sistema de justicias”, quienes eran nombrados para trabajo de mantenimiento, infraestructura, transporte de carga, correo y como guías. Se impusieron formas de expolio del trabajo indígena mediante el endeudamiento y los deudores eran empleados en lavar oro, limpiar caminos vecinales y actividades agrícolas. El gobierno liberal puso término provisional a las misiones, pero éstas volvieron a entrar en este espacio en 1912, ubicándose la misión josefina en el Alto Napo. Así mismo, el Estado instituyó que se adjudiquen terrenos baldíos a colonos agricultores solamente fuera de los sitios ocupados por los indígenas; sin embargo en la práctica eran múltiples las denuncias de terrenos baldíos en sitios que pertenecían a indígenas, situación que se dio en Tena y Archidona (Muratorio, 1987:178). Se dieron también solicitudes de terrenos baldíos planteadas por indígenas que seguían también este itinerario para asegurar sus tierras.

Si bien en el siglo dicienueve el centro amazónico era Archidona y Maynas, enclave dominado por misiones jesuitas desde la época colonial, a fines de siglo se desplazó la ocupación económica hacia el sur del Marañón, en el actual Perú, esto fortalecido con el auge de la extracción del caucho (Taylor, 1994: 45-46). A principios del veinte se forjaron proyectos viales de ferrocarriles

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Referencias de Ospina (2004) que cita a Taylor (1988), Denevan (1976) y Muratorio (1987) a propósito de los procesos de ocupación republicanos del espacio amazónico.

transamazónicos por el auge de la cascarilla y del caucho a fines del siglo diecinueve, lo que no prosperó. Hacia las primeras décadas del siglo veinte se generaron asentamientos colonos motivados por los auges extractivos, como el auge aurífero y la extracción de madera y se instalaron haciendas en el sur, en Zamora, Méndez y Gualaquiza, lo que perduró hasta la década del cuarenta. Había influencia de los agricultores de Azuay y Cañar, lo que generó cambios en la ocupación indígena del espacio, de los shuar principalmente, quienes se alejaron de las áreas en que se asentaron los colonos mestizos.

El interés residual del Estado por la amazonía, como espacio, continuó a pesar de los inicios de actividad petrolera desde la década de los veinte63; lo que explica la permisibilidad de los gobiernos a la apropiación de parte de su territorio amazónico, por parte de países limítrofes como Colombia y Perú64. Tan residual era el interés que en un discurso expuesto en 1949, el presidente Galo Plaza definía al oriente amazónico como un “mito” al referirse a la ausencia de posibilidades de desarrollo de esta región en su contribución para el país. En la década de los treinta se instalaron asentamientos particulares motivados por el auge extractivo, se instalaron haciendas y hubo cierto auge aurífero y de extracción maderera, lo que culminó en la década de los cuarenta.

Un progresivo temor a la expansión del Perú hacia el sur de la amazonía ecuatoriana motivó que subsiguientes gobiernos asumieran interés por la región, lo que se afianzó al visualizar los potenciales de la región para la exploración petrolera. Podría decirse que sólo entonces la amazonía fue concebida como espacio para el Estado Nación, se desplegaron políticas de colonización, definiciones sobre el territorio nacional y una política de territorialización con estrategias para el ejercicio de la soberanía nacional. Si concebimos al Estado Nación esencialmente formado por tres elementos: territorio, pueblo y soberanía, la amazonía solo pasó a ser espacio para el Ecuador cuando se configuró como territorio con sus diversas regiones en la mentalidad de los gobernantes y pensadores sociales, cuando este segmento territorial fue regulado por la función de la soberanía. Si seguimos la conceputalización de Lopes de Souza (2005:78) sobre el territorio como “un espacio definido y delimitado por y a partir de las relaciones de poder”, se puede apreciar que el Estado ecuatoriano proyectó tardíamente sobre la amazonía su construcción del territorio nacional.

En el ejercicio del poder se desprende una forma de organización espacial y se territorializa el espacio. Se ponen en funcionamiento relaciones de poder espacialmente delimitadas. Se emplea un control territorial, lo que entra en conflicto con las propias formas de territorialidad indígenas y la ocupación de espacios de distintas sociedades indígenas, muchas de las cuales habían permanecido de cierta forma con autonomía frente al control estatal. Asume el Estado ecuatoriano formas de administración étnica, antes delegada a la iglesia y distintas misiones, o a poderes regionales y locales, tanto en la sierra como la amazonía.

En 1870 se definió un criterio jurídico que instaba al reconocimiento de propiedad de tierra indivisa y en conjunto a las comunidades indígenas. Se reconocía su existencia de vida comunitaria,

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En 1920 el gobierno ecuatoriano estableció dos provincias amazónicas ejerciendo mínimo control administrativo de las mismas.

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El Ecuador cedió territorio amazónico a Brasil en 1904, perdió territorios con Colombia sobre el Río Putumayo y en 1942 pierde con Perú porciones del territorio este y centro todavía durante el auge de la extracción del caucho.

relaciones, autoridades indígenas y el criterio de que la tierra debía ser entregada comunitariamente. Este reconocimiento sin embargo no tuvo mayor trascendencia en la amazonía, por la ausencia del Estado en lo administrativo político y por el propio contexto de los pueblos amazónicos que todavía no se articulaban en estamentos político organizativos.

En 1930 la Ley de Comunas expedida sirvió para legitimar tierras comunitarias. La modalidad de “títulos comunales” para indígenas tuvo existencia desde 1937, pero en concesión a comunidades separadas y no como sociedades étnicas (Little, 2001:73). Dicha modalidad fue aplicada primero a comunidades indígenas en los Andes y luego de forma limitada a grupos amazónicos, en los sesenta. En la década de los treinta todavía los procesos citados de ocupación colona hacia áreas amazónicas no eran tan fuertes, como lo serían posteriormente a partir de diferentes épocas de auge extractivo.

A partir de la guerra con el Perú en 1942 se adoptó la estrategia geopolítica de ocupación de la amazonía, considerando principalmente el sur un área vulnerable, una “frontera incierta”, por lo que se la concibió como una región que debía poblarse dentro de las estrategias de seguridad nacional. Las políticas de ocupación y de integración estatales del espacio amazónico como territorio se profundizaron en la década del sesenta con la reforma agraria que activó una ola colonizadora en tierras de frontera, considerando la amazonía un espacio de tierras baldías. Se expandió la frontera agropecuaria y se produjo una intensificación productiva en la amazonía (Ospina, 2004). La colonización fue concebida como complemento de la Reforma Agraria y provocó el desplazamiento de poblaciones rurales de la sierra hacia la amazonía, en busca de tierras disponibles. Para esto fue creado el Instituto Nacional de Colonización y se promulgó la Ley de Tierras Baldías en 1963 (Ibidem). A partir de entonces se empezó a titular tierras a colonos por parte del Estado, lo que generó conflicto con los Pueblos Indígenas amazónicos asentados en sus territorios.

En el impulso a la colonización dirigida vemos una modalidad de ocupación del espacio amazónico que desterritorializó a los sujetos étnicos indígenas e instituyó mecanismos para acceder a la tierra de una forma en que se desconocía su especificidad social, cultural y las formas de ocupación tradicionales indígenas. Al igual que en otros países andino-amazónicos, la Reforma Agraria solamente otorgó a los indígenas la posibilidad de reconocer los espacios bajo una lógica agrarista que no consideraba sus formas de uso del espacio y mucho menos tomaba en cuenta su carácter de Pueblos con identidades propias, diferentes al de la sociedad nacional.65 En las políticas agrarias se otorgaba títulos individuales a colonos, a campesinos, como a propietarios individuales

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Situación similar se vivió en otros países con espacios amazónicos, así por ejemplo en el caso de Bolivia, según aborda Alarcón, Balza Roberto, (2001:29 ) la Ley de Reforma Agraria de 1953 utilizaba la categoría de “grupos silvícolas” para referirse a los indígenas amazónicos, instaba a que estos grupos quedaran bajo la protección del Estado y que sus tierras de propiedad colectiva e individual sean inalienables, pero no fijó criterios para establecer cuáles eran las tierras que les pertenecía y en muchos casos se otorgó derechos a terceros. No todos los indígenas del Oriente, Chaco y amazonía fueron considerados en la categoría de sílvicolas, sino como campesinos y quedaron con la posibilidad de titular sus tierras bajo la figura de “comunidad indígena” o de “pequeña propiedad”. La Ley de Reforma Agraria fue por un buen tiempo el único instrumento legal por el que comunidades obtuvieron su título de propiedad, en una modalidad ajena a las formas de uso del espacio que tenían los Pueblos Indígenas amazónicos. Así la Reforma Agraria otorgó a los indígenas la posibilidad de reconocer espacios bajo una lógica agrarista.

indígenas bajo similares parámetros66, ya que no reconocía derechos específicos para los Pueblos Indígenas.

En este contexto y sobre estos perfiles se dio de parte del Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), el reconocimiento individualizado de “tierras” entre los kichwas en la amazonía norte y shuar en la amazonía sur, lo que deformaba sus formas tradicionales de ocupación territorial. Las primeras formulaciones de las organizaciones fueron por tanto demandas de adjudicación o legalización de “tierras” bajo la modalidad de fincas. Posteriormente se legalizaron tierras en la figura de asociaciones; igualmente ante el impulso de la figura productiva de asociaciones y cooperativas agrícolas, se titularon tierras a nombre de comunidades, de centros o asociaciones.

Con la expedición de la Ley de Reforma Agraria en 1964 se estableció como patrimonio del IERAC las tierras baldías, las cuales por ley de Estado se entregaban a fines de colonización y reforma agraria, excepto las que constituyen patrimonio forestal. La ley contemplaba para la legalización de tierras a agricultores minifundistas, precaristas de la zona, a los carentes de tierra que se obligaban a trabajarla, a las compañías de finalidad agrícola y a “grupos indígenas de asentamiento tradicional” que las tengan en posesión, y para ello se decía que la legalización se realizaría en forma directa a su favor y de forma gratuita. A pesar de lo establecido, la ley daba preferencia a las adjudicaciones individuales, y sólo en casos especiales se planteaba hacer adjudicaciones colectivas.

La adjudicación estaba sujeta a cultivar el predio en el plazo de cinco años si era baldío y se instituyó que un 50% de la superficie denunciada sea desbrozada; porcentaje que para el caso de las provincias orientales amazónicas se reducía al 25%. Los indígenas amazónicos tenían que disputarse la adjudicación de tierras en los mismos términos que los colonos. El IERAC requería una solicitud, hacía inspección, levantamiento topográfico y una verificación. Se otorgaba así un título administrativo protocolizado y que se incluía en el registro de la propiedad, condicionado a la observancia de ciertos criterios de explotación, que si de contravenirse, la tierra era revertida al Estado.67

En 1973 se expidió una segunda Ley de Reforma Agraria donde se establecía como tierras de dominio del IERAC a aquellos predios rústicos situados dentro de los límites territoriales del Estado y carentes de otro dueño, las tierras del Estado excepto las del patrimonio forestal. La ley contemplaba dentro de las formas de legalización de la tenencia de la tierra a las organizaciones campesinas de cualquier tipo con personería jurídica, otras personas jurídicas y personas naturales. Esta segunda ley no contempló a las comunidades indígenas, ni hacía ninguna mención a “comunidades ancestrales”.

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Desde 1899 no había ningún reconocimiento específico para los indígenas a nivel jurídico legal, ya que al desaparecer el estatuto jurídico del Indio, éste quedó inmerso en un manto de ciudadanía universal.

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El IERAC entregaba hasta 50 hectáreas de terreno baldío por ciudadano; en los casos de centros calculaba cuántas familias lo conformaban para entregar el equivalente en número de hectáreas total.

Hacia la década del setenta continuaron los procesos de ocupación del espacio regional amazónico, y se articuló el norte, como el este a la exploración de hidrocarburos68. Se efectuaron rondas de licitaciones petroleras; se generaron desplazamientos de poblaciones atraídas por la oferta de empleos requeridos por las empresas, crecieron espacios urbanos sin ordenamiento ambiental lo que acarreó impactos como deforestación, contaminación por desechos de la actividad hidrocarburífera que han deteriorado principalmente los espacios territoriales indígenas y sus condiciones de vida.

Si bien históricamente la presencia del Estado había sido débil, con limitado impacto en política, servicios sociales e infraestructura (Yashar, 1997); entre las décadas de los 60 y 70 se produjo una etapa de colonización de la región amazónica dirigida más hacia el norte amazónico y más lentamente hacia el sur de la amazonía ecuatoriana. Más tarde hacia los ochenta, el Estado tuvo mayor presencia a través de agencias de desarrollo que desplegaron sus acciones hacia esta área. El