La información que se presenta en el presenta apartado son parte del Expediente 1031 del Ministerio de Ambiente, año1995. Se trascriben algunos aspectos del concepto técnico dado por el ministerio de ambiente de esa época. El concepto considera que los aspectos que presentarían mayor nivel de vulnerabilidad serian:
- Desplazamientos involuntarios de población entre quienes se contarían parceleros del Programa de Reforma Agraria INCORA, que aún no tienen resueltas situaciones jurídicas de las antiguas empresas comunitarias, ni han cancelado totalmente sus deudas con el Instituto de la Reforma Agraria. Esta situación obligaría a negociaciones interinstitucionales y a un seguimiento especial a estos casos.
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- Los costos políticos de la desarticulación subregional que el proyecto genere pueden ser altos y las concertaciones con las comunidades afectadas deben comenzar rápidamente, previendo en los diseños vías alternas un alto grado de participación comunitaria.
- Hay un nivel aceptable de información sobre la intención de construir la represa, pero no existen canales formales de comunicación que permitan un mayor nivel de participación de las autoridades municipales y un adecuado manejo de las expectativas en la comunidad.
- Dada la afectación por las obras a varias unidades municipales el manejo y las negociaciones pueden tornarse más complejas, que cuando la afectación recae sobre uno solo o menor número de municipios.
- Hay una alta tendencia a dar un contenido político – partidista a cualquiera de las realizaciones regionales. Es preciso cuidar la “politización del proyecto” tal como sucedió con el proyecto Betania que se califica como obra ligadas a un partido (Conservador).
- No se justifica inundar entre un rango de 65 y 80 km2 para implementar un proyecto con una potencia instalada entre un rango de 385 y 445 MW; lo que implica una relación área-potencia instalada del orden de 16 a 18 Ha/MW; y teniendo en cuenta la variación de este parámetro oscila normalmente para proyectos hidroeléctricos en estudio y operación en el país ente 1,3 y 3,2 Ha/MW, como se presenta en la siguiente tabla*:
En cuanto a proyectos que se están desarrollando entre la primera y segunda década del siglo XXI podemos decir que El embalse de Porce IV necesitará 2.011 hectáreas, y Pescadero-Ituango, 3.800
83 hectáreas, esto según José David Montoya, director ambiental de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgén). Ver en: “Entre los grandes exportadores de energía quedará Colombia con construcción de seis hidroeléctricas”; 15 de Junio de 2008 http://www.eltiempo.com/economia/eco_porta/home/ARTICULOPRINTER_FRIENDLY-
PLANTILLA_PRINTER_FRIENDL-4282563.html
- (…) la implementación del proyecto hidroeléctrico el Quimbo incrementaría el área inundada en el departamento del Huila por concepto de hidroeléctricas de 74 Km2 a 154Km2 (área de inundación de Betania + área de inundación del Quimbo).
- Respecto a la perdida de suelos y cobertura vegetal por inundación del embalse, lo cual está directamente relacionado con la alteración productiva de la región, se tiene cerca del 15% del área inundada son cultivos permanentes, el 30% cultivos transitorios y el 20 % bosques de los cuales la mayoría corresponde a bosque de galería. De acuerdo a lo anterior el 65% de los terrenos a inundar corresponden a áreas de valor ecológico (bosque de galería) y productivo (…). (Con) un total de 50 Km2 de terrenos con potencial productivo y ecológico (bosque de galería).
- El impacto más crítico fue identificado en la dimensión social, concretamente en la afectación estructural a la actividad productiva en el área del embalse y zonas de obras y campamentos, escenario social común a todas las alternativas (…).
- No es conveniente que se inunde una de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región, cuando se considera que todo el departamento del Huila es pobre en tierras productivas.
Se identificaron en la visita que realizaron los funcionarios del ministerio de esa época, dos obstáculos básicos para lograr restituir la actividad productiva: uno, la dificultad para encontrar una calidad de tierras semejantes a las que serían inundadas en la subregión central, y dos, los efectos que un cambio de la actividad productiva implicarían a nivel cultural, debido al arraigo que tiene la vocación agrícola en el área del proyecto. Por lo tanto, no hay garantía de que exista un plan de manejo que demuestre una capacidad de restituir las condiciones de vida
84 de esta población. Si este impacto, no puede ser manejado en condiciones iguales o mejores el reasentamiento debe ser calificado como crítico. El trabajo de campo por parte de los funcionarios del ministerio se realizó en: RioLoro, donde participación las empresas comunitarias de: La Libertad, Los Cocos, Los Remolinos y Las Peñas.; La Escalereta, con presencia de la empresa comunitaria Los Cocos; San José de Belén. Donde según cuenta el documento, “se detectó una resistencia decidida a la ejecución del proyecto en las reuniones comunitarias celebradas con ocasión de la evaluación”.
El estudio que se realizó también tiene en cuenta la estructura agraria minifundista de la zona donde el campesino vive a partir de “cultivos de baja productividad – economía de subsistencia-”. Esto lo demuestra la investigación realizada por el ministerio, que afirmo que de los 6 municipios inundados el 83,9% de los predios son menores a 20 hectáreas, y corresponde a 4/5 partes de la población afectada quienes se pueden considerar como pequeños propietarios.
El concepto técnico dice que: “las haciendas, al igual que las grandes y medianas propiedades de la zona que ocupan aproximadamente el 85,3% del área de posible inundación (7.907,9 ha) están dedicadas a la ganadería extensiva de cría y levante, a la agricultura mecanizada (en las terrazas aluviales de arroz, sorgo, soja y frijol y a los cultivos de cacao, plátano y frutales). Los pequeños campesinos y parceleros dedican sus predios a la agricultura mecanizada de arroz, sorgo y frijol y a los cultivos de cacao, plátano y frutales. Estos campesinos poseen en la zona una extensión equivalente al 14,7% del área máxima de posible inundación
Además el estudio prevé una fuerte resistencia por parte de las comunidades, quienes acababan de salir del paro campesino de 1996 (que fue reseñado anteriormente) afirmando que, “Al respecto cabe recordar que el proyecto El Quimbo, afectará aéreas de cultivo y agrupamientos poblacionales de campesinos, que participaron en organizaciones campesinas con cierto nivel de politización en el reciente paro agrario que duro cinco días y paralizo el 80% del departamento. Este recibió todo el apoyo de los grupos de asentados en el área de influencia del proyecto, incluyendo los alcaldes de Garzón y Altamira. Por lo
85 tanto, conviene no desestimar esta fuerza organizativa, ni las implicaciones políticas que el proceso de reubicación puede generar, en el contexto de la actual situación social del país”.
De esta manera se concluye que: “Realizada la evaluación a las alternativas presentadas en el documento: “ESTUDIO DE FACTIVILIDAD PARA EL DESARROLLO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO EN EL ALTO MAGDALENA – DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS, TOMOS I Y II, presentado por la Central Hidroeléctrica de Betania S.A no se considera viable ninguna de las alternativas planteadas para el proyecto, por las razones anteriormente expuestas “Lo plasmado en este documento base, se refleja en la negativa de la licencia ambiental mediante el Auto 517 del 31 de Julio de 1997, que dispone en su artículo 1 “declarar que ninguna de las alternativas presentadas por la empresa Central Hidroeléctrica de Betania S.A, para el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, es viable (…)”
Información tomada del aporte de Salcedo en tesis de pregrado: Negociaciones y coaliciones de política: el caso de la hidroeléctrica “el quimbo”-Huila.