En tal sentido y tal como se desprende del presente informe, sin dudas en la provincia de Córdoba hay una deuda pendiente con los ciudadanos en situación de encierro y el Poder Judicial de Córdoba, es indudablemente garante de los derechos humanos. Sin embargo, es importante señalar que a partir de la recuperación de la democra- cia, institucionalmente desde ese Poder se han ido dando pasos en procura de superar situaciones de vulneración de los derechos funda- mentales en relación a personas en situación de encierro: la creación de la Policía Judicial como un órgano que institucionalmente inte- gra el Poder Judicial con Unidades Judiciales a cargo de Ayudantes Fiscales en todos los distritos de la Capital y, paulatinamente, en el interior de la provincia; la prioridad de investigación y juzgamiento de todo delito vinculado a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la creación de los Juzgados de Ejecución Penal, la asignación de defensores especia- les para penados y el plan de fortalecimiento de la Defensa Pública; el Régimen de Visitas de Cárceles (además de los realizados por los respectivos jueces de ejecución y defensores oficiales) de los miem- bros del Tribunal Superior de Justicia; concientización mediante la 1 Escrito por María de los Ángeles Bonzano, Vocal de la Cámara 1era de Familia y miembro de la Comisión Provincial de la Memoria en representación del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
publicación de “Documentos de Naciones Unidas sobre Protección de Personas Detenidas o en Prisión”; “Víctimas, Derechos y Jus- ticia”; “Internaciones Hospitalarias Involuntarias por Discapacidad Mental. Protección Jurídica”; “Infancia y Adolescencia - Derechos y Justicia”; “Derecho a la Identidad”, volúmenes I, III, IV, V y VI, respectivamente de la Colección de Derechos Humanos y Justicia; adopción y capacitación de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en condiciones de Vulnerabilidad; acom- pañamiento en la tramitación de los beneficios establecidos en las Leyes Reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado; in- vestigación “La búsqueda de Identidad 1975-1983”, mediante la cual se ha realizado un proceso de selección e investigación (para los casos sin filiación biológica acreditada) de los supuestos de declara- ciones de “abandono material o moral”; “guardas” y “adopciones” e inscripciones tardías tramitadas en ese período; “Programa de retiro de menores en Comisarías; sistema de Monitoreo de lugares de alo- jamiento de Menores”; acompañamientos a los hospitales de salud mental a los fines de regularizar la identidad de las personas alojadas y, en su caso, revincularlos con la familia; el constante trabajo que se desarrolla a los fines de coordinar en materia de internaciones ci- viles involuntarias procurando evitar los casos que no se justifiquen, entre otras. Todo ello sin perjuicio de las decisiones jurisdiccionales que se dictaron a los fines de resguardar los derechos de las personas.
Capítulo 1
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órdobaH.I.J.O.S. Córdoba
Lucía Bonafé y Silvia Di Toffino1
Presentación
Tal como quedó planteado en la Introducción, el presente Informe tiene como principal fundamento para su elaboración el valor de los Derechos Humanos como base y medida para pensar en un fortale- cimiento de la cultura democrática en nuestro país. En ese sentido tanto los organismos de derechos humanos como todos los partici- pantes en la confección del presente Informe han planteado que la discusión y el debate sobre la Memoria, Verdad y Justicia son vitales para la construcción de una ciudadanía respetuosa de los derechos humanos como práctica transversal. Es por eso que se comienza aquí con la descripción de las causas por delitos de lesa humani- dad en nuestra provincia como herramienta clave para identificar las rupturas y continuidades de prácticas e instituciones intolerantes y discriminatorias; para visibilizar el daño social que se mantiene mientras no se esclarezcan judicialmente las denuncias por delitos de lesa humanidad cometidos en nuestra provincia en el marco del terrorismo de Estado; para dar cuenta de la intensidad de las conse- cuencias del terrorismo de Estado cuando se piensa en redes sociales desmembradas y para comprender socialmente que el respeto de los derechos humanos es una exigencia fundamental hacia el Estado que ejerce el monopolio de la violencia legal.
El presente capítulo realiza una descripción histórica sobre el devenir de los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad en nuestra provincia desde el retorno de la democracia hasta el año 2012. Para este trabajo el criterio de exposición que se sigue es bási- camente histórico, siguiendo la cronología de los hechos y haciendo hincapié en los hechos políticos que se sucedieron en nuestra pro- vincia visibilizando actores, organizaciones e instituciones relevantes en este recorrido. El presente capítulo fue redactado en términos generales por la organización HIJOS (Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) con la coordinación de Lucia Bonafé y de Silvia Di Toffino, ambas miembros de la orga- nización. A su vez la primera sección que relata la historia de la CONADEP, Delegación Córdoba fue elaborada por miembros de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba y la sección acerca de la evolución histórica de las causas por apropiación ilegal de niños durante la dictadura fue elaborado por Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Finalmente se en- cuentra el artículo de opinión del Equipo de Acompañamiento de Testigos, Córdoba.
Retorno de la democracia: primeros años de investigación judicial